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Opiniones (9 de Octubre de 2006)

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Opinión en Prensa

“Prometer lo imposible” por Jesús María Zuloaga

«Pero si no nos pueden dar todo lo que nos han prometido». La frase, pronunciada hace unos días en privado por un dirigente de la llamada izquierda abertzale, puede resumir de forma gráfica lo que ocurre con el «proceso».

A ETA y los suyos se les ofrecieron muchas cosas, demasiadas, en las conversaciones previas para que anunciaran el alto el fuego. La estrategia, muy propia de nuestro Gobierno, era la de hacer primero el tejado para después empezar con los cimientos. Salió medio bien o medio mal, el futuro lo dirá, con la reforma del Estatuto de Cataluña, y con resultados desastrosos en la política de inmigración.

Quienes justifican la actuación de Ejecutivo dicen que se basaba en informes que aseguraban que ETA estaba en las últimas, con una crisis interna insuperable y que la ausencia de asesinatos se debía, precisamente, a que habían renunciado a matar porque habían interiorizado la inutilidad del terrorismo. Documentos como el publicado por LA RAZÓN el pasado sábado, sobre el «consejo de guerra» a Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», jefe del «aparato militar», avalaban, en opinión de los «expertos» (con comillas), esta hipótesis. Si además, como ocurrió, en el mismo lote de papeles había un plan, a doce años vista, de negociación con el Gobierno diseñado por el «aparato político», ya no había ninguna duda.

La «jugada» parecía fácil. Lograr el alto el fuego, que permitía dar una vuelta a las encuestas, en las que Zapatero caía en picado; esperar a que las armas de los etarras se terminaran de oxidar; y que los que las tenían que empuñar se convencieran de que el único camino era la PAZ, con mayúsculas, que se les ofrecía desde el Palacio de la Moncloa a ellos y, de paso, al mundo mundial.

Complicada situación para el «proceso» cuando una de las partes piensa que la otra no puede darle lo que le prometió. Los que iniciaron esta negociación debieron contar con la opinión de mejores analistas y, desde luego, con intermediarios más efectivos que los suizos, que sabrán mucho de conflictos internacionales pero que, según dicen algunos expertos (sin comillas), desconocen por completo el problema del separatismo vasco.

Si les sirve de muestra valga la cita de un artículo que se publicaba hace unos días en «Gara», al hilo de una iniciativa del Gobierno vasco para pedir perdón a las víctimas. Se preguntaba el autor si se trataba de «¿Reconocer su buen hacer? (el de las víctimas) ¿Legitimar su actividad? ¿Colocarse en su bando? Porque, no lo olviden, en este conflicto ha habido y hay partes en combate. No juguemos a ilusos».

Publicado por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Una agresión a nuestra democracia” por Justino Sinova

Hay noticias de que se prepara la reunión de la llamada «mesa de partidos». O sea, estamos en vísperas de que se cometa una agresión a nuestra democracia. Primero, porque se van a sentar comisionados de partidos en un foro exigido por ETA; segundo, y esto es lo más significativo, porque van a hacerlo fuera de las instituciones democráticas y para tomar acuerdos que serán impuestos a las instituciones democráticas. Y todo eso se va a realizar con el mandato del presidente del Gobierno, con el beneplácito del ministro del Interior, con la adhesión de unos partidos políticos y en medio del silencio de los que tenían que protestar por un golpe antidemocrático que va a ocasionar un patente desgaste a nuestro sistema.

Es lamentable tener que recordar que el escenario del debate político con efectos para los ciudadanos en una democracia es el Parlamento, donde se reúnen los representantes que los propios ciudadanos han elegido para que tomen decisiones. En él no tienen cabida quienes no han solicitado el voto de los ciudadanos y quienes no lo han obtenido. Pero Zapatero va a aceptar que esta institución esencial de la democracia sea suplantada por otro «parlamento» exigido por los pistoleros de ETA, en el que además estarán presentes los «representantes» no de los ciudadanos sino de los terroristas.

El único partido que no va a participar en esa falsificación es el Popular, pero el Socialista, el Nacionalista Vasco e Izquierda Unida parecen entusiasmados con la idea de sentarse a debatir con los apoderados etarras encuadrados en Batasuna. Esta organización, incluida en la lista internacional de montajes terroristas, es, por supuesto, ilegal, pero antes de la reunión se procurará su legalización, que no podrá realizarse sino mediante el forzamiento de la letra de la ley pues ya han dicho sus voceros que no están dispuestos a modificar sus planteamientos.

Todo esto se prepara mientras sigue habiendo terrorismo, mientras los pistoleros continúan extorsionando a ciudadanos y mientras ETA insiste en sus exigencias por las que ha estado asesinando durante cuarenta años: la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra. No se dan las condiciones mínimas requeridas por el Parlamento cuando autorizó a Zapatero a tener un contacto con la banda, pero el presidente va a aceptar la imposición etarra del método. La banda ya está erosionando gravemente nuestras instituciones. El asalto al sistema se producirá en el instante en que la llamada «mesa de partidos» se reúna.

Publicado por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“La mayoría y la Ley” por Germán Yanke

Imaginemos un supuesto teórico: 17 millones de españoles solicitan la ejecución de un preso condenado por los más graves delitos. Son la mayoría del censo y su voluntad respondería, al menos para algunos, al «principio democrático». ¿Se debería acceder a esta solicitud? ¿O se debería atender, por el contrario, a la exigencia de algunos límites? ¿Valdría responder que no se le va a ejecutar, porque es demasiado, pero sí torturarle? ¿Sería aceptable responder a la petición promoviendo alguna con respaldo aún mayor en la que se solicitaran, para no llegar a tanto, otros castigos no previstos legalmente?

Se respondería, quiero pensar, gobierne quien gobierne, que no. Y se haría bajo el convencimiento de que la democracia es un sistema de elección de gobernantes y de toma de decisiones en el que la mayoría se impone coyunturalmente a la minoría sometiéndose a dos principios fundamentales: la legalidad y el respeto a los derechos individuales. Vista la cuestión desde este punto de vista general, se constata que los principios citados sirven no sólo para el supuesto teórico de la ejecución de un criminal, sino para toda decisión política. Y además, en la provincia del debate intelectual -que puede ser colindante o superpuesta, pero no es exactamente la de la vida política-, la mayoría es el resultado de un procedimiento, pero no un argumento. Por eso la democracia incluye también, en su propia entraña, sistemas de control y procedimientos de revisión.

El supuesto inicial revela, en condiciones propias de laboratorio, la falacia de una interpretación tan falsa como torticera del principio democrático. Y la reflexión consecuente está de plena actualidad. Al Plan Ibarretxe, quizá para evitar la confrontación abierta y sus posteriores consecuencias en la estrategia política, se le opuso más el argumento de que sólo contaba con el teórico 51 por ciento de apoyos en el País Vasco que el hecho de que se trataba de una propuesta antidemocrática y contradictoria con el concepto moderno de una nación de ciudadanos. ¿Habría que aceptar la solicitud, en el caso de la ejecución del preso, si los firmantes fuesen 25 millones? Como los apoyos eran más en la reforma del Estatuto de Cataluña no hizo falta parapetarse en la constitucionalidad de algunos de sus contenidos ni en la vulneración de derechos y de la igualdad que implicaban. ¡El «principio democrático»...! Y siguió valiendo cuando, en el Congreso, la mayoría fue más que exigua.

Ahora estamos en el diálogo con ETA y se plantea un ambiguo y patoso reconocimiento del «derecho de autodeterminación» que, para sostener el «proceso», se sustente no en la Ley ni en el Estado de Derecho, sino en una mayoría que se llama suficiente. ¡No es lo mismo, me dirá alguno, que matar a un preso! Desde luego, la justificación sí es la misma.

Publicado por el diario ABC el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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