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Tres opiniones cualificadas seleccionadas por ABC

Por Narrador - 4 de Abril, 2006, 4:26, Categoría: General

 

“ETA no anuncia su disolución” por Rogelio Alonso

 

 

Muchas serán las personas que califiquen de «histórico» el último comunicado de la organización terrorista ETA. Este mismo calificativo ha sido utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la última década en Irlanda del Norte. Precisamente esa experiencia obliga a moderar evaluaciones excesivamente positivas que la declaración etarra puede sugerir a algunos observadores. Fue en 1994 cuando el IRA decretó un cese de sus actividades «militares» y todavía hoy la organización terrorista sigue activa. Cierto es que ha abandonado sus asesinatos sistemáticos, pero no sus actividades de financiación y recopilación de inteligencia que ahora, como reconocen las Fuerzas de Seguridad, utiliza para su estrategia política dirigida por el Sinn Fein. Por lo tanto, el Sinn Fein ha optado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna.

 

Tan significativo precedente obliga a tener muy presente la coyuntura en la que ETA hace público su comunicado. ¿Qué persigue ETA con sus palabras? ¿Por qué en este momento actual después de otros comunicados muy recientes en los que aseguraba que, según su lógica, las condiciones para continuar con la violencia permanecen? La respuesta a estas preguntas y la interpretación del comunicado debe hacerse desde la insistencia en que la declaración está firmada por una organización terrorista responsable del asesinato de cientos de seres humanos, y que todavía hoy continúa amenazando, intimidando y financiándose a través de actividades criminales. Su mera existencia es sin duda un factor de coacción enorme que jamás un sistema democrático debería tolerar como aceptable. Por ello, frente a los exultantes comentarios suscitados por la declaración debe indicarse que ETA no ha anunciado su completa desaparición, ni su disolución, ni la entrega de sus armas. Hay quienes entienden que todo eso vendrá después de un primer paso como el de ayer. Sin embargo, esa mera muestra de tolerancia hacia una organización terrorista invita a involucrarse en una contraproducente dinámica de concesiones. En realidad, un alto el fuego de un grupo terrorista no debe ser alabado al no ser en absoluto un acto que deba recompensarse, pues su violencia es simplemente inaceptable de partida.

 

La necesidad de plantear tan firmes exigencias se desprende de los efectos que se derivarían de una respuesta mucho más complaciente, tal y como se deducía de las palabras del dirigente del Partido Socialista de Euskadi José Antonio Pastor, cuando en relación con el posible encarcelamiento de Otegi declaraba días atrás: «Probablemente, a lo mejor tampoco hubiera dado lugar a que se hubiera producido ninguna circunstancia de éstas si se hubiera producido ya un escenario de desaparición de la violencia en el País Vasco, porque la presión social, la ilusión de la sociedad influye en todo el mundo, en jueces, políticos, periodistas y en todo el mundo». En su opinión, todos los estamentos son personas que se dejan «influir como todos» y, «cuando se genera un clima de esperanza y de futuro en paz, es evidente que se produce un relajo general en la sociedad». En función de esa lógica, la declaración de ETA serviría para acentuar la presión sobre una sociedad ansiosa de paz tras décadas de un terrorismo que precisamente ha buscado su desestimiento. Ahí radica el peligro de considerar como suficiente la actual declaración de tregua a pesar de que ésta no informa de la noticia que realmente sí debería ser bienvenida, esto es, la completa disolución, desaparición y desarme de la organización terrorista.

 

Rogelio Alonso es Profesor de CC Política de la Universidad Rey Juan Carlos

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“La banda no entrega las armas” por Carlos Martínez Gorriarán

 

 

Como pasa siempre con lo comunicados de ETA, lo mejor es cogerlos con pinzas -y otra en la nariz- y leerlos con la firme intención de no dejarse secuestrar por el síndrome de Estocolmo. En este caso quizá sea más aconsejable todavía, porque al fin y al cabo la banda aprovecha su postración operativa y desgracia social para presentar como un regalo generoso lo que, desde hace ya mil días, es solamente una situación de hecho. Pretenden perdonarnos la vida cuando resulta que no están en condiciones de cobrarse una vida más... y sobrevivir al crimen. Tenemos una banda declinante, con todas las luces de alarma encendidas (políticas, sociales, policiales, internacionales) excepto, quizá, las del propio fanatismo e innegable habilidad para enredar a sus enemigos en estólidas especulaciones sobre la presumible traición del vecino. Una banda sumida en un proceso de reconversión por la fuerza que le resultaría mucho más difícil y costoso, quizás imposible, si no existiera el abismo que separa, tan irracionalmente en este asunto, a Gobierno de oposición, al PSOE del PP.

 

Esto último es, me parece, lo primero que hay que recordar ahora para extraer el corolario inevitable: el presidente Rodríguez Zapatero debe convocar cuanto antes el Pacto Antiterrorista, y el PSOE y el PP deben llegar a un acuerdo de auténtica política de Estado. Nos jugamos dos finales muy distintos. En uno, con acuerdo constitucional, la democracia se impone al terrorismo y éste acaba desinflándose hasta extinguirse. Hay vencedores y vencidos, y son los que deben ser. Sin ensañamiento, pero sin injusticia. En el otro, sin acuerdo constitucional, ETA se transforma en un agente tutelar de lo que cínicamente llama «proceso democrático», consiguiendo consolidar su papel de mafia armada que quizá no mate directamente, pero que amenaza, extorsiona y distorsiona absolutamente todo.

 

Al primer final de ETA podemos llamarlo -es idea de un amigo concejal socialista- «la paz de Marlaska», en homenaje a este juez que no ha cedido ante el intento de someter el poder judicial a las conveniencias de partido. El segundo final es, obviamente, «la paz de Azkoitia». De momento, es posible acabar con ETA sin pagar contrapartidas políticas -es contraproducente empeñarse en que el Gobierno ya ha pagado aduciendo el insustancial ejemplo de las nekanes seudocomunistas-, y mucho más gracias al juez Grande-Marlaska y otros como él que a ciertos altos funcionarios del Ministerio Público. Sin duda. Por fortuna, el Estado es mucho más que el Gobierno y su mayoría parlamentaria, aunque algunos lo olviden todos los días en su empeño por enterrar otra vez a Montesquieu.

 

Lo que ETA pretende con su comunicado es bastante obvio: extender la paz de Azkoitia y convertirla en el sistema del futuro. Contra el empeño de los fetichistas, la banda no utiliza la palabra «tregua». Por una vez voy a citarme, porque he insistido mucho en que ETA no podía de ningún modo volver a declarar una tregua, temporal por definición y por tanto necesitada de vuelta al estado previo, sino en todo caso un abandono de la violencia o «alto el fuego», y así ha sido. Ahora bien, y el matiz es importante, es un alto el fuego permanente, no definitivo. Lo que significa que ETA se reserva un papel tutelar de matón armado a la expectativa, y sin intención de entregar las armas aunque tampoco de usarlas, un matón cuya sola presencia, y por el conocimiento público de que sigue acumulando explosivos y organizando comandos, baste para condicionar de modo preventivo lo que suceda en el escenario político. El resto del comunicado es menos relevante: contiene las condiciones políticas habituales, la autodeterminación camuflada bajo el eufemismo de «consulta popular» vinculante para España y Francia. El aire irlandés del texto, que evidentemente imita -¿la asesoría de Alec Reid?- la retórica del IRA, más bien parece un recurso destinado a sorprender y camelar a incautos y cómplices disimulados. Convendría, por tanto, no dejarse distraer de lo fundamental y empujar al PSOE y el PP a ponerse de acuerdo. Aunque no quieran.

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Ante ETA: entre el derecho y la justicia” por Mikel Buesa

 

 

El anuncio realizado por ETA de un «alto el fuego permanente», más allá de la retórica y de los eufemismos que inevitablemente acompañan al lenguaje político, pone de relieve que esta organización terrorista se dispone a suspender temporalmente la realización de atentados para favorecer el logro de sus objetivos. A este respecto, lo primero que debe señalarse es que ETA no ha anunciado el final del terrorismo, de manera que no dice que esté dispuesta a dejar de emplear la violencia como procedimiento de la acción política. Más aún, de su comunicado se desprende que condiciona el posible uso de las distintas formas de terrorismo a los progresos que se obtengan en cuanto a la materialización de sus pretensiones políticas. Por ello, la más elemental prudencia aconseja estar atentos para ver si, de una manera efectiva, desaparece la extorsión a los empresarios, el saqueo de los almacenes de explosivos, las acciones de lucha callejera o el acoso a los concejales electos de los partidos democráticos en los pueblos del País Vasco, además de los atentados.

 

ETA desvela también sus dos objetivos inmediatos: por una parte, el reconocimiento de la independencia del País Vasco -a lo que se alude cuando se señala que «los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro»-; y, por otra, el logro de la libertad de sus militantes encarcelados y del reconocimiento de las organizaciones de su entorno, principalmente de Batasuna -lo que se expresa en su «llamamiento a las autoridades... para que dejen a un lado la represión»-. Y para ello exige un papel de interlocución política con respecto al Gobierno, apelando a que «todos los agentes actúen con responsabilidad».

 

Tales objetivos son claramente inasumibles en una sociedad democrática como la española. El derecho a la independencia de cualquiera de las regiones de España por medio del ejercicio de la autodeterminación no se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento constitucional; y, por tanto, no puede ser objeto de ninguna negociación con ETA. Además, la democracia no puede admitir la interlocución política de una organización que no ha sido elegida por los ciudadanos y que no cuenta, por ello, con ninguna representación de la voluntad popular. Si ETA, o Batasuna como testaferro de ETA, se sentara a negociar esos asuntos con el Gobierno, nos encontraríamos ante una evidente disolución de los fundamentos de la democracia, ante un «estado de excepción» contrario al Estado de Derecho.

 

Tampoco cabe la excarcelación de los etarras presos o la relegalización de Batasuna. Ese partido ha sido excluido del sistema por alentar el empleo de la violencia con fines políticos, lo que se ha evidenciado como incompatible con el sostenimiento de la democracia. Y aquellos presos lo están por haber cometido delitos de extremada gravedad cuyas consecuencias han sido, en muchos casos, irreparables, pues irreparables son las vidas humanas que ha segado el terrorismo. Para atender este segundo objetivo de ETA no sólo habría que violentar el Estado de Derecho, sino que habría que establecer un verdadero «estado de injusticia», pues no otra cosa sería la frustración de la aspiración de justicia que reiteradamente hemos expresado las víctimas del terrorismo al exigir el cumplimiento de las penas a las que han sido condenados los terroristas.

 

¿Qué hacer, entonces, ante el comunicado de ETA? Me parece que los representantes políticos, y muy especialmente el Gobierno, deben actuar con una extremada prudencia, sin levantar expectativas desmesuradas y menos aún sin pretender recoger -como lamentablemente ya han hecho algunos dirigentes nacionalistas desde el País Vasco y Cataluña- los réditos políticos del terrorismo. Y, en ese ejercicio de prudencia, nunca deben perder de vista la orientación que, para vencer definitivamente al terrorismo nacionalista vasco, proporcionan las instituciones democráticas que se encarnan en el Derecho, y las aspiraciones de convivencia pacífica que sólo encuentran su realización en la Justicia.

 

Mikel Buesa es Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

 

 

Publicado en el diario ABC el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

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