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La marca bis de PRISA

Por Narrador - 28 de Marzo, 2006, 9:51, Categoría: General

El gobierno, con su presidente a la cabeza, ha bajado el nivel de crispación político. PRISA con su segunda marca (versión económica) también baja el listón aunque no abandona la coletilla, si algo sale mal la culpa es del PP por su escasa colaboración. Pimentel que dimitiera dos semanas antes de las elecciones para posteriormente abandonar el PP alegando desacuerdo en la guerra de Irak también está presente en este medio informativo. Como no podía ser de otra forma está feliz con la ‘tregua’.

 

“El mayor problema” por José Aranda

 

 

Dado el clima de crispación política, los análisis sobre el alto el fuego de ETA no sólo serán opuestos sino que resultarán irreconciliables. Los partidarios del PP, que se han mofado del presidente del Gobierno por cuanto ETA seguía poniendo bombas mientras él hablaba de un posible proceso de pacificación, difícilmente apoyarán un proceso de paz, que revalorizaría la figura de Rodríguez Zapatero, y posiblemente mantengan sus negros vaticinios de rendición del Gobierno a los terroristas y desmembramiento de la nación española.

 

El mayor problema, aparte de la fisura social, está en que la ciudadanía permanezca ajena a una ocasión histórica de acabar con una violencia que no tiene razón de ser en una democracia en que cualquier ideología puede someterse al veredicto de las urnas. Por ello, es importante introducir cuantos elementos de racionalidad sea posible en el siempre difícil análisis de la estrategia política de un grupo terrorista y conseguir que los ciudadanos, que ven el terrorismo de ETA como uno de los tres principales problemas de España, con el paro y la inmigración, puedan apoyar el fin de la violencia política.

 

Un primer elemento objetivo radica en recordar que ya ha habido precedentes de tregua desde enero de 1988, hasta la de junio de 2005, en que se anunció el cese de acciones armadas contra electos de los partidos políticos. No obstante, de los 14 anuncios de cese de la violencia que han precedido al de ayer, sólo el de septiembre de 1998 tuvo también carácter indefinido. De la comparación del escueto comunicado de la banda de ayer y del muy meditado con ocasión de la tregua indefinida de 1998 se deriva que las posiciones no han variado gran cosa y que el objetivo último es la soberanía de Euskal Herria, por más que en este último ese objetivo se disimule hablando de 'los derechos que corresponden al pueblo vasco para decidir sobre su futuro', instando a los 'Estados español y francés a reconocer los resultados de un proceso democrático sin ningún tipo de limitaciones'.

 

Se supone, y quizás sea mucho, que igual que ETA insta a ambos Estados a respetar el proceso democrático ese resultado sería aceptado por ellos, por adverso que les resultara. Y aquí parece que la decisión del alto el fuego, tras las recientes demostraciones de que pueden atentar, viene avalada por su esperanza de un resultado electoral que rompa un techo que apenas ha alcanzado el 20% de los votos, que les permita unir sus fuerzas al resto de nacionalistas, sobre todo al PNV, para abrir un proceso de autodeterminación.

 

Lo que no parece casual es que esta declaración se produzca el día siguiente de ser aprobado en la Comisión Constitucional el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. La tregua declarada a Cataluña en febrero de 2004 ya anunciaba que ETA unía su objetivo de independencia al de esa comunidad y localizaba sus contactos en personajes como el líder de ERC, quien amenazaba ayer con alcanzar un Estado catalán independiente en lugar de quedarse en una nacionalidad integrada en el Estado español.

 

Lo importante ahora es consolidar el proceso y evitar la vuelta a la violencia, aunque la vía democrática de ETA no dé el resultado espectacular que parecen esperar. Cualquier análisis con datos muestra el difícil camino de quienes pretenden la independencia. En el caso del País Vasco, no es banal la diferencia de opiniones entre provincias, por no hablar de Navarra. Tampoco es banal que en Euskadi apenas llegan a un 40% los autóctonos en dos generaciones (nacidos ellos y sus padres en el territorio vasco) y que fuera residen no sólo 300.000 personas allí nacidas sino más de cuatro millones de descendientes de vascos que emigraron al resto de España. Mal han de jugar los partidos nacionales para que tanto vínculo afectivo y familiar pueda romperse en aras a identidades que, para desgracia de los nacionalistas, sólo existen en su imaginación.

 

 

Publicado en el diario CINCO DIAS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Primer paso de un difícil camino” por Manuel Pimentel

 

 

Prudente alegría, contenido optimismo. Desgraciadamente no podemos llegar más lejos a tenor del anuncio de ETA. La banda terrorista ha decidido un alto el fuego permanente, remitiéndose en su comunicado a un vago proceso democrático de paz, con la retórica bien conocida del respeto al ámbito de decisión vasco. Independientemente de los muchos matices, sombras y dudas que este nuevo alto el fuego encierra, no cabe duda de que estamos ante una buena noticia. Entre tregua sí o tregua no, siempre será mejor que las armas callen a que hablen. Pero no podemos confiarnos. Al igual que en la fábula, no podemos terminar de fiarnos de un anuncio fallidamente reiterado en el pasado. Ya depositamos demasiadas esperanzas en otras treguas anteriores que al final terminaron en un fracaso rubricado con sangre.

 

Desde ese escepticismo, debemos analizar con suma prudencia las posibilidades que se abren. Primera pregunta que debemos hacernos. ¿Sigue ETA un guión previamente acordado o el anuncio responde a su libre iniciativa? Todo parece indicar que las partes siguen una especie de hoja de ruta más o menos determinada. Con alta probabilidad, el Gobierno esperaba este anuncio desde hacía tiempo. Era el principio del fin que el presidente del Gobierno había anticipado. A partir de ahora se pondrá en marcha un proceso que debe estar ya pactado en sus líneas generales y que terminará en el referéndum de aprobación del nuevo Estatuto vasco.

 

Si nos elevamos en el tiempo y la distancia podremos observar que se están produciendo en nuestro país unas reformas estatutarias y territoriales de extraordinaria importancia para el futuro. Si se consigue enderezarlo de forma razonable, el país habrá ganado en descentralización y eficacia. Si por el contrario no se acierta en el tono e intensidad de las reformas, todos terminaremos ganando en inestabilidad en el futuro.

 

Personalmente soy optimista. Estas cuestiones territoriales en el seno de los tradicionales Estados-nación ocurren en otros muchos países europeos, en lógica reacción a la titubeante construcción de una Europa supranacional, en la que la pervivencia de una banda terrorista supone un disparatado y cruel anacronismo inaceptable para la ciudadanía.

 

ETA cae porque está debilitada, pero sobre todo porque un alto porcentaje de la sociedad vasca está cansada de la violencia. Los terroristas saben que con cada nuevo atentado pierden apoyo popular. No les queda más remedio que negociar su finiquito, y parece que el Gobierno ha aceptado el reto.

 

Todos los mimbres se van trenzando. Primero, el Estatuto catalán. Con la aprobación del texto en el Congreso, sólo nos queda esperar la segura reválida de los ciudadanos catalanes. La misma ERC ya ha anunciado que le costará propugnar el no a un texto que objetivamente mejora los actuales niveles de competencia. Al final quedará un texto que no contentará a nadie, pero que satisfará a la mayoría, una vez que parece que ha conseguido el encaje constitucional. Con el frente catalán despejado, el Gobierno centrará su atención en el asunto vasco, toda vez que no es previsible que ni los Estatutos de Galicia ni Andalucía le produzcan mayores dolores de cabeza.

 

A dos años del final de la legislatura, el Ejecutivo deberá calibrar si esa compleja negociación es materia de este periodo, o si mejor será dejarlo para un hipotético futuro mandato. Salvo que tenga todo bien seguro y amarrado y con un resultado aceptable para la opinión pública española, el Gobierno intentará la jugada de la patada a seguir, intentando ganar tiempo. Los plazos de negociación y tramitación en el seno del Parlamento vasco tampoco permitirán finalizar el proceso en la presente legislatura.

 

Ha llegado la hora de la verdad y de la fineza política. Esta tregua no debe tener un coste político ni injuriar la memoria de las víctimas. Pero no cabe duda de que hay que avanzar hacia el fin de ETA y la definitiva normalización de la democracia española. Todos los partidos deben unirse en este trascendental momento, en el que se ofrece una nueva oportunidad para alcanzar un equilibrio perdurable. Y por supuesto que habrá vencedores. ¿Quiénes? Pues la paz, la democracia y la ley.

 

 

Publicado en el diario CINCO DIAS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“La política y la justicia” por César Arjona Sebastià

 

 

Llamamos administración de justicia a la aplicación del Derecho. Y éste es el resultado de un proceso político. A veces, de orígenes ancestrales, plasmado en costumbres sociales, en valores casi inseparables de lo que consideramos socialmente natural. Y otras, un proceso actual, pregonado a bombo y platillo y objeto de discusión abierta y sin pudor.

 

El Derecho es, pues, política. Política que se ha materializado en lenguaje. Así, esa ideología encarnada cobra vida propia. O parece cobrarla. O solemos hablar en el debate cotidiano, incluido el político, como si la cobrara. Y eso creo que está bien, pero ni debe ni tiene por qué ocultarnos la naturaleza política de lo jurídico. El recelo a reconocer esa naturaleza nubla y estorba la clarividencia en unos cuantos de los principales debates actuales de la política española. Y para la cuestión que nos está ocupando hoy a todos (tras el anuncio de la tregua por ETA), vale lo mismo.

 

El Derecho ha jugado y seguirá jugando un papel en este asunto. Algunos han enarbolado y seguramente enarbolarán la bandera jurídica como un grito de guerra con el que acallar todo lo demás. La administración de justicia es la vía, dirán, en el entendido de que es, como tal, única. Otros han dicho, y seguramente dirán, sí, pero también más cosas. Porque la administración de justicia aplica el Derecho y éste es el resultado de un proceso político y de nuevo estamos en el comienzo. El Derecho no está, o no debería estar, para escudarse en él, sino para usarlo, con respeto y valentía, no como trinchera.

 

¿Qué puede pasar a partir de ahora? Soberbia pregunta. Si he de decir algo más que prudencia y callar, es que si el panorama político de Euskadi y de España se va a modificar sustancialmente a partir de hoy (que no lo sabemos), y si esa modificación va a ser para bien (tampoco lo sabemos, lo esperamos), es imprescindible insistir en que la administración de justicia sigue su curso. Y ahora no estoy hablando sólo de grandes declaraciones ni preámbulos, ni de la discusión sobre si es o no legítimo ilegalizar determinadas organizaciones políticas. Estoy hablando, también, de esa justicia administrada día a día, la de víctimas y presuntos, la de togas y barrotes, cuyos documentos no se conocen por nombres famosos sino por incómodos códigos.

 

Si algo cambia, mantengamos un ojo atento a la administración de la justicia. Los años por venir pueden ofrecernos un argumento apasionante. Puede que veamos al Derecho correr junto y paralelo a la política, puede que lo veamos plasmándola y aplicándola como una dócil herramienta, puede que lo veamos frenándola. Es más, puede que todo eso ocurra a un mismo tiempo.

 

Los sectarismos políticos o, por supuesto, jurídicos (que los hay) no nos ayudarán a ver nada de eso. Sería una lástima perder la oportunidad de prescindir de ellos para disfrutar del fenómeno. Y a lo mejor, fíjense, animados ya por tanta expectativa como nos rodea, para intervenir en él con constructiva admiración, con el honesto propósito de dignificar, aunque sea un poquito, el milenario objeto de esa popularmente tan denostada administración.

 

 

Publicado en el diario CINCO DIAS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“La economía y la nueva tregua” por Joaquín Trigo

 

 

El crecimiento de la actividad económica requiere un entorno institucional y social estable. En un marco caracterizado por la violencia las personas tratan de sobrevivir y procuran pasar desapercibidas, renuncian a las inversiones o, como mínimo, las reducen o aplazan. A primera vista el anuncio del cese de la violencia es una buena noticia, pero la experiencia obliga a acotar la buena impresión, no sea que el deseo nuble la razón, haga olvidar la prudencia y se termine en nuevos desencantos. La fábula del pastor y el lobo es pertinente para este caso.

 

La tregua viene adjetivada de permanente. Eso no significa nada, aunque sería deseable que no fuera así. El sustantivo y el precedente es lo que cuenta. El sustantivo (Diccionario de la Real Academia 1992, imp. 1995) se define como 'suspensión de armas, cesación de hostilidades, por determinado tiempo, entre los enemigos que tienen rota o pendiente la guerra', esto es, se trata de un cese transitorio. Así ha sido en el pasado cuando en 1998 anunció otra como unilateral e indefinida… que apenas duró 14 meses, y el mismo final tuvieron las que carecieron de adjetivos.

 

El propio comunicado obliga a la cautela. Se refiere a un alto el fuego, no al fin de las hostilidades. Informa de que su objetivo es 'impulsar un proceso democrático' sin decir qué es lo que en su opinión sería democrático sin serlo ahora, y 'construir un nuevo marco' del que nada dice. Lo positivo es que se reconoce que la condición para el proceso democrático es el cese de la violencia. Por lo demás, hay demasiadas incoherencias en el texto pues dice que 'al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro'. ¿Significa eso que durante el proceso no la tendrán… y eso gracias a que los que antes dinamitaban ahora permiten que voten?

 

El llamamiento a la respuesta de los Gobiernos español y francés, 'para que respondan de manera positiva a esta nueva situación, dejando a un lado la represión', es una exigencia de impunidad para los que tienen pendientes asuntos con la justicia. Lo cierto es que el comunicado sólo ofrece el alto el fuego, pero no renuncia a las amenazas ni a la extorsión, que se han seguido preparando cuidadosamente en los últimos meses.

 

En fin, todo esto incita a moderar las expresiones de alegría y a matizar cualquier impresión positiva. La credibilidad se consigue con la coherencia reiterada y, de no tenerla, como es el caso, exige decisiones drásticas e irreversibles. Una decisión drástica sería la entrega de las armas. Una decisión irreversible podría ser la relación pública de los responsables de la violencia, como la que ya hay de las víctimas. Esa combinación, si fuera precedida de la entrega de armas y otros recursos, unilateral, espontánea, y con compromiso de no volver a la violencia, podría facilitar la labor de la justicia en pro del perdón. Esperar esto, o una parte, requiere de una fe que no hay ni es fácil que la haya cuando se alude a 'una verdadera situación democrática en Euskal Herria'.

 

Si tras el cese de la violencia aparecen las armas, cesa la extorsión y la intimidación y se abre un diálogo fluido, el despegar de la economía vasca será sólido, esto es, rápido y sostenido. La incertidumbre y las restricciones de empresarios y trabajadores del País Vasco que hasta ahora han sido un inconveniente dejarían de frenar la inversión, muchos de los que han tenido que exilarse podrían volver y la capacidad de sufrir y sobrevivir, ejercida en un entorno propicio, darían rendimientos espléndidos. De hecho, en la anterior tregua mejoró la situación económica. Añádase a esto el volumen de recursos que hoy deben destinarse a protección y que se liberarían para actividades productivas, así como el fin de los destrozos causados por la violencia, la interrupción de actividades y las molestias de todo tipo que van desde la restricción de la movilidad a la prevención de los riesgos en presencia.

 

El conjunto de España participaría de esta nueva situación en otra medida, pero también se beneficiaría del cese de la violencia que estimularía la inversión, tanto la interna como la extranjera, favorecería la imagen del país en cuanto a lugar de turismo, residencia e inversión. La seguridad se expresaría en menor prima de riesgo, aunque éste es difuso y ha perdido cierta intensidad, si bien no ha sido por voluntad de quienes lo generan, como se aprecia en las aprehensiones de explosivos. En fin, en el comunicado se dice que 'ETA muestra su deseo de que el proceso abierto llegue hasta el final (…) construyendo una paz basada en la justicia'. Sería espléndido que apuntase el modo en que las víctimas pueden ser reconfortadas por la justicia… porque el olvido, aunque lo deseen, no lo tendrán.

 

 

Publicado en el diario CINCO DIAS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

 

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