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Victimas versus Pumpido

Por Narrador - 6 de Abril, 2006, 4:13, Categoría: General

 

Un llamamiento a la prudencia y a no ceder ante la 'trampa' de ETA        

 

 

Escepticismo, cautela y temor al fantasma del anterior alto el fuego frustrado son los sentimientos de quienes han sufrido la barbarie

 

BILBAO.- Escepticismo, cautela y el fantasma de un pasado similar que acabó frustrado. Son los sentimientos mayoritarios que ayer inundaban las mentes de quienes han sufrido, en primera persona, la barbarie de ETA nada más conocer el «alto el fuego permanente» decretado por la banda terrorista.

 

Sus voces, habitualmente cuestionadas por algunos partidos nacionalistas, expresaron ayer a este periódico el deseo de este colectivo por alcanzar una paz duradera y verdadera.

 

Su ruego común: que no se realice ninguna concesión política a la banda terrorista que tanto dolor ha causado a sus familias y al conjunto de la sociedad vasca y española.

 

Algunos, sin embargo, entienden que estas concesiones ya han empezado. Así lo ve la catedrática de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y concejala socialista en el ayuntamiento de Getxo, Gotzone Mora, quien sostiene que, en los próximos meses, se harán evidentes las cesiones realizadas por el Gobierno, precisamente, para lograr el anuncio de ayer.

 

En este mismo sentido, Consuelo Ordoñez, representante de Covite, exige que la declaración de «alto el fuego permanente» no condicione la actuación de la Justicia respecto al terrorismo y su entorno.

 

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz no duda en calificar este anuncio de alto el fuego como una nueva trampa de los terroristas. Natividad Rodríguez, por su parte, considera «insuficiente» el paso dado por ETA si no está acompañado, además, por hechos concretos que traigan verdadera libertad al País Vasco y a Navarra.

 

El hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA, Luis Portero, recuerda, por su parte, que no se dan las condiciones para iniciar un proceso de diálogo con los terroristas, de quienes espera una petición de perdón para con las víctimas.

 

F. J. ALCARAZ: «Se trata de una trampa y un chantaje»

 

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, calificó de «trampa y chantaje» el anuncio de ETA, ya que, según dijo, «se trata de un alto el fuego condicionado a que se cumpla su principal reivindicación, que es la independencia de la Comunidad Autónoma vasca». Alcaraz manifestó que aunque cualquier cese de la violencia tiene que ser acogido como una noticia positiva desde la asociación, lo que se espera es que «entreguen las armas y se pongan a disposición judicial» para cumplir de esta forma «las condenas por los delitos que han cometido».

 

GOTZONE MORA: «Esto no es lo que nos anunció el Gobierno»

 

La concejal por el PSE-EE en Getxo, Gotzone Mora, precisó ayer que el anuncio de ETA «no es lo que nos había anunciado el Gobierno».Mora consideró que nada tiene que ver el comunicado de ayer con «el cese definitivo de la violencia», que permitiría al Ejecutivo iniciar un diálogo con los terroristas, y advirtió a Zapatero de que se estará «echando en sus brazos» si lo hace. «Lo único que está claro es que ETA se constituye como vigilante de ese proceso que ella misma ha definido», apuntó. «En los próximos meses», dijo, «se aclararán las dudas» sobre qué «concensiones» ha hecho el Gobierno para lograr este alto el fuego.

 

N. RODRIGUEZ: «El anuncio debe corroborarse con hechos»

 

Natividad Rodríguez, viuda del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA, opinó que el anuncio es «un paso insuficiente» porque tienen que cesar también la extorsión y la kale borroka. Señaló que el comunicado es «un motivo de alegría y de esperanza y el primer paso que era necesario dar», pero que «tiene que estar corroborado por hechos». Tras pedir a los partidos unidad, agregó que espera que el Gobierno, «en su actitud de firmeza, compruebe efectivamente la voluntad de dejar las armas y, sobre todo, que no quite la protección ni deje de mantener la línea que ha tenido hasta que todo eso esté comprobado».

 

CONSUELO ORDOÑEZ: «Si hay un precio, lo pagaremos nosotros»

 

La portavoz de Covite en el País Vasco y miembro de la Fundación Gregorio Ordóñez, Consuelo Ordóñez, consideró «una buena noticia que los asesinos digan que no van a seguir matando», pero puntualizó que se abre una época de «grandes incertidumbres». Entre ellas, «la actitud del Gobierno, porque no sabemos si va a cumplir su palabra de que no habrá un precio político». «Si hay un precio político, ya sabemos quién lo va a pagar. Las víctimas, que ya hemos pagado con nuestra vida o la de nuestros familiares, seremos las que volvamos a pagar el coste del mal llamado proceso de paz», afirmó.

 

LUIS PORTERO: «No se dan las condiciones para empezar a hablar»

 

Luis Portero, que lleva el mismo nombres que su padre -el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA-, dijo que el alto el fuego «no es permanente, sino un alto en el camino hasta que haya un referéndum sobre la autodeterminación».Aseguró que «no es el abandono definitivo de la violencia terrorista que pide la resolución del Parlamento para empezar a hablar con esta gente». Por tanto, consideró que «no se dan las condiciones que reclama el propio Gobierno para empezar a hablar ni tampoco las que pedimos las víctimas». «Hemos reclamado siempre que primero se nos pida perdón».

 

 

Una información de Belen Ferreras y Marcos Iriarte publicada en el diario EL MUNDO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Pumpido pedirá a los jueces que «valoren la nueva situación»    

 

 

El CGPJ y las asociaciones profesionales aseguran, sin embargo, que el anuncio de la banda no afectará al trabajo del Poder Judicial           

 

MADRID.- El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, dijo ayer nada más conocer el alto el fuego anunciado por ETA que la Fiscalía pedirá a los jueces que «valoren lo que la nueva situación puede tener de incidencia, sobre todo cuando se trata de medidas de carácter cautelar, no de decisiones definitivas».

 

En declaraciones a la Cadena Ser, Conde-Pumpido no quiso concretar si la Fiscalía seguirá pidiendo la prisión incondicional de Arnaldo Otegi cuando comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska por la huelga convocada por la ilegalizada Batasuna el pasado día 9, en la que se perpetraron 108 actos de kale borroka (violencia callejera). Al día siguiente, Conde-Pumpido adelantó en declaraciones a la prensa que los fiscales instarán el encarcelamiento incondicional de Otegi por «reiteración delictiva».

 

Ayer, sin embargo, el fiscal general indicó que «esto merece una reflexión serena desde la perspectiva de las nuevas circunstancias en las que nos encontramos».

 

Señaló que «los vascos y todos los españoles llevan viviendo durante varias décadas con una amenaza pendiente y permanente y creo que en este momento se abre esa esperanza, y eso nos permitirá contemplar todos los temas con la nueva perspectiva que se abre, pero no vamos a anticipar ninguna actuación».

 

Fuentes oficiales de la Fiscalía General aseguraron en la tarde de ayer que «al día de hoy sigue siendo válido lo que el fiscal general anunció el día 10» en el sentido de que el Ministerio Público pedirá la prisión de Otegi.

 

Añadieron que «no se ha dado orden a los fiscales de la Audiencia Nacional para que se cambie ese criterio» y, por lo tanto, «se va a seguir pidiendo esa medida cautelar» contra el ex portavoz de Batasuna.

 

La Fiscalía valora, en cambio, la posibilidad de recurrir en apelación la prisión incondicional decretada por Grande-Marlaska contra Juan María Olano y Juan José Petrikorena, encarcelados el pasado día 16.

 

Tanto desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como desde las asociaciones judiciales se discrepó de que los jueces tengan que «valorar» la «incidencia» de la nueva situación.

 

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, manifestó a Europa Press que el comunicado de la banda no afectará a la actuación de los jueces en la instrucción de las causas abiertas contra el entorno etarra. «Los jueces aplicamos las leyes en vigor y no hacemos política», enfatizó.

 

También el portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, aseguró que «la Justicia seguirá actuando y la investigación de los delitos seguirá adelante» a pesar del anuncio de tregua.

 

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Juan Pedro Quintana, dijo que «mientras los políticos, como representantes del pueblo, no cambien las leyes, los jueces tendremos que seguir aplicándolas de la misma forma» para garantizar la «igualdad de todos ante la ley».

 

El anuncio del alto el fuego de ETA se produjo en plena reunión del CGPJ, cuyos vocales conocieron la novedad a través del servicio de mensajes de teléfonos móviles de elmundo.es. La noticia no alteró el debate del Pleno y sólo se registraron dos breves intervenciones -de Luis Aguiar, del sector minoritario, y del vocal portavoz, Enrique López- para coincidir en que no era procedente ninguna reacción oficial del órgano de gobierno de los jueces.

 

López aclaró a este periódico que el trabajo del Poder Judicial «no se verá afectado» por la posición de ETA ya que los jueces «están amparados por su independencia» y «sólo responden a la lógica del principio de legalidad». «Aplicarán la ley hoy igual que ayer e igual que mañana», precisó.

 

En el Tribunal Supremo apenas si hubo comentarios sobre el comunicado de ETA. Los magistrados celebraron sus vistas y deliberaciones con normalidad y con absoluta distancia de la actuación de la banda terrorista. «Nosotros tenemos nuestro propio discurso, que es el de la ley, sin papel pautado», dijo un miembro de la Sala Penal. «No puede ser de otra manera y malo sería que fuese de otra manera», agregó.

 

Donde la tregua de ETA sí causó revuelo fue en la Audiencia Nacional, cuyo presidente, Carlos Dívar, se enteró a media mañana precisamente a través del juez Grande-Marlaska, que subió a su despacho.

 

Fuentes de este Tribunal indicaron que el juez que interrogará a Otegi mañana (salvo que la comparecencia se retrase por la imposibilidad de valorar su estado de salud si no llegan todas las pruebas analíticas ordenadas el pasado viernes) tiene la voluntad de «hacer abstracción de lo que ETA anuncie o deje de anunciar» porque su deber es «aplicar la ley».

 

El presidente de la Sala Penal, Javier Gómez Bermúdez, aseguró en declaraciones a los periodistas que el calendario de la Audiencia seguirá su curso, por lo que no serán suspendidos ni el macro juicio del caso Ekin, ni el juicio contra Arnaldo Otegi señalado para el 10 de abril ni el resto de las vistas contra etarras.

 

 

 

Una información de Maria Peral publicada en el diario EL MUNDO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

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