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26 de Marzo, 2006

El Pesimismo de The Wall Street Journal

Por Sin Pancarta - 26 de Marzo, 2006, 17:23, Categoría: General

Tenía especial interés en conocer la reacción del Journal sobre este ‘alto el fuego permanente’. No descubro nada nuevo si afirmo que se trata del periódico más influyente del mundo y generalmente el mejor informado. La intuición no me ha fallado. Le dedica una frase en portada (más breve si cabe en la edición internacional), una noticia que no aporta demasiado y un editorial nada optimista que sólo ha sido incluido en la edición europea. Incluso se menciona en dicho editorial una eventual independencia de Cataluña y el País Vasco en un plazo no muy lejano. Como digo: muchas razones para la preocupación y ninguna para la euforia o alegría. Por lo tanto mucha prudencia y expectación vigilante.

 

¿Un Adios a ETA? (Editorial de THE WALL STREET JOURNAL)

 

                 

El grupo terrorista vasco ETA declaró ayer un alto en su guerra de 38 años contra España. Si hay que creer a las tres figuras enmascaradas que aparecieron en una cinta de vídeo, este retiro autoproclamado es una victoria en la más amplia lucha contra el terrorismo.

 

Sin embargo, no se precipiten con las celebraciones. ‘Tras tantos años de horror y terror’, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, instó a la ‘cautela y prudencia’. Acertado consejo. En los últimos años, ETA anunció un alto el fuego general y al menos cinco parciales para luego regresar a la violencia. Los terroristas vascos nunca ofrecieron con anterioridad un ‘alto el fuego permanente’, pero las palabras alto el fuego no significan exactamente rendición o paz permanente.

 

Parece ser que ETA pone condiciones, en concreto más autonomía para la región vasca, lo que sugiere que se le puede pedir a España que pague un precio. Tampoco está claro que ETA vaya a dejar de acosar a los periodistas y profesores que piensa por libre en el País Vasco o de extorsionar a las empresas. No se ha pedido perdón a las familias de las 800 personas asesinadas por ETA. Como sirve de recordatorio la negativa del IRA a desarmarse completamente siguiendo los términos del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 en Irlanda del Norte, por no mencionar la experiencia de Israel con la OLP tras Oslo, es mejor que las sociedades abiertas se lo piensen dos veces antes creer a los terroristas.

 

Ahora bien, antes del anuncio de ayer, ETA estaba muy herida aunque no derrotada. En sus mejores días de los ochenta, las filas de ETA llegaron a tener 1.000 miembros. Nuestras fuentes cifran el número de miembros activos de ETA en la actualidad entre 30 y 40. Se estaba reduciendo su apoyo.

 

Eso comenzó a suceder sólo después de que España declarase la guerra a ETA en los años noventa. El anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, encarceló a sus dirigentes y, lo que fue más importante, se apoyó en Francia, donde hay población vasca, para reprimir también a los financiadores y activistas que había estado encontrando allí refugio durante años. A la vez, Madrid prohibía el brazo político de ETA. Por así decirlo, el poder duro (hard power) funcionó.

 

Los verdaderos héroes son los ciudadanos españoles. Una sociedad civil joven, pero dinámica, reaccionó contra el asesinato de inocentes. Los atentados contra las Torres Gemelas y, más cerca, contra los trenes en Madrid de hace dos años sirvieron asimismo para deslegitimar la violencia política. Los terroristas no encajan en las instituciones ni en el pueblo en una democracia.

 

Aunque ETA se haya ido para bien, eso no pone fin a los dolores de cabeza vascos de España. Puede que mucha gente en la región norteña no simpatice con el terrorismo, pero sí lo hacen con la agenda política de ETA. Puede que el País Vasco, junto con Cataluña, acabe separándose de España. Mientras se haga de un modo pacífico a través de los procesos constitucionales legítimos que ETA trató expresamente de sabotear durante casi cuatro décadas, que así sea.

 

 

Editorial (traducido) publicado en el diario THE WALL STREET JOURNAL el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

World-Wide (Primera Página de THE WALL STREET JOURNAL)

 

 

ETA declared a permanent cease-fire. Spanish Prime Minister Zapatero reacted cautiously, but he called the Basque terrorist organization's announcement the "beginning of the end" of more than four decades of violence.

 

 

Publicado en el diario THE WALL STREET JOURNAL el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Leading the News: ETA sets permanent cease-fire; Basque terror group opens path for Spain to forge lasting peace

 

 

MADRID - Basque terrorist group ETA declared a permanent cease- fire, opening the door to what could be a profound change for Spain, much like the 1998 Good Friday agreement ushered in an eventual peace process for Northern Ireland.

 

For decades, Madrid has struggled to contain separatist aspirations in the Basque Country. Last year, the Spanish Parliament rejected a Basque plan to create a semi-independent state; the region already enjoys more self-rule than almost any other part of Europe.

 

In contrast, the separatist movement in the northeastern region of Catalonia has been more successful at prying powers away from Madrid over the past quarter-century because it never resorted to terrorism. Just this week, after nearly a year of heated negotiations with the national government, Catalonia inked a regional governing charter that gives it an array of new powers.

 

The Spanish government has promised in the past to enter talks over the political future of the Basque Country if ETA renounces violence. Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero's readiness to negotiate greater autonomy for rebellious regions, including Catalonia and the Basque Country, may have encouraged ETA to lay down its arms, political analysts say.

 

While welcoming the cease-fire, Gustavo de Aristegui, a Basque Popular Party deputy in Parliament and former Interior Ministry official, said he wanted to know "what concessions the government may have made" to persuade ETA to declare the cease-fire. In the past, Mr. Zapatero said the government would consider a range of concessions, including partial amnesties for ETA prisoners. Yesterday, government officials said there had been no formal contacts with ETA.

 

Mr. Zapatero said yesterday he would take his time to decide how to proceed. He said the government has received ETA's announcement with "caution and prudence" and called the cease-fire "the beginning of the end" to ETA violence.

 

Still, Mariano Rajoy, leader of Spain's center-right Popular Party, the main opposition party, said ETA's announcement "is a pause, not a disavowal, of violence."

 

The filmed statement by three ETA operatives was the group's first- ever promise to permanently lay down arms, after two short cease-fires in the past two decades. ETA said the cease-fire was intended to promote "a democratic process" for the greater Basque Country, which includes a swath of southwestern France as well as other parts of Spain.

 

During its 45-year campaign for Basque independence, ETA has killed more than 800 people, extorted businessmen, silenced debate and dominated small-town politics. But its influence and popular support declined sharply after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks on New York and Washington sparked global outrage. The March 11, 2004, train bombings in Madrid, which the conservative government initially blamed on ETA, further eroded support for the armed struggle. The group's last deadly attack took place almost three years ago.

 

Spain's problems with Basque terrorism have drawn frequent parallels with the Irish Republican Army's 30-year campaign to drive the British out of Northern Ireland, a conflict that cost more than 3,000 lives.

 

Yesterday, Spanish Defense Minister Jose Bono evoked the Irish peace process, a tortuous effort that began with the IRA's announcement of a complete cease-fire in 1994 but which was undermined by mutual mistrust, further violent attacks and the IRA's refusal to fully disarm.

 

Last year, 12 years after the first cease-fire, the IRA declared its war over and destroyed weapons in earnest, although splinter groups - and deep distrust between the province's Catholics and Protestants - still remain.

 

 

Una información de Keith Johnson (con la colaboración de Marc Champion desde Bruselas) publicada en el diario THE WALL STREET JOURNAL el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto.

 

Preocupación y Cautela en la Prensa Nacional, Euforia Contenida en PRISA

Por Narrador - 26 de Marzo, 2006, 16:55, Categoría: General

De todas las opiniones que hemos leído en al prensa nacional es EL MUNDO quien más se acerca a la realidad. Este ‘alto el fuego permanente’, expresión contradictoria en si misma inspira más preocupación que esperanza. Toda persona de bien desea el fin de la actividad criminal de ETA (que no la paz pues en España no hay ninguna guerra desde hace casi 70 años), pero el escepticismo por la forma que se ha desarrollado esta declaración sumado al conocimiento de ‘contactos’ anteriores no permite demasiada esperanza, tal vez con la excepción de los chicos de PRISA qué no se sabe dónde ven esa ‘oportunidad única’.

 

Un texto y un contexto que inspiran más preocupación que esperanza (Editorial de EL MUNDO)

 

 

Aunque sea bajo el eufemismo de un «alto el fuego» y con la contradicción intrínseca de declararlo «permanente», el anuncio de ETA de que renuncia en la hora presente al terrorismo merece ser acogido con satisfacción y esperanza. Queda por ver si ello incluye también el fin de la extorsión, de la kale borroka y de otras manifestaciones de violencia de baja intensidad o si, como ocurrió en 1998, la banda vuelve a jugar a dos barajas, aprovechando la tregua para fortalecerse. En todo caso, hay que congratularse por el alivio experimentado por miles de personas amenazadas por ETA y ante la perspectiva de un País Vasco sin asesinatos ni secuestros, aunque es inevitable preguntarse a cambio de qué.

 

Todas las respuestas a esta pregunta clave suscitan motivos de sombría y grave preocupación. Hasta el punto de que esta inquietud neutraliza, o al menos merma, esos sentimientos de satisfacción y esperanza. Tanto por lo que dice el comunicado como por el contexto en el que se produce.

 

EL COMUNICADO DE ETA

 

La banda no habla de negociar la entrega de las armas, de repatriar a los exiliados o huidos de la Justicia, de reinsertar a sus dirigentes o ni siquiera de acercar a los presos o buscar fórmulas legales que permitan acortar su estancia en la cárcel. O sea, no habla de nada de lo que el Estado puede negociar. ETA sólo habla de «impulsar un proceso democrático en Euskal Herría para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden». Es decir, de iniciar una negociación política que implique sustituir el marco constitucional vigente por una nueva legalidad auspiciada por quienes han llegado hasta aquí aupados por una montaña de cadáveres.

 

ETA anuncia que «al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro» y que «los Estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático sin ningún tipo de limitaciones».O sea, la autodeterminación y, eventualmente, la independencia.

 

El resto del comunicado se mueve entre la retórica habitual sobre «la superación del conflicto» -así le llaman a sus 30 años de crímenes horrendos- y la exigencia del fin de «la represión» -así le llaman al funcionamiento del Estado de Derecho-. Por muy acostumbrados que estemos a todos estos eufemismos, no puede dejar de producir una profunda repugnancia leer cómo ETA se atreve a hablar de «la construcción de una paz basada en la justicia».

 

Aceptar todo esto supondría dinamitar el Estado constitucional, renegar del espíritu de la Transición, renunciar a nuestra identidad común como españoles, decretar la inutilidad del sacrificio de las víctimas, traicionar su memoria y convertir en estéril y absurda la resistencia de los vivos.

 

APOYO CRITICO AL GOBIERNO

 

Al Gobierno francés le entrará por un oído y le saldrá por otro este comunicado. ¿Por qué nos alarma tanto a nosotros si hemos escuchado exigencias similares en numerosas ocasiones? La respuesta es sencilla: porque por primera vez en tres décadas existe el riesgo de que quien representa al Estado esté dispuesto a realizar concesiones políticas a ETA. Y ello no es una simple hipótesis sino un temor que se sustenta en la trayectoria de este Gobierno.

 

Ha sido el propio Zapatero quien ha suscitado las expectativas de una negociación con ETA, quien afirmó en sede parlamentaria que el concepto de nación era «discutido y discutible» y quien ha demostrado que no tiene nada claros los límites del artículo dos de la Constitución, que habla de la «indisoluble unidad de la nación española».

 

Ha sido este Gobierno quien ha roto el Pacto Antiterrorista, quien no ha respetado el pacto constitucional no escrito de abordar por consenso las reformas de Estado y los Estatutos y quien impulsó en el Congreso una resolución que daba alas a ETA al concederle un protagonismo político con el que ni podía soñar.

 

Tras dosificar hábilmente las expectativas de la tregua anunciada ayer, ETA se ha convertido en un interlocutor político del Gobierno, lo que siempre ha sido su máximo objetivo. Y esto ha sido posible por el contexto creado por una serie de hechos como los anteriormente citados, su permisividad con Batasuna y otras muchas concesiones más. La lista sería interminable, pero el hito fundamental que enmarca el anuncio de ETA es la aceptación por la Comisión Constitucional del Congreso de la autodefinición de Cataluña como nación, en reconocimiento de la supuesta soberanía del Parlamento catalán. No es una casualidad que entre el comunicado y la decisión del Congreso hayan pasado menos de 24 horas. Nuestra preocupación sería mucho menos fuerte de no haber visto sucumbir a Zapatero en un asunto tan esencial ante las presiones nacionalistas.

 

No resulta descabellado pensar que la banda ha querido recompensar al presidente por su decisiva contribución a un Estatuto que abre un proceso de ruptura de la unidad del Estado, como pretenden los nacionalistas y la propia ETA.

 

No faltará quienes intenten equiparar la anterior tregua concedida por ETA en septiembre de 1998 con la anunciada ayer. Pero la de hace casi ocho años no tiene nada que ver con la de ahora, ya que fue la consecuencia de un pacto entre los partidos nacionalistas y la banda y la actual ha sido promovida por el Gobierno a través de dirigentes del PSE. La anterior tregua fue precedida de una dura y efectiva campaña de acoso policial, que puso contra las cuerdas a ETA, muy debilitada tras la reacción social por el asesinato de Miguel Angel Blanco. Cogió por sorpresa a Aznar, lo que no se puede decir de la actual, largamente anticipada. Las circunstancias son hoy totalmente distintas, entre otras razones, porque sabemos cómo ETA utilizó aquel alto el fuego para volver a asesinar.

 

Desde sus primeras fechorías, ETA ha anunciado treguas en diez ocasiones. La de ayer fue la undécima. Hace ocho años, unos dirigentes etarras declararon en la BBC que su generación no volvería a coger las armas. Apenas un año después, la banda reanudó los asesinatos. Es suficiente motivo para mantener el escepticismo.

 

Resulta muy dudoso que ETA no vaya a recurrir de nuevo a sus métodos, pero siempre hemos dicho que apoyaríamos a cualquier Gobierno democrático que buscara una solución dialogada al conflicto vasco previa renuncia a la violencia de la banda terrorista. Por tanto, vamos a respaldar de forma crítica las acciones de este Gobierno, con una condición que también hemos subrayado con frecuencia: que la paz no implique pagar un precio político. Por ejemplo, el Gobierno no puede ni debe aceptar la creación de una mesa de partidos fuera del Parlamento vasco para discutir cambios en el marco jurídico, porque esto sería una victoria de ETA.

 

PACTAR CON EL PP

 

Hay cosas que el Ejecutivo puede y debe hacer, pero hay otras que no. Por ejemplo, no debe respaldar la declaración del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que anticipó ayer que va a pedir a los jueces que «valoren la incidencia» de sus actuaciones a la luz de la «nueva situación» que se deriva del alto el fuego de ETA. Ello supone una interpretación arbitraria de la ley, como resaltaron ayer varias asociaciones judiciales, y un verdadero despropósito en boca de un jurista, que, como el fiscal general del Estado, se proclama adicto al principio de legalidad.

 

Relajar la persecución policial, mirar para otro lado cuando se vulnera esa legalidad, renunciar a perseguir a los criminales son las cosas que no se deben hacer. Sí se puede, en cambio, dialogar o negociar ahora con ETA sobre cómo hacer operativo su definitivo adiós a las armas. El Gobierno tiene toda la legitimidad para actuar así siempre que se respeten los límites legales y políticos que un Estado no debe traspasar.

 

En cualquier caso, sería deseable explicitar y concretar tales límites con las formaciones con representación parlamentaria y, muy especialmente, con el principal partido de la oposición. Zapatero ha marginado a Rajoy de la política antiterrorista. Ahora, necesariamente debe contar con él. El líder del PP reaccionó ayer de forma constructiva y debe hacer un esfuerzo por ayudar al Gobierno, pero no a costa de sus convicciones.

 

La garantía de que el Gobierno no va a traspasar esos límites se halla precisamente en un acuerdo entre los dos grandes partidos, lo que además fortalecería sensiblemente la posición negociadora de Zapatero. Si no fuera posible alcanzar ese consenso en las próximas semanas, no habría otro recurso que una convocatoria de elecciones generales para que los españoles decidieran hasta dónde puede llegar el Estado en el proceso que se acaba de abrir con la tregua de ETA.

 

 

Editorial publicado en el diario EL MUNDO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, reproducimos íntegramente el texto.

 

“Entre la cautela y el escepticismo” (Editorial de LA RAZON)

        

 

ETA ha pedido tiempo muerto acorralada por el Estado de Derecho, pero aún no se ha rendido

 

La inmensa mayoría de los ciudadanos desea desde hace demasiado tiempo que ETA desaparezca definitivamente de la vida nacional. Los españoles de menos de cuarenta años desconocen lo que es vivir sin terrorismo etarra y ninguna noticia les produciría tanta satisfacción como el anuncio de la disolución de la banda. El comunicado de ayer puede abrir ese camino. No obstante, debe recibirse como lo que es: la promesa de una organización que ha asesinado a más de ochocientas personas en los últimos cuarenta años y ha roto su palabra en varias ocasiones. Por tanto, lo que de positivo tiene la noticia ha de tomarse con todas las precauciones y sabiendo que ni es suficiente, ni convincente. La decisión etarra debe analizarse con frialdad y rigor, de tal modo que no se reproduzcan viejas frustraciones, como en el año 1998, cuando ETA declaró una tregua «indefinida y total » que se desveló tramposa. Nada más equivocado que algunas de las reacciones habidas, con brindis incluido, casi agradecidas a la banda. Para empezar, hay que subrayar la ambigüedad y contradicción de la expresión «alto el fuego permanente », que no es renuncia a las armas, sino un paréntesis que no excluye la extorsión a empresarios ni la «kale borroka».

 

Momento escogido. En segundo lugar, sorprende el drástico cambio de estilo que se aprecia en el comunicado etarra (a la espera de un segundo comunicado, anunciado para estas horas), muy alejado de la retórica violenta y revolucionaria que le caracteriza. El breve texto difundido ayer es fruto evidente de una negociación entre la banda y los ignotos mediadores. No se explica, de otro modo, que una organización terrorista haga tal profesión de fe en el sistema democrático. También conviene subrayar el momento en que se registra el «alto el fuego »: una vez que el Estatuto catalán ha superado el trámite parlamentario más delicado aprobando el término «nación » y en vísperas del casi seguro encarcelamiento de Otegi por el juez Grande-Marlaska, después de que han sido encarcelados otros dirigentes de Batasuna. Parece que la bronquitis de Otegi ha tenido la doble virtud de retrasar su vuelta a prisión y adelantar el «alto el fuego » etarra. Que la tregua empiece el mismo día en que Otegi comparecerá ante el juez no es casual. Dicho de otro modo, ETA se ha visto forzada a bajar sus armas ante la ofensiva judicial que está descabezando a Batasuna y su entramado abertzale. Si alguna conclusión segura puede sacarse del comunicado de ayer es que el Estado de Derecho ha doblegado a la banda terrorista. Con la Policía y la Guardia Civil, con los jueces y fiscales, con la Ley de Partidos y con el Pacto contra el Terrorismo del PP y PSOE. ETA no ha pedido tiempo muerto porque haya descubierto la democracia, sino por sentirse acorralada en todos los frentes. La cuestión a resolver ahora es si la pausa etarra basta para poner en marcha una negociación formal. Si nos atenemos a la resolución aprobada por socialistas y nacionalistas en el Congreso, en mayo de 2005, tal negociación tiene que ir precedida de dos condiciones: deponer las armas y disolverse. No es el caso. Por tanto, corresponde al Gobierno, que ayer reaccionó con estudiada prudencia, administrar con honradez las perspectivas de futuro. Hace bien en convocar a la oposición, pero antes debe dejar bien claro que no es ETA ni Batasuna quienes marcan el calendario, como sugiere el comunicado. A la par, tampoco será admisible que se interfieran o se violenten los mecanismos judiciales en marcha, como exige la banda. En este sentido, no pueden ser más rechazables las palabras del fiscal general, ayer. Conde-Pumpido aseguró que «la Fiscalía hará llegar a los magistrados que valoren la nueva situación », al tiempo que rehusó confirmar si pedirá prisión incondicional para Otegi. Es inaudito que la máxima autoridad fiscal del Estado de Derecho, yendo más allá del propio Gobierno al que sirve, abone la estrategia de los terroristas y les conceda su primer éxito poniendo la justicia al servicio de la coyuntura política.

 

Zapatero, mano tendida. Al contrario, lo apropiado es el gesto de mano tendida de Zapatero al PP. Desde aquí se ha criticado, sin paños calientes, al presidente del Gobierno cuando se ha apartado del consenso y del pacto de Estado en la lucha contra los terroristas. Ahora, y aunque se haya retrasado más de lo debido, elogiamos con la misma convicción su voluntad de sumar a la oposición a este proceso. Sus palabras de ayer son conjugables con las de Rajoy, quien ha definido con claridad el campo de juego: rendición de ETA sin concesiones políticas; Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos; mantenimiento de la acción policial y judicial; y petición de perdón a las víctimas. En suma, consenso y juego limpio en el que no se sacrifiquen las 817 razones que representan cada uno de los asesinados por ETA. Más aún, los terroristas darían por bien empleado su largo y sanguinario historial si lograran equiparar a las víctimas con sus presos y que no hubiera vencedores ni vencidos.

 

 

Editorial publicado en el diario LA RAZON el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, reproducimos íntegramente el texto.

 

“Sin precio político” (Editorial ABC)

 

 

La banda terrorista ETA emitió ayer un comunicado en el que anuncia «un alto el fuego permanente» a partir de mañana. El objetivo de este gesto es «impulsar un proceso democrático para Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». En una traducción meramente deductiva, ETA pretende que, al amparo de ese «alto el fuego permanente», el Gobierno y las demás instituciones del Estado negocien, de una parte, un marco jurídico-político para el País Vasco -ETA también emplaza al Estado francés- diferente del actualmente recogido en el Estatuto de Autonomía de Guernica, y, de otra, que se proceda a legalizar de nuevo a Batasuna, que es su marca electoral.

 

Ante esta pretensión de la banda terrorista ETA, y antes de cualquier otra consideración, es necesario reconocer al Gobierno español un amplio margen de confianza para la gestión de la nueva situación que se plantea. El Gabinete de Rodríguez Zapatero merece el mismo trato que recibieron el de Felipe González en 1989 y el de José María Aznar en 1998. Y en ese margen de confianza se debe mover el Ejecutivo para lograr que la banda terrorista ETA deponga definitivamente las armas sin que esa decisión conlleve contrapartida o precio político o de otra naturaleza. La sociedad española; el sistema político que alumbró la Constitución de 1978, posterior a una amnistía que vació las cárceles de presos etarras; la generalización del proceso autonómico, específicamente en el País Vasco, mediante un autogobierno sin parangón en los países de nuestro entorno, y la memoria de las víctimas son argumentos definitivos e irreversibles para exigir a ETA que olvide cualquier aspiración a obtener rédito alguno del cruel ejercicio terrorista que ha venido desplegando, y que se ha cobrado casi mil víctimas mortales y decenas de miles de millones en pérdidas materiales, además de un sufrimiento colectivo e individual de incalculable valor moral.

 

ES prudente, por eso, que el presidente del Gobierno se tome el tiempo necesario para comprobar las posibilidades de obtener la renuncia terrorista de ETA, y sólo cuando tenga muestras inequívocas de que la banda se resigna a dejar de delinquir de modo definitivo debe acudir al Congreso con el discurso que, en atención a los datos de que disponga, considere procedente. Rodríguez Zapatero, su Gobierno y el PSOE saben que carecen de potestad y de legitimidad -y, por supuesto, de mandato popular- para moverse fuera de los parámetros que en estas líneas se exponen. El Ejecutivo debe recabar todos los apoyos en esta coyuntura tan especial y los obtendrá íntegros en la medida en que, con la máxima transparencia, se encare a la decisión de ETA con lucidez ética, política e histórica.

 

Las esperanzas hay que administrarlas sin avaricia, pero también sin despilfarro. No es la primera vez que la banda terrorista declara una tregua para, después de transcurrido un tiempo, volver a practicar sañudamente el terrorismo. En esta ocasión, como era previsible, los dirigentes etarras han cuidado de no rememorar las vicisitudes de 1989 y 1998. Se refieren a su decisión no como tregua, sino como «alto el fuego permanente», expresión emparentada con la semántica utilizada en su día por el IRA, pero que enlaza con un propósito que no es de irreversibilidad. Es decir, ETA no anunció ayer el abandono de las armas, sino una suspensión de sus actividades criminales -es de suponer que de todas sin distinción, incluida la extorsión a empresarios y profesionales del País Vasco y fuera de él- cuya inmutabilidad queda condicionada a una negociación claramente política, expuesta en unos términos calculadamente blandos, pero suficientemente explícitos de que su objetivo es convertirse, por sí o a través de otros, en interlocutora del Gobierno y, en definitiva, del Estado. Contra esta ensoñación totalitaria de los terroristas -a los que debe persuadir de su derrota, no ya operativa, sino también política, social y moral- habrá de luchar el Ejecutivo. Los sucesivos gobiernos democráticos, secundados por una opinión pública española resistente al sufrimiento y por un heroico sector constitucionalista en el País Vasco, son los titulares del mérito de haber derrotado a ETA hasta el punto de alcanzar una situación como la ayer anunciada por la banda.

 

EL Gobierno y su presidente -que lo es de todos, incluso de los que discrepan de sus actuaciones- deben, primordialmente, en esta nueva tesitura cuidar con esmero y grandeza de miras la unidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, pero también de la cohesión de la opinión pública en torno a los grandes valores de las democracias fuertes y solventes. Las manifestaciones convocadas por las víctimas para disuadir al Ejecutivo de cualquier negociación con ETA no han sido episodios anecdóticos, sino de hondísimo calado. La capacidad de convocatoria de las víctimas, secundada por el primer partido de la oposición y otras asociaciones y colectivos, remite a una convicción muy arraigada en el conjunto de la sociedad española cuya formulación es muy simple: la paz no tiene precio político.

 

Desde estas perspectivas, en las que la esperanza no debe velar la encarnadura criminal de ETA, ni nublar el recuerdo de sus terribles delitos, ni alejar la memoria de sus cientos de víctimas, ni relegar los aprendizajes que la historia proporciona, ha de insertarse lo que es un tiempo nuevo y distinto, pero no inédito. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles desean que éste sea el «principio del fin» de ETA. No está claro que así sea, porque también pudieron pensarlo -y hacerlo igualmente con sólidos argumentos- con motivo de la tregua de 1989 y en la de 1998. En aquellos hitos históricos que alentaron tantas ilusiones, ETA mostró, al final, su auténtica faz, la peor. Ahora, la sintomatología de la estrategia etarra recuerda a la del IRA. En Irlanda del Norte no se ha establecido la paz -de hecho, la autonomía sigue suspendida por el Gobierno de Blair-, pero se rehabilitado la situación general, aunque con la permanencia de ciertas derivas mafiosas que no permiten aún la visualización de un proceso concluido y bien rematado.

 

SI lo que mañana se inicia es el «principio del fin» de ETA, como todos los ciudadanos de buena fe desean, lo será no tanto porque así lo decida la banda terrorista, sino porque el Gobierno gestione con inteligencia, fibra ética y adhesión constitucional la situación; porque la sociedad se sienta reconocida en su esfuerzo histórico de combatir el terror; porque, sin sectarismos, se reconozca a los sucesivos gobiernos -tanto de Suárez como de Calvo Soltelo, González y Aznar- su aportación innegable en la lucha por la libertad y se asuma con plena convicción que, pronto o tarde, pero de manera indefectible, siempre triunfan la justicia y la libertad. Y que ambas se obtienen y disfrutan sin más precio que la decisión democrática colectiva de todo un pueblo que, como el español, no admitirá una ecuación indigna para lograrlas en plenitud.

 

 

Editorial publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto.

 

“Oportunidad inédita” (editorial de EL PAIS)

 

 

El alto el fuego permanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de tregua, sino que se produzca tras un periodo prolongado, casi tres años, sin atentados mortales. Pero la experiencia obliga a extremar la cautela. ETA habla de alto el fuego "permanente", expresión deliberadamente ambigua. Antes de dar cualquier paso será preciso, de acuerdo con la resolución aprobada en mayo pasado por el Congreso, verificar si se trata de un compromiso firme de renuncia definitiva a la violencia, incluyendo el recurso a la extorsión y otras formas de coacción. Para que la oportunidad abierta desemboque en el fin de ETA será preciso medir los pasos con inteligencia, mantener el criterio de que no puede haber contrapartidas políticas y actuar desde la unidad de todos los demócratas.

 

La clave del comunicado por el que ETA declaraba ayer un alto el fuego es el adjetivo que lo acompaña: permanente. Se trata, en primer lugar, del mismo término empleado en su día por el IRA, cuyo modelo sigue ETA y sobre todo Batasuna (la Batasuna de Otegi). Permanente es más que indefinida, expresión desacreditada por la tregua de 1998: hasta Arzalluz declaró, tras su ruptura, que ya sólo tomaría en serio ofertas de alto el fuego si eran "definitivas, sin vuelta atrás". Pero alto el fuego permanente no es lo mismo que el fin definitivo de la violencia -"disolverse y deponer las armas"- que la resolución del Congreso consideraba como único destino de ETA. La ambigüedad calculada del comunicado aspira seguramente a permitir una interpretación que, sin ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje en las condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un "final dialogado de la violencia". Ese posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parecen indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el optimismo gubernamental de los últimos meses frente a señales tan negativas como la continuidad de los atentados mafiosos y de la violencia callejera. Tal vez la decisión ya estaba tomada, como se rumoreaba desde diciembre, y ETA estaba buscando el momento publicitariamente más conveniente para hacerla pública. Esas señales serían la forma de demostrar que conservaba capacidad de hacer daño. La convocatoria de huelga general del 9 de marzo habría querido ser, en esa lógica, la prueba de su capacidad de movilización como paso previo al esperado anuncio. Pero el fracaso de la huelga, más la imputación por la justicia de sus convocantes, entre ellos Otegi, habría alertado de los riesgos de prolongar la situación. El comunicado de ayer evita hablar directamente de autodeterminación o lo que suelen llamar "territorialidad", pero mantiene que el objetivo del alto el fuego no es acabar con la violencia, sino alcanzar su programa político, que presenta como "reconocimiento de los derechos que como pueblo nos corresponden"; España y Francia deberán aceptar "sin limitaciones" esos derechos y respetar "la decisión de los ciudadanos vascos". Resulta sarcástico que ETA exhorte a los demás a respetar la decisión de los ciudadanos tras más de tres décadas de ignorar el deseo de paz de la inmensa mayoría de la población y de acumular más de 800 muertos. También advierte a Francia y España de que deben abandonar la represión. En un segundo comunicado publicado la pasada madrugada, ETA reitera las ideas del primero y muestra su deseo de construir "una paz basada en la justicia". Y añade: "Nos reafirmamos en el compromiso de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria". El presidente del Gobierno reaccionó con muy medida cautela, evitando cualquier expresión triunfalista y apelando a la recomposición de la unidad entre los partidos, y especialmente entre el suyo y el de Rajoy, que se había limitado a decir que el de ayer no era el anuncio de ETA que esperaban los ciudadanos. Por supuesto que lo ideal sería que ETA se rindiera incondicionalmente, como pedía hace poco Acebes, pero es poco realista esperar algo así. Incluso si ETA hubiera interiorizado su derrota política, en el sentido de que no existe ya ninguna estrategia política a la que haga avanzar la violencia, no lo plantearía en esos términos. Lo que permite mantener la esperanza no es que hablen de alto el fuego permanente, sino que ello ocurra tras casi tres años sin muertos. La resolución del Congreso define la pauta a seguir. Lo primero es exigir a ETA que aclare que su renuncia es irreversible, como planteó ayer el líder del PNV, Josu Jon Imaz, y también Zapatero al decir que se tomaría su tiempo antes de llevar el asunto al Congreso. Un tiempo para confirmar la voluntad de ETA, que recuerda el que se tomó John Major para realizar "verificaciones" sobre el alcance del anuncio de tregua del IRA en 1994. La distinción entre contrapartidas políticas y medidas de gracia para presos y activistas es en parte artificial, porque también esas medidas serían políticas. Pero resulta eficaz para marcar la frontera entre lo posible y lo que no lo sería, de acuerdo con la resolución del Congreso. Resultó especialmente inoportuna la interferencia del lehendakari Ibarretxe anunciando la convocatoria de una mesa de negociación política, llamada de normalización, a la que seguiría su famosa consulta. Rajoy reiteró su rechazo a pagar precio político alguno y ofreció su colaboración para avalar la firmeza del Gobierno al respecto. Está bien, pero podía haber añadido que un alto el fuego permanente es una buena noticia y una oportunidad a no desaprovechar; y haber respondido con algo más de cordialidad a las palabras conciliadoras de Zapatero hacia él. En la ponencia sobre terrorismo aprobada en la reciente convención del PP se afirma que "no cabe el diálogo con los terroristas en tanto mantengan su voluntad asesina de utilizar el terror". Lo cual, leído desde el otro lado, significa que si aparece un compromiso verificable de abandono de la violencia ese diálogo será posible, como afirma la resolución del Congreso. Hay base para que los dos grandes partidos vayan juntos en este asunto a fin de que su desembocadura sea un fin de ETA con justicia.

 

 

Editorial publicado en el diario EL PAIS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto.

 

Optimismo desde Cataluña

Por Narrador - 26 de Marzo, 2006, 16:45, Categoría: General

La prensa catalana prefiere el color rosa, el ‘mundo feliz’ que habitualmente presentan sus medios de comunicación al más puro estilo orwelliano. Muy a nuestro pesar la realidad es muy diferente a la definida por el ‘Oasis’. Será el tiempo quien de o quite razones.

 

“Principio del fin” (Editorial de LA VANGUARDIA)

 

 

ETA ha decidido declarar "un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006". Así empieza la declaración hecha pública ayer por la banda terrorista. El comunicado, largamente esperado, no es todavía el último que le queda por escribir a ETA: este alto el fuego debería ser la antesala de su disolución y de la renuncia a la violencia en todas sus formas, incluida la extorsión a las empresas vascas. El anuncio, sin embargo, supone un notable paso adelante que el tiempo dirá si constituye el inicio del principio del fin de la violencia que pronosticó Rodríguez Zapatero. La esperanza, pero también la cautela y la prudencia, son de rigor, como apuntó ayer mismo el propio presidente del Gobierno.

 

La esperanza que abre el comunicado de ETA debe atenuarse con la prudencia que aconseja la experiencia. La realidad demuestra, desgraciadamente, que las dos anteriores treguas de ETA resultaron fallidas. Así ocurrió en las llamadas conversaciones de Argel (1989), con el gobierno de Felipe González, y en la última tregua (entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999) cuando el entonces presidente Aznar ofreció generosidad a la cúpula etarra. También ahora el presidente Rodríguez Zapatero merece un margen de confianza del conjunto de las fuerzas políticas democráticas para aprovechar esta nueva oportunidad de conseguir la definitiva y tan anhelada pacificación del País Vasco, máxime teniendo en cuenta el carácter permanente del alto el fuego que se anuncia y que podría ir más allá de una tregua convencional.

 

El principal marco de referencia de las fuerzas democráticas es la resolución aprobada en el último debate del estado de la nación, el 17 de mayo del pasado año, en la que todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, sentaron las bases de un teórico final de la violencia. Mariano Rajoy, cuya participación activa como ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno en la lucha contra ETA contribuyó al declive de la banda, tendió ayer la mano, ofreció colaboración y se acercó a aquel consenso.

 

El líder popular ha obrado ahora en consecuencia por cuanto lo entonces acordado en el Congreso coincide con el punto 10 del pacto de Ajuria Enea, sellado por las fuerzas vascas -incluida la antigua Alianza Popular- en enero de 1988: "Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular".

 

Las fuerzas democráticas son conscientes de que, históricamente, han sido la unidad antiterrorista, la acción policial y judicial y la colaboración internacional, especialmente de la vecina Francia, las que han puesto a ETA en una situación de debilidad, pese a mantener su capacidad operativa, como se ha encargado de demostrar con sus últimas acciones sin víctimas. Este factor, unido al auge del terrorismo internacional de matriz islamista -de los atentados del 11-S en EE.UU. a los del 11-M madrileño y el 7-J londinense-, hizo que no sólo la sociedad tomase conciencia de la nueva amenaza, sino que los terrorismos locales de viejo cuño, como es el caso del de ETA, tomaran también nota de la nueva competencia mortífera y vieran como sus estrategias tradicionales quedaban superadas por un fenómeno que responde a claves inéditas. Una constatación a la que no es ajena ni esta declaración de alto el fuego, ni la presión que en esa dirección venían realizando una mayoría de sus presos, con largas condenas y deseosos de buscar una salida a su negro horizonte.

 

Sin precio político por la paz

 

Hay que subrayar, en el terreno político, que constituye un ejemplo de vitalidad democrática la presteza con la que el presidente del Gobierno acudió ayer al Parlamento y la actitud de todos los portavoces, empezando por Rajoy. Es verdad, como subrayó el líder del PP, que no puede pagarse precio político por la paz, pero también lo es, como afirmara en su día Zapatero, que "el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia". Es el momento de renovar consensos ante un proceso que, en palabras del presidente, será duro, largo y difícil, y para el que se precisará del concurso de todas las fuerzas políticas; el gesto de ayer de ambos políticos, tendiéndose mutuamente la mano, es un buen augurio. Y también debe tenerse siempre presente la memoria de las víctimas.

 

No puede ser de otra manera por cuanto la barbarie etarra, con más de 900 muertes y secuestros, ha unido en el dolor no sólo a las víctimas y familiares, sino a la política democrática y a la sociedad civil en su conjunto. Hay que afirmar, con la cautela y prudencia debidas, que la esperanza en el fin de la violencia puede también ahora ser un factor añadido de unidad. La memoria de las víctimas, según una imagen utilizada recientemente por una de ellas, debe estar siempre presente en el retrovisor del Gobierno y de su presidente, pero su obligación es explorar la puerta de la esperanza que ahora se entreabre. Tiene el derecho y el deber de intentarlo, e incluso de fracasar si fuera el caso, como dijo Duran Lleida.

 

Esta nueva etapa puede abocar a dos escenarios diferentes, a tenor de la citada resolución del Congreso. Un proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA, que no puede entrar en cuestiones políticas y que ha de centrarse en la entrega de las armas y en el proceso de reinserción de presos (acercamiento, en una primera fase, y la paulatina reinserción de aquellos que hayan decidido abandonar la violencia, según el punto 9 del mismo pacto). Y un diálogo sobre temas políticos, que exclusivamente corresponde tratar a los representantes legítimos de los ciudadanos, es decir, a los cargos vascos.

 

Ambos escenarios no deben confundirse ni condicionarse. Éste es el punto en el que se atisba un giro táctico en ETA, en línea con la propuesta lanzada por la ilegalizada Batasuna en Anoeta. El primer test político sobre la solidez de este proceso será la participación o no de la izquierda abertzale en las municipales del 2007. No cabe, entre tanto, hacer interpretaciones políticas sobre el hecho de que esta tregua se decreta al día siguiente de la aprobación en la comisión Constitucional del nuevo Estatut. Sólo cabe constatar que la vía catalana se sigue construyendo sobre el consenso mayoritario y la no violencia. Éste es el principal activo político de una Catalunya que ha sufrido en sus carnes el terrorismo de ETA. Y puede serlo de todos aquellos que opten por la misma senda.

 

 

Editorial publicado en el diario LA VANGUARDIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, reproducimos íntegramente el texto.

 

“Una oportunidad histórica” (Editorial de EL PERIODICO)

 

 

• Se abre una etapa difícil, pero cargada de esperanza, y necesitamos que la clase política esté a la altura

 

La esperanza de que algún día el terror desaparezca de España está hoy más viva que nunca. Tras casi tres años sin matar, ETA anunció ayer un “alto el fuego permanente” que, aunque deba ser acogido con prudencia, justifica la reacción colectiva de alivio que se está viviendo en el País Vasco y en toda España. Es un paso adelante imprescindible para encarrilar por la vía estrictamente política el conflicto de Euskadi. El comunicado no habla de la desaparición de ETA, pero se refiere a mucho más que una simple tregua. Llega en un momento maduro, con un Gobierno dispuesto a aprovecharlo.

 

ETA no renuncia a sus objetivos políticos, a que sean exclusivamente los vascos quienes decidan el futuro de Euskadi. Pero su tono es menos coactivo que otras veces. Habla de impulsar un proceso democrático. Eso sólo puede querer decir que ciñe a la acción política convencional, y no a la muerte y el chantaje, la obtención de sus ideales. Tampoco pone condiciones concretas, lo que invita a confiar en que ha entendido que el futuro de Euskadi no tiene que decidirlo ella, sino la gente y sus representantes electos. Todas estas cosas equivalen a decir que su dramático papel en la historia ha llegado a su fin.

 

'HOJA DE RUTA' Tras sostener que lo de ayer estaba próximo, el presidente Zapatero apela ahora a la prudencia y pide tiempo para comprobar las verdaderas intenciones de ETA. El alto el fuego no se debe a un partido, a un Gobierno o a un poder del Estado. Felipe González lo buscó cuando el escenario aún no estaba maduro por ningún lado; el PP puso firmeza eficaz cuando posiblemente hacía falta firmeza eficaz, y Zapatero ha derrochado talento y valentía cuando lo que se precisaba era eso. Hay una hoja de ruta bien pensada respecto de lo que ha de venir. Ahora es el Congreso, que ya marcó el camino, quien tiene que ratificar la estrategia: forzar que la renuncia a la violencia sea definitiva, diálogo sin más límites que el respeto a la voluntad de la mayoría de los vascos y no pagar precios políticos por la decisión de ETA.

 

DE RAJOY A ETA Al PP, cuya colaboración leal es imprescindible, se le plantea un reto: abandonar su obstrucción a la política antiterrorista del Gobierno o quedarse al margen. Ayer Rajoy exhibió escepticismo, pero brindó su "apoyo" a Zapatero fijando condiciones aparentemente exigentes, pero que no contradicen la hoja de ruta del Gobierno. Quizá inicie en este momento histórico el giro hacia la moderación tantas veces anunciado.

 

Es posible que ETA sólo se esté dando un respiro, o que confíe en una claudicación del Estado de derecho que no llegará. Pero hemos de lograr que este alto el fuego sea definitivo. Habrá que tomar decisiones difíciles en los tribunales, en las cárceles y en los parlamentos. Los ciudadanos esperamos que nuestros políticos se unan para hacerlo. Es una oportunidad histórica para que desaparezca la peor secuela que nos queda del franquismo y para que pasemos a vivir en un Estado complejo, quizá dificil, pero democrático y sin violencia terrorista interna.

 

 

Editorial publicado en el diario EL PERIODICO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés reproducimos íntegramente el texto.

 

La Opinión Vasca através de sus periódicos.

Por Narrador - 26 de Marzo, 2006, 16:30, Categoría: General

La prensa Vasca prefiere un sí definitivo. Salvo el diario de Vocento, tanto el órgano del PNV como el medio ‘portavoz’ del entorno etarra hablan de la alegría e irreversibilidad del proceso. Claro que en Septiembre de 1998 decían exactamente lo mismo.

 

“Esperanza y cautela” (Editorial de EL CORREO)

 

 

La declaración de un «alto el fuego permanente» por parte de ETA se convirtió ayer en esa buena noticia que toda la sociedad española, y especialmente la vasca, esperaba desde hace tanto tiempo, a pesar de la terrible frustración que supuso la ruptura de la tregua de 1998. Por muchas que sean las dudas e interrogantes que suscita la escueta nota hecha pública por ETA, no podrían empañar el alivio que siente la ciudadanía entera y en particular aquellas mujeres y hombres que vienen padeciendo la persecución directa del terrorismo. Pero, de igual modo, la lógica alegría del momento no puede inducir confusión. La sociedad no tiene motivo alguno para mostrarse agradecida -tal y como desearía ETA- a una banda que ha cometido los más horribles crímenes con el ensañamiento de quien pretende imponer su dictadura. Todo lo contrario. El anuncio de ETA, en lo que contiene de esperanza pero también de incertidumbre, invita a la ciudadanía entera y en especial a las instituciones a girar la vista hacia las víctimas del terrorismo, hacia su memoria y las vicisitudes de sus deudos, para recordar que no podrá hablarse de paz si ésta no se construye sobre la justicia en el Estado de Derecho.

 

El comunicado de ETA abre un período que puede convertirse en lo que convencionalmente se ha dado en llamar 'proceso de paz' siempre que concurran dos circunstancias: que desaparezca toda violencia física o coacción expresa y que ETA no pretenda convertir un «alto el fuego permanente» en un recurso chantajista para con la legítima actuación de las instituciones de la democracia. En este sentido, las palabras del presidente Rodríguez Zapatero ofreciendo y demandando «prudencia, calma, serenidad, responsabilidad y el concurso máximo de voluntades» expresan una recepción cabal del mensaje de ETA. El Gobierno tiene el deber de mantener la iniciativa política en un ámbito en el que el propio presidente se ha comprometido tanto. Para ello tiene también el derecho de recabar el apoyo confiado de todas las fuerzas parlamentarias sin otra reserva que su también legítima potestad para expresar su opinión en un leal contraste de pareceres. El anuncio de que en próximos días Rodríguez Zapatero mantendrá un encuentro con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, brinda una oportunidad que ambos han de aprovechar inexcusablemente no sólo para enderezar de forma unitaria la estrategia democrática ante ETA; también para devolver el ánimo a una ciudadanía que sin duda deplora el penoso espectáculo que día tras día ha venido convirtiendo a ETA en motivo de enfrentamiento descarnado entre las formaciones llamadas a sucederse en el Gobierno de España.

 

Al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero corresponde administrar el nuevo tiempo granjeándose la confianza permanente de la oposición mediante una comunicación también permanente. A la oposición, actuar con la prudencia y la discreción que el momento requiere. Pero esta misma disposición atañe al conjunto de las instituciones. También al Gobierno vasco y a su lehendakari. Las palabras de Ibarretxe, anunciando ayer mismo que ha tomado contacto con los representantes de todas las fuerzas vascas para proponerles el «inicio de una fase preliminar de diálogo sin exclusiones con el objeto de concretar calendario, principios, metodología y contenidos» y avanzando además que sus resultados serán sometidos a consulta popular, adquieren toda la connotación de un protagonismo prematuro.

 

La sociedad alberga la esperanza de que el anuncio de ETA se vuelva irreversible para el terrorismo. Que la violencia sea desterrada ahora y para siempre. Pero aun desde tan optimista y deseable perspectiva, resultaría obligado percatarse de que la etapa que ahora comienza se presenta llena de riesgos políticos, de tentaciones de exclusión, de querencias unilaterales. Incluso en la más optimista de las hipótesis parece indudable que nos adentramos en un período prolongado de incertidumbre. Paradójicamente, el propio horizonte de una pronta desaparición de ETA podría enconar la disputa entre las distintas formaciones, fragmentar el panorama parlamentario en Euskadi y generar tantos agravios como frustraciones. Es por ello que partidos e instituciones están obligados a encauzar de manera ordenada su propia acción política, no sea que las emociones del momento desemboquen en el subasteo público e interesado de propuestas y planes cuya discusión, en todo caso, ha de remitirse a la vigencia de un marco de derecho y corresponsabilidad pública. Un marco que tanto ETA como la izquierda abertzale se obstinan en tratar de desbordar desde el rupturismo.

 

El peor de los riesgos se encuentra en el olvido. En el olvido de las víctimas del terrorismo y de su testimonio moral como guía para que la sociedad entera pueda discernir la paz de la componenda. El olvido de que hasta la fecha ETA ha frustrado todas las oportunidades que se le han brindado para poner fin a su propia existencia y responder así al clamor popular. El olvido de que un «alto el fuego permanente» no es sinónimo del final definitivo del terrorismo. También por eso es necesario que tanto el Gobierno como el resto de las instituciones y los partidos democráticos adviertan a ETA de que no pretenda conseguir con la añagaza de una tregua concedida lo que no ha logrado arrancar a la sociedad y a la democracia mediante el terror como sistema de coacción generalizado.

 

 

Editorial publicado en el diario EL CORREO y EL DIARIO VASCO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés reproducimos íntegramente el texto.

 

“En un proceso irreversible” (Editorial de DEIA)

 

 

El comunicado de ETA en el que declara ‘‘un alto el fuego permanente’’ a partir de mañana es la buena noticia que esperaba la inmensa mayoría de la sociedad vasca desde que hace más de siete años, el 16 de setiembre de 1998, la organización armada anunció una ‘‘tregua indefinida’’ que duró catorce meses. Tras la frustración de entonces, resurge ahora, con más fuerza, la ilusión de que comienza la esperanzadora etapa de consolidación definitiva del proceso de pacificación y normalización política de Euskadi, para la que es necesario que el conflicto salga de la calle. Este cese de la actividad armada, que marcaría el principio del fin de la violencia tan insistentemente anunciado por Zapatero (ahora le corresponde a la política afianzarlo), parece confirmar que en esta oportunidad los imprescindibles y absolutamente lógicos contactos previos entre las partes, la ‘‘cocina’’, se realizaron con discreción y eficacia. Representa el paso necesario para la concreción de las buenas intenciones de la izquierda radical abertzale, de utilizar vías exclusivamente pacíficas y democráticas, manifestadas en Anoeta a finales del año 2004 y en la posterior propuesta del presidente del Gobierno español, avalada por la mayoría del Congreso de los Diputados de establecer un diálogo para superar el problema. Entramos, pues, en un escenario de negociación política en el que todos los partidos se deberían implicar en la búsqueda de soluciones para un conflicto que es esencialmente político, aunque algunos se nieguen a reconocerlo. Con el ritmo y las cautelas precisas, se deben aportar responsabilidad y flexibilidad para que este proceso de paz sea irreversible. El pueblo vasco no perdonará a quien obstaculice la consecución de la paz y el reconocimiento de sus derechos. Iniciamos una etapa histórica.

 

 

Editorial publicado en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés reproducimos íntegramente el texto.

 

“La hora de la responsabilidad y de los hechos” (Editorial de GARA)

 

 

El anuncio de alto el fuego permanente de ETA provocó ayer un terremoto político, social y mediático de una enorme magnitud.

 

La importancia y el calado de la iniciativa de la organización armada y su indudable aportación al proceso de resolución del conflicto ocupó, prácticamente desde el mismo instante en que se hizo público el mensaje, portadas y horas de emisión ininterrumpida en todos los medios de comunicación o en casi todos.

 

La iniciativa de ETA sitúa el proceso en un nuevo prisma y, en cierto modo, obliga a retratarse a muchos de los actores, protagonistas o agentes que, durante estos últimos y convulsos meses, han pretendido moverse en una indefinición o ambigüedad interesadas. La inercia en la que algunos han querido ampararse en estos últimos años ha coqueteado en demasiadas ocasiones con la tentación de poner obstáculos, e incluso poner en peligro el proceso mismo, en lugar de trabajar por abrir vías de soluciones, hasta el punto de reflejar que en esa situación había quien parecía sentirse cómodo. Pese a estas actitudes, hoy asistimos a una iniciativa que ha sacudido muchas cosas y que, en buena lógica, debería llevar a la reflexión a quienes esgrimen discursos y actitudes que en nada ayudan a buscar un camino de resolución. El terremoto ha sido tal que ha provocado reacciones oficiales en las principales capitales mundiales, incluidas Londres y Washington.

 

Es obvio que al primer momento de impacto deberá seguir, en buena lógica, una reflexión pausada que permita a todas las partes dar la dimensión adecuada al alto el fuego permanente de ETA, dimensión que va, sin duda, mucho más allá del cese de las acciones armadas. A nadie con un mínimo conocimiento de los procesos de resolución de conflictos en el ámbito internacional y con un rigor básico a la hora de abordar estas cuestiones se le escapa que cuando una organización armada toma una decisión de tal trascendencia es porque es de suponer que ha habido un intenso trabajo de trastienda, labor que implicará y comprometerá a otros actores claves del proceso abierto.

 

A nadie se le escapa, tampoco, que este anuncio en absoluto significa el final de un camino, como algunos pretenden hacer creer en función de sus propios intereses, sino todo lo contrario, el inicio del partido si utilizáramos un símil deportivo. Un partido que exigirá mucha responsabilidad a todas las partes y mucha voluntad de avanzar en la resolución del conflicto y cuyo futuro, como desde su nacimiento ha sostenido este diario, deberá sustentarse en el diálogo, la negociación y el acuerdo, y, en último término, en la palabra y la decisión que adopten los ciudadanos y ciudadanas vascas sobre su futuro.

 

Todo aquel que se adentra con seriedad en esta cuestión coincide en apuntar que será un proceso largo y complicado, en el que, a buen seguro, no faltarán tropiezos y obstáculos. De ahí el ejercicio de responsabilidad exigible a todos los actores implicados en el mismo. Diríase que es hora de responder con claridad, y con hechos, al futuro. Habrá, cómo no, quien no lo haga porque no le interese hacerlo, y algunas reacciones registradas ayer dejan clara constancia de ello. París y Madrid respondieron en clave de prudencia, aunque están llamadas a dar pasos que demuestren su voluntad real. La mayoría de los agentes de Euskal Herria, cada uno desde su punto de vista, tuvo una reacción positiva, que debe verse corroborada con compromisos efectivos. Pero, a la postre, será la movilización de la sociedad a la que representan esos agentes la que, en la balanza, tome más peso, ya que es el activo que necesita, y la garantía que precisa, un proceso para la resolución del conflicto basado en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria. El momento es importante; lo que está en juego, mucho más: Euskal Herria.

 

 

Editorial publicado en el diario GARA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés reproducimos íntegramente el texto.

 

Opiniones en la Prensa Económica

Por Narrador - 26 de Marzo, 2006, 16:23, Categoría: General

La prensa económica también se hace eco del ‘acontecimiento’ del día. Si hay que definir de alguna manera su postura, ésta sería entre la esperanza y la cautela. Nadie se acaba de creer el fin de la violencia criminal a la vez que nadie quiere cerrar la puerta a la esperanza. Una conclusión lógica: escepticismo pero sin negar la opción de comprobar el desarrollo de los acontecimientos.

 

Eta declara un alto el fuego permanente... y a partir; de ahora, ¿qué? (Editorial de EXPANSION)

 

 

Descontada por el mercado, por recurrir a un símil financiero, ETA ha declarado finalmente la esperada tregua. Con este "alto el fuego permanente", en terminología de la propia banda, se cierra el círculo iniciado con la "tregua territorial", que en 2004 excluyó a Cataluña de su ámbito de actuación a raíz de las negociaciones con Carod-Rovira en Perpiñán, y la posterior "tregua sectorial", que en 2005 supuso un indulto a los cargos públicos en el País Vasco.

 

La primera valoración, lógicamente, es que se trata de una buena noticia. En mayo se cumplirán tres años sin asesinatos de la banda terrorista, pero en todo caso el alto el fuego supondrá un importante alivio para una inmensa mayoría de ciudadanos vascos que son sistemáticamente víctimas de la extorsión etarra. La segunda, no menos obvia, es que hay que recibir la iniciativa etarra sin triunfalismos, con enormes dosis de prudencia, incluso con escepticismo. ETA ha anunciado ya en cuatro ocasiones el cese de sus acciones violentas, siempre con resultados frustrantes para la anhelada paz.

 

Dos son, no obstante, especialmente representativas: la del 9 de enero de 1989, origen de las conversaciones de Argel con el Gobierno de Felipe González; y la de 1998, con el bagaje de las aspiraciones secesionistas pactadas en Estella con el PNV y EA, que dio pie a los también infructuosos contactos del Gobierno del PP con los terroristas. Entre esas treguas y la de ayer hay una diferencia sustancial: en esta ocasión es el Gobierno el primero que ha movido ficha, al mostrar previamente, con el aval del Parlamento, su predisposición a dialogar con ETA, acompañado de gestos inequívocos hacia los asesinos, al enterrar el Pacto Antiterrorista, menospreciar la Ley de Partidos, legalizar al PCTV y legitimar a Batasuna. Todo esto sitúa al presidente Zapatero en una intrincada situación de debilidad para afrontar el proceso que ahora se abre. Aunque no es menos cierta la precariedad de ETA, como consecuencia de la contundente acción política, judicial y policial de los últimos años, que ha arrastrado a la banda a un callejón sin salida, que se ha hecho aún más angosto a raíz de los espeluznantes atentados del 11-M y del abandono de las armas por parte del IRA.

 

Desde EXPANSIÓN siempre hemos defendido que la renuncia a las armas dejaría margen para negociar los términos de la rendición. Podría interpretarse, pues, que el alto el fuego de ETA viene a legitimar la cuestionada y críptica retórica desplegada por el presidente del Gobierno en los últimos meses sobre el mal llamado proceso de paz. Pero después de la atmósfera de euforia que se respiró ayer -en algunos ámbitos políticos, se llegó incluso a brindar con champán- es inevitable el perturbador e incómodo interrogante: ¿Y ahora qué? Estamos, sin duda, ante un importante paso adelante, pero insuficiente. Puede que sea una oportunidad histórica, pues, de fracasar la negociación, pasarían muchos años hasta que otro Gobierno volviera a estar en disposición de sentarse con los terroristas. Pero no es menos razonable recelar de lo que puede significar otra tregua trampa, una nueva instrumentación táctica del paréntesis criminal, al servicio de los intereses de la banda.

 

Pues, ni ETA ha dejado las armas, ni ha anunciado su intención de disolverse, ni ha abandonado sus tradicionales reivindicaciones de tutelar un nuevo escenario de autodeterminación en el País Vasco, bendecido por un referéndum. La banda no renunciará a la violencia así por las buenas, sin conseguir sus principales aspiraciones políticas. En una negociación con ETA puede caber la rehabilitación política de Batasuna, la excarcelación de activistas sin delitos de sangre, e incluso generosidad en los beneficios penitenciarios a los asesinos, para facilitar su reinserción social y pavimentar el camino hacia la paz. Pero si el Gobierno cae en la tentación de aceptar las condiciones que exige ETA en una mesa de partidos al margen del Parlamento de Vitoria, con el objetivo de promover cambios sustanciales en el marco constitucional, que impliquen, bajo el eufemismo del ámbito de decisión vasco, caer en la trampa de la autodeterminación, se estaría pagando una vergonzosa factura política por la paz. Sería una indigna claudicación del Estado de Derecho, y una traición, no sólo a la memoria de las víctimas, sino a toda la sociedad. Zapatero, en cuyos cálculos probablemente entra adelantar las elecciones para rentabilizar la tregua, debe abordar con pies de plomo este largo y díficil proceso. Es preciso que explique con transparencia hasta dónde está dispuesto a llegar, y procurar que este proceloso viaje no se inicie sin el concurso del PP. Las ansias de paz en modo alguno pueden alentar la tentación de equiparar a víctimas y verdugos, ni nublar el imperativo democrático de preservar la dignidad del Estado de Derecho.

 

 

Editorial publicado en el diario EXPANSION el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés, reproducimos íntegramente el texto.

 

“Mensaje de ETA” (editorial de GACETA DE LOS NEGOCIOS)

 

 

Después de vacilaciones, ETA vuelve a dirigirse a España y Francia, a través del pueblo vasco, para comunicar que declara un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo. Tal vez el reconocimiento en los parlamentos de Barcelona y Madrid de la nación catalana les haya animado a pensar que llega la hora de admitir los derechos que como pueblo corresponderían a los habitantes de Euskal Herria.

 

Se impone, por tanto, un compás de espera para analizar desde los hechos el alcance real de esas palabras. La natural satisfacción por el anuncio de ETA, a pesar de su ambigüedad en extremos fundamentales, no ha de dejar de lado políticas y actitudes que, hasta ahora, han mostrado evidente eficacia. Sin ellas, no habría sido posible la actual decisión de ETA.

 

A la vez, la memoria de las víctimas no puede ser una especie de complemento retórico. Ahí están ante todo quienes han sufrido la violencia en su propia carne o en los seres más queridos, o han perdido bienes muy importantes. Pero también el conjunto de la población, que ha padecido infinidad de angustias y temores. El terrorismo afectó a todos, y todos tenemos derecho a opinar, no sólo los vascos, aunque éstos hayan llevado obviamente el peor castigo de quienes decían ser arúspices de su futuro.

 

Aun con la polisemia del comunicado, no es difícil imaginar el significado de ese futuro “desarrollo de todas las opciones políticas”, sobre la base de unos únicos protagonistas democráticos: los ciudadanos vascos. Al menos, los partidos nacionalistas no han hurtado la capacidad de decidir del conjunto del pueblo español. En este punto, será preciso tener muy en cuenta los criterios defendidos permanentemente por Navarra.

 

A primera vista, el planteamiento refleja cierto totalitarismo, desde la convicción de que los Estados español y francés aceptarán las decisiones que se adopten en un futuro inmediato “sin ningún tipo de limitaciones”. Más bien correspondería a ETA –valga un deseo utópico renunciar a condiciones previas en su anuncio de abandonar la violencia—, si de veras encarase un porvenir democrático en libertad.

 

Por esto, en modo alguno España debe introducir hoy la menor fisura en el Estado de Derecho, comenzando por asegurar el normal funcionamiento de la administración de justicia. Se han vertido estas últimas semanas demasiadas afirmaciones contrarias a la independencia del poder judicial, pero la declaración unilateral de ETA no abona parálisis alguna de la actividad jurisdiccional. No debe ser ése el camino en un país con probada cultura democrática.

 

Importa mucho no tomar decisiones precipitadas. Al fin y al cabo, algunos portavoces políticos del entorno de ETA tienen cuentas pendientes con la justicia. Afortunadamente, los jueces poseen suficiente experiencia como para no anticipar acontecimientos. Por una vez, los múltiples recovecos que contribuyen a la lentitud de la justicia pueden servir en este caso para ganar tiempo, dentro del respeto a las exigencias jurídicas.

 

Todo indica que será difícil llegar a acuerdos. Las posturas jurídicamente coherentes de los gobiernos español y francés serán tachadas de represión. Basta pensar en quienes llaman presos políticos a criminales con mucha sangre en las manos. La Ley de Partidos no puede suspenderse ni derogarse por la declaración de quienes vienen de la más flagrante ilegalidad. Será preciso afinar ante la ya anunciada mesa de partidos: la indispensable unidad entre las formaciones democráticas no admite claudicaciones.

 

La sociedad espera mucho de un proceso efectivo hacia la paz. Pero es lógico que quienes hasta ahora hemos sido víctimas de la violencia, abordemos el problema con desconfianza, basada también en experiencias antiguas, al menos desde las conversaciones de Argel en tiempos de Felipe González. Entre otras razones, porque nadie puede asegurar la continuidad de las disidencias.

 

En cualquier caso, bienvenido sea el cese de los atentados y, en el plano empresarial, el fin de impuestos, extorsiones y estragos.

 

 

Editorial publicado en el diario GACETA DE LOS NEGOCIOS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés reproducimos íntegramente el texto.

 

“Una oportunidad para la paz” (Editorial de CINCO DIAS)

 

 

El 'alto el fuego permanente' declarado ayer por la banda terrorista ETA ha sido recibido por las fuerzas políticas, sociales y económicas del país con una mezcla razonable de esperanza, recelo y cautela. La de ayer no es, ni mucho menos, una rendición incondicional ni una carta blanca para la paz. Pero sí un primer paso que podría desembocar en el fin definitivo de la violencia. Esta esperanza, reivindicada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como derecho colectivo, unificó ayer voluntades tan dispares como las del popular Jaume Matas, el lendakari Juan José Ibarretxe o el presidente francés, Jacques Chirac.

 

Zapatero reconoció que el proceso que se abre ahora será 'largo y difícil', y pidió la unidad de todas las fuerzas políticas para recorrer juntos este proceloso camino. Un llamamiento a la unidad que tiene como principal destinatario al Partido Popular de Mariano Rajoy. El primer grupo de la oposición es la única de las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario que se ha mostrado, a priori, reticente a respaldar este proceso. Pero es de esperar que el líder popular acepte la mano tendida ayer por el presidente del Gobierno.

 

El líder del PP tiene razón al señalar que ETA ya ha declarado en el pasado treguas que resultaron ser trampas para ganar tiempo y reforzarse. De hecho, la mera escenificación del comunicado sirve como doloroso recordatorio de quiénes son sus emisarios y cuáles sus reivindicaciones: tres individuos encapuchados sentados ante una mesa en la que figuran los escudos de las tres provincias vascas, de Navarra y de los tres territorios del suroeste francés que ETA sigue considerando como parte integrante de Euskal Herria.

 

Sin embargo, es evidente que éste no es el momento para enrocarse en los fracasos pasados, sino de sumar fuerzas en el añorado camino hacia la paz. Mariano Rajoy tiene la obligación de estrechar la mano tendida ayer por el presidente del Gobierno y dejar para otra ocasión el oportunismo político cortoplacista. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, debe aguantar esa mano tendida el tiempo que sea necesario y no echar en saco roto las advertencias que emanan de la oposición.

 

La cautela reclamada ayer a los cuatro vientos por el conjunto de los partidos políticos y fuerzas sociales también presidió el mensaje de uno de los colectivos más castigados, desde todos los puntos de vista, por ETA, el empresariado vasco. Los mensajes lanzados por sus portavoces fueron claros, directos y realistas. Primero, el alto el fuego debe ir acompañado por el fin de la extorsión económica que continúa practicando día a día la banda terrorista. Segundo, los partidos políticos han de gestionar con acierto esta situación.

 

Todo parece indicar que estamos ante una ocasión histórica de acabar con la mayor lacra de la España moderna, algo que nadie puede permitirse el lujo de dilapidar. Para lograrlo, es necesario aplicar la cautela, la prudencia y la inteligencia, que son las mejores compañeras en estos peligrosos y trascendentales viajes.

 

Estamos hablando de una oportunidad para la paz.

 

 

Editorial publicado en el diario CINCO DIAS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés reproducimos íntegramente el texto.

 

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