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10 de Abril, 2006

Los editoriales

Por Narrador - 10 de Abril, 2006, 6:59, Categoría: General

 

¿Habrá tregua Zapatero-Rajoy? (EL PAÍS, Editorial)

 

Alude EL PAÍS en su editorial al comunicado suscrito por las asociaciones de víctimas del terrorismo en vísperas del trascendental encuentro entre Zapatero y Rajoy y dice que las víctimas consideran que el fin del terrorismo dependerá del "acierto" de la política del Gobierno y requerirá el acuerdo de los partidos firmantes del Pacto por las Libertades, PP y PSOE, para hacer frente "con unidad" a la nueva situación. También señala que "del conjunto de reacciones de grupos de víctimas, portavoces del PP y medios de comunicación afines parece deducirse que, más que rechazo a una salida dialogada en los términos de la resolución del Congreso, lo que había era desconfianza en que ETA fuera realmente capaz de anunciar un cese permanente de la violencia". La "situación ha cambiado y el PP se adapta a ella " Concluye diciendo que "este nuevo clima es el deseado por la mayoría de los españoles", según el sondeo que publica hoy este rotativo, en el que casi las tres cuartas partes de los consultados valoran la actitud del Gobierno tras el anuncio del alto el fuego, y dos de cada tres piensan que el PP debe colaborar con el Gobierno sin condiciones".

 

Las Líneas Rojas Que El Gobierno No Puede Traspasar (EL MUNDO, Editorial)

 

En base al resultado del sondeo que hoy publica EL MUNDO, dice este rotativo que "los ciudadanos piden que el Ejecutivo logre la rendición de los terroristas. El 68% es favorable a una negociación del Gobierno con la banda tras el anuncio del cese de sus atentados, pero también la inmensa mayoría considera que sólo se debe negociar cuestiones que afecten a la capacidad operativa de ETA, como la entrega de las armas o la vuelta de los exiliados, que es en definitiva la reinserción de los etarras que abandonen la violencia. En síntesis, "los ciudadanos quieren que la Policía siga persiguiendo a ETA como ahora, que los jueces no tengan en cuenta el alto el fuego al aplicar la ley a los acusados de terrorismo y que Otegi vaya a prisión". La encuesta también indica que "a pesar de los desmentidos oficiales, la mayoría - el 63%- cree que al alto el fuego se ha llegado mediante una negociación del Gobierno con ETA". Cree este periódico que "aunque pueda haber ocultado la verdad a los españoles, el Gobierno sólo recibirá el reproche correspondiente si los terroristas vuelven a las andadas, mientras que si el asunto se encauza, a nadie le importará que haya habido pacto previo a la declaración". Analiza después el papel de la oposición reflejado en el sondeo y dice que "el 72% considera necesario el apoyo de Rajoy a la negociación". Finaliza diciendo que "la mayoría de los votantes del PP coinciden en que el apoyo a la negociación del Gobierno con ETA debe condicionarse a que no se traspasen las líneas rojas tan claramente fijadas".

 

Esperanza, prudencia y firmeza (LA RAZÓN, Editorial)

 

"La sociedad española ha recibido el alto el fuego permanente de ETA como una gran oportunidad con grandes interrogantes. El comunicado de los terroristas puede ser, efectivamente, el principio del fin y así lo han interpretado las asociaciones de víctimas. Para una significativa mayoría de los ciudadanos, las movilizaciones sociales contra el terrorismo habrían contribuido a este posible fin de ETA en mayor proporción incluso que el rigor policial". "El sondeo revela también que la oleada de esperanza social no es incompatible con un sentido de la prudencia absoluta".

 

Ibarretxe toca fondo (ABC, Editorial)

 

"El aplazamiento hasta después del verano de la mesa multipartidaria propuesta por el lehendakari es una prueba de su declive político. Y el PNV habrá tomado buena nota". "Lo lógico es que la amortización y descrédito del lehendakari provoque una transferencia de protagonismo al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuya elección, en sucesión a Xabier Arzalluz, tenía un sentido táctico que ahora cobra valor". "El lehandakari ha tocado fondo lastrado por su propio plan soberanista, que serán otros los que ahora se encarguen de ponerlo sobre las mesas que discutirán iniciativas y proyectos teóricamente excluidos por el compromiso de no pagar precio alguno por la paz".

 

Tiempo de esperanza (LA VANGUARDIA, Editorial)

 

"Hay un tiempo para cada cosa", dice LA VANGUARDIA y "el camino hacia el fin de la violencia en el País Vasco tendrá sus tempos. Ahora, como reclamaron ayer varias asociaciones de víctimas, es el tiempo de rehacer el consenso y la unidad, con el concurso del primer partido de la oposición, del conjunto de las fuerzas políticas y del lehendakari Ibarretxe, al que Rodríguez Zapatero ha invitado precisamente a respetar "los tiempos". Todos deberían respetarlos. Pero asumir también que, de igual manera que el terrorismo etarra unió en el dolor de las víctimas y sus familias a las instituciones democráticas y a toda la sociedad, con mayor motivo el tiempo de esperanza que se abre puede ser un factor añadido de unidad".

 

Reglas para negociar (EL PERIÓDICO, Editorial)

 

Reconoce EL PERIÓDICO que "ninguna negociación merecedora de tal nombre llega ni tan siquiera a iniciarse sin un largo, laborioso y discreto proceso previo de encuentros y desencuentros" y destaca que "se supieron hacer". José Luis Rodríguez Zapatero "no se lanzaba al vacío cuando expresó hace unas semanas la clara esperanza de que estaba en ciernes una negociación". El presidente, además de esta certeza "tenía y tiene otra baza esencial en la mano: ha asumido los principios o reglas que deben regir una negociación como la que se avecina". "Creemos que en Rodríguez Zapatero hay una recta intención y coraje, así como la capacidad ya demostrada de saber hacer política. Sólo falta una pizca de suerte. Euskadi y España se la merecen".

 

La voz de las víctimas (EL CORREO, Editorial)

 

"Las víctimas son la memoria, el testimonio vivo de la violencia asesina, los testigos de un envilecimiento que ya dura demasiados años. Y como tales constituyen un legado moral sin el cual sería difícil que la sociedad, llegado el momento pueda evaluar en que condiciones y de que naturaleza es la paz a la que accederemos".

 

Pedro Jota y Pradera

Por Narrador - 10 de Abril, 2006, 6:55, Categoría: General

Para el director de EL MUNDO: "Zapatero tiene un voto de confianza para conseguir que el "alto el fuego" se transforme en la renuncia definitiva a la violencia". "Si el presidente traspasa los límites y da oxígeno a ETA la oposición estará cargada de razones para hacerle pagar todas juntas". Pradera en cambio prefiere ver como "El comunicado de ETA abre una ventana de oportunidad para un final dialogado de la violencia en el marco de la resolución aprobada en mayo de 2005 por el Congreso de los Diputados". Evidentemente de la estrella ideológica de EL PAIS no nos creemos nada de nada.

 

“Boina de España” por Pedro J. Ramirez

 

 

Por algo advertí yo en diciembre del 99, cuando rompieron la última tregua, que me daban mucho más miedo sus boinas que sus pistolas. «Podrán hacernos sufrir -perdón por la autocita-, pero no deben conseguir que nos los tomemos en serio».

 

Vaya que si nos hicieron sufrir, matando a otras 46 personas en tres años y medio, pero cuando se avecinaban las elecciones de 2004 una ETA maniatada por la eficacia policial, el aislamiento político, el cerco diplomático y el acoso social no podía hacer ya otra cosa sino batirse en retirada hacia el basurero de la Historia. Su cotización, crédito y expectativas estaban tocando fondo, cuando pasó lo que pasó. Según su propio análisis, fueron las «acciones armadas del 11 de marzo» las que sumieron «a la mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación españoles» en una «crisis abierta» y nos colocaron ante la «necesidad de reconocer los derechos colectivos de dos naciones: Euskal Herria y Catalunya».

 

Cuando en noviembre de 2005 envió esta interpretación a las embajadas europeas, ETA estaba ya otra vez de moda. La varita mágica del audaz aprendiz de brujo había trasformado la putrefacta calabaza en recauchutada carroza. Ya no trasportaba a una banda de asesinos apestados sino a unos más que potenciales interlocutores del Estado. A diferencia de lo que ocurrió en el 98, cuando Aznar tuvo que improvisar ante el pacto secreto entre ETA y el PNV, cuanto hemos vivido desde el miércoles forma la crónica de una tregua manidamente anunciada. Y debo reconocer que yo estaba preparado para todo, menos para lo de las boinas.

 

Había leído meticulosamente el comunicado por la mañana y había escudriñado en la redacción la foto que al día siguiente ocuparía la portada de los principales periódicos del mundo. Llevaba ya la herida en el alma, pero no fue hasta por la noche, en el momento en que se hizo el silencio en el plató de 59 segundos para escuchar y contemplar durante dos o tres interminables minutos a la etarra encapuchada, cuando me di cuenta del disparate que suponía que millones de españoles estuviéramos aguantando, a mitad de camino entre la curiosidad y el masoquismo, que la portavoz de una recua de miserables criminales osara darnos lecciones de democracia, sin que ni siquiera el esperpento de la boina encima de la máscara la devolviera a su verdadera condición de patético fantoche.¡Ah, la fascinante banalidad del mal!

 

Era, de nuevo, la albarda sobre albarda de los encapuchados-emboinados.La estúpida redundancia de quien necesita cubrirse dos veces: la primera contra el chirimiri, la segunda contra la tolerancia. La grotesca pesadilla de unos villanos de cómic de la factoría Marvel, elevando una prenda de vestir que para todos simboliza la antigualla a la categoría semiológica de compendio y representación del llamado conflicto vasco.

 

Desde que Tejero tuvo a bien asaltar el Congreso, con sus bigotes y tricornio en perfecto estado de revista, no habíamos ofrecido nada tan typical spanish a la comunidad internacional. Sólo podrían superarlo los jornaleros de Marinaleda si la próxima vez que decidan protestar contra la duquesa de Alba se embozan en una capa de buen paño y se cubren con una montera de torero. ¿Quién dijo que la España de los Botejara murió con el siglo? ¿Quién habló de que ya no quedan Puerto Hurracos? Seguro que en algún lugar de Euskadi Sur, el aitá y la amatxo de la emboinada-encapuchada avisaron a parientes y vecinos: mirad, mirad qué bien está leyendo nuestra Ainhoa

 

No sé si habré logrado extraer de ustedes alguna mueca parecida a la sonrisa, pero que al menos Rubalcaba -alegren esa cara, señores del PP; a ver, usted, señor Acebes, que no se le nota suficientemente contento - y los botafumeiros televisivos del Gobierno me reconozcan la buena voluntad del reír por no llorar.

 

Fíjense hasta dónde llegará la broma que yo tenía pensado pedir hoy al jefe de la oposición que presentara una moción de censura contra el presidente del Gobierno y voy a terminar prestando mi apoyo a la metafórica cuestión de confianza con la que él nos ha tomado la delantera.

 

Y hago bien diciendo «broma» porque esa misma es la palabra que, para estupor del hombre recto y el jurista riguroso que conviven en la persona de Jorge de Esteban, empleó el conseller de Gobernació de la Generalitat, Joan Carretero, al caracterizar la histórica labor seudoconstituyente del Parlament de Catalunya, ahora refrendada -aunque también reformada- por la Comisión Constitucional del Congreso: «El Estatut se aprobó aquí porque los dos partidos mayoritarios sabían que ya lo afeitarían después en Madrid. Todo el mundo votó, no con alegría, pero sabiendo que esto iba en broma».

 

Amigo, ahora ya se entiende el gorigori. ¡«Iba en broma»! El Estatuto que salió de Barcelona era la suma de 20 guasas, 14 chuflas y otras tantas chungas, mofas y macanas. De ahí el enorme mérito de Zapatero, Solbes, Sevilla y Guerra, que no han logrado dejarlo limpio como una patena, pero sí reducir los motivos de hilaridad al chiste de la definición como «nación» en el Preámbulo, el timo de hacer decir a la Constitución lo que no dice, la pamema del himno «nacional», el cachondeo de la fiesta «nacional», la chacota de la bandera «nacional», el camelo de unos derechos distintos a los de los demás ciudadanos, la inocentada del deber «impropio» de conocer el catalán, la picardía de la fragmentación de la Justicia, la cuchufleta del blindaje de competencias, la chirigota de la bilateralidad, el pitorreo de la solidaridad con tope o la coña marinera de los siete años de inversiones garantizadas. ¡Ay qué risa!, don Alfredo.

 

Por lo menos el consejero Carretero -o el carretero Consejero- ha dicho la verdad. La clase política catalana lleva dos años compitiendo en maximalismo y radicalidad ante la pastueña indiferencia de la mayoría de los ciudadanos y la inverosímil complacencia del inquilino de La Moncloa. Por pedir la luna que no quede.Y si alguien está dispuesto a darte la mitad de la mitad a ver, ¿dónde hay que firmar? De hecho al día de hoy los nacionalistas están que no se lo creen y por eso los hay como Carod que estiran la impostura hasta el final, no vaya a ser que sobre el cesto ya repleto todavía caiga alguna nuez adicional.

 

El resultado de promediar la «broma» con el interés general y la Constitución ha sido, pues, un engendro jurídico, un disparate político y una catástrofe legal. El Estatuto aprobado el martes para su remisión al Pleno es el peor texto legislativo alumbrado por las Cortes en los últimos 30 años y lleva camino de convertirse en la norma más nefasta que entre en vigor en España desde el inicio de la democracia.

 

De ahí que el PP tenga la obligación histórica de apurar todos los recursos legales para impedirlo o por lo menos para poner en evidencia ante los españoles la trascendencia y gravedad de lo que está en juego. El pulso de los días está demostrando cuán fundado era mi escepticismo sobre esa recogida de firmas solicitando un imposible referéndum en todo el territorio nacional. Sólo ha servido, y de forma tibia y espasmódica, para movilizar a los ya movilizados. Tres millones de nombres, uno detrás de otro, son muy respetables, pero no es fácil de entender este aferrarse a la Constitución por vericuetos dudosamente constitucionales.

 

Existe, sin embargo, una figura perfectamente arraigada en nuestro ordenamiento y tradición parlamentaria cuya utilización estaría hoy mucho más justificada que cuando en su día recurrieron a ella Felipe González y Hernández Mancha. Me refiero, como anticipaba antes, a la moción de censura que implica intentar sustituir al presidente del Gobierno por un candidato alternativo. Ya que Rajoy no podrá devolver al corral el toro resabiado y cojitranco del Estatuto, por lo menos que lo intente con el ganadero.

 

Es cierto que los mismos números que le faltarían para lo uno, le faltarían también para lo otro. Pero nadie podría reprocharle el no haberlo intentado y sobre todo el no haber subrayado la dimensión de la calamidad dosificada que pausadamente se avecina. Presentar una moción de censura que girara de forma monográfica sobre el Estatuto y todas sus cuestiones adyacentes tendría además la ventaja práctica de que por una vez, y a diferencia de lo que volverá a ocurrir en el Pleno del próximo jueves, Rajoy tendría la oportunidad de responder en pie de igualdad a cada uno de sus 10 o 12 antagonistas concurrentes.

 

Es sobre este escenario y no sobre ningún otro donde se ha interpretado el miércoles el aria de la emboinada-encapuchada. Que me pidan serenidad, que me pidan ecuanimidad, que me pidan generosidad, pero que no me pidan que ignore ese contexto en el que la significativa concatenación temporal es lo de menos y la coincidencia en las exigencias concernientes a la soberanía, lo de más. Y que no vuelvan a decir lo del «delirio» porque ahora menos que nunca debemos tener por qué plantearnos si los interlocutores que así nos interpelan son ciegos, malvados o mentecatos.

 

No es, pues, desde el autoengaño, ni desde el llamarse andana, menos aún desde la complacencia en el opiáceo del atolondrado ternurismo falsamente pacifista, desde donde paso a pedir y a otorgar, a pesar de todos estos pesares, un voto de confianza provisional, tasado y vigilante para que el presidente del Gobierno intente conseguir que el «alto el fuego permanente» de ETA se transforme en su renuncia definitiva a la violencia. No porque nos lo pida o deje de pedir ninguna alta autoridad, eminencia o magistratura, sino porque me lo pide mi apego a las reglas del juego democrático.

 

Es en situaciones tan especialmente confusas como ésta cuando me siento más legitimista aún que liberal. O precisamente cuando mis convicciones liberales me arrastran, como lo haría el más fuerte de los vientos, a bogar en apoyo de lo que el Estado de Derecho hace legítimo. Que el futuro Enrique IV fuera un hugonote y que su reinado en el Bearn -entre su esposa Margot y su amante Corisanda- compendiara ya buena parte de los vicios de la época era secundario para el católico y autoexigente Montaigne, comparado con la circunstancia de que, extinguida la línea de los Valois, el navarro fuera el descendiente de San Luis más próximo a los derechos dinásticos.

 

¿Cómo podría alguien invocar a todas horas el patriotismo constitucional como fiel de su balanza y hacer oídos sordos al llamamiento excepcional de aquel a quien las urnas han otorgado la responsabilidad de defendernos y representarnos a todos, por muy embarrado que estuviera el campo el día que se disputó el partido o por muy deficientes que hasta la fecha nos puedan parecer sus prestaciones?

 

Incluso el gobernante que menos haya hecho por enaltecer a la Nación tiene derecho a convocarnos en su nombre a la unidad, en torno a una circunstancia crítica, siempre que haya llegado al poder por medios democráticos. Suyo es el privilegio de elegir el momento y de plantear los términos sobre los que solicita el beneficio de la duda. Se lo concedimos a González ante las negociaciones de Argel, se lo concedimos a Aznar ante las en seguida abortadas negociaciones de Suiza y se lo vamos a conceder a Zapatero.

 

Las circunstancias son muy distintas y por eso hemos advertido con toda franqueza que vemos el proceso que ahora se inicia con más preocupación que esperanza. Pero ¿y si los equivocados fuéramos nosotros? El presidente del Gobierno se ha comprometido solemnemente a no pagar un precio político, es decir, a no realizar ninguna cesión de soberanía ni alterar el marco legal vigente a cambio de la entrega de las armas. Mi pronóstico es que entonces no logrará su propósito. Pero ¿y si el errado fuera yo y estuviera él en lo cierto cuando alega que, en su propia debilidad, ETA ya sólo busca coartadas para bajar el telón y apariencias con las que salvar la cara?

 

Vuelvo a Montaigne para subrayar que «no quiero quitarle al engaño su mérito porque sería no entender el mundo; sé que a menudo ha servido provechosamente y que sostiene y alimenta la mayoría de las ocupaciones de los hombres». Adelante, pues, señor presidente -ha demostrado que arrojo no le falta-, siempre y cuando los engañados no seamos nosotros.

 

¿Y la moción de censura? Pues que quede suspendida de un hilo tan delgado como el cabello que sujetaba la espada que Dionisio de Siracusa mandó colgar sobre el adulador Damocles cuando le cedió su puesto y quiso hacerle probar los riesgos permanentes del ejercicio del poder. Si Zapatero traspasa los límites de su promesa o en su irreflexiva internacionalización del conflicto da oxígeno a una ETA revigorizada que vuelva a las andadas, la oposición estará cargada de razones para exigir elecciones o hacérselas pagar todas juntas ante el Parlamento y la opinión pública.

 

No se trata tan sólo de que los terroristas no pueden salirse con la suya. Hay que regresar al contexto y a la funda mental de quienes reclaman un derecho a decidir al margen del resto de los españoles, es decir a la boina, para entender lo que está en juego.

 

Pintorescos o violentos, apoyados en el RH o en la lengua, los nacionalismos son la boina de España y no sólo porque la Galeusca de su frente de rechazo cubra gran parte de la azotea peninsular. Ni siquiera hace falta recorrer el trayecto que va del «negro que hable euskera» al concurso para elegir a Miss y Míster Nació Catalana para ponerlo en claro. A más boina, menos libertad individual. A más boina, menos protección constitucional. A más boina, menos España en suma.

 

Podrá parecer paradójico pero nunca había avanzado tanto la boina entre nosotros como durante los dos años en que nos ha gobernado este icono de la modernidad que hace suya la receta de Richard Florida sobre la prosperidad urbana y suspira por ver germinar las bodas gays, los gabinetes de tatuajes y los conjuntos de heavy metal. Como se demostró también durante la crisis de las caricaturas, no hay terreno más abonado para el fanatismo de los proyectos totalizadores que aquel en el que imperan el pensamiento débil y la ética indolora.

 

No es un rasgo de humor negro, pero si antes alteraba el riego sanguíneo de gran parte del cráneo nacional, ahora la boina nos martiriza menos, pero ya nos llega por debajo de las cejas y nos tapa implacable la mitad de los oídos. La culpa no es sólo de Zapatero. Si se hubieran aprovechado oportunidades bien recientes para que el escaño de cada diputado dependiera más de los electores que de la cúpula del partido, para que la carrera profesional de los jueces no estuviera condicionada por los políticos o para que los medios audiovisuales reflejaran el pluralismo real de la sociedad y no sólo el de las familias del actual régimen, otro gallo nos cantaría ahora. En el fondo es el colapso de la agenda regeneracionista que debía haber fortalecido el Estado liberal lo que ha abierto caminos y espacios por los que ahora progresan estos aldeanismos carpetovetónicos.

 

Habrá que volver a hablar de todo esto cuando se acerquen las próximas elecciones, pero entre tanto es esencial no seguir perdiendo ni visión ni capacidad auditiva. Como demuestra nuestra encuesta, la inmensa mayoría de los españoles respalda el proceso que afronta ahora Zapatero, pero casi todos ellos tienen muy claros cuáles deben ser sus límites. Unos ponen el énfasis de lo intolerable en la autodeterminación, otros en la anexión de esa Navarra con cuya identidad toca ahora comprometerse más que nunca y otros en la excarcelación de presos con delitos de sangre. Para mí no hay duda de cuál es el compendio de todo ello. ¿Paz por boina? No en mi nombre.

 

 

Publicado en el diario EL MUNDO el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“Esperanzas y temores” por Javier Pradera

 

 

El 'alto el fuego permanente' declarado esta semana por ETA respondió de manera eficaz a las expectativas mediáticas despertadas por el presidente del Gobierno el pasado 10 de febrero cuando declaró su convicción de que el principio del fin de la violencia se hallaba próximo. Las hipótesis -de signo diferente y a veces contrapuesto- sobre los verdaderos propósitos perseguidos con su espectacular anuncio por la banda terrorista reflejan demasiadas veces las posiciones ideológicas y políticas que sesgan sus conjeturas; sin embargo, el valor de las explicaciones depende en cada caso exclusivamente del respaldo empírico y la calidad argumental que las fundamentan. La experiencia de las falsas treguas de ETA con fines tácticos (ganar tiempo, montar infraestructuras o conseguir armas) está siendo manipulada de forma acrítica por algunos dirigentes populares para presentar ante la opinión como dato incontrovertible la provisionalidad del alto el fuego; se diría que el PP no perdona a la banda haber ridiculizado en un comunicado al Gobierno de Aznar como víctima de la tregua-trampa de 1998, expresión utilizada por el ministro del Interior antes de que su presidente le desautorizara en toda regla y enviara una delegación oficial a entrevistarse con "la dirección del MLNV" en Suiza.

 

La fiabilidad del alto el fuego dependerá en gran medida de que abarque -la incógnita se despejará muy pronto- el cobro del llamado impuesto revolucionario y la kale borroka. La experiencia de las rupturas internas provocadas dentro de las organizaciones terroristas por los grupos hostiles a la decisión mayoritaria de abandonar las armas -el atentado de Omagh, en Irlanda, sirve de trágica prueba- obliga a la cautela: aun siendo improbable, no cabe descartar una escisión del nacionalismo radical a fin de boicotear un final dialogado de la violencia. En cualquier caso, los sentimientos de alivio y las voces de esperanza que suscitó la noticia del alto el fuego -aireada y comentada por los medios de comunicación con rango de "acontecimiento histórico"- predominaron sobre los recelos y los temores de algunos dirigentes políticos: la rigidez de los enfoques y las inercias mentales de los partidos suelen terminar por distanciarles de sus votantes.

 

Abstracción hecha de los datos verificados y de los argumentos razonables, las motivaciones para desconfiar del alto el fuego de ETA hunden también sus raíces en pasiones inconfesables. El sector de políticos y periodistas más identificado con el ala dura del PP ha emprendido una feroz ofensiva para impedir el final dialogado de la violencia -bajo control parlamentario, según la resolución del Congreso de 17 de mayo de 2005- mientras Zapatero sea presidente del Gobierno, por temor a que los avances a lo largo de ese difícil camino pudieran redundar electoralmente en favor de los socialistas: la degradación moral causada por esas ambiciones y vanidades insatisfechas ofrece perfiles obscenos. Sin embargo, el buen tono del diálogo mantenido durante la sesión de control parlamentario del miércoles entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición parece abrir una ventana de oportunidad para que el terrorismo vuelva a ser un asunto de Estado por encima de las pugnas electorales: si las dos grandes formaciones de ámbito estatal no lograran ponerse de acuerdo en el Parlamento, el final dialogado de la violencia sería una meta difícilmente alcanzable.

 

El alto el fuego de ETA abre una secuencia de comportamientos imposibles de profetizar a causa de su complejidad: si la historia del futuro nunca está escrita, ¿cómo adivinar los propósitos de actores que además son miembros de organizaciones cuyos mecanismos de toma de decisiones nos resultan desconocidos? Pero aunque la predicción fracase, siempre hay un lugar para el compromiso político y la apuesta moral. Tan improcedente sería considerar derrotistas a quienes se toman en serio los llamamientos a la prudencia del propio Zapatero como aceptar que otros negasen al presidente del Gobierno el derecho a recorrer el camino incierto del final dialogado de la violencia sólo por una cainita envidia a su eventual éxito en la tarea.

 

 

Publicado en el diario EL PAIS el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Dos opiniones más

Por Narrador - 10 de Abril, 2006, 6:46, Categoría: General

Cacho plantea un interesante interrogante: "¿Es ETA la que, muy debilitada, pide la paz, o es la extrema debilidad del régimen constitucional quien la ofrece?".

 

“Hacia la voladura medida del régimen de la transición” por Jesús Cacho

 

 

Los protagonistas y beneficiarios de la Transición, la derecha, el PSOE y los nacionalismos catalán y vasco, con el propio Rey en la cúspide del sistema, son responsables de haber dado portazo a los cambios que nuestra pobre democracia reclamaba a gritos. Asistimos ahora a un cambio de régimen, camino de una supuesta España confederal, cuyos perfiles nadie acierta a concretar.        

 

Dicen que la Historia la escriben personajes oscuros, ocultos tras las cortinas de raso que sirven de decorado a los grandes salones por donde transitan los teóricos Príncipes del momento. Y dicen que Jesús Eguiguren Imaz, presidente del PSE y hombre escasamente conocido fuera del País Vasco, ha sido pieza clave en las negociaciones entre el Gobierno y la izquierda abertzale que el pasado miércoles desembocaron en el anuncio etarra de un «alto el fuego permanente». Fue él quien convenció a Rodríguez Zapatero de que había que intentar un acercamiento a la organización terrorista y su entorno. Y fue él también quien durante meses se sentó frente a Arnaldo Otegi, Díez Usabiaga y Pernando Barrena para convencerles de que debían intentar subirse al último tren cuya locomotora conduce un hombre resuelto a escribir el epitafio al Régimen de Monarquía parlamentaria que dentro de unos meses cumplirá 30 años desde la muerte de Franco.

 

De modo que sí ha habido negociaciones, que se han sucedido en diversos escenarios durante el último año y medio, y está en la lógica de los hechos suponer que la banda no ha dado el paso de anunciar ese alto el fuego sin antes haber recibido algún tipo de garantías de que sus demandas políticas serán atendidas. ¿Hasta dónde llegan esas garantías? ¿Qué compromisos ha asumido Zapatero al respecto? Es uno de los interrogantes del proceso, pero no el único. El adiós a las armas, siquiera momentáneo, del grupo terrorista es objetivamente una buena noticia para cualquier sociedad, y sería magnífica para la española si se hubiera producido como consecuencia de la derrota de los etarras a manos de la Seguridad del Estado. Resultan escandalosas, en este contexto, las desmedidas muestras de euforia protagonizadas por algunos, en particular por el grupo de comunicación que apadrina el desmantelamiento del Régimen. ¿Es ETA la que, muy debilitada, pide la paz, o es la extrema debilidad del Régimen Constitucional -con la Justicia de humilde fregona, el Rey urgiendo desmentidos, los grandes partidos pendientes del rédito electoral del envite, y los nacionalistas frotándose las manos- quien se la ofrece en bandeja?

 

Pocas dudas caben ya de que nos encontramos ante uno de los eslabones finales del proceso de desmantelamiento del Régimen Constitucional vigente, víctima de la incuria de la derecha y del partido socialista, convertidos, con los nacionalismos catalán y vasco, en los grandes hacedores y garantes de la Monarquía restaurada a la muerte de Franco y la Constitución del 78. Pero mientras en Madrid los dos grandes partidos se amoldaban complacientes al reparto de papeles (no sin antes asegurarse el control de la Justicia y de los medios de comunicación) y miraban hacia otro lado, los nacionalistas se dedicaban con ahínco a conspirar contra la Constitución de la que traen causa y a fortalecer su base social y política en sus respectivos territorios, con desprecio a los valores del Estado como factor de unidad nacional e igualdad social.

 

El problema es que para que los grandes protagonistas de la Transición hayan podido dedicarse a lo suyo -a hacer negocios, unos, y a fortalecer su base clientelar, otros-, ha sido necesario dar portazo a los cambios que nuestra democracia reclama a gritos. Como síntoma, sirva el espectáculo que estos días protagoniza el Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, y su intento de declarar en tregua al Estado de Derecho. De modo que a estas alturas parece evidente que los procesos catalán y vasco, cuyo guión se escribe estos días, no son sino el precio a pagar por haber renunciado a mejorar la calidad de una democracia enferma. La renuncia interesada de una clase política ideológica y económicamente corrompida a abordar los cambios necesarios para hacer posible esa democracia plena, ha desembocado en un modelo caracterizado por una gigantesca tela de araña de intereses, fundamentalmente políticos y económicos, cuyo santo y seña es esa clase política profesionalizada, renuente a cualquier cambio de modelo.

 

La Constitución, perfectamente blindada, y las leyes electorales, han venido garantizando, en ordenada alternancia, el disfrute del Poder por los dos grandes partidos, a menudo con apoyo nacionalista, convirtiendo a los ciudadanos en testigos mudos de una construcción jurídico-política que ha dejado su iniciativa reducida a depositar el voto en la urna cada cuatro años. Ni unos ni otros se han ocupado en estos años de hacer posible una estructura del poder territorial capaz de establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, delimitando y cerrando su marco competencial sobre la idea base del reforzamiento de los poderes del Estado como garante de la libertad y la igualdad entre los españoles.

 

La crisis del Sistema era ya evidente en los estertores del felipismo. La bonanza económica de los años de Aznar no hizo sino prolongar la agonía y engordar el resentimiento que en las periferias produjo el arrogante estilo del personaje. El baile complaciente hubiera continuado con Rajoy en Moncloa de no haber sido por la llegada a la Presidencia del Gobierno, después de la tragedia del 11-M nunca convincentemente explicada, de un Presidente dispuesto a encabezar el batallón de derribos del Sistema y a embarcar a los españoles en un cambio de Régimen susceptible de otorgar a los nacionalistas el pleno control de sus territorios previa renuncia del Estado a sus competencias, de forma que por fin puedan dedicarse en Barcelona y Bilbao a lo que la clase dirigente madrileña, con el Rey a la cabeza, ha venido dedicándose en Madrid durante décadas: a hacer negocios a la sombra de un Poder casi ilimitado.

 

Queda por determinar el papel del Monarca en este cambio de Régimen. El grupo mediático del señor Polanco parece dispuesto a implicarle hasta el corvejón en el proceso que pilota un Zapatero que este fin de semana vive uno de los momentos más dulces de su carrera como Presidente. Fuentes conocedoras del entorno regio aseguran que los acontecimientos se aceptan allí con la melancolía de lo inevitable. El Rey no será un problema. Nadie ofrecerá resistencia a un cambio que se adivina no traumático. Si unas Cortes le ovacionaron por heredar a Franco, otras volverán a hacerlo décadas después por el sacrificio de hacer posible la España plural fundida en ese Estado Confederal cuyos perfiles nadie conoce.

 

Porque ése es uno de los elementos novedosos de este final de Régimen: caminamos por una senda tan nueva como desconocida, al final de la cual no se adivina proyecto sólido alguno. Nadie sabe realmente en qué puerto atracará esta vieja balsa de piedra que los romanos llamaron Hispania. Sin tutelas exteriores que valgan, España, o lo que quede de ella, se va a ir cociendo en su propia salsa, en un proceso ya imposible de parar, que va ganando velocidad de crucero impelido por sus propias inercias y con el viento a favor del ciclo económico.

 

Si las Cortes franquistas votaron en su día un proyecto de Reforma que claramente detestaban y cuyos efectos sabían letales para sus intereses, otras Cortes, supuestamente democráticas, volverán a dar vía libre a un proyecto político que tampoco les gusta, aceptando unos reinos de Taifas que reducirán de forma drástica el papel de España en la esfera internacional, y cuyos efectos sospechan podrían resultar demoledores para las libertades individuales y la prosperidad de los españoles, en particular de las regiones más pobres. Las revoluciones nunca se paran a pensar si el camino elegido conduce a la felicidad o a la tragedia colectiva, y es la propia Historia la que tiempo después se encarga de constatarlo.

 

De momento, millones de españoles se sienten serenamente felices con el anuncio de alto el fuego etarra. La España anestesiada necesita saber que el futuro no es una pared pintada de negro, y que hay ventanas abiertas a una esperanza que a menudo se reduce a seguir pagando la hipoteca o a salir de vacaciones en Semana Santa. Pidamos a los Dioses que el PP, todavía maniatado por la derrota del 14-M, se implique a fondo en el viaje a la Itaca socialista, como una forma de reducir los riesgos del proceso. Aunque sólo sea porque cuatro ojos ven más que dos.

 

 

Publicado en el diario EL MUNDO el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“La agenda de ETA” por José Alejandro Vara

 

 

De El Prat a la tregua. Drástico vuelco en el discurso político/informativo en tan solo veinticuatro horas. Ni «plan Maragall» ni «plan Ibarretxe». El único plan perfectamente estudiado, diseñado, trazado y elaborado es el «plan Zapatero». Una estrategia propia de un visionario o de un pragmático. De momento, funciona. Política cortoplacista pero eficaz. No hay futuro, sólo el mañana existe. «Nunca» quiere decir «ya veremos». El único reloj que marcha es el que señala las citas con las urnas.

 

Zapatero prácticamente ha logrado superar el escollo del Estatut, a trancas y barrancas, a empujones. Un Estatut sospechosamente inconstitucional, intervencionista, arcaico, reaccionario, dirigista y demodé. Un Estatut que tendrán que calzarse cada mañana, como una bota de hierro, las futuras generaciones catalanas. Un artefacto legislativo elaborado a martillazos, armado con parches, ensamblado con esparadrapo. Pero ahí está, a un tiro de piedra de su aprobación en referéndum. Cataluña hablará a España «de tú a tú» y España no podrá decir ni mu. Y los catalanes, tampoco. Sin permiso de la Generalitat, naturalmente.

 

Y ahora, vamos a por la tregua. ETA, acorralada y enferma en los últimos compases del mandato de Aznar, socialmente detestada tras el crimen de Miguel Ángel Blanco, metodológicamente diezmada tras el 11-M y el 11-S, ha recobrado todo su protagonismo y ha vuelto a marcar la agenda política de nuestro país. De ser una pandilla de paranoicos, gángsters de la patria, mafiosos del nacionalismo, han conseguido convertirse, a través del comunicado, en el elemento que controla la manija política de este país. Una buena noticia, desde luego. Un capítulo para la esperanza, como recoge hoy nuestra encuesta. Una nueva oportunidad para que Rodríguez Zapatero (sólido en su comparecencia en el Congreso en la mañana del 22 de marzo) reasuma su función de presidente de todos los españoles y deje de tratar al primer partido de la oposición como a una escupidera. La gran oportunidad para la paz no puede salir del incierto comunicado de unos asesinos, sino del encuentro de La Moncloa. Ayer, las víctimas se pusieron de acuerdo para alentar la esperanza. Ya sabemos ahora, sí, que se negoció durante meses en secreto mientras se acusaba de traidores o desestabilizadores a cuantos lo sospechábamos o lo escribíamos. Pero ya es pasado. Acabar con ETA no es tan lineal como aprobar el Estatut. El PSOE necesita decididamente al PP. Para, pertrechados de las armas del Estado de Derecho, mandar a los criminales al rincón que les tiene deparado la historia de la infamia.

 

 

Publicado en el diario LA RAZON el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Encuestas y más encuestas sobre la 'tregua'

Por Narrador - 10 de Abril, 2006, 6:44, Categoría: General

Comparen las encuestas de EL MUNDO y LA RAZON con la de EL PAIS y muy especialmente con la interpretación que hace, o presenta, de la misma. Más ‘engaño masivo’ al servicio de la política de apaciguamiento del ‘Presidente Accidental’

 

La mayoría de españoles quiere que el Gobierno sólo negocie la rendición de ETA     

 

        

Una gran mayoría (68%) aprueba que el Gobierno negocie con la banda, pero sólo sobre la entrega de las armas (75%) y la vuelta de los exiliados (55%). Rechazo rotundo a que se trate de la autodeterminación (63%), de Navarra (62%) o incluso de la legalización de Batasuna (55%) y del régimen de los presos (52%). Los españoles se oponen a que los etarras condenados abandonen las cárceles incluso aunque la banda entregue las armas. El 58% quiere que el juez Marlaska encarcele a Otegi. Los españoles resaltan que antes de negociar, el presidente del Gobierno debe contar con el líder de la oposición

 

MADRID.- Los españoles no se niegan a la esperanza, pero desconfían profundamente de las auténticas intenciones de los terroristas. En el sondeo de Sigma Dos-EL MUNDO se detecta un hondo recelo de los ciudadanos y una clara memoria de todos los engaños padecidos, que se contraponen en esta ocasión con un tímido optimismo que les dice que quizá esta vez sea la ocasión definitiva para la paz. Por esa razón, la mayoría de los ciudadanos se declaran dispuestos (68,4%) a que el Gobierno emprenda una negociación con ETA, pero advierten que el único objetivo de la misma debe ser el abandono y entrega de las armas (75,5%) y, en todo caso, el regreso a España de los etarras exiliados (55,3%).

 

Los ciudadanos dejan también muy tasados los temas sobre los que el Estado no puede dar un paso atrás en esas conversaciones con la banda: la autodeterminación del País Vasco o el futuro político de Navarra, dos reivindicaciones eternas de los terroristas, aunque no aparecen formuladas así en el último comunicado en el que ETA declara el «alto el fuego permanente».

 

No se fían los españoles. Y no se fían porque no se han olvidado ni de tantas muertes padecidas ni de tantos engaños perpetrados.

 

Lo primero que sucede, según el sondeo elaborado por Sigma Dos para EL MUNDO, es que los ciudadanos que quieren creer que esta vez va de verdad y que los asesinos van a renunciar definitivamente a sus crímenes, suman en este momento un porcentaje considerable (34,8%), proporción que de ninguna manera se habría alcanzado hace un par de semanas, cuando la banda no había hecho pública su decisión. Pero ese porcentaje de españoles con esperanza es una minoría, superada en casi 15 puntos por quienes están convencidos (49,5%) de que ese anuncio es mentira porque, más tarde o más temprano, ETA volverá a matar. Así pues, lo que la mayoría cree es que el alto el fuego anunciado no es ni definitivo ni irreversible.

 

Y puede suceder que sea precisamente ahora, cuando probablemente sea más cierta, o menos falsa que nunca, la posibilidad de que se haga realidad la desaparición del chantaje terrorista en España, cuando se produzca la paradoja de que los beneficiarios de ese futuro de paz lo reciban dándole, de momento, la espalda. Parece una traducción real del famoso cuento de Pedro y el lobo. Cuando el lobo vino de verdad y Pedro lo gritó por enésima vez, ya nadie le creyó.

 

Aquí puede que esté sucediendo lo mismo, aunque hay que tener en cuenta que sólo el paso del tiempo y la constatación de que lo que los terroristas han dicho se va a cumplir, y se va a cumplir sin chantajes y sin precios políticos inasumibles, puede ir cambiando la posición mayoritaria de la ciudadanía.

 

De entrada, lo dicho: son mayoría quienes piensan que ETA volverá a matar, pero aparece casi un 35% de electores que expresan su esperanza de que eso no vuelva a suceder. En esa mayoría desconfiada no hay discrepancias llamativas por tramos de respuestas, salvo en el caso de los votantes del PSOE, que son los únicos que están convencidos en un 49,4% de que esta vez es la buena y que los asesinatos han terminado. Claro que también los seguidores socialistas cuentan con una proporción importante (38%) que desconfía esencialmente de las declaraciones de la banda y piensa que ETA volverá a recurrir al terrorismo. Por descontado, los votantes del PP nutren, con una mayoría aplastante (73,6%), el segmento de respuestas pesimistas. Y, en los tramos de edades, llama la atención que sean los jóvenes de entre 18 y 29 años (55,5%), y los mayores de 65 (54,3%), los más desconfiados sobre el anunciado propósito de la banda.

 

Nadie o casi nadie cree tampoco en los milagros, y por eso un espectacular 70,1% de los consultados afirma estar seguro de que la banda no va a autodisolverse. En ninguno de los segmentos en que se agrupan las respuestas aparecen discrepancias sobre esa posición. Casi todos están de acuerdo en que ETA va a seguir viva como organización terrorista, mate o no mate. Y tienen razón en pensarlo así porque en ningún sitio ha dicho la banda que esté pensando en hacerse el haraquiri. Que lo haga en un futuro no debe descartase si las cosas vienen bien dadas. Que lo vaya a hacer ahora, ni por asomo.

 

Todo lo más, puede que se reconvierta en una organización política. Más bien se volcaría o desembarcaría en la organización política que ya tiene y que es Batasuna. Esto es lo que opina una mayoría clara, pero muy lejos de la aplastante proporción que se ha dado en la respuesta anterior. Aquí es el 57,7% de los ciudadanos el que piensa que ésa puede ser una salida probable para ETA si se llega a algún tipo de final satisfactorio. En esto coinciden todos, incluso los votantes del PSOE y los del PP, que en porcentajes muy parecidos (59,1% para el PSOE y 60,1% para el PP) piensan que ése es el destino inexorable de la banda. Pero todavía hay un 30% que opina que no, que los terroristas no van a colgar las metralletas para entrar a formar parte de unas listas electorales. Hay escepticismo aunque haya esperanza.

 

Y, por supuesto, el sueño éste tan repetido en los eslóganes de que lo único que hay que hablar con esta gente es dónde y cuándo van a entregar las armas, ése no lo comparte casi ninguno de los consultados. Mejor dicho: lo compartan o no, no creen que eso vaya a suceder. De hecho, el 73,2% del cómputo global dice estar convencido de que ETA va a conservar las armas hasta lograr sus objetivos. No se especifica qué se entiende por el logro de los objetivos, pero sí queda claro que, de momento, y quizá por un largo tiempo, los terroristas conservarán intacto su arsenal para matar. Esta es una opinión compartida en todos los segmentos de respuestas. Da lo mismo el género, la edad y casi hasta el recuerdo de voto, aunque aquí hay alguna pequeña diferencia de porcentajes entre la izquierda, más optimista, y la derecha, más pesimista. Los votantes del PSOE que piensan que ETA se queda con las armas suman un 68,3% frente a un 24,8% de seguidores socialistas que piensan que la banda nos va a decir ya donde tiene los zulos y los arsenales. Los votantes del PP son mucho más crudos en esto: el 86,7% asegura estar convencido de que los terroristas van a conservar intacta su capacidad de matar y sólo un 8,6% de ellos piensa que es posible que entreguen las armas. Es decir, que, en una visión global, nadie espera ver pronto las pistolas, los fusiles, los lanzagranadas, la Goma 2 y el amonal alineados en las mesas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser fotografiados como prueba palmaria de que la pesadilla terminó.

 

Por lo tanto, y derivado de todo lo dicho anteriormente, los ciudadanos albergan serias dudas de que no vuelvan a producirse nuevos atentados, pero tampoco están seguros de que ese pesimismo responda a la realidad. Por eso, a la pregunta de si ETA va a volver a atentar, el 47% contesta que sí, pero hay ya un 39,1% que dice que no. Y es este porcentaje el que está destinado a crecer si las cosas ruedan adecuadamente, el tiempo pasa, el Estado no sólo no retrocede sino que se registran avances por parte de los demócratas, y los terroristas siguen sin matar.Y, al contrario, ese porcentaje caerá hasta llegar a casi cero si hubiera un solo atentado terrorista, porque la confianza que ahora se registra en ese 39,1% es extremadamente frágil y volátil.

 

La opinión mayoritaria sobre este punto se mantiene en términos homogéneos en todos los tramos con la excepción, que ya casi se hace rutina, de los votantes del PSOE, que vuelven a ser los más optimistas. Moderadamente, tampoco para echar a volar las palomas, pero optimistas. Los seguidores del partido en el Gobierno son los únicos que suman mayoría (52,5%) a la hora de pensar que ETA no volverá a atentar, pero cuentan también con un notable 39,2% que cree que sí lo hará. Entre las filas de los seguidores del PP hay pocas dudas: el 68,2% está convencido de que la democracia volverá a sufrir los ataques de ETA.

 

Dicho esto, y dejado bien sentado el extraordinario recelo que se registra en las respuestas, aunque mezclado con una tímida esperanza sobre lo que la banda terrorista vaya a hacer en un futuro inmediato, toca ahora examinar qué quieren hacer, o qué están dispuesto a hacer los demócratas, representados por el Gobierno y especialísimamente por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

 

De entrada, casi nadie se ha creído que el Gobierno y ETA no hayan mantenido contactos secretos en todo este tiempo, a pesar de las negativas constantes de los miembros del Ejecutivo. Luego llegará la hora de los matices, de las diferencias entre contactos, conversaciones, mensajes, información, negociaciones y pactos. Pero lo que la mayoría piensa hoy (63%) es que el alto el fuego anunciado por ETA el pasado miércoles es el fruto de contactos y acuerdos secretos entre la banda y el Gobierno. O, lo que resultará más preciso, entre enviados de la banda y enviados del Gobierno. Y no importa que quien responda a esta pregunta sea hombre o mujer, joven o viejo: en porcentajes muy similares, todos opinan lo mismo. Por estar de acuerdo, lo están hasta los votantes del PSOE, siempre más proclives a creer lo que les digan sus líderes al respecto. El caso es que el 58,3% de los seguidores socialistas piensa lo mismo que la generalidad de los ciudadanos consultados: que ha habido contactos y que ha habido acuerdos secretos con la banda.

 

No es nada extraño, por otra parte, que lo piensen, dado que llevamos varios días leyendo en los medios de comunicación que el comunicado hecho público por los terroristas era, con toda probabilidad, un texto previamente pactado. Entre el votante del PSOE hay, de todos modos, un 36,2% que cree que no, que esto ha sido un surgir espontáneo de una voluntad de pacificación de la banda sin conversaciones mediante. El votante del PP no tiene, sin embargo, ninguna duda y el 71,9% de los preguntados dice estar convencido de que este plato ha sido cocinado previamente. Es decir, que el anuncio de alto el fuego es el fruto de conversaciones y acuerdos anteriores y, de momento, secretos. En cualquier caso, y dado que todo se acaba sabiendo, ésa es una hipótesis que, sin duda, se despejará más pronto que tarde.

 

Y ahora viene lo más importante, lo que el Gobierno debe tener en cuenta para saber dónde están los límites para una opinión pública que se muestra, a tenor de las respuestas, ya muy escaldada con los engaños de la banda. Ya hemos dicho que el 68,4% de los ciudadanos es partidario de que el Gobierno establezca una negociación formal con ETA, proporción que sube hasta el 82,6% entre los votantes del PSOE y se reduce al 50,8% entre los del PP. Una aplastante mayoría está de acuerdo en que el Gobierno negocie con ETA la entrega de las armas, y en esto no hay discrepancias entre los consultados: los porcentajes son muy similares en todos los tramos de respuestas y llegan al 85,5% en el caso de los seguidores del Partido Socialista. En el caso del votante del PP, el acuerdo con este punto es del 66,5%.

 

También están dispuestos los electores a que el Gobierno trate con la banda el regreso a España de los terroristas que viven en el exilio: el 55,3% en el cómputo global apoya esa negociación, que es respaldada por el 62,5% de los votantes socialistas y por un reducido 47,4% de los votantes del PP que, en este caso, se oponen en un 42,6% a que el Gobierno aborde ni siquiera ese punto con la banda.

 

Y pocos más están dispuestos a que el Gobierno negocie. Porque el no es respuesta mayoritaria cuando se plantean todas las demás opciones. Por ejemplo, la de negociar el régimen carcelario de los presos. Es decir, redenciones de penas, mejoras de grados penitenciarios o excarcelaciones. El 52,3% se opone, aunque ya aparece un 37,6% que lo acepta. Y no hay divergencias en ninguno de los segmentos de respuestas: en todos ellos son mayoría quienes se niegan a negociar un trato más flexible para los terroristas presos. También en el caso de los votantes del PSOE (53,3%) y, por descontado, en el de los votantes del PP (65,4%). Ni siquiera aceptan que se negocie la legalización de Batasuna. El 55,2% se niega a ello sin que los porcentajes se alteren en ninguno de los tramos de respuesta, incluido el de los votantes socialistas. También es verdad que hay un porcentaje considerable (33,3%) que sí se muestra dispuesto a que el Gobierno dé el paso de negociar la entrada de Batasuna en la legalidad si la renuncia a la violencia es, de verdad, definitiva.

 

En mucha mayor media se niegan los ciudadanos a que se entre a negociar la autodeterminación del País Vasco a cambio de la paz. Y, así como en los dos puntos anteriores había algo más de un tercio de los consultados que aceptaba que el Ejecutivo abordara con flexibilidad el régimen de los presos y la legalización de Batasuna, en el caso de la autodeterminación las respuestas positivas no alcanzan ni la cuarta parte de las registradas. Esta es, sin duda, una de esas cuestiones que se tienen como un «precio político» que los ciudadanos no admiten pagar a la banda por que deje de asesinar.

 

Ni eso, ni tampoco que se someta a revisión el futuro de Navarra, otra de las reivindicaciones eternas de los terroristas. El 61,8% de los electores preguntados se opone a semejante pretensión. Y tampoco hay discrepancias en este punto: todos se oponen en proporciones parecidas. Las únicas variaciones en los porcentajes se detectan entre los seguidores del PSOE que, aun siendo mayoría quienes dicen no a plantear la anexión de Navarra al País Vasco, son la mayoría más reducida. Por el contrario, son los votantes del PP los que con mayor rotundidad (75,7%) se oponen a que el futuro político de Navarra entre en el cesto de negociaciones con los terroristas y se convierta en moneda de cambio de un cese de los asesinatos.

 

Estos son los parámetros que la opinión pública traza al Gobierno en los primeros instantes de la nueva situación. Puede que las posiciones templadas varíen con el paso del tiempo si todo va bien. Pero es seguro que otras, como las dos últimas apuntadas -sobre la autodeterminación del País Vasco y el futuro de Navarra-, suceda lo que suceda, serán siempre innegociables.

 

 

El 57% rechaza el acercamiento de presos

        

MADRID.- La desconfianza del electorado en las intenciones de la banda es evidente en las respuestas que proporciona el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, y es eso lo que explica la casi nula disposición de los ciudadanos a ceder las posiciones del Estado de Derecho o a ablandar las medidas de restricción o castigo que el Estado aplica a quienes han cometido delitos tan atroces como los perpetrados por los terroristas.

 

Ahora, con el anuncio de un alto el fuego permanente declarado por la banda, los españoles consultados se oponen, de entrada, a ir abordando ya un plan de acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco para ir haciendo más cómoda la estancia de los terroristas en prisión. La mayoría (57,3%) se niega a ello, pero ésta es una de esas opiniones que, si las cosas marchan bien, ETA no vuelve a atentar ni a extorsionar y el Estado no da muestras de ceder en lo importante, podrían modificarse en el futuro a favor de los intereses de los presos.

 

De momento, la cosa está clara y no hay discrepancias en las respuestas, que se mantienen en porcentajes similares en todos los segmentos. Tampoco los votantes del PSOE se muestran dispuestos a esa medida de benevolencia y, aunque hay un 32% de ellos que sí la ven como necesaria y oportuna ahora, la mayoría (57,8%) dice que no. Los seguidores del PP responden en aplastante proporción negándose al acercamiento de presos ahora.

 

Pero la dureza de las posiciones ciudadanas se mantiene inalterable en las cuestiones que se les plantean a continuación. Por ejemplo, ni siquiera en el caso de que ETA abandonara las amas, cosa que no ha hecho ni ha anunciado que tenga intención de hacer, los electores estarían dispuestos a excarcelar a los condenados de la banda. Hay un 36,4% que se muestra de acuerdo en permitir la salida de prisión de los etarras que no tuvieran delitos de sangre, siempre sobre la hipótesis de un abandono de las armas.

Pero la mayoría (54,3%) dice que ni con delitos de sangre ni sin ellos: que los condenados deben seguir en prisión y que ninguno debe recuperar su libertad en premio por haber dejado de matar. Y, salvo en el segmento de los mayores de 65 años, donde son mayoría (44,1%) quienes están dispuestos a ser benevolentes con los que no tuvieran ningún asesinato en su conciencia, todos los demás -votantes del PSOE incluidos- son implacables. Aunque ETA abandone definitivamente las armas, que no se excarcele a ningún condenado.

 

El acuerdo es general en torno a otro de los puntos que más comentarios han suscitado en los últimos días. Después de que el fiscal general del Estado declarara públicamente que los jueces y los fiscales deberían tener en cuenta a partir de ahora la nueva situación creada por el anuncio de alto el fuego de ETA, la controversia pública subió de tono. Los ciudadanos consultados por Sigma Dos responden con claridad meridiana: los jueces deben aplicar la ley exactamente en los mismos términos que siempre, porque ésa es la mas sólida garantía que proporciona un Estado de Derecho. La mayoría (59,7%) lo afirma así frente a un 26,3% que defiende lo contrario, es decir, que la ley sea aplicada a los etarras según convenga políticamente. Pero en la negativa mayoritaria a semejante pretensión sugerida por el fiscal general no hay discrepancias en las respuestas, ni por género, ni por edad ni por ideología.

 

Por lo tanto, y como consecuencia directa de lo anterior, hay unanimidad a la hora de considerar que, si antes del anuncio de alto el fuego, Arnaldo Otegi iba a entrar en la cárcel, ahora debe entrar de igual modo. El juez Grande Marlaska debe dictar el auto de prisión contra Otegi que no pudo dictar en su momento porque el líder batasuno cogió una bronquitis que derivó luego en neumonía. Pero el miércoles acudirá ante el juez y la mayoría (57,9%) considera que éste debe meterle en prisión. Es decir, que debe aplicar la ley al margen de la circunstancia y de la conveniencia política de cada quién.

 

Tampoco aquí hay discrepancias ni de género ni de edad ni de ideología, aunque una vez más las respuestas de los votantes del PP sean las más contundentes (72,2%). Aparece, de todos modos, un 17,4% que piensa que, dadas las circunstancias, sería más aconsejable dejarle en libertad bajo fianza.

 

Y, por supuesto, los electores no tienen ninguna duda a la hora de responder a la pregunta capital: ¿Cree usted que la Policía debe seguir persiguiendo a ETA o debe mantener una actitud más pasiva? Si los ciudadanos tuvieran confianza en que la banda terrorista de verdad ha dejado de matar y nunca más va a volver a empuñar las armas, serían más benevolentes o más flexibles. Pero como ya ha quedado claro que desconfían profundamente de las verdaderas intenciones de los terroristas responden lo previsible. La aplastante mayoría (78,9%), que supone la práctica unanimidad de los consultados, opina que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben seguir persiguiendo a los miembros de la banda con la misma intensidad y la misma eficacia que hasta ahora. No hay discusión en este punto y todas las respuestas indican esa misma posición.

 

Todo lo cual deja claro que lo sucedido en 1998, cuando la banda anunció aquella tregua «unilateral indefinida y sin condiciones», que resultó ser un monumental engaño, ha dejado una huella profunda en la memoria de la opinión pública. Ahora mismo, está claro que la ciudadanía no va a dar pasos claros en dirección al acuerdo y al pacto hasta que la organización terrorista no demuestre que la cosa es de verdad y no como la otra vez.

 

 

El apoyo de Rajoy, necesario      

        

MADRID.- El acuerdo es imprescindible. Sin el acuerdo con el principal partido de la oposición no es posible que el Gobierno, ni éste ni ninguno, aborde un asunto tan peligroso y arriesgado, tan peliagudo y tan importante como unas conversaciones con una banda terrorista que siempre ha exigido, y seguro que seguirá exigiendo ahora, el cumplimiento de una serie de condiciones políticas que serían, así, el precio que los asesinos se cobrarían por dejar de matar.

 

Esto, dicho de una manera más escueta, es lo que responden los ciudadanos consultados por Sigma Dos para EL MUNDO cuando se les pregunta si creen que es necesario el acuerdo expreso de Mariano Rajoy para que el Gobierno inicie la negociación con ETA, una vez que el presidente haya pedido la autorización al Congreso.

 

Una mayoría aplastante (71,7%) dice que sí, que el apoyo expreso de Rajoy es necesario, frente al 21,7% que opina que no. Pero en ese acuerdo mayoritario en favor de la necesidad de que el Gobierno y la oposición vayan juntos a esta dificilísima tarea no hay discrepancias. Los hombres como las mujeres, los jóvenes como los maduros o como los viejos, están de acuerdo. Y, lo más importante, están de acuerdo también los votantes del PSOE (72,3%) y, todavía en mayor medida, los del PP (81,8%).

 

Pero la cuestión cambia cuando se pregunta por el tipo de apoyo.Aquí ya hay matices, aunque la mayoría (46,7%) opina que tiene que ser un apoyo sin condiciones. Casi todos opinan lo mismo...menos los votantes del PP. Estos consideran mayoritariamente que Rajoy debe respaldar a Zapatero según y cómo. Es decir, un apoyo condicionado a que el presidente del Gobierno demuestre primero al líder de la oposición que no está dispuesto a pagar ningún precio político a la banda por que deje de matar.

 

De hecho, ese acuerdo está ya en la resolución votada por el Congreso: «sin precio político». Pero la cuestión está en llegar a establecer qué se entiende por tal cosa. Y como la desconfianza entre los dos grandes partidos nacionales es en estos momentos abismal, habrá que esperar a las conversaciones entre los dos líderes políticos para ver si es posible superar esa distancia y llegar a poner unas bases mínimas de acuerdo político para seguir avanzando.

 

Hay que decir, de todo modos, que a la mayoría exigua que se pronuncia por un respaldo incondicional del presidente del PP al presidente del Gobierno, se opone en el cómputo global un porcentaje no pequeño (39,3%) de quienes en estos momentos consideran que antes de entregarle todo el respaldo que va a necesitar debe asegurarse de que determinados límites no se traspasan. Y también en esta respuesta los porcentajes se mantienen estables con la excepción de los mayores de 65 años, entre quienes son mayoría los que apuestan por un respaldo condicionado.

 

No hay aquí, a tenor de los datos, empecinamiento expreso del líder del PP, sino una corriente de opinión constatable en el sondeo. Tiempo hay para aclarar malos entendidos y buscar el acuerdo previo para abordar la difícil negociación.

 

 

Una información de Victoria Prego publicada en el diario EL MUNDO el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

El 80% de los españoles exige unidad PP-PSOE para negociar con ETA

 

 

La tregua de ETA divide a los españoles. El 40% cree que la banda quiere realmente dejar las armas, frente a un 50% que sospecha que pretende reorganizarse. Sin embargo, sí parece haber consenso a la hora de pedir unidad a los partidos.

 

Madrid - Sólo cuatro de cada diez españoles confían en que el «alto el fuego permanente» declarado por ETA el pasado miércoles sea sincero, y algo más de la mitad de la población piensa que la tregua de la banda terrorista es una simple maniobra para reorganizarse, como ya ocurriera en septiembre de 1998, según se desprende de una encuesta realizada por Iberconsulta para LA RAZÓN entre el pasado jueves y el viernes, apenas unas horas después de que se hiciera público el comunicado de la banda terrorista.

 

De acuerdo con estos datos, los españoles están divididos a la hora de considerar qué actitud tomar ante el anuncio de los terroristas. El 51,13 de los encuestados estimó que ETA aprovechará el armisticio para rearmarse, frente a un 40,75 por ciento que opina lo contrario. Esta valoración se repite en todos los segmentos de la población por edades.

  

Por el momento, cautela. Este escepticismo vuelve a quedar patente al ser preguntados los encuestados por la reacción que debe adoptar el presidente del Gobierno. Así, un 56,42 por ciento sugiere «andar con pies de plomo» y no hacer nada hasta que quede comprobado el cese definitivo de las armas. Mientras, la segunda opción, la de apoyar el comienzo de las negociaciones sin más condiciones, consigue apenas un 27,75 por ciento de los apoyos. Asimismo, apenas se contempla «tender manos» a los terroristas, bien por la vía de la legalización de Batasuna (el 4,62 por ciento está a favor de esta decisión), o bien por la amnistía a los presos sin delitos de sangre (sólo un 2,08 por ciento de respaldo entre los españoles). Precisamente, éstas últimas son dos de las peticiones más repetidas por parte de los «abertzales» en una hipotética mesa de negociaciones con el Gobierno español.

  

Más gestos de ETA. Aunque para poder llegar a sentarse en ella y negociar, los españoles esperan nuevos «gestos» de los etarras. No en vano, casi un 60 por ciento de la muestra ve insuficiente el «alto el fuego permanente» para emprender el camino del debate con los asesinos. Frente a ellos, únicamente un 31,63 por ciento cree que basta con esta nueva situación para establecer un diálogo para los que ya han trascendido algunos nombres como posibles interlocutores, caso del histórico Josu Ternera.

 

La posición de los encuestados se desnivela a la hora de analizar el segmento de edad. Así, en la franja de mayores de 65 años, los que no consideran suficiente el gesto triplican a los menos exigentes con la banda (20,7 por ciento). Una amplia diferencia con respecto a un ceñido 16 por ciento que separa a ambas posiciones en las personas comprendidas entre los 18 y los 30 años de edad.

  

El imprescindible consenso político. Por otro lado, especialmente reveladora es la abrumadora mayoría que supedita el contacto con los terroristas a un consenso entre todos los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados. O, dicho de otra forma: un verdadero clamor popular.

 

Así, casi ocho de cada diez españoles (78,63 por ciento) piden unidad y un frente común a las organizaciones políticas como muralla desde la que contener el terrorismo de ETA, y como un punto de partida imprescindible para emprender el proceso de negociación. Además, en el colectivo que va de los 31 a los 64 años solamente el 15 por ciento iniciaría los contactos sin la conformidad de todas las siglas del mapa político nacional.

 

Este resultado parece tener dos destinatarios claros: PSOE y Partido Popular. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que el próximo martes tienen previsto reunirse en La Moncloa para abordar la nueva situación.

  

¿Paz definitiva? No. O al menos así lo piensa más de la mitad de la ciudadanía de nuestro país, según la encuesta realizada por Iberconsulta. Y es que un 51,38 por ciento no contempla que ésta, aunque no sea la tercera, sea la vencida. Nuevamente, la decepción acumulada en anteriores tentativas vuelve a aflorar a la hora de responder si el 22 de marzo de 2006 pasará a la historia como el día del abandono definitivo de la lucha armada por parte de ETA. Por el contrario, apenas sobrepasa el 38% el número de convencidos de que este «alto el fuego permanente» echará raíces para dar una paz perenne.

 

Esta corriente choca de lleno entre los mayores de 65 años, donde los optimistas (24,4 por ciento) se ven superados por los pesimistas, que les doblan en número (56,7 por ciento). Asimismo, destaca que casi un 10 por ciento del universo total de los consultados se muestre indeciso y prefiera no «mojarse» sobre un hipotético futuro escrito en clave de paz y con el comunicado de esta semana en la primera página.

  

La justicia, firme. Por último, otro de los veredictos que deja clara la consulta es que la hipotética paz, no por anhelada, no va a significar el olvido de cuarenta años de crímenes y muertes ni de las víctimas que los padecieron. De este modo, el 86,3 por ciento de los ciudadanos estima que los asesinos deben pagar sin condiciones por lo que han hecho en el pasado con independencia de su rendición. Por tanto, paz, «sí», pero sin que la Justicia se altere un ápice en su rigor sobre los terroristas. Una rectificación de la Ley que únicamente contemplan poco más de un 5 por ciento de los encuestados por Iberconsulta.

 

En lo referente al cuadro por edades, la mayoritaria decisión de los consultados permanece inalterable en los distintos sectores.

 

En este sentido, esta unanimidad se hace especialmente sensible en la franja que engloba a los jóvenes de 14 a 30 años de edad. El 90 por ciento coincide en que los culpables de coches-bomba, tiros en la nuca, extorsiones como el impuesto revolucionario y demás atentados perpetrados contra la sociedad española tengan que contemplar entre rejas la paz que prometen.

 

 

La movilización social y los jueces, artífices del alto el fuego

 

Madrid - La presión judicial y la movilización ciudadana son los dos elementos que la sociedad española considera más determinantes para que la banda terrorista ETA haya declarado el «alto el fuego permanente». Asimismo, la mitad de la población quiere que se tenga en cuenta a las familias de las víctimas antes de tomar cualquier decisión.

 

Según los resultados recopilados por Iberconsulta para LA RAZÓN, la movilización ciudadana se sitúa como el primer factor desencadenante de la tregua (32,13 por ciento). De hecho, más de la mitad de los consultados –sólo un 34,75% se opone a ello– señalan a las familias de las víctimas como voz autorizada a la hora de tomar cualquier decisión sobre el futuro de ETA.

 

El importante respaldo al papel de los afectados por el terrorismo se produce después de que en los últimos meses se hayan celebrado numerosas y multitudinarias manifestaciones convocadas por las asociaciones de víctimas en las que se exigía al Gobierno que no hiciera concesiones a la banda terrorista.

 

En paralelo a la movilización de la sociedad, y sin apenas diferencia (31,08%), figura la presión judicial como pieza determinante a la hora de llegar a esta situación. Un trabajo que aún permanece abierto con varios juicios pendientes de resolución, como el del líder batasuno Arnaldo Otegi, o los de las organizaciones Segi-Ekin y Gestoras Pro Amnistía.

 

En el lado opuesto de la balanza se encuentra, con tan sólo un 14,14 por ciento, la acción policial, quizás influida por la ausencia de detenciones en España en los últimos meses, a diferencia de lo que ha ocurrido en Francia.

 

Por último, apenas un once por ciento de los encuestados otorga relevancia a la unidad de los partidos políticos en torno a este tema, mientras que uno de cada diez encuestados no se decide por ningún factor en concreto a la hora de explicar el anuncio de la banda.

  

Claves

 

- En vísperas de la reunión entre Zapatero y Rajoy del martes, los ciudadanos dejan claro que quieren que haya consenso entre las formaciones políticas.

 

- Para los españoles, el «gesto» del pasado miércoles con el comunicado no es suficiente para empezar a negociar con los terroristas.

 

- El escepticismo preside las respuestas sobre un final cercano de la banda terrorista ETA después de la experiencia de anteriores treguas y los recientes robos de material explosivo en Francia.

  

Ficha técnica

 

La fecha de consulta de la encuesta telefónica de Iberconsulta para LA RAZÓN es del 23 y 24 de marzo. El universo es de mayores de 18 años, con una muestra que se hizo mediante 800 entrevistas con un error posible de 3,54 % para un nivel de confianza del 95,45 % y un p=q. La selección fue simple, polietápica y estratificada por conglomerados. El ámbito de la muestra es nacional. Los puntos de muestreo fueron 106 municipios de las 19 comunidades autónomas.

 

 

Una información de Ismael del Prado publicada en el diario LA RAZON el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

El 63,7% quiere que el PP colabore sin condiciones 

 

 

El PSOE sube en expectativa de voto directo (46%) y aventaja en ocho puntos al PP (38%).El 47,6% percibe el alto el fuego con esperanza y un 45% lo acoge con escepticismo. El 61,9% es contrario a que se adopten medidas de gracia para los presos

 

El 56,2% de los ciudadanos españoles cree, frente a un 28,9%, que el comunicado de ETA que anunciaba el "alto el fuego permanente" puede significar el principio del fin de la violencia. A su vez, el 63,8% de los españoles piensa que "hay que tantear si realmente hay posibilidad" de negociar con ETA, tras la declaración de la banda terrorista. Un porcentaje casi idéntico (63,7%) considera que el PP debe "colaborar con el Gobierno sin condiciones".

 

Estos tres apartados, junto con la intención directa de voto, que sitúa al PSOE (46%) ocho puntos por encima del PP (38%), son algunos de los datos más significativos del informe encuesta de Opina para EL PAÍS, realizado con 1.000 entrevistas el pasado viernes, dos días después del anuncio de alto el fuego por parte de ETA.

 

Las respuestas apuntan una aparente contradicción, ya que mientras es contundente (63,7%) la mayoría que se decanta por demandar al PP colaboración con el Gobierno, en el terreno del posible final de ETA un 42,9% piensa que ha sido positiva la actitud de los populares ante el anuncio etarra, y el 35,8% la juzga negativamente.

 

Sólo un insignificante 2% opina que los populares deben negarse a colaborar con el Gobierno en este empeño, y un 25,5% cree que el primer partido de la oposición debe colaborar pero con las condiciones que el PP decida.

 

El balance final entre la esperanza (47,6%) que ha suscitado el comunicado de ETA y el escepticismo (45%) aparece muy equilibrado y muestra el grado de desconfianza de la ciudadanía ante la actuación que puedan tener los terroristas.

 

En este punto hay diferencias muy significativas, según la ubicación territorial de los encuestados. La diferencia más profunda se encuentra en el País Vasco, donde un 70% de los ciudadanos se apunta a la esperanza, y apenas un 24% al escepticismo. También Cataluña (55,8%) muestra una confianza muy significativa en el proceso que acaba de iniciarse. Le sigue la Comunidad Valenciana, con un 49%. A la cola está Madrid, donde el escepticismo (51,1%) supera en casi diez puntos a la esperanza.

 

La presión policial y judicial (24,6%), junto con el convencimiento de que sólo la vía política es posible (21,2%) son las dos razones más poderosas que encuentran los ciudadanos para explicar la razón por la que ETA ha declarado el alto el fuego.

 

Las opiniones de la ciudadanía en este punto concreto son claramente favorables para el Gobierno. En una escala de cero a diez, puntúan con un 6,17 la actuación del Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo en general.

 

Un 72% juzga positiva la actitud del Gobierno tras el anuncio de alto el fuego, y sólo un 11,6 la califica negativamente.

 

La encuesta plantea cuatro cuestiones sobre la actitud de los ciudadanos en el caso de que ETA abandonase las armas definitivamente y se disolviese. La opinión mayoritaria (61,9%) es contraria a medidas de gracia para los presos terroristas. Un 24,9% las aceptaría. Menos aún se contempla la hipótesis de que el País Vasco lograse la independencia, a la que se opone el 66,5% y la acepta un 20,1%.

 

El derecho de autodeterminación lo rechaza el 52,5% de la ciudadanía, y lo contempla un 28,6%.

 

La mayor aceptación, entre las cuatro posibilidades que han planteado los encuestadores, la logra una reforma del Estatuto de autonomía de Euskadi, algo que ve bien un 47,9% y a lo que se opone el 32,8%.

 

El anuncio de alto el fuego parece haber provocado efectos beneficiosos para el Gobierno. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, conseguía en enero un 4,99, es decir, un suspenso, dentro de la secuencia de los sondeos periódicos de Opina para EL PAÍS, y en un progresivo descenso desde octubre de 2005. Ahora, Zapatero remonta hasta el 5,67, en una escala del cero al diez, cerca del aprobado alto, mientras que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, que en enero pasado conseguía un 4,45, y también con tendencia al descenso desde finales del año pasado, logra subir moderadamente, al 4,55.

 

Algo muy parecido les ocurre a los dos principales partidos de ámbito nacional. Al PSOE lo puntúan los ciudadanos con un 5,47, y el PP no logra el 5; se queda en un 4,42.

 

El repunte más claro, con la cautela que exige la inmediatez del anuncio de alto el fuego, lo consigue el PSOE para sus expectativas en intención directa de voto, la que los ciudadanos expresan abiertamente. En enero último, los socialistas tenían un 41%, a sólo un punto del PP (el 40%), mientras que ahora un 46% de los encuestados asegura que votaría a los socialistas si se celebrasen elecciones en estos momentos, y un 38% lo haría por los populares.

 

Con este dato, la horquilla electoral que señalaba un virtual empate entre las dos grandes formaciones, desde el último trimestre de 2005, se abre con ocho puntos a favor del partido que gobierna. También CiU experimenta un aumento significativo y pasa del 3% en enero al 4% en marzo actual. IU-ICV muestra tendencia al alza (del 4% pasa al 4,5%), mientras que el PNV (1,5%) y ERC (2%) mantienen sus cuotas de confianza.

 

 

Una información del diario EL PAIS publicada el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

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