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La historia de ETA contada por el PNV

Por Narrador - 30 de Marzo, 2006, 5:48, Categoría: General

El PNV como hiciese GARA también narra su peculiar visión sobre la historia de ETA. No hace falta que les recordemos el grado de credibilidad…

 

El alto el fuego iniciado en 1998 tras el acuerdo de Lizarra ha sido el más prolongado de ETA hasta la fecha    

 

 

Han sido varias las ocasiones en las que ETA ha declarado altos el fuego. El periodo más prolongado de cese de la actividad armada fue el que se inició en septiembre de 1998, tras la firma del Acuerdo de Lizarra-Garazi. La organización armada rompió esta tregua en noviembre de 1999 y retomó con gran dureza los atentados.

 

Bilbao - Las negociaciones entre el Gobierno español y ETA han estado continuamente presentes en la historia de la democracia en el Estado, con independencia de quién fuera el inquilino del Palacio de La Moncloa. Incluso José María Aznar, que siempre ha mantenido que la única forma de luchar contra la organización es la judicial y policial hasta la derrota de ésta, ordenó contactos durante el alto de fuego que se inició en setiembre de 1998.

 

Mirando hacia atrás, y remontándonos hasta los primeros pasos de la Transición política de la dictadura a la democracia, nada más aprobarse la Ley de Reforma Política en 1976 se iniciaron los contactos auspiciados por el Gobierno de UCD con las dos facciones de ETA, la militar y la político-militar. Los mismos resultarían infructuosos mientras Adolfo Suárez ejerció de presidente del Gobierno español, comenzando con las entrevistas llevadas a cabo el 30 de noviembre de 1976 en Ginebra con la rama político-militar de la organización. A este encuentro le sucedieron otros, esta vez con la participación de ETA militar, y que desembocaron tras su fracaso en una radicalización de esta facción, reforzada por los comandos "bereziak" escindidos de los ‘‘poli-milis’’.

También resultarían infructuosos los contactos que se produjeron en 1977 en Ginebra, Francia y Gasteiz, al no ser aceptadas las peticiones de los portavoces de ETA p-m y ETA militar. Un cariz bien distinto tomarían los acontecimientos en 1981, esta vez bajo el mandato de Calvo Sotelo, con el entonces ministro de Interior y los máximos representantes de ETA político-militar departiendo con la intermediación de Mario Onaindia, secretario general de EIA, y José María Bandrés, de EE.

 

Las negociaciones llegaron a buen puerto y el 30 de septiembre de 1982 se produjo la disolución de ETA p-m VII Asamblea, que optó por la vía política integrándose en su mayoría en EE (los disidentes pasarían a formar parte de ETA militar). La clave para ello fue el Plan de Reinserción Social al que podían acogerse los miembros de ETA sin delitos de sangre y los exiliados de esta facción.

 

‘‘Alternativa para la paz’’

 

Los contactos entre el Gobierno socialista de Felipe González y ETA se concretarían en las conversaciones de Argel de 1989. Finalmente también fueron infructuosas pese a contar con una enmarañada red de encuentros previos. Así, tras unos primeros tanteos llevados a cabo en febrero de 1984 por el entonces comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo con el dirigente de ETA Domingo Iturbe Abasolo ‘‘Txomin’’, en agosto de ese mismo año el ministro de Interior José Barrionuevo hizo pública la denominada ‘‘Alternativa para la paz’’. La misma ofrecía la reinserción social a los miembros de ETA que entregasen las armas y acatasen la Constitución, tras lo que la organización se mostró dispuesta a negociar.

 

Debido a su posición favorable a negociar el fin de la lucha armada, ‘‘Txomin’’ se perfiló como el interlocutor perfecto. El dirigente de ETA llegó en setiembre a Argelia tras ser detenido en abril de 1986 en un control policial y deportado después a Gabón. Ya instalado en Argel, se produjeron unas primeras conversaciones en las que el Ejecutivo, representado entre otros por el director general de la Policía Julián San Cristóbal, exigió a ETA un alto el fuego y la defensa del Estatuto de Gernika.

 

Fallecido ‘‘Txomin’’ en un accidente de tráfico en el país africano, fue reemplazado por Eugenio Etxebeste ‘‘Antxon’’, aunque las negociaciones seguían enquistadas. La matanza de Hipercor en Barcelona primero, y el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza después, llevarían al Gobierno español a exigir de nuevo una tregua. La misma se produciría, ya con José Luis Corcuera en la cartera de Interior, el 8 de enero de 1989 durante quince días, reanudándose los contactos. Pero el avance fue realmente imposible por ambas partes, dando por finalizado el diálogo en abril tras una última reunión el día 3 y después de que ETA comenzara a enviar paquetes bomba a distintas autoridades.

 

Negociación tras la tregua indefinida

 

La tregua indefinida declarada en septiembre de 1998 fue el marco en el que se llevaron a cabo los contactos entre el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar y ETA, y que se concretaron en una única reunión el 19 de mayo de 1999 en Zurich (Suiza). Con la participación de "Mikel Antza", al que la Policía consideraba jefe del aparato político de la organización, y con la mediación del obispo Juan María Uriarte, y a pesar de las voluntades negociadoras, ETA acabaría por romper la tregua en noviembre. José María Aznar negaría años más tarde la existencia de estos contactos con la organización armada.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Cuarenta años de violencia

 

 

ETA nació el 31 de julio 1959 y tras unos primeros años de acciones violentas sin víctimas, inició un largo historial de asesinatos, secuestros y extorsiones que han marcado la vida política de Euskadi y del Estado español tanto durante la dictadura como ya en la democracia  

        

Bilbao - EUSKADI TA ASKATASUNA nació el 31 de julio de 1959 como una alternativa ideológica a los postulados del Partido Nacionalista Vasco, a través de un grupo de estudiantes disidentes del colectivo Ekin, surgido a su vez en 1952 para reaccionar contra la, a su juicio, pasividad y acomodo de los jeltzales.

 

Su primera acción violenta tuvo lugar el 18 de julio de 1961, con el intento fallido de descarrilamiento de un tren ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían a Donostia con motivo de la conmemoración del alzamiento fascista de Franco. En estos primeros años, sus miembros se dedicaron a colocar pequeños artefactos explosivos, hacer pintadas reivindicativas y colocar ikurriñas.

 

Las bases de la organización se consolidaron en mayo de 1962, tras la celebración de su I Asamblea en el monasterio de Belloc, en Baiona, donde se presentó a sí misma como ‘‘Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional’’. En esta Asamblea se definiría su rechazo a cualquier colaboración con partidos o asociaciones no nacionalistas vascas, y su visión de sí misma como una ‘‘organización clandestina revolucionaria’’ que defiende la lucha armada como el medio de conseguir la independencia de Euskadi.

 

El aumento del debate interno provocó sin embargo los primeros enfrentamientos ideológicos. Así, en la V Asamblea (1966-67) entra en escena ‘‘el nuevo nacionalismo revolucionario’’ del núcleo duro, que hace hincapié en que Euskadi es una ‘‘nación ocupada’’ militarmente por una potencia extranjera y en la necesidad de utilizar la violencia para lograr la "descolonización".

 

Primera víctima mortal

 

Su primera víctima mortal se produjo el 7 de junio de 1968. El guardia civil José Pardines Arcay murió en un control de carretera, tiroteado por Txabi Etxebarrieta, que fue a su vez abatido durante la persecución posterior. En respuesta a la muerte de este militante, el 2 de agosto la organización asesinó al policía franquista Melitón Manzanas, jefe de la brigada político-social de Gipuzkoa, en la puerta de su casa.

 

La represión policial tras estos dos primeros atentados logró neutralizar las actividades de ETA durante 1969. Ya en diciembre de 1970, se celebró el Juicio de Burgos contra 16 de sus miembros, durante el que los procesados reconocieron su pertenencia a ETA y expusieron sus planteamientos marxistas y obreros. Hubo seis condenas a muerte y penas de cárcel que sumaban un total de 519 años. Finalmente, y ante la presión y las muestras de solidaridad internacional, Franco conmutó las penas de muerte por otras de reclusión mayor. No obstante, el dictador sí llevaría a término otras penas de muerte, en el año 1975, cuando ya agonizaba. Los militantes de ETA "Txiki" Paredes Manot y Ángel Otaegi, así como tres miembros del FRAP, eran fusilados tras ser condenados a muerte.

 

Atentado contra Carrero

 

De ocasionar dos víctimas mortales en 1968 y una en 1969, ETA pasó a más de 200 asesinatos en la década de los 70. El asesinato del almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en un espectacular atentado en la calle Claudio Coello de Madrid, supuso el mayor golpe de efecto logrado por la organización armada hasta entonces. El primer atentado masivo se produjo al año siguiente, el 13 de septiembre de 1974, con la explosión de un artefacto en la cafetería Rolando, en la calle Correo de Madrid, junto a la Dirección General de Seguridad, que provocó la muerte a 12 civiles y heridas a otros 80.

 

Este atentado masivo no se saldó sin consecuencias para las bases de ETA, y el debate interno subsiguiente provocó la primera escisión importante en la organización: los ‘‘milis’’ de ETA militar, partidarios de la insurrección popular, se desmarcaron de los ‘‘polimilis’’ de ETA político-militar, que apostaban por la violencia selectiva.

 

A pesar de las ilusiones democráticas renacidas con la muerte del dictador, los últimos años de la década de los 70 fueron especialmente sangrientos, con atentados indiscriminados que se cobraron la vida de más de un centenar de personas. A su vez, la amnistía decretada el 15 de octubre de 1977 afectó a los presos de ETA encarcelados durante la dictadura. Poco después, el 6 de diciembre de 1978, fue aprobada mediante referéndum la Constitución, que recoge en su artículo 15 la abolición de la pena de muerte.

 

Ofensiva total

 

En los años 80, ETA recrudeció su ofensiva para forzar las negociaciones con el Gobierno español, y los atentados indiscriminados fueron constantes, siendo el cambio de década de los 70 a los 80 la época más dura de la organización. El 15 de julio de 1986, 12 agentes de la Guardia Civil murieron al explosionar un coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Al año siguiente, el 18 de junio de 1987, otro coche bomba sembró el terror en el párking del centro Hipercor de Barcelona, provocando 21 muertos y 45 heridos. El 11 de diciembre de ese mismo año, un coche bomba con 250 kilos de material explosivo estallaba frente a la Casa Cuartel de Zaragoza, dejando un balance de 11 muertos y 40 heridos.

 

Antes, en 1982, ETA político-militar había abandonado las armas y optado por las vías políticas, al tiempo que se inició la ‘‘guerra sucia’’ de los GAL. Mientras la colaboración antiterrorista con Francia empezó a obtener sus primeros frutos, los partidos políticos se posicionaron contra la violencia a través del Pacto de Madrid (1987), el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Navarra (ambos en 1988).

 

Asesinato de "Yoyes"

 

En esta década se produjo además uno de los episodios más destacados de las disidencias internas en el seno de ETA: Dolores González Catarain ‘‘Yoyes’’, que abandonó la organización en 1980, fue asesinada el 10 de setiembre de 1986 mientras paseaba con su hijo. La reinsertada más significativa, uno de los miembros de ETA más buscados durante los años 70, se había instalado en Gizpuzkoa en 1985 después de 11 años de exilio en México.

 

Tras el final de la tregua de 1998, ETA inició una dura ofensiva que, en el periodo comprendido entre 2000 y 2003, consistió en alrededor de 185 atentados que provocaron 46 muertos, la mitad de ellos en el primer año tras la ruptura de la tregua. Cabe destacar el asesinato del portavoz del PSE en el Parlamento vasco, Fernando Buesa Blanco y su escolta, Jorge Díez; el del colaborador del diario ‘‘El Mundo’’ José Luis López Lacalle; el del Magistrado el Tribunal Supremo, José Francisco Querol; el del presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, José María Korta; el del ex ministro de Sanidad Ernest Lluch; el del magistrado de la Audiencia de Bilbao José María Lidón, o el del jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua.

 

ETA ha secuestrado a 77 personas a lo largo de su historia, método utilizado como vía de financiación y medida de presión al Gobierno español. Este método fue ejecutado por vez primera el 1 de diciembre de 1970, con el secuestro del cónsul honorario de la República Federal Alemana en Donostia Eugenio Behil, en protesta por el juicio de Burgos. Éste fue liberado veinticinco días después en la localidad alemana de Wiesbaden.

 

El secuestro más largo en la historia de ETA ha sido el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado el 1 de julio de 1997 por la Guardia Civil tras 532 días de cautiverio. Pocas horas ante, el empresario Cosme Delclaux había sido puesto en libertad tras permanecer retenido durante 233 días.

 

Pocos días después, ETA recurrió una vez más al secuestro. El 12 de julio, Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, apareció maniatado y mortalmente herido en una zona rural de Lasarte, una vez cumplido el ultimátum de 48 horas dado al Gobierno del PP para que cediera en su política de dispersión de presos y trasladara a los mismos a Euskadi. Blanco murió en el hospital, pocas horas después de ingresar en estado de muerte cerebral tras recibir dos disparos en la nuca.

 

Otros secuestros que finalizaron con el asesinato de los retenidos, después de que ETA fijara un plazo determinado para cumplir con sus reivindicaciones, fueron el del ingeniero jefe de la central nuclear de Lemoiz, José María Ryan, y el del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Asesinado el 6 de febrero de 1981, el secuestro de Ryan provocó una multitudinaria manifestación en Bilbao exigiendo su liberación, así como un llamamiento de los obispos vascos en este sentido.

 

En aquel convulso ambiente, días después moría en prisión, víctima de las torturas, el militante de ETA Joseba Arregi.

 

En cuanto a los secuestros de empresarios, destacan los de Emiliano Revilla, durante 249 días desde febrero de 1988, y Julio Iglesias Zamora, durante 116 días desde julio de 1993.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Bidarte y la detención de ‘‘Antza’’, los mayores golpes contra ETA

 

 

ETA ha debido reorganizar su cúpula en diversas ocasiones tras operaciones policiales que han supuesto un duro golpe a su organigrama. Los casos de Bidarte o la detención de "Mikel Antza" son los más significativos

        

Bilbao - La operación policial realizada en Bidarte en el 92 marcó un antes y un después en la lucha contra ETA. A pesar de que antes ya se habían producido golpes contra dirigentes de la organización armada, nunca se había asestado un mazazo tan fuerte contra su estructura. Y es que la Policía francesa detuvo, el 29 de marzo de 1992, en un chalet de Bidarte, a la cúpula completa de la organización armada, integrada por José Luis Álvarez Santacristina ‘‘Txelis’’, José Javier Zabaleta Elosegi ‘‘Baldo’’, Francisco Mujika Garmendia ‘‘Paquito’’ y José Arregi Erostarbe ‘‘Fitti’’.

 

Esta actuación provocó la mayor crisis sufrida por ETA, que tuvo que recomponer a la mayor brevedad posible su dirección, reorganizar su entramado civil y extremar las medidas de seguridad. Más aún, el 11 de julio de ese mismo año su nueva dirección propuso una tregua de dos meses tras la que se inició un nuevo proceso negociador con el secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera como interlocutor.

 

Las actuaciones contra la dirección de ETA serían una constante a partir de entonces, y dos años después de la caída de su cúpula fue detenido el considerado número dos de ETA, Félix Alberto López de La Calle ‘‘Mobutu’’. Ya en 1996 cayó Julián A-txurra Egurrola ‘‘Pototo’’, de quien la Policía afirmaba que había llegado a ser número tres de la organización, y un año después se produjo el apresamiento de los comandos operativos de ETA, incluido un emblemático miembro de la organización, José Luis Urrusolo Sistiaga, al que se le atribuían 16 asesinatos y dos secuestros.

 

Arresto de "Kantauri"

 

Después de este importante golpe, destaca la captura en el Estado francés del que fuera, hasta 1999, presunto máximo responsable del aparato militar de ETA y jefe de todos sus comandos operativos, Francisco Javier Arizkuren Ruiz ‘‘Kantauri’’. La misma tuvo lugar durante el periodo en que ETA mantenía en vigor su tregua indefinida. Durante el "mandato" de Iñaki de Gracia Arregi ‘‘Iñaki de Rentería’’ se produjeron dos de las acciones más duras de ETA, el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara y el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Cuando fue detenido, el 15 de setiembre de 2000, había perdido el poder en favor de José Javier García Gaztelu ‘‘Txapote’’. Su apresamiento se produjo en febrero de 2001 en una cafetería de Angelu, y fue sustituido por Juan Antonio Olarra ‘‘Guridi’’, detenido el 16 de setiembre de 2002 junto a su compañera sentimental y en la organización, Ainhoa Mujika.

 

Los "papeles de Susper"

 

Sin embargo, Bidarte seguía siendo el modelo a partir del cual se medían los éxitos policiales en la lucha contra ETA. Sería en 2003, año en el que empezaba a resultar evidente la disminución de las actividades de la organización, cuando se produjo un golpe que fue en su momento comparado con la actuación en Bidarte en 1992: la detención, también en el Estado francés de Jon Ibon Fernández de Iradi ‘‘Susper’’, uno de los presuntos dirigentes más buscados por las fuerzas de seguridad después de haberse fugado el año anterior de una comisaría de Baiona, y Ainhoa García Montero, ambos supuestos sustitutos de ‘‘Guridi’’ y Mujika. Cinco días después también fueron arrestados en el Estado francés los otros presuntos jefes de los comandos operativos, Gorka Palacios, Iñigo Vallejo, Juan Luis Rubenach y José Miguel Almendoz.

 

Ese mismo año, se efectuaron cuatro operaciones contra la supuesta red de captación e infraestructura que la dirección de ETA intentaba reconstruir, propiciadas por los "papeles" incautados a ‘‘Susper’’ en su primera detención antes de su fuga.

 

"Antza" y "Anboto"

 

Sin embargo, sería el arresto el 3 de octubre de 2004 en Salies-de-Bearn del presunto máximo dirigente de ETA Mikel Albisu "Mikel Antza" y de su compañera sentimental Soledad Iparragirre "Anboto", el que se considera como el golpe de mayor importancia desde Bidarte. La Policía afirma que ‘‘Antza’’ es el líder que más tiempo ha permanecido en la cúpula de la organización, desde que asumiera su dirección política en 1993.

 

Ya el 3 de octubre de 2005 fue detenido en la localidad de Arpajon-sur-Cère el supuesto número dos del aparato militar de ETA, Harriet Agirre García, considerado el jefe de los comandos de la organización. El presunto lugarteniente de Garikoitz Aspiazu ‘‘Txeroki’’ fue apresado junto a la también supuesta activista Idoia Mendizabal.

 

También se pueden encontrar, sin embargo, acciones policiales de calado contra ETA previas a Bidarte. Así, el apresamiento en setiembre de 1987 de Santiago Arrospide ‘‘Santi Potros’’ y el posterior estudio de la documentación que le fue incautada provocaron la detención en cadena de más de un centenar de personas a ambos lados de la muga. Después sería detenido también Josu Urrutikoetxea.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Los intentos de negociación han ido desde Argel con el PSOE a Zurich con el PP

 

 

La primera tregua de ETA se produjo en 1989, con motivo de las negociaciones de Argel entre la organización armada y el Gobierno español; el Gobierno de Aznar habló con ETA en 1999, durante otro alto el fuego

        

Bilbao - La Reclamación de una tregua para iniciar cualquier proceso negociador ha sido una constante en los partidos políticos vascos. ETA ha repartido a lo largo de su historia diferentes momentos de distensión, a veces circunscritos a un sector determinado de sus objetivos, otras con carácter general.

 

El primer alto el fuego tuvo lugar el 8 de enero de 1989. Con una duración de dos semanas, coincidió con la reanudación de las conversaciones de Argel y estuvo precedido de tres anuncios para el cese de las actividades durante un periodo de 60 días, que resultaron infructuosos al no obtener respuesta por parte del Gobierno de Felipe González. Tanto el 22 de enero como el 27 de marzo se produjeron sendas prórrogas de la tregua de dos meses cada una. Sin embargo, con el fracaso de las conversaciones tras la última reunión bilateral celebrada en abril, ETA anunció el fin de la misma.

 

Posteriormente, el 10 de julio de 1992 ETA ofreció un alto el fuego de dos meses tras la caída de su cúpula en Bidarte. A ello se suma la declaración de tregua de una semana del 23 de junio de 1996 por la que ofrecieron al Gobierno español una salida negociada al conflicto que no obtuvo respuesta.

 

Cuatro días después de la firma de la Declaración de Lizarra-Garazi, ETA declaró el 16 de setiembre de 1998 una tregua ‘‘indefinida y sin condiciones’’ que comenzaría dos días después y, a la postre, acabaría siendo la más larga de su historia, prolongándose durante 439 días. Así, el 28 de noviembre de 1999 hizo pública su ruptura, debido al ‘‘incumplimiento’’ por parte de PNV y EA de un supuesto acuerdo en el que ambos partidos se comprometían a buscar una estructura institucional ‘‘única y soberana’’ para Euskadi y a romper sus acuerdos con el PP y el PSOE. Los citados partidos abertzales negaron que hubieran firmado tal acuerdo y señalaron que se trataba de una propuesta de ETA que no aceptaron.

 

Altos el fuego parciales

 

En lo que a las treguas parciales se refiere, ETA ha anunciado tres a lo largo de su historia. La primera se remonta al 20 de noviembre de 1997, cuando la organización hizo público el cese de la actividad armada contra los funcionarios de prisiones. La ofensiva de ETA en el denominado ‘‘frente de las cárceles’’, especialmente virulento en la segunda mitad de la década de los noventa, alcanzó su punto álgido con el secuestro de José Antonio Ortega Lara, que sufrió 532 días de cautiverio hasta ser liberado por la Guardia Civil en junio de 1997. PP y PSOE interpretaron esta tregua como un intento de dividir a los partidos, y la misma quedó frustrada tres años después con el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera, en octubre de 2000.

 

Por otro lado, el 23 de junio de 1998, ETA anunció que ponía fin a una tregua a la Ertzaintza, que habría iniciado siete meses antes pero que nunca hizo pública. El 18 de febrero de 2004 ETA se comprometió, a un mes escaso de la celebración de elecciones generales, al cese de acciones armadas en Catalunya, provocando un auténtico terremoto político. La organización armada argumentó su decisión ‘‘por el empuje de las fuerzas independentistas y la concienciación sobre el derecho a la autodeterminación’’. Este anuncio se hizo público 23 días después de conocerse que el líder de ERC, Carod-Rovira, se había reunido en Perpinyan con una delegación de ETA. Por último, y ya con Zapatero en La Moncloa, ETA anunció el cese de actividades contra los cargos políticos de PP y PSOE.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

El sumario 18/98 ha sido el ariete judicial contra diversos sectores

 

 

Bilbao - El pasado día 21 de noviembre se inició en la Audiencia Nacional la vista oral del macrosumario 18/98, impulsado en su día por el juez Baltasar Garzón y que sienta en el banquillo a personas acusada por diferentes casos a los que une la teoría del citado magistrado de que todo lo que se mueve en torno a la izquierda abertzale hoy ilegalizada «es ETA».

 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón emprendió a finales de los años 90 una cruzada judicial contra lo que denominó ‘‘el entramado de ETA’’, en referencia a lo que considera diversos ‘‘instrumentos operativos’’ de la organización armada relacionados tanto con su entramado financiero como con la ‘‘difusión de los planteamientos de su estrategia’’.

 

Después de actuar contra el supuesto entramado financiero de ETA, Garzón procedió el 15 de julio de 1998 al cierre del diario ‘‘Egin’’ y la emisora ‘‘Egin Irratia’’, así como de diversas empresas relacionadas al considerar que estaban integradas en la estructura de ETA. Fruto de las investigaciones judiciales, el 20 de noviembre fueron procesadas 26 personas al tiempo que se declaró ilícita a KAS por ser ‘‘parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza’’.

 

Prórroga pese a la tregua

 

En febrero de 1999, Garzón prorrogó durante seis meses la clausura de "Egin" al considerar que, a pesar de la tregua vigente, la actividad de ETA continuaba. A comienzos de marzo, el redactor jefe del equipo de investigación de ese periódico, Pepe Rey, y la redactora Begoña Pérez fueron detenidos acusados de colaborar con ETA. El diario ‘‘Gara’’ vino a llenar el hueco dejado por ‘‘Egin’’, medio año después de la clausura de éste.

 

Dentro de esta misma dinámica, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dictó un auto por el que se clausuraba, el 20 de febrero de 2003, el diario ‘‘Euskaldunon Egunkaria’’, decisión que sería posteriormente ratificada. Junto al cierre, la detención de las cabezas visibles del diario y la denuncia de torturas por parte de los mismos provocaron una oleada de protestas de grupos sociales y políticos, así como manifestaciones multitudinarias exigiendo la reapertura del rotativo, incluyendo una exigencia formal del Parlamento vasco en este sentido.

 

Las operaciones policiales se dirigieron el 6 de marzo de 2001 contra Haika, heredera de Jarrai. Quince dirigentes del grupo juvenil fueron detenidos acusados de formar parte de ETA y de dirigir las algaradas callejeras en Euskadi. Tanto Haika como Jarrai fueron ilegalizadas el 10 de mayo de dicho año y el 31 de octubre fue el turno de Gestoras Pro Amnistía, con trece detenidos por la misma acusación. Por último, la Policía Nacional detuvo el 8 de marzo de 2002 a doce dirigentes de Segi, tercer eslabón de la cadena, a los que imputó haber inducido 46 actos de kale borroka que provocaron daños por valor de más de 18 millones de euros.

 

Tesis en entredicho

 

La Audiencia Nacional echó, sin embargo, por tierra las tesis de Baltasar Garzón para desarrollar el conocido como sumario 18/98, al señalar que para que una organización pueda considerarse ‘‘terrorista’’ debe hacer uso de armamento. La sentencia aseguraba que Haika, Jarrai y Segi no entran dentro de esta categoría, pero sí las declaraba ilícitas, condenando a 24 jóvenes a penas de entre tres años y medio y dos años y medio.

 

Representantes de diversos ámbitos sociales y políticos fundaron la plataforma 18/98+, destinada a denunciar los ‘‘derechos vulnerados’’ en el macrosumario del mismo nombre.

 

Las actuaciones judiciales han llegado también a "tocar" al sindicato LAB. Su máximo responsable, Rafa Díez, y otros miembros de esa organización tuvieron que acudir a declarar a la Audiencia Nacional en septiembre, pero el propio juez Grande-Marlaska admitió la endeblez de los indicios contra ellos.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

La guerra sucia contra ETA, un atajo que complicó más el conflicto

 

 

Hace sólo veinte años, desde ámbitos del Estado se inició otra vía en la lucha contra ETA: la de la guerra sucia. Los GAL fueron ese arma que no hizo sino empeorar las cosas en Euskadi  

 

Bilbao - La violencia política en el conflicto vasco no ha sido sólo en una dirección. El Estado español ha utilizado en la lucha contra ETA mecanismo que están más allá de la legalidad. Así lo atestiguan las múltiples denuncias por prácticas de torturas, que en casos como el de Joseba Arregi llegaron hasta la muerte, y las diversas expresiones de guerra sucia, que tuvieron su máximo apogeo durante el mandato de Felipe González. A estas expresiones de violencia hay que añadir otras medidas políticas, como la dispersión de los presos, los macrosumarios con cierres de periódicos y la ilegalización de Batasuna y de otras marcas electorales de la izquierda abertzale. Pero ha sido la guerra sucia protagonizada por diversos grupos, con el GAL como última expresión, el borrón más negro de los gobiernos en la democracia en el Estado español.

 

Más de cien años de prisión para los ejecutores y cerebros y 23 asesinatos en el lado de las víctimas es el balance de uno de los capítulos más vergonzantes de los años 80 para el Estado español, el del terrorismo a la sombra del Estado que cristalizó en la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuyas actividades tuvieron lugar entre 1983 y 1986. A ello hay que añadir el caso de los Fondos Reservados, creados para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico pero que sufrieron importantes desvíos para la financiación de la ‘‘guerra sucia’’ contra ETA. El contexto en que se gestó esta oscura facción de la lucha antiterrorista fue el de la escalada sin precedentes de los atentados de ETA que vivió el cambio de década, con más de 70 asesinatos en 1979 y más de 90 en 1980.

 

Los GAL, sucesores de facciones como el Batallón Vasco Español (BVE), atentaron contra militantes y simpatizantes abertzales residentes sobre todo en Iparralde, cometiendo asesinatos y secuestros en un intento por ‘‘llevar la guerra’’ al otro lado de la ‘‘muga’’. El secuestro y posterior asesinato de Lasa y Zabala en octubre de 1983, y el secuestro de Segundo Marey en 1984 marcaron el inicio de las actividades de este grupo surgido en ámbitos del Ministerio de Interior, gobernado por un PSOE exultante tras el hito de los diez millones de votos logrados por Felipe González en 1982.

 

Con el cuartel de Intxaurrondo de Donostia como infame marco de muchas de sus operaciones, y con destacados cargos militares y políticos como Enrique Rodríguez Galindo, que luego sería nombrado general; el ex gobernador de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, y el sargento Enrique Dorado Villalobos como imputados y condenados, la guerra sucia terminó minando la lucha antiterrorista. Los casos más sonados de condenas de prisión contra dirigentes relacionados con los GAL son, sin embargo, los del ex ministro de Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad Nacional Rafael Vera y el ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.

 

La más alta instancia política de aquella época, el presidente del Gobierno español Felipe González, fue acusado de ser la misteriosa ‘‘X’’ que les dirigía pero acabó eludiendo cualquier responsabilidad. Los socialistas cerraron filas en torno a los condenados, siendo recordada la escena en la que el propio González despedía a Vera y Barrionuevo a las puertas de la cárcel de Guadalajara, en setiembre de 1998, donde ingresaron por el ‘‘Caso Marey’’.

 

González tampoco facilitó la investigación de los Fondos Reservados, aunque la relación de elementos de su Gobierno con los GAL fue un factor determinante en la derrota del PSOE en las elecciones generales de 1996 a manos del PP de Aznar.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Una ley ‘ad hoc’ dejó a Batasuna fuera del juego político legal

 

 

Batasuna fue objeto desde 2002 de un cerco judicial que culminó en marzo de 2003 con su ilegalización. Una conveniente Ley de Partidos, auspiciada por PP y PSOE, dejó fuera de la ley a este partido, pero no logró que desapareciera        

 

Bilbao - Durante el Gobierno de José María Aznar, a la estrategia policial para luchar contra ETA se añadió una ofensiva política contra el entorno de la izquierda abertzale, impulsando causas judiciales como el sumario 18/98 y añadidos, y creando una Ley de Partidos "ad hoc" para ilegalizar a Batasuna. El Partido Popular contó con la aprobación inmediata del entonces jefe de la oposición mayoritaria en el Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, para la ilegalización de ese partido político. Así, Batasuna se convirtió el 17 de marzo de 2003 en la primera formación política ilegalizada por sentencia judicial desde la instauración de la democracia en el Estado español, culminando de esta forma un proceso que tuvo como objetivo eliminarla del panorama institucional.

 

La herramienta utilizada para llevar a cabo la ilegalización de Batasuna fue la reforma de la Ley de Partidos, vigente desde 1978. Dicha reforma, que entró en vigor en junio de 2002 con el apoyo del PSOE al PP en el poder, contemplaba la ilegalización de todas aquellas formaciones que ‘‘vulneren los derechos fundamentales o fomenten el odio, la violencia y la confrontación social como método para la consecución de objetivos políticos’’.

 

Poco después, el 4 de agosto, se produjo un atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), en el que murieron un hombre y una niña, y que no fue condenado por Batasuna. Este hecho fue el que llevó al pleno del Congreso a presentar ante el Tribunal Supremo, por 295 votos a favor, diez en contra y 29 abstenciones, una demanda de ilegalización contra Batasuna, remitiendo al Fiscal General toda la documentación de que disponía sobre sus actividades. En enero de 2003 se puso en marcha el proceso con la comparecencia de los testigos.

 

Bienes embargados

 

De forma paralela, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó suspender por tres años todas las actividades públicas y privadas de la formación abertzale, así como la clausura de sus sedes, la suspensión de todas las ayudas financieras y la prohibición de convocar manifestaciones. Sus bienes fueron asimismo embargados. El pasado mes de enero, el juez Grande-Marlaska prorrogó esta suspensión.

 

El 17 de marzo de 2003 se produjo la sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo de la ilegalización y disolución de Batasuna, HB y EH, la primera de esta índole tras el final de la dictadura. Con ocasión de los comicios locales del 25 de mayo de 2003, el Tribunal Supremo anuló por unanimidad 225 candidaturas electorales presentadas en la CAV y Nafarroa, al considerar que formaban parte de la ‘‘estrategia de sucesión’’ de Batasuna.

 

Asimismo, el 21 de mayo de 2003 el Tribunal Supremo acordó la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak al estimar que ‘‘no es sino un artificio más encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización de Batasuna’’. La negativa, días después, de la Mesa del Parlamento vasco a ejecutar esta medida al aducir que no está contemplada en el reglamento de la Cámara, provocó que la Fiscalía General del Estado y el colectivo Manos Limpias presentaran sendas querellas por ‘‘desobediencia’’ contra el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, junto con los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Entonces se inició un complejo proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha concluido, al menos en esta instancia, con la sentencia absolutoria de los tres imputados.

 

La estricta aplicación de la Ley de Partido tuvo su excepción, no obstante, en las últimas elecciones al Parlamento de Gasteiz. A ellas pudo concurrir EHAK, a cuyas listas animó a votar Batasuna y que representa la voz de ese partido en la Cámara de Gasteiz.

 

 

Texto de Carlos C. Borra publicada en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Denuncias de torturas, una constante en el Estado español

 

 

Bilbao - Además de la guerra sucia, que se ha dado en etapas concretas del conflicto vasco, aparatos policiales del Estado español han hecho uso de una legislación antiterrorista que permite la incomunicación en comisaría para ocultar lo que ocurre en el interior de las dependencias policiales. Las denuncias sobre la práctica de tortura en el Estado español han llegado no sólo desde los afectados y de grupos defensores de los Derechos Humanos de Euskal Herria, sino que también se ha dado la voz de alerta de forma reiterada desde organismos internacionales.

 

Los datos aportados por Torturaren Aurkako Taldea, relativos a 2004, hablan de 138 arrestos incomunicados (6 por la Ertzaintza, 46 por la Policía española, 24 por la Guardia Civil, 58 por la Policía francesa y 4 por la belga); 57 denuncias de torturas (35 dirigidas contra la Policía española y 22 contra la Guardia Civil); 61 denuncias archivadas (fueron recurridas y sólo una fue estimada); 64 recursos de apelación (sólo 10 estimados); y cuatro respuestas del Tribunal Constitucional español, que los desestimó. En cuanto a los métodos de tortura, la representante de TAT Ixone Legorburu menciona «golpes, electrodos, "la bolsa", la bañera, ejercicios físicos, posturas forzadas, la violación, amenazas, insultos, simulaciones de ejecución, provocar sentimientos de culpabilidad, hacer escuchar los gritos de otros detenidos...».

 

Según añade esta componente del TAT, no se ha producido un cambio cuantitativo en los métodos utilizados el año anterior, «pero sí cualitativo, ya que lo que se persigue durante la incomunicación es la destrucción sicológica del detenido; machacar por dentro a la persona arrestada».

 

Un libro presentado este año por el TAT tiene un apartado en torno a las reacciones sicológicas que provoca el maltrato en dependencias policiales. «Queremos extender la idea de que es posible superar las secuelas de la tortura, por muy graves que sean las consecuencias», se indica.

 

Otro miembro del colectivo, Aiert Larrarte, se reafirma en su denuncia de que las torturas se producen a causa del régimen de incomunicación, al tiempo que indica que los policías que las aplican «lo hacen sin dejar marcas, el detenido no sabe ni dónde ni en qué día está, los familiares no saben nada, los exámenes de los médicos forenses, como consecuencia de la falta de marcas, dejan mucho que desear...».

 

 

Texto de publicado en el diario DEIA el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

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