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Por Narrador - 10 de Abril, 2006, 6:46, Categoría: General

Cacho plantea un interesante interrogante: "¿Es ETA la que, muy debilitada, pide la paz, o es la extrema debilidad del régimen constitucional quien la ofrece?".

 

“Hacia la voladura medida del régimen de la transición” por Jesús Cacho

 

 

Los protagonistas y beneficiarios de la Transición, la derecha, el PSOE y los nacionalismos catalán y vasco, con el propio Rey en la cúspide del sistema, son responsables de haber dado portazo a los cambios que nuestra pobre democracia reclamaba a gritos. Asistimos ahora a un cambio de régimen, camino de una supuesta España confederal, cuyos perfiles nadie acierta a concretar.        

 

Dicen que la Historia la escriben personajes oscuros, ocultos tras las cortinas de raso que sirven de decorado a los grandes salones por donde transitan los teóricos Príncipes del momento. Y dicen que Jesús Eguiguren Imaz, presidente del PSE y hombre escasamente conocido fuera del País Vasco, ha sido pieza clave en las negociaciones entre el Gobierno y la izquierda abertzale que el pasado miércoles desembocaron en el anuncio etarra de un «alto el fuego permanente». Fue él quien convenció a Rodríguez Zapatero de que había que intentar un acercamiento a la organización terrorista y su entorno. Y fue él también quien durante meses se sentó frente a Arnaldo Otegi, Díez Usabiaga y Pernando Barrena para convencerles de que debían intentar subirse al último tren cuya locomotora conduce un hombre resuelto a escribir el epitafio al Régimen de Monarquía parlamentaria que dentro de unos meses cumplirá 30 años desde la muerte de Franco.

 

De modo que sí ha habido negociaciones, que se han sucedido en diversos escenarios durante el último año y medio, y está en la lógica de los hechos suponer que la banda no ha dado el paso de anunciar ese alto el fuego sin antes haber recibido algún tipo de garantías de que sus demandas políticas serán atendidas. ¿Hasta dónde llegan esas garantías? ¿Qué compromisos ha asumido Zapatero al respecto? Es uno de los interrogantes del proceso, pero no el único. El adiós a las armas, siquiera momentáneo, del grupo terrorista es objetivamente una buena noticia para cualquier sociedad, y sería magnífica para la española si se hubiera producido como consecuencia de la derrota de los etarras a manos de la Seguridad del Estado. Resultan escandalosas, en este contexto, las desmedidas muestras de euforia protagonizadas por algunos, en particular por el grupo de comunicación que apadrina el desmantelamiento del Régimen. ¿Es ETA la que, muy debilitada, pide la paz, o es la extrema debilidad del Régimen Constitucional -con la Justicia de humilde fregona, el Rey urgiendo desmentidos, los grandes partidos pendientes del rédito electoral del envite, y los nacionalistas frotándose las manos- quien se la ofrece en bandeja?

 

Pocas dudas caben ya de que nos encontramos ante uno de los eslabones finales del proceso de desmantelamiento del Régimen Constitucional vigente, víctima de la incuria de la derecha y del partido socialista, convertidos, con los nacionalismos catalán y vasco, en los grandes hacedores y garantes de la Monarquía restaurada a la muerte de Franco y la Constitución del 78. Pero mientras en Madrid los dos grandes partidos se amoldaban complacientes al reparto de papeles (no sin antes asegurarse el control de la Justicia y de los medios de comunicación) y miraban hacia otro lado, los nacionalistas se dedicaban con ahínco a conspirar contra la Constitución de la que traen causa y a fortalecer su base social y política en sus respectivos territorios, con desprecio a los valores del Estado como factor de unidad nacional e igualdad social.

 

El problema es que para que los grandes protagonistas de la Transición hayan podido dedicarse a lo suyo -a hacer negocios, unos, y a fortalecer su base clientelar, otros-, ha sido necesario dar portazo a los cambios que nuestra democracia reclama a gritos. Como síntoma, sirva el espectáculo que estos días protagoniza el Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, y su intento de declarar en tregua al Estado de Derecho. De modo que a estas alturas parece evidente que los procesos catalán y vasco, cuyo guión se escribe estos días, no son sino el precio a pagar por haber renunciado a mejorar la calidad de una democracia enferma. La renuncia interesada de una clase política ideológica y económicamente corrompida a abordar los cambios necesarios para hacer posible esa democracia plena, ha desembocado en un modelo caracterizado por una gigantesca tela de araña de intereses, fundamentalmente políticos y económicos, cuyo santo y seña es esa clase política profesionalizada, renuente a cualquier cambio de modelo.

 

La Constitución, perfectamente blindada, y las leyes electorales, han venido garantizando, en ordenada alternancia, el disfrute del Poder por los dos grandes partidos, a menudo con apoyo nacionalista, convirtiendo a los ciudadanos en testigos mudos de una construcción jurídico-política que ha dejado su iniciativa reducida a depositar el voto en la urna cada cuatro años. Ni unos ni otros se han ocupado en estos años de hacer posible una estructura del poder territorial capaz de establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, delimitando y cerrando su marco competencial sobre la idea base del reforzamiento de los poderes del Estado como garante de la libertad y la igualdad entre los españoles.

 

La crisis del Sistema era ya evidente en los estertores del felipismo. La bonanza económica de los años de Aznar no hizo sino prolongar la agonía y engordar el resentimiento que en las periferias produjo el arrogante estilo del personaje. El baile complaciente hubiera continuado con Rajoy en Moncloa de no haber sido por la llegada a la Presidencia del Gobierno, después de la tragedia del 11-M nunca convincentemente explicada, de un Presidente dispuesto a encabezar el batallón de derribos del Sistema y a embarcar a los españoles en un cambio de Régimen susceptible de otorgar a los nacionalistas el pleno control de sus territorios previa renuncia del Estado a sus competencias, de forma que por fin puedan dedicarse en Barcelona y Bilbao a lo que la clase dirigente madrileña, con el Rey a la cabeza, ha venido dedicándose en Madrid durante décadas: a hacer negocios a la sombra de un Poder casi ilimitado.

 

Queda por determinar el papel del Monarca en este cambio de Régimen. El grupo mediático del señor Polanco parece dispuesto a implicarle hasta el corvejón en el proceso que pilota un Zapatero que este fin de semana vive uno de los momentos más dulces de su carrera como Presidente. Fuentes conocedoras del entorno regio aseguran que los acontecimientos se aceptan allí con la melancolía de lo inevitable. El Rey no será un problema. Nadie ofrecerá resistencia a un cambio que se adivina no traumático. Si unas Cortes le ovacionaron por heredar a Franco, otras volverán a hacerlo décadas después por el sacrificio de hacer posible la España plural fundida en ese Estado Confederal cuyos perfiles nadie conoce.

 

Porque ése es uno de los elementos novedosos de este final de Régimen: caminamos por una senda tan nueva como desconocida, al final de la cual no se adivina proyecto sólido alguno. Nadie sabe realmente en qué puerto atracará esta vieja balsa de piedra que los romanos llamaron Hispania. Sin tutelas exteriores que valgan, España, o lo que quede de ella, se va a ir cociendo en su propia salsa, en un proceso ya imposible de parar, que va ganando velocidad de crucero impelido por sus propias inercias y con el viento a favor del ciclo económico.

 

Si las Cortes franquistas votaron en su día un proyecto de Reforma que claramente detestaban y cuyos efectos sabían letales para sus intereses, otras Cortes, supuestamente democráticas, volverán a dar vía libre a un proyecto político que tampoco les gusta, aceptando unos reinos de Taifas que reducirán de forma drástica el papel de España en la esfera internacional, y cuyos efectos sospechan podrían resultar demoledores para las libertades individuales y la prosperidad de los españoles, en particular de las regiones más pobres. Las revoluciones nunca se paran a pensar si el camino elegido conduce a la felicidad o a la tragedia colectiva, y es la propia Historia la que tiempo después se encarga de constatarlo.

 

De momento, millones de españoles se sienten serenamente felices con el anuncio de alto el fuego etarra. La España anestesiada necesita saber que el futuro no es una pared pintada de negro, y que hay ventanas abiertas a una esperanza que a menudo se reduce a seguir pagando la hipoteca o a salir de vacaciones en Semana Santa. Pidamos a los Dioses que el PP, todavía maniatado por la derrota del 14-M, se implique a fondo en el viaje a la Itaca socialista, como una forma de reducir los riesgos del proceso. Aunque sólo sea porque cuatro ojos ven más que dos.

 

 

Publicado en el diario EL MUNDO el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

“La agenda de ETA” por José Alejandro Vara

 

 

De El Prat a la tregua. Drástico vuelco en el discurso político/informativo en tan solo veinticuatro horas. Ni «plan Maragall» ni «plan Ibarretxe». El único plan perfectamente estudiado, diseñado, trazado y elaborado es el «plan Zapatero». Una estrategia propia de un visionario o de un pragmático. De momento, funciona. Política cortoplacista pero eficaz. No hay futuro, sólo el mañana existe. «Nunca» quiere decir «ya veremos». El único reloj que marcha es el que señala las citas con las urnas.

 

Zapatero prácticamente ha logrado superar el escollo del Estatut, a trancas y barrancas, a empujones. Un Estatut sospechosamente inconstitucional, intervencionista, arcaico, reaccionario, dirigista y demodé. Un Estatut que tendrán que calzarse cada mañana, como una bota de hierro, las futuras generaciones catalanas. Un artefacto legislativo elaborado a martillazos, armado con parches, ensamblado con esparadrapo. Pero ahí está, a un tiro de piedra de su aprobación en referéndum. Cataluña hablará a España «de tú a tú» y España no podrá decir ni mu. Y los catalanes, tampoco. Sin permiso de la Generalitat, naturalmente.

 

Y ahora, vamos a por la tregua. ETA, acorralada y enferma en los últimos compases del mandato de Aznar, socialmente detestada tras el crimen de Miguel Ángel Blanco, metodológicamente diezmada tras el 11-M y el 11-S, ha recobrado todo su protagonismo y ha vuelto a marcar la agenda política de nuestro país. De ser una pandilla de paranoicos, gángsters de la patria, mafiosos del nacionalismo, han conseguido convertirse, a través del comunicado, en el elemento que controla la manija política de este país. Una buena noticia, desde luego. Un capítulo para la esperanza, como recoge hoy nuestra encuesta. Una nueva oportunidad para que Rodríguez Zapatero (sólido en su comparecencia en el Congreso en la mañana del 22 de marzo) reasuma su función de presidente de todos los españoles y deje de tratar al primer partido de la oposición como a una escupidera. La gran oportunidad para la paz no puede salir del incierto comunicado de unos asesinos, sino del encuentro de La Moncloa. Ayer, las víctimas se pusieron de acuerdo para alentar la esperanza. Ya sabemos ahora, sí, que se negoció durante meses en secreto mientras se acusaba de traidores o desestabilizadores a cuantos lo sospechábamos o lo escribíamos. Pero ya es pasado. Acabar con ETA no es tan lineal como aprobar el Estatut. El PSOE necesita decididamente al PP. Para, pertrechados de las armas del Estado de Derecho, mandar a los criminales al rincón que les tiene deparado la historia de la infamia.

 

 

Publicado en el diario LA RAZON el domingo 26 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

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