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Seis meses del mal llamado 'Proceso de paz': Editoriales

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 6:00, Categoría: Opinión en Prensa

“ETA redobla su chantaje” (Editorial de EL MUNDO)

El ataque contra la libertad de expresión plasmado en el sabotaje a una emisora de Onda Cero en Pamplona, los actos violentos contra un juzgado de paz en Markina (Vizcaya), la quema de contenedores en Bilbao... Claramente no estamos ante hechos aislados ni casuales, sino ante una estrategia de ETA para presionar al Gobierno.

Este recrudecimiento de la violencia callejera en el País Vasco y en Navarra coincide en el tiempo con el anuncio de la banda terrorista de que el denominado proceso de paz ha entrado en un momento crítico. En apenas cuatro semanas la cifra de altercados se ha duplicado, sin duda para empujar al Gobierno a admitir sus exigencias. Hoy conocemos cuál es una de ellas: la legalización inmediata de Batasuna. La formación abertzale pretende que sus dirigentes puedan involucrarse en la actividad política y también en las negociaciones de paz sin correr el riesgo de ser perseguidos por la Justicia.

Batasuna no acaba de fiarse del Estado, pese a que ha salido airosa de sus últimos desafíos a la Justicia, ya fuera convocando manifestaciones o participando en actos políticos, pese a tenerlo expresamente prohibido.

Se le plantea la paradoja al Gobierno de que, mientras es víctima en este proceso de la evidencia de que ETA y Batasuna son la misma cosa, debe poner a salvo de la Justicia a una parte del entramado terrorista si quiere mantener viva la tregua.

Quizás envalentonados por la tibia respuesta del Gobierno a episodios como los de la kale borroka -aún están vivas las palabras del portavoz, Moraleda, asegurando que Batasuna camina «por el camino que todos queremos»- o tal vez porque entienden que el tiempo -con elecciones municipales y autonómicas a menos de un año- juega a su favor, los violentos vuelven a lanzar un órdago a Zapatero.

El cese de la violencia no puede conseguirse a cualquier precio. Pese a las mayores o menores dosis de esperanza que la sociedad española haya podido poner en esta tregua, al presidente no le debe temblar el pulso y ha de tener la valentía de interrumpir el proceso si los chantajes no cesan.

Si se va a anteponer la paz a la política, como se anunció desde el Ejecutivo, habrá que empezar a considerar que el terrorismo de baja intensidad que ha vuelto a la calle no permite seguir estableciendo un diálogo en igualdad de condiciones.

Aunque no podemos dejar de valorar lo positivo de la ausencia de asesinatos, desde un prisma moral no hay demasiada diferencia entre negociar con pistolas en la mesa o que en su lugar se pongan cócteles molotov.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las víctimas siguen ahí (Editorial de ABC)

La crispación política actual en torno al 11-M y el proceso de negociación con ETA ha desplazado la prioridad que deben ocupar las víctimas del terrorismo en las agendas del Gobierno, de la sociedad y de los partidos políticos. Siendo escenarios con evidentes diferencias entre sí, la investigación judicial de los atentados del 11-M y el proceso de diálogo con los etarras abierto por Rodríguez Zapatero, al compás de una tregua de palabra, que no de hechos, están situados en medio del debate social con unas claves en las que las víctimas de los sicarios de la yihad islámica y de los carniceros de ETA han perdido el protagonismo que les corresponde para cedérselo a planteamientos políticos y mediáticos que nunca deberían haberse encaramado a las cimas de la opinión pública.

Sin las víctimas por medio, o pretendidamente neutralizadas por su asociación a la política antiterrorista del PP, resulta más fácil manejar el fin de ETA con voluntarismo partidista, porque así se le despoja de todo rastro de justicia y de ética, al suprimir a golpes de discurso «buenista» la maldad intrínseca del terrorismo. Similar rechazo merece la preterición de las víctimas del 11-M por una polémica espuria, iniciada en la misma noche del 13 de marzo de 2004 por una izquierda antidemocrática y alimentada desde entonces por acción y por omisión desde todas las posiciones políticas y desde determinados medios de comunicación. Polémica que lleva camino de solaparse al único ámbito en el que las víctimas pueden encontrar verdad, justicia y reparación, que es el judicial. Negando anticipadamente todo crédito a jueces y fiscales, lanzando sobre Policía y Guardia Civil toda suerte de insidias, descartando que el Estado de Derecho esté en condiciones de hacer Justicia, ¿qué les queda a las víctimas de aquellos terribles atentados de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia?

Al terrorismo se le debe combatir implacablemente, pero no manipular con fines políticos ni de otra naturaleza, porque esta adulteración de la actividad política o periodística acaba debilitando éticamente a la sociedad y alterando la jerarquía de valores en la lucha antiterroristas. Y ahí siguen las víctimas del terror, como el primer valor que debe tener presente una democracia para distinguir correctamente a sus enemigos, no desfallecer en su castigo y no aceptar que la justicia legal que debe aplicarse a los terroristas quede trocada por indignos procesos de «paz» o por juicios paralelos organizados por acusadores o defensores oportunistas.

Editorial publicado por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“A los seis meses” (Editorial de EL PAIS)

Transcurrido medio año desde el inicio del alto el fuego permanente de ETA, es esa permanencia la que parece estar en el aire, pese al optimismo del Gobierno, que considera que la decisión de abandono de las armas es irreversible. Las noticias contradictorias de los últimos días son un reflejo de las ambigüedades de un proceso que parte de interpretaciones diferentes de su significado: proceso pactado de paz, para el Gobierno; de cambio del marco político, para ETA y Batasuna.

Como ilustra el caso irlandés, una cierta ambigüedad suele ser componente inevitable del arranque de este tipo de iniciativas; pero a medida que se ha ido acercando el momento de adoptar decisiones comprometidas, los equívocos han quedado al descubierto. A fin de evitar vacíos peligrosos, el Gobierno ha tratado de acelerar un acuerdo con ETA que oficializara el carácter irreversible de su abandono de la violencia, paso previo para cualquier otro movimiento, según la resolución del Congreso; pero ETA ha interpretado esa voluntad como un intento de atrasar indefinidamente la negociación política (la Mesa de partidos), y ambas cosas han llevado a un aparente bloqueo.

Al mismo tiempo, Batasuna, al parecer presionada por unas bases que se habían creído al pie de la letra el discurso triunfalista de sus líderes, parece haber dado marcha atrás en su disposición a presentar unos nuevos estatutos, de acuerdo con la Ley de Partidos, para recobrar la legalidad. En las últimas semanas, ambas cuestiones, la exigencia de ETA sobre la mesa de partidos y la de la legalización, han convergido en una: Batasuna plantea que se reúna ya (o se acuerde reunir) una mesa "sin exclusiones", es decir, con su presencia en ella: sería una forma de legalización de hecho a través de su reconocimiento como interlocutor aceptado por los demás partidos. La convocatoria de ese foro sin la previa comprobación de que la retirada de ETA es definitiva sería el trofeo de Batasuna ante sus bases: la demostración de que había quebrado la lógica de la resolución del Congreso e impuesto su concepción del proceso.

Batasuna lleva semanas transmitiendo (en sus contactos con otros partidos y en declaraciones públicas) dos mensajes: que ellos ya han cumplido al conseguir el alto el fuego permanente, mientras que la otra parte se ha instalado en el inmovilismo: ni fin de las detenciones, ni paralización de los juicios, ni legalización, ni mesa de partidos; y que si esto no cambia, ETA podría replantearse el alto el fuego. Aparte de que son dos mensajes contradictorios, es falso que el Gobierno y el PSOE no hayan realizado concesiones: Zapatero dio por verificado el alto el fuego pese a las cartas de extorsión, y aceptó respetar la decisión de los vascos, si bien en el marco de la legalidad; y Patxi López se entrevistó con Otegi, a modo de reconocimiento de una Batasuna ilegal como interlocutor necesario.

La amenaza del último comunicado de ETA y la negativa de Batasuna a seguir la vía de la Ley de partidos suponen un paso atrás respecto a lo que parecía establecido: que una Batasuna refundada y respetuosa con las reglas de juego asumía todo el protagonismo político (en la linea del discurso de Otegi en Anoeta), y que ETA se limitaba a pactar los términos de su retirada.

No puede haber una negociación política tutelada por una banda armada, y de ahí que en los últimos días se haya planteado la cuestión de si en estas condiciones (en pleno rebrote de la violencia callejera) era posible mantener el encuentro con ETA anunciado por Zapatero. La posición del Gobierno parece ser la de que el propio encuentro permitirá clarificar la posición de ETA y desbloquear el proceso. Y ello porque cree contar con datos de que ETA no tiene alternativa al abandono pactado de las armas, y de que la decisión de no volver a matar ya está tomada, aunque no la de su autodisolución. Sólo el tiempo demostrará el fundamento de esa convicción, aunque es cierto que sectores nacionalistas llevan meses sosteniendo lo mismo y añadiendo que una decisión rupturista de ETA no sería hoy seguida sin rechistar (como en el pasado) por una Batasuna que se vería condenada a la ilegalidad permanente. Sea o no así, es cierto que en estos seis meses no ha habido atentados personales y tampoco contra bienes de empresarios sometidos a extorsión, como los registrados en vísperas del alto el fuego. Y que cada día que pasa sin atentados es más improbable su regreso, una vez que se ha instalado en la sociedad vasca la idea de que el ciclo de la violencia ha terminado.

Para deslegitimar las pretensiones impositivas que todavía separan el alto el fuego de la disolución de ETA es decisivo ahora el papel del nacionalismo democrático. El PNV de Imaz viene manteniendo que primero es la paz y luego la negociación política, y que el acuerdo que resulte tendrá que ser inclusivo de la pluralidad vasca. Postura bien diferente de la defendida hace dos días por Ibarretxe en el debate sobre política general: volvió a mezclar confusamente paz con aceptación de su programa soberanista y a plantear extrañas propuestas que eximan a Batasuna de acatar la legalidad como los demás partidos.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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