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ABC recupera la cordura (¿Temporalmente?)

Por Narrador - 29 de Marzo, 2006, 0:36, Categoría: General

Tras unas semanas en las que el ABC parecía una sucursal de EL PAIS hasta límites insospechados, parece haber regresado el sentido común, claro que el diario de Polanco, salvo la impresentable señora, también se ha moderado prudentemente. Les recomiendo especialmente el texto de Martín Ferrand.

 

“Consejos vendo...” por Jon Juaristi

 

 

... Es muy difícil que los aliados nacionalistas del Gobierno se plieguen a un criterio unitario en el tratamiento de la previsible escalada de exigencias que, a partir de ahora, le planteará un frente «abertzale» que, tras el comunicado de ETA, ha hecho del plan Ibarretxe su programa común...

 

Es inevitable comenzar cualquier valoración del comunicado de ETA señalando la inmediatez del mismo respecto a la aprobación de la propuesta de reforma del Estatut por la Comisión Constitucional del Congreso. Dentro de poco tiempo percibiremos ambos acontecimientos como simultáneos, pero ahora somos capaces todavía de apreciar la secuencia: aprobación del Estatut, primero; después, anuncio del «alto el fuego». No faltará quien se niegue todavía a aceptar que exista entre ambos una relación causal. En su derecho está, pero tal posición es ahora más débil que nunca. ETA ha desautorizado a los que sostenían hasta ayer la paradójica independencia de los procesos soberanistas emprendidos por los nacionalismos catalán y vasco en colaboración con la izquierda. En teoría, el post hoc, propter hoc podría ser engañoso. Nadie cree ya que lo sea. En noviembre de 1999, el anuncio etarra de la ruptura de la tregua desveló la trama oculta del Acuerdo de Estella. El comunicado de ayer otorga un sentido único a los procesos de reforma estatutaria emprendidos en esta legislatura y los hace aparecer como interdependientes. En otras palabras, ETA confirma en su comunicado que, pese a todos los desmentidos del Gobierno, estamos en un proceso constituyente.

 

La vicepresidenta saludó -lo siento, éste es el término exacto- el anuncio del «alto el fuego», definiéndolo como una «buena noticia», y tras este alarde personal e institucional de imprudencia, recomendó prudencia a todo el mundo, fuese y no hubo nada. No creo conveniente frivolizar más de la cuenta, especulando, por ejemplo, sobre el efecto suasorio que haya podido tener en Fernández de la Vega el hecho de que ETA encomendase la lectura del comunicado a una terrorista de cuota, pero es innegable que el actual Gobierno se preocupa menos de los contenidos que de las formas. El contenido del comunicado, dicho sea de paso, es preocupante. Mucho más que el del anuncio de la tregua de 1998. Como discurso, no se distingue apenas del de Ibarretxe, pero su emisor es ETA, no el PNV. También el discurso de la banda coincidió temporalmente con el del PNV en septiembre de aquel año. Catorce meses después endosaría al PNV la responsabilidad de la ruptura de la tregua. Quizá Fernández de la Vega habría debido pensárselo dos veces antes de calificar la noticia de buena, sobre todo después de que el Gobierno insistiera tanto en que la única noticia aceptable de ETA sería su disolución. Pero resulta comprensible. Tras la última campaña de extorsiones y atentados, este Gobierno necesitaba dar por bueno cualquier gesto de apaciguamiento, toda vez que ETA -léase de nuevo el comunicado- ni se plantea la rendición. El buenismo socialista no puede justificarse ya por las intenciones. Precisa resultados, y aunque éstos no sean los que esperaba y prometía, debe aprobarlos, como ha hecho en la Comisión Constitucional con el Estatut. Parece seguir en ello una lógica que recuerda mucho a la del tosco hegelianismo del joven Unamuno: «Las cosas son como son y no pueden ser más que como son, sin que haya más que una manera de conseguir todo lo que se quiera, y es querer todo lo que suceda» (Paz en la guerra).

 

La lógica de ETA es otra. No necesita resultados. Como siempre, el comunicado plantea demandas imposibles de satisfacer en el marco político actual. Esta vez, ni siquiera se ha esforzado en formularlas de un modo original. Se ha limitado a recoger las exigencias de Ibarretxe que fueron taxativamente rechazadas en el Congreso. Como en 1998, ETA ofrece una trampa con final anunciado. Romperá el «alto el fuego» cuando le convenga, por supuesto, en función de unas expectativas que sólo la banda conoce y que tienen que ver con su logística, no con sus reclamaciones manifiestas. La estrategia de ETA permanece inmutable. Es hoy la misma que en 1998, pero han cambiado las circunstancias y los actores. No cabe, por tanto, eludir el análisis remitiéndose a la tregua anterior, pero ésta es referencia obligada. Sabemos que supuso un respiro para la organización terrorista, infiltrada y golpeada por la Policía. Que le permitió reestructurarse, reactivar el terrorismo socializado de la kale borroka e irrumpir finalmente, en vísperas de las elecciones legislativas de marzo de 2000, con una nueva campaña de atentados que mantuvo un crescendo durante el primer año de la segunda legislatura de Aznar, para ir debilitándose después. ETA no puede ya actuar de otra manera. Esta variante espasmódica del terrorismo implica un cambio de táctica: las treguas o, simplemente, los períodos de inactividad responden a la necesidad de concentrar fuerzas para volcarlas en fases intensivas y breves de atentados. Es un terrorismo de gasto rápido (al estilo, por cierto, del terrorismo islamista).

 

Pero lo que tenía ETA enfrente era un bloque democrático compacto del que la operación frentista de Estella sólo consiguió desgajar a los partidos y sindicatos abertzales y a la Izquierda Unida de Madrazo. Hoy, ese bloque no existe, dada la ruptura tácita del consenso constitucional, que ha abierto una brecha entre los dos partidos mayoritarios. La disolución oficiosa del Pacto Antiterrorista, corolario inevitable de la política gubernamental de aislamiento del PP, favorece a ETA no tanto en el aspecto represivo (no parece probable que el Gobierno relaje la presión policial sobre la banda o Batasuna, al menos de momento) como en el político. Es muy difícil que los aliados nacionalistas del Gobierno se plieguen a un criterio unitario en el tratamiento de la previsible escalada de exigencias que, a partir de ahora, le planteará un frente abertzale que, tras el comunicado de ETA, ha hecho del plan Ibarretxe su programa común. Un frente que abarca el arco parlamentario nacionalista de Vitoria, desde el PNV al PCTV, con el refuerzo exterior de Batasuna y, claro está, de ETA.

 

Por otra parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene escaso margen de maniobra después de su pintoresca gestión del proceso soberanista o semisoberanista de la mayoría parlamentaria catalana. De hecho, sólo le ha sido posible moverse desde el maximalismo de ERC al gradualismo de CiU. Ir más allá, salirse del esquema nacionalista, le estaba vedado por el compromiso que adquirió el presidente de apoyar la decisión mayoritaria del Parlamento de Cataluña. Los nacionalistas vascos no le van a exigir menos. Pero ahora harán depender de la respuesta de Rodríguez Zapatero la «posible» desaparición de ETA, a la que el presidente ha concedido gratuitamente credibilidad con sus reiteradas declaraciones acerca de ciertas claves y seguridades ocultas cuyo conocimiento se ha negado a compartir con la oposición. Si tal conocimiento se hubiese limitado a la certeza de la inminencia del «alto el fuego», sería bien poca cosa. Ahora Ibarretxe está en una posición ventajosa para reclamar del Gobierno la aceptación de las condiciones que fueron rechazadas en su día por el Congreso de los Diputados, con la seguridad de que el rechazo de las mismas -que son idénticas a las que ETA plantea- haría caer del lado del Gobierno la responsabilidad de una reanudación de la actividad terrorista de la banda. Lo que, sin duda, sería políticamente injusto pero, con el precedente de la inculpación política de Aznar a raíz de los atentados del 11-M, tendría lo suyo de justicia poética. Rodríguez Zapatero debería reunirse cuanto antes con Rajoy para contarle lo que sabe. Por prudencia, como aconseja su vicepresidenta.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Los límites del precio político” por Luis Ignacio Parada

 

 

Las palabras nunca hacen Historia: hacen literatura, filosofía, política. La Historia la hacen los hechos. Así que resulta ocioso recurrir a la hermenéutica para descifrar si la diferencia entre tregua y alto el fuego hace más esperanzador el comunicado de ETA que ayer conmocionó a las gentes y descolocó a muchos políticos entre la euforia voluntarista y la desconfianza estratégica. Es esperanzador que ese comunicado contenga expresiones como que asegura la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Pero no lo es la alusión a que sean reconocidos «los derechos que como Pueblo nos corresponden», porque el Derecho es de los ciudadanos y no de los pueblos, y ese derecho sólo incluye la autodeterminación en el caso de los pueblos colonizados. Es plausible que ETA anuncie que seguirá dando pasos en el futuro en la misma dirección. Pero no lo es que el cese de la violencia, sin referencia a la entrega de las armas, se llame proceso de paz, porque aquí no se dispara por los dos bandos: no se debe llamar superación del conflicto a una pretensión de que España y Francia reconozcan los resultados de lo que ETA llama proceso democrático.

 

Lo que importa ahora es tener presentes los límites del precio político asumible. En un Estado de Derecho el poder legislativo puede actualizar la ley de Partidos y algunas normas no para que actúen con carácter retroactivo, sino para que sean aplicadas a quienes aún deben enfrentarse a juicios; el Poder Judicial no puede dictar sentencias en términos de generosidad, pero sí revisar los criterios de ilegalización en ausencia de violencia; el Poder Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad del Estado y de las instituciones penitenciarias puede aplicar medidas de distensión, como la aproximación de presos, la expatriación o los beneficios por arrepentimiento, sin que ello suponga abandonar las investigaciones ni signifique nada parecido al indulto o la amnistía. Esa es la difícil tarea que queda por delante.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Sin euforia, por favor” por Ignacio Camacho

 

 

Ninguna persona bien nacida puede dejar de alegrarse ante un alto el fuego de ETA. De momento, por solidaridad con los miles de amenazados, cuya presión acaba de experimentar un inmenso alivio. Y después, por las expectativas, mayores o menores, que esta circunstancia puede abrir para encontrar una salida definitiva. Si estamos ante el famoso principio del comienzo del preámbulo del fin del drama, ante el comienzo de una peligrosa incógnita o sólo ante una pausa o un siniestro intermezzo, es algo que ahora probablemente nadie sepa. Aunque es posible que haya personas que sepan algo más de lo que dicen. Y que exista una hoja de ruta secreta cuyo mapa y alcance desconocemos la inmensa mayoría.

 

A estas alturas, parece consolidado un estado de opinión pública poco dispuesto a obtener paz a cambio de un precio de dignidad moral, y el Gobierno está en condiciones de saberlo. Se diría que lo sabe, a juzgar por sus cautelosas reacciones ante lo que, a primera vista, constituye un éxito cuya euforia está controlando por ahora de manera razonable.

 

Motivos tiene, desde luego. El primero de ellos, la Historia reciente. Fracasará sin remedio el que saque conclusiones que ignoren el modo de comportarse de ETA y su empeño en tutelar e intervenir el discurso político del País Vasco. El segundo, la evidencia de que ha mendigado demasiado este paso, más allá incluso del decoro político. Y el tercero, la necesidad metafísica de abordar un consenso que es tan importante como el proceso en sí mismo, y tan difícil para un poder que ha hecho estrategia del disenso intencionado. Los españoles quieren inequívocamente la unidad ante este reto, y aunque se trata de un compromiso que obliga al Gobierno y a la oposición, parece clara la responsabilidad predominante de quien está obligado a tomar las decisiones.

 

El PP salió ayer con prudencia del primer envite que le planteaba la nueva situación. Su misión consiste en garantizar que se cumplan unas determinadas condiciones de decencia política, sin que de ningún modo se le pueda percibir como un obstáculo interesado. Como alternativa de poder que representa, tiene que ser leal a su responsabilidad de Estado. Escéptico, desconfiado y firme, pero leal.

 

La palabra clave de esta hora es cautela. Cautela porque permanente no significa indefinido. Porque ETA no habla de dejar las armas, sino de tenerlas calladas a cambio de una negociación política. Porque los lúgubres encapuchados del vídeo no parecían arrepentidos de nada. Por eso es hora de una saludable desconfianza y de recordar que no vale cualquier precio, y menos que ninguno el de la humillación de las víctimas. Cuando está en juego la vida de las personas y la esencia misma del proyecto nacional, no ha lugar para los errores, por bienintencionados que sean. Nadie puede olvidar que éste es un arriesgado baile con lobos. Con los dientes mellados, pero aún aptos de sobra para merendarse a los listillos, a los providencialistas, a los oportunistas y a los incautos.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

La España que agoniza” por Ignacio Sánchez Cámara

 

 

Lo más relevante, desde el punto de vista político, que ha sucedido en España desde 1976, incluido el día de ayer, es la aprobación por la Comisión constitucional del Congreso del proyecto de Estatuto de Cataluña. Lo peor y más grave no es un texto intervencionista y con aspectos totalitarios. Ni siquiera lo es la imposibilidad de su encaje dentro de la Carta Magna. La mano del Gobierno también alcanza al Tribunal Constitucional. Desde la Constitución de Cádiz, ningún Parlamento español había asumido la existencia de una nación que no fuera la española. Una España agoniza. Ignoramos si sobrevivirá otra. Pero, en caso afirmativo, no será la España liberal y constitucional de la concordia nacional. Sin embargo, habrá que hablar de la tregua de ETA. ¿Cuántas van? El Gobierno conocía, como publicaba ayer ABC, la muerte masiva de inmigrantes ilegales. Y lo ocultó. Y los «protestantes» progresistas guardan silencio. Nunca más. No nos merecemos un Gobierno que oculta la verdad. Pero habrá que hablar de la tregua de ETA, que ni abandona definitivamente el terror, sólo lo aplaza, ni anuncia su disolución, al contrario, se afirma y aspira a controlar el «proceso». Si España deja de ser una nación, ETA triunfa. Pongamos que el diagnóstico sea exagerado, aunque no lo creo. En el mejor de los casos, el nacionalismo obtiene una nueva victoria, a pesar de ser muy minoritario en el conjunto de España y represente, como mucho, a la mitad de los votantes de Cataluña y el País Vasco. ¿Por qué, sin embargo, se impone? La respuesta está en el Gobierno, y, también, en el mayor error de la transición. Pero habrá que hablar de la tregua etarra. Una más. Y habrá que recordar una exigencia moral: no pagar precio político. ¿No se ha pagado ya? ¿Al menos, un sustancioso anticipo?

 

El comunicado de ETA se produce apenas 24 horas después de la aprobación por la Comisión constitucional del Congreso de la condición nacional de Cataluña. ¿Cómo no relacionar los dos hechos, máxime si se considera que Carod-Rovira excluye esa relación? Por lo demás, el precio está tasado por la banda terrorista: beneficios judiciales, policiales y penitenciarios («cese de la represión») y derecho de autodeterminación. En los dos aspectos, el Gobierno ha hecho ya «generosas» concesiones: nueva política antiterrorista y penitenciaria, y nueva política territorial, con la definición de Cataluña como nación (¿cabrá negar esta condición al País Vasco?). No parece aventurado pensar que el Gobierno ha cumplido ya la mayor parte de su parte. Queda la autodeterminación. Todo se andará. ¿Es posible negar la autodeterminación a una nación? Y a esto llaman paz. Como si la paz no fuera el resultado de la justicia. La paz no es la meta sino el camino (Gandhi). Pero siempre habrá quien llame paz a la derrota y la claudicación. Cuando una de las partes gana, hay «paz». Al menos, por algún tiempo. No hay más remedio que hablar de la tregua. Pero algunos contemplamos también lo que queda del pulso a una España que agoniza.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Obligados a la sospecha” por Valentí Puig

 

 

Hubo ayer una impudorosa ocasión para la lírica humanitaria y para el brindis, incluso para un «sprint» casi obsceno hacia el olvido. El terrorismo abre y cierra válvulas para eso, para jugar con las esperanzas del pueblo noble y confiado, para predisponer las buenas voluntades. Luego, hizo falta muy poco espacio de tiempo para que el alivio de nuevo cediera paso a la sospecha. Ése es el aprendizaje del dolor, la lección recibida al ver tan de cerca el corazón de las tinieblas. El titular del comunicado de ETA indujo fugazmente a un revuelo de vida por fin ajena al terror, hasta que poder ver en imágenes la escenificación del comunicado impuso otra vez el escalofrío. Esos tres tipos con el rostro cubierto, con sus txapelas, envueltos en la simbología siniestra de la banda asesina, estaban enunciando todo lo contrario de lo que simulaban decir: estaban amenazando de nuevo, otra vez pregonaban el precio político por dejar de matar y extorsionar. Desengáñese quien espera que alguna vez ETA pida perdón.

 

Quizás algo vaya a cambiar, pero el más inmediato presente es borroso. Viene, además, manchado de sangre, con mucha sangre. Estos enemigos del Estado son a la vez enemigos de la vida. Usan de la muerte para abrirse camino hacia una revolución nacional que nadie sabe adónde va, ni falta hace. El modelo fue la Albania de Enver Hoxha, la etnia absoluta alzada sobre la pira ardiente de los individuos, los derechos totalitarios del territorio mítico arrebatados a sangre y fuego a los derechos de los ciudadanos, el determinismo de la nación pura impuesto a la razón impura de la libertad. Frente al futuro razonable de lo real, el futuro absoluto de la muerte. Todo eso constaba en la escenografía del comunicado.

 

No es necesario preguntarse quién es ETA para negociar con el Estado. Eso ya lo sabemos. La destrucción de tanta vida no forma parte de los postulados del mal menor. Lo humano es el desfallecimiento de la víctima, la inhumanidad está en el agresor. Los miembros de la organización terrorista ETA llevan un tiempo interminable entregados a sus demonios, unos demonios que no dejan de ser monstruos hijos de la razón revolucionaria, de un plan para suplantar la vida por los paraísos de la destrucción, con toda la violencia que sea necesaria para crear un pueblo nuevo. Los ídolos de la patria pura asumen el mal con gozo, con supuesta inocencia fundacional. El pueblo en desgracia a causa del invasor español merece justicia absoluta. Ahí está la prefiguración de ese pueblo nuevo, en la dialéctica obtusa y rupestre de los parlamentarios del Partido Comunista de las Tierras Vascas.

 

Los amigos de Robespierre escribieron una oda a la guillotina: «Máquina amable, ten piedad de nosotros; máquina admirable, libéranos de nuestros enemigos». Esos artilugios, puestos al día según el arsenal contemporáneo, presidirían las plazas del Gran Euskadi irredentista, sustraída Navarra a su identidad, sumada al proyecto -no se sabe cómo- la población vasco-francesa. Todo terrorismo exige su «Lebensraum», su espacio vital. Hitler lo buscó para sustento y predominio de la raza aria.

 

A partir de ayer queda por delante un camino incierto y oscuro, muy largo. Claramente, ETA mantiene sus objetivos pero busca cómo lograrlos con tregua. Quienes tienen en sus manos la regencia del bien común asumirán responsabilidades y riesgos. Lo más indicado es que los nublados y las turbulencias no puedan coger por sorpresa a una sociedad que legítimamente confía en los poderes del Estado. Pase lo que pase, nunca estará de más proseguir en la práctica de la sospecha. La gente sabe que en el transigir también peligra la existencia. Hasta el último minuto, hasta que sea entregada la última de las armas, ETA está bajo sospecha. Las razones abundan. Entre otras cosas, porque -como dijo Canetti- los hombres ya no tienen medida cuando la vida humana deja de ser la medida.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Cambio de escenarios” por M. Martín Ferrand

 

 

Siguiendo los planos trazados por el Parlament de Cataluña, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, presidida por el retráctil Alfonso Guerra, acababa de descubrir la existencia de una nueva nación, justo en lo que fue solar de la Marca Hispánica y, en los últimos tiempos, ocupaban las cuatro provincias catalanas; cuando, en plena resaca celebradora, un comunicado de ETA con el anuncio de un alto el fuego permanente vino a cambiar las posibilidades de juego en el mapa político español. No es, desde luego, la primera vez que la organización terrorista vasca, aunque siempre con pequeños matices de oportunidad, emite un mensaje semejante; pero, en esta ocasión, las prédicas previas de José Luis Rodríguez Zapatero le dan a la escueta nota etarra un valor de singularidad que obliga al espectador, incluso al biempensante, a suponer algún tipo de acuerdo previo o, por decirlo con mayor delicadeza, algún hilván provisional sobre el que ahora habrá de producirse una costura más rotunda y duradera.

 

La nota de ETA, especialmente oportuna en beneficio del Gobierno, refuerza la mermada credibilidad del presidente. Lo que en estos últimos años ha parecido una nueva versión, ésta para adultos, de «Pedro y el lobo» ha resultado ser, sin arriesgar pronósticos de futuro, una situación bastante más deseable que la anterior. Sin bombas y sin disparos -¿sin extorsiones?- resulta teóricamente posible una negociación que, con inevitables concesiones, podrá cerrar una situación que, durante más de cuarenta años, ha sido una grave rémora para el desarrollo posible en el País Vasco y un punto de fragilidad en los supuestos de seguridad y certeza que resultan exigibles en un estado. Será el nacionalismo menos feroz y más conservador el que termine pagando buena parte de la factura que, implacablemente, presentará la nueva situación; pero ése es ya otro asunto que iremos percibiendo en los espasmos de conducta que, sin tardar mucho, ofrecerá el PNV.

 

Ahora, con el Estatut pendiente de aprobación en el Congreso y en el Senado, en vísperas del referéndum que cerrará el asunto, las exhibiciones de fuerza, real o fingida, se trasladan a Cataluña. El independentismo, como las cabras montesas, prefiere dos paredes para trepar saltando de una a otra, y así viene siendo en los últimos años; pero la zafiedad antidemocrática con que Josep Lluís Carod-Rovira ha manifestado su desencanto por los recortes, no tantos, que la Comisión Constitucional del Congreso le ha hecho al texto aprobado en el Parlament no debe ser pasada por alto y puede figurar en las antologías del matonismo político. Decir que «lo que hoy no quieren acabar reconociendo como nación, quizá mañana lo tengan que reconocer como estado» es, por mucho que quiera rebajarse la intensidad del dicho, un gesto sedicioso que, unido al derecho al pataleo, no es augurio de un tiempo de sosiego catalán y/o catalanista.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

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