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11 de Octubre, 2006

EL PAIS en defensa del criminal De Juana Chaos

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: Procesos Judiciales

Rajoy tilda de "vergüenza nacional" que se baje la petición de pena a De Juana 

Rubalcaba recuerda las excarcelaciones de etarras por Aznar y exige al PP respeto al fiscal

Madrid / Vitoria - El PP salió ayer en tromba a censurar la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de rebajar muy sensiblemente los 96 años de prisión que solicitaba para el etarra Iñaki de Juana Chaos por pertenencia a banda armada y amenazas terroristas. Mariano Rajoy tildó de "vergüenza nacional" la mera posibilidad de que se rebaje esa petición de pena justo el día en que el etarra dejó de hacer una huelga de hambre.

"Es una vergüenza que un señor, porque haga una huelga de hambre, después de asesinar a 25 personas, se le pretenda bajar la pena de 96 años a seis", declaró Rajoy en Catalunya Ràdio. El líder popular pidió que "ese escándalo no se consume" porque "la democracia no tiene por qué darle a un grupo terrorista ningún trato preferente respecto a ningún ciudadano". De hacerlo, los españoles se preguntarían, a su juicio, cuál es el criterio para ser sometido a unas penas o no serlo.

Horas después, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció que su grupo ha pedido la comparecencia urgente en la Cámara de los ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; del de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen este cambio de criterio.

En el PP recuerdan declaraciones recientes de López Aguilar en las que éste defendía el "máximo rigor" a la hora de exigir el cumplimiento de las penas a los etarras. El ministro de Justicia afirmó ayer en un desayuno organizado por Servimedia que no debe haber la más mínima sombra de sospecha sobre el Gobierno por la decisión de la Fiscalía de rebajar la petición de penas para el etarra De Juana Chaos. Y añadió: "El Gobierno debe ponerse al límite de su capacidad para asegurarse que ETA no vuelve a matar, y esto que se ha llamado el alto el fuego permanente se convierta en el punto de partida para una disolución definitiva e irreversible de toda forma de actividad terrorista".

Zaplana fue preguntado por estas opiniones del ministro. Aseguró que es "intolerable que la Fiscalía cambie de criterio por negociaciones con los terroristas" y recordó que el ministerio público está sujeto al principio de autoridad. "No se puede poner en rebajas el Estado de derecho", subrayó Zaplana, para quien "es inaudito que la fiscalía pida un día una condena y al día siguiente otra".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la fiscalía pedirá para el etarra "los años que cree que se corresponden con el delito por el que será juzgado".

De Juana lleva en prisión desde enero de 1987. Fue condenado a más de 3.000 años como autor material de 25 asesinatos. Pero, al beneficiarse de redenciones ordinarias y extraordinarias de la pena, la condena efectiva fue de poco más de 18 años. De Juana escribió dos artículos publicados el 1 y el 30 de diciembre de 2004 en Gara. Por esos escritos de ensalzamiento de ETA, el fiscal pidió su procesamiento por pertenencia a banda armada y una pena de 96 años, que ahora rebajará. Por esos nuevos delitos estaba en prisión preventiva cuando inició una huelga de hambre.

Rubalcaba exigió al PP que "respete al Estado de derecho". Y apostilló que ese mismo Estado de derecho permitió el acercamiento de presos etarras durante la tregua de ETA en 1998, mientras gobernaba el PP.

"El mismo Estado de derecho que existía cuando el señor Rajoy gobernaba y fue ministro de Interior y excarcelaba a etarras que hicieron alguna cosa que prefiero no recordar", afirmó el ministro en Sabadell (Barcelona).

El Gobierno vasco afirmó que la rebaja de la petición de pena tiene una inspiración política y no sólo jurídica, lo que podrá favorecer y ayudar al proceso de paz.

Una información de P. Marcos y E. Azumendi publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un preso de ETA que debía ser excarcelado el día 6 saldrá en 2021 

Madrid - El preso de ETA Antonio Alza Hernández, condenado en siete procesos por delitos de integración en banda armada, estragos terroristas, daños y lesiones, y que tendría que haber salido de prisión el pasado día 6 con el licenciamiento definitivo, tendrá que seguir en la cárcel hasta el 11 de octubre de 2021, tras habérsele aplicado la doctrina Parot elaborada recientemente por el Tribunal Supremo, que establece el cumplimiento sucesivo de condenas hasta el máximo efectivo de 30 años.

El etarra Alza Hernández formó parte del contingente de 105 presos que el Gobierno del PP acercó al País Vasco en septiembre de 1999. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja justificó esa decisión en la "responsabilidad" asumida por el Gobierno Aznar con el "anhelo de paz de la sociedad vasca y española". Mayor Oreja dijo entonces que el acercamiento representaba "un paso más" en el proceso de paz vasco, independientemente de que los contactos con ETA "vayan bien, mal o regular".

Hasta la doctrina Parot, los etarras condenados al máximo de 30 años redimían por el trabajo casi la mitad de las penas.

Una información de J. M. L. publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Con huelga o sin ella” (Editorial de EL PAIS)

Con el llamado proceso de paz o sin él, con huelga de hambre o sin ella, era impensable, por su manifiesta exageración y falta de proporcionalidad, que la fiscalía de la Audiencia Nacional mantuviera como definitiva su inicial petición de 96 años de prisión para el etarra Iñaki de Juana Chaos por el delito de amenazas terroristas por el que fue procesado hace un año. Era previsible, además de ser una forma habitual de actuación del ministerio fiscal, un cambio de criterio más ajustado a la gravedad del delito y a su tipificación jurídica en vísperas de la celebración del juicio, prevista para el 27 de este mes. Lo que es menos habitual -y en ello sí han influido, sin duda, las vicisitudes del llamado proceso de paz y la natural preocupación por la huelga de hambre que el etarra mantenía desde el pasado 7 de agosto- es el anuncio anticipado, sin esperar a la vista del juicio oral.

La rebaja de pena anunciada -posiblemente a seis años de prisión- no es arbitraria ni puede ser tildada, salvo que se quiera confundir a la ciudadanía, de precio político. Se sustenta en algo procesalmente tan racional como considerar que las amenazas terroristas proferidas por De Juana a través de dos artículos publicados desde la cárcel en el diario Gara en diciembre de 2004 no constituyen un delito múltiple -tantos como funcionarios amenazados-, sino continuado. Incluso si la fiscalía no hubiera cambiado de criterio, es posible que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la jurisprudencia, le habría enmendado la plana en su sentencia, considerando las amenazas vertidas como un solo delito, con la consiguiente rebaja de la pena.

Como sucedió cuando De Juana y otros etarras con parecido historial sanguinario a sus espaldas estaban a punto de ser excarcelados, tras cumplir entre 18 y 20 años de prisión, es comprensible

que la rebaja de pena anunciada por el fiscal suscite repugnancia e incomprensión, sobre todo entre las víctimas del terrorismo de ETA. Pero este proceso y esta rebaja ya nada tienen que ver con los 25 asesinatos por los que De Juana cumplió condena en agosto de 2005 de acuerdo con el Código Penal de 1973.

No hay duda de que esta condena, reducida en la práctica a 18 años de prisión por aplicación de la redención por el trabajo, no guarda proporcionalidad con sus crímenes. De ahí que el Tribunal Supremo modificara las reglas de aplicación de esa redención vigentes hasta 1995, para evitar que, como ocurrió con De Juana, se beneficiaran otros etarras con crímenes parecidos. Tras las modificaciones, el horizonte penal de estos últimos es de 30 años. Insistir en comparar penas necesariamente finitas con la inmensidad de los crímenes son ganas de confundir y de exasperar a las víctimas. Sabemos que ninguna sanción penal, ni siquiera la cadena perpetua, puede saldar esos crímenes.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La la «vergüenza» de la rebaja penal a De Juana Chaos

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Procesos Judiciales

El PP lleva al Congreso la «vergüenza» de la rebaja penal a De Juana

Rajoy califica la actuación del Ministerio Fiscal de «escándalo monumental» y denuncia que responde a una «orden política»

Madrid/Vitoria - «Vergüenza nacional» y «escándalo descomunal». Así de contundente se manifestaba ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista a Cataluña Radio al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de rebajar la petición de pena -de 96 a 6 años- para el preso etarra Iñaki de Juana Chaos, que estuvo durante tres meses en huelga de hambre en protesta por su situación procesal.

La respuesta política la concretó el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, quien anunció la solicitud de comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen en la Cámara por qué el Ministerio Fiscal ha modificado su criterio justo coincidiendo con el anuncio de De Juana Chaos de que desiste de su huelga de hambre.

Es más que previsible que el PSOE se apoye en las minorías para vetar en la Mesa del Congreso la del fiscal general de Estado. Las de los ministros tienen que producirse obligatoriamente, pero es también más que seguro que los socialistas utilizarán la misma fórmula, la alianza con sus socios, para retrasarlas «sine die». En cualquier caso, la respuesta a estas peticiones determinará si el PP mueve otra ficha y lleva este asunto a la sesión de control de la Cámara Baja. En principio, la de la próxima semana -ésta no hay Pleno por el Día del Pilar- se centrará en la inmigración y la tensión territorial, sin descartarse que se incluya a última hora el «caso De Juana».

Tras anunciar las solicitudes de las citadas comparecencias -hay hasta doce del ministro del Interior relativas al 11-M y a ETA que están pendientes de calificar por la Mesa-, Zaplana no se andó por las ramas. «El cambio de criterio de la Fiscalía huele por todas partes a decisión y a orden política».

A su juicio, es «inaudito» e «inaceptable» que el fiscal general «cambie de criterio 180 grados» en función de «negociaciones o acuerdos políticos con los terroristas». «Rebajar la petición de pena es jugar con el Estado de Derecho y poner el Estado de Derecho en rebajas en pleno proceso de diálogo con la organización terrorista ETA. Así no funciona bien una democracia», concluyó. En la misma línea se había pronunciado Rajoy y también Acebes. Este último calificó de «tremendo» que un terrorista culpable de 25 asesinatos «esté a punto de salir a la calle», y recordó que «cuando mataron al matrimonio Jiménez Becerril, Chaos dijo que “sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia”». «Efectivamente hoy se debe de estar riendo a carcajada limpia», indicó, informa Ep. El PP echó mano de la hemeroteca para recordar la retahíla de declaraciones de dirigentes socialistas, desde López Garrido a López Aguilar o Alonso, oponiéndose a facilitar la excarcelación del etarra porque no había demostrado «la más mínima apariencia de arrepentimiento».

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, interpretó que la anunciada rebaja de la petición de cárcel del fiscal al preso de ETA Ignacio de Juana y la reducción de la condena a varios acusados de violencia callejera puede significar el comienzo «de una nueva política penitenciaria que podrá favorecer y ayudar al proceso de paz». Preguntada sobre si estos cambios en las penas tienen una inspiración política respondió: «¿alguien lo duda?». Azkarate afirmó que la revisión de la petición de condena para Ignacio de Juana «puede estar más ajustada a una política penitenciaria más flexible y más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, olvidando épocas pasadas de los gobiernos del presidente Aznar». En este sentido mostró su deseo de que se mantenga esta nueva línea de actuación para que se respeten los derechos de los presos de ETA a la reducción de las penas y los de sus familias a visitarles en cáceles vascas. Por su parte, el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi eludió referirse al asunto de la rebaja de la condena del etarra De Juana Chaos y desmintió «rotundamente» que el Gobierno haya pactado con su formación el final de su huelga de hambre.

Una información de C. Morodo y Iker Moneo publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Aznar: «Han dado a la banda la llave»

Aarhus (Dinamarca) - La foto del ex presidente del Gobierno español ocupaba ayer la portada del suplemento Internacional del periódico liberal danés «Jyllands Posten». En una entrevista de más de cinco páginas, Aznar aborda la situación de Europa y las relaciones con los Estados Unidos pero también hay lugar para la situación política en España. El ex jefe del ejecutivo español considera «un grave error las negociaciones con ETA» y dice que «por desgracia, el Gobierno ha dado a los terroristas la llave de la situación política en España».

En respuesta a las preguntas de Flemming Rose, el redactor jefe del diario que publicó las polémicas caricaturas de Mahoma, Aznar dice estar convencido de que no sólo los terroristas islámicos participaron en los atentados del 11 de marzo en Madrid. «Ellos lo hicieron, pero la idea, el objetivo y los recursos vinieron de fuentes en España, no de fuera» dijo José María Aznar al diario, y añadió que «El sistema judicial ya ha dicho que el objetivo de los terroristas era cambiar el Gobierno. Lo consiguieron, pero a partir de ahí, el Gobierno socialista ha iniciado negociaciones con ETA. No quiero decir que se pueda separar el atentado y las consecuencias que ha tenido, pero vamos a esperar y no sacar conclusiones hasta que hayan salido a la luz todos los detalles. A lo mejor no tardan mucho. Estoy seguro que no sólo fue un ataque de los islamistas. El juez ha reconocido que no se sabe de dónde partió la idea del atentado, quién lo preparó y quién lo dirigió».

Por otra parte, Aznar dice que la OTAN se tiene que abrir para todas las democracias y desea que la Alianza Atlántica sea un instrumento del mundo libre en la lucha contra el terrorismo. En su opinión, el futuro de Europa depende de una fuerte alianza con los Estados Unidos.

Una información de Miguel Mielgo publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Interior facilitó gestiones de los familiares de De Juana para que dejara la huelga de hambre

El Gobierno intenta desligar la decisión de la Fiscalía y el final de la protesta del preso de ETA Rubalcaba confirma la participación del obispo Uriarte y Otegi niega que negociara con el Ejecutivo

MADRID.- El Ministerio del Interior facilitó gestiones de la familia del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos para que le convencieran de que abandonara la huelga de hambre.

El etarra anunció el domingo por la noche el final de su protesta, y el mismo lunes la Fiscalía anunció que estudia reducir de 96 a seis años la petición de condena para De Juana.

Según elconfidencial.com, la persona clave para convencerle de que pusiera fin a su protesta fue su novia. Incluso, según este medio digital, el Ministerio del Interior permitió que el etarra recibiera visitas de su compañera sentimental para que le hiciera ver la necesidad de concluir su huelga de hambre.

La protesta de De Juana supuso un inconveniente en la marcha del proceso de paz, tanto para el Gobierno como para Batasuna.

Según publicó ayer este periódico, el Ejecutivo, a través de la vía de contacto indirecto que mantiene con Batasuna, ha tratado en las últimas semanas con dirigentes de la coalición la situación del recluso.

Además, también intervino como mediador el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, según confirmó ayer el propio Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro del Interior admitió ayer en Sabadell que el Gobierno «accedió» a que el obispo Uriarte «explicara las preocupaciones de la familia», y añadió: «Le hemos escuchado».

El ministro explicó la situación penitenciaria de este preso y la acción del Gobierno que, según él, se ha limitado a obedecer a jueces y médicos y a atender por humanidad a la familia del detenido, informa Efe. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, negó ayer públicamente que se haya negociado con Batasuna el final de la protesta y se esforzó en intentar explicar que la decisión de la Fiscalía no tiene nada que ver con el Ejecutivo ni con el final de la protesta, aunque hayan coincidido en el tiempo.

López Aguilar consideró que la calificación penal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los actos por los que el próximo día 27 será juzgado no puede estar sujeta a ninguna «interferencia».

Sobre los contactos con Batasuna, añadió que «no se le puede pedir al Gobierno que desmienta informaciones carentes de fundamento. No se le puede pedir que gaste energía y tiempo en desmentir los bulos y los infundios con los que se intentan enjuiciar las intenciones del Gobierno». También el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, desmintió ayer públicamente esa negociación. Así, negó «rotundamente» que el Gobierno haya negociado el final de la huelga de hambre y habló de «mentira». La protesta de De Juana tuvo apoyo en las bases de la izquierda abertzale.

Quienes, desde posiciones opuestas, dieron por hecha la existencia de negociaciones para el final de la huelga y ligaron la decisión de la Fiscalía con el desenlace de la protesta fueron la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barcos, y la dirigente del PP vasco, María San Gil.

Uxue Barkos señaló a ETB que, si se tiene en cuenta la «coincidencia en el tiempo» de esas dos decisiones y que De Juana ha dicho que no abandonó la huelga de hambre por motivos de salud -«por tanto serán motivos de orden político», indicó-, se puede concluir que «hay una conexión y, por tanto, cierto desbloqueo» del proceso de paz.

Una información de F. G. publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las víctimas pueden creer que «la venganza es mejor que la Justicia» por el caso De Juana, asegura Buesa

MADRID. Sólo Batasuna, el Ejecutivo vasco y el Gobierno y sus aliados no criticaron la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de estudiar la rebaja de la pena del etarra José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos. El resto no escatimó críticas. Desde el PP, Mariano Rajoy lo calificó de «vergüenza nacional» y «escándalo descomunal», y desde el Foro de Ermua, Mikel Buesa lanzó la advertencia más dura: «No me sorprendería lo más mínimo que entre las víctimas empezara a haber casos de personas que piensen que la venganza es mejor que la Justicia, y, si eso ocurre, la responsabilidad será de Zapatero, que no habrá sabido conducir las cosas hacia un verdadero Estado de justicia».

También la voz de la Iglesia se oyó ayer. Fue la del arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, quien dijo que la «solución política no está en mis manos, pero sí decir que la sociedad debe defenderse del terrorismo de ETA o de cualquier otro terrorismo, porque si no siempre habrá grupos que tengan una justificación» para usar la violencia. Recordó al Gobierno socialista que «con el terrorismo no se negocia», puesto que «sería dar la razón a unos actos que no tienen ninguna justificación». En declaraciones a «Antena 3», el purpurado pidió «pensar mucho las cosas» antes de hablar con la banda y alertó del peligro de que «se atisbe que detrás de todo esto haya una justificación del terrorismo». «Hay una condición para hablar con ETA: primero, que desaparezca», indicó Cañizares, quien recordó que «el terrorismo de ETA es intrínsecamente perverso, y lo primero que tiene que hacer ETA es desaparecer como tal».

Para el presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, el «cambio de posición» de la Fiscalía es «absolutamente inaceptable e incomprensible», y lo que es peor, dijo, responde a una motivación «de naturaleza política». «El empeño del Gobierno de negociar con ETA le conduce a desactivar a los órganos del Estado que se ocupan de la represión del terrorismo, como la Fiscalía», denunció el presidente del Foro de Ermua, quien lamentó que el Ejecutivo quiera, a través de los fiscales, establecer «un simulacro de Justicia, y no una verdadera Justicia».

El caso del etarra De Juana es para Mariano Rajoy una «vergüenza nacional», ya que la posible la rebaja de la Fiscalía -de 96 a 6 años- «es una invitación a todas las personas que estén en la cárcel a que hagan una huelga de hambre y así les rebajan la pena». Pero el presidente del PP fue más allá y aseguró que no tiene «la menor duda» de que en su actuación el Ministerio Público sigue «los parámetros del Gobierno».

Más duro si cabe se mostró el número dos de los populares, Ángel Acebes, que afirmó que es «tremendo» que un terrorista culpable de 25 asesinatos «esté a punto de salir a la calle». Recordó que «cuando mataron al matrimonio Jiménez Becerril, De Juana Chaos dijo que «sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia»; efectivamente, hoy se debe de estar riendo a carcajada limpia».

Comparecencias en el Congreso

Y por eso el PP quiere que los ministros de Interior y Justicia y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, expliquen las razones que han llevado al Ministerio Público a estudiar una rebaja tan considerable.

Al paso de este aluvión de críticas salió inmediatamente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en primer lugar exigió a los dirigentes populares «respeto» para la decisión del fiscal como una expresión del Estado de Derecho. «Es el mismo Estado de Derecho que existía con Rajoy, que yo respeté entonces, y que yo pido a Rajoy que respete ahora», dijo.

Sobre De Juana también se pronunció el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi. Y lo hizo para negar «rotundamente» que su formación haya negociado con el Gobierno este asunto. «Eso no es verdad», apostilló.

Desde el Gobierno vasco celebraron la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que calificaron como un signo «que indudablemente puede favorecer el proceso de paz» y que a su juicio responde a una inspiración política. La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Miren Azkárate, afirmó que este tipo de medidas están «más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo», ya que la petición inicial para De Juana era demasiado «abultada».

«Excesiva» pena

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también intentó contestar al alud de reproches recibidos por la posible reducción de la petición de pena para el etarra. En un comunicado, el Ministerio Público apunta que la pena de 96 años de cárcel solicitada para De Juana por las presuntas amenazas vertidas en dos cartas publicadas por «Gara» puede ser «excesiva y desproporcionada», pero también afirma que todavía es pronto para hablar de una «sustancial reducción», algo que muchos ya han dado por sentado. La Fiscalía precisa que la posible rebaja de la petición de pena no se decidirá hasta la celebración del juicio.

Así el Ministerio Público señala que «rechaza por absolutamente infundadas» las afirmaciones «que dan por cierta y segura una sustancial reducción» en su petición, o que vinculan esta hipotética rebaja «con otras circunstancias ajenas al proceso» judicial, en relación con las informaciones que relacionan el anuncio de la Fiscalía con el «proceso de paz» o con la huelga de hambre de De Juana.

Una información de J. Bastante publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El terrorismo callejero continúa, pese al final de la huelga de hambre del preso

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Actuación Criminal de ETA

Madrid/Vitoria - Quienes anunciaban el final del terrorismo callejero tras la conclusión de la huelga de hambre del preso etarra de Juana Chaos se equivocaban. Una furgoneta de Telefónica fue atacada ayer en Vitoria tras un ataque de «kale borroka», según informaron a LA RAZON fuentes antiterroristas. La acción criminal tuvo lugar a pleno día, sobre las tres menos cuarto.

La furgoneta, una Renault Kangoo, se encontraba en la calle Hortaleza de la capital alavesa y quedó parcialmente destruida por el fuego. Fue necesaria la intervención de los bomberos para apagar las llamas, que no produjeron daños materiales en las inmediaciones.

La Ertzaintza encontró en el lugar de los hechos gasolina, un aerosol y un petardo pirotécnico, elementos que utilizan de forma habitual los que cometen este tipo de atentados.

El terrorismo callejero se ha incrementado de forma notable desde el pasado 18 de agosto, cuando ETA hizo público un comunicado en el que reclamaba, y lo hacía por tercera vez desde el comienzo de la tregua, el cumplimiento de unos supuestos compromisos adquiridos por el Gobierno, a través de sus intermediarios, para que la banda anunciara el alto el fuego.

Desde el Ejecutivo y desde las filas socialistas se ha vinculado el incremento de esta actividad criminal con la citada huelga de hambre. Su finalización debería haber conllevado la desaparición de los atentados callejeros de ser cierta esta teoría.

Sin embargo, todo parece indicar que ETA va a continuar utilizando la «kale borroka» como forma de presión al Gobierno y a los partidos políticos para que se constituya la mesa para la independencia.

Una información de J. M. Z. publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Tres etarras exculpados del asesinato de Giménez Abad

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: General

La Audiencia avala a Pedraz en la excarcelación de dos etarras

La Sala de lo Penal ratifica que «no hay pruebas» para procesar a Pla y Lorente por el asesinato de Giménez Abad y el juez cierra el sumario

MADRID - El pulso que mantuvieron los magistrados de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Santiago Pedraz en relación a la excarcelación de los etarras David Pla y Aitor Lorente se resolvió ayer en favor del segundo. La Sala de lo Penal avaló la decisión que adoptó Pedraz el pasado 17 de agosto de excarcelar a David Pla y Aitor Lorente, acusados de facilitar a la dirección de ETA la información necesaria para asesinar al senador del PP Manuel Giménez Abad. El magistrado mantuvo entonces que no existían pruebas suficientes para acusarles de cooperadores necesarios en el asesinato. Ahora, la Sala de lo Penal -a quien recurrió la Fiscalía la resolución de Pedraz- ha avalado el criterio del juez ante «la ausencia de sólidos indicios racionales de criminalidad». El auto, del que ha sido ponente Fernando Grande-Marlaska, califica las pruebas existentes contra los terroristas (que ya habían sido condenados por facilitar información a ETA, una pena que cumplieron el pasado 25 de julio) de «meras sospechas, siempre insuficientes a los fines de adoptar una medida cautelar como la que se insta» (su ingreso en prisión). El hecho de que los dos etarras fueran detenidos -junto a Ainara Estarán, todavía en prisión por otra causa- nueve meses antes de que se cometiese el crimen en mayo de 2001 no excluye, según el tribunal, que la hipotética información recabada no fuese determinante para llevar a cabo la acción terrorista. No obstante, añaden, «lo que no se constata con una mínima seriedad» es que los etarras hubiesen desarrollado esa tarea.

En cuanto a los mapas que halló la Policía en el domicilio del «comando» en Zaragoza, la Sala reseña que en los mismos no aparece ninguna anotación referente a Giménez Abad, tal y como Pedraz afirmó en su día (aunque sí figuran el ex alcalde de la capital aragonesa, José Atarés, y Santiago Lanzuela, ex presidente del Gobierno de Aragón, ambos del PP).

Tampoco entre la documentación incautada en Tarbes (Francia) al etarra Ibon Fernández de Iradi «Susper» en diciembre de 2003 existe documento alguno en el que se haga referencia al político popular «sino una expresión del recorrido seguido por alguien hasta el estadio de la Romareda, a pie y acompañado por su hijo». Giménez Abad fue asesinado, precisamente, cuando se dirigía con su hijo a presenciar un partido.

Garzón impidió que salieran de la cárcel

La salida de prisión de los etarras Pla y Lorente estuvo en el aire desde que la Fiscalía decidió instar a Pedraz a procesar de nuevo a los etarras por pasar supuestamente a la dirección de la banda terrorista ETA en Francia información determinante para el asesinato de Giménez Abad. El magistrado de la Audiencia consideró, sin embargo, que no había pruebas suficientes para procesarlos, lo que abría las puertas a su excarcelación el pasado 25 de julio. Pedraz se fue de vacaciones y su sustituto, Baltasar Garzón, estimó el recurso interpuesto por la Fiscalía e imputó a los dos etarras como cooperadores necesarios en el asesinato. La resolución de Garzón se produjo el mismo día que Pla y Lorente iban a salir de prisión, lo que paralizó su excarcelación.

Una información de Ricardo Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Fiscalía pedirá que se procese a los presuntos colaboradores del asesinato de Giménez Abad

MADRID. El fiscal Ignacio Gordillo pedirá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque el auto de conclusión del sumario por el asesinato de Manuel Giménez Abad y que procese a sus presuntos colaboradores. Fuentes del Ministerio Público sostienen que hay indicios suficientes de que Aitor Lorente y David Pla, excarcelados en agosto, facilitaron a ETA la información que sirvió a los terroristas para matar al senador popular cuando acudía con su hijo a ver un partido en el estadio de La Romareda (Zaragoza), en mayo de 2001.

La decisión de la Fiscalía de solicitar la reapertura de esta causa se produce después de que la Sección Tercera confirmara ayer la excarcelación de los presuntos etarras acordada por el juez Santiago Pedraz. En el auto, del que ha sido ponente Grande-Marlaska, se asegura que existe una ausencia de «sólidos indicios de criminalidad, verificándose meras sospechas», que siempre son «insuficientes a los fines de adoptar una medida cautelar (prisión preventiva)».

No es la primera vez que la Fiscalía interviene en la reapertura de este sumario, que este verano motivó la disparidad de criterios entre los instructores Pedraz y Garzón. Precisamente la reapertura del caso (archivado por falta de autor conocido), se produjo el pasado junio a instancias del Ministerio Público, que consideró que la información intervenida en Francia a «Susper» sobre Giménez Abad fue proporcionada por estos etarras.

Pedraz, sin embargo, no vio suficientes indicios para incriminarles y decidió volver a archivar la causa, decisión que fue recurrida por el fiscal Gordillo, En julio, cuando Pedraz estaba de vacaciones, Garzón resolvió en reforma los recursos presentados contra el archivo y retuvo a los etarras en prisión. Pero a su vuelta, en agosto, Pedraz decretó de nuevo su puesta en libertad, de nuevo por falta de indicios.

La Fiscalía recurrió de nuevo la excarcelación de Lorente y Pla, pero la Sala ha confirmado ahora la decisión de Pedraz.

Una información de N. Villanueva publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia exculpa a tres etarras del crimen de Giménez Abad 

Madrid - La Audiencia Nacional afirmó ayer que no existen indicios racionales suficientes para deducir que los etarras David Pla, Aitor Lorente y Ainara Esterán hubieran participado en el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad, ocurrido el 6 de mayo de 2001, por lo que decretó su puesta en libertad.

Pla y Lorente deberían haber sido excarcelados el pasado 25 de julio por haber cumplido seis años de condena. Ambos habían sido detenidos en julio de 2000 en Zaragoza y habían aceptado seis años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada y de uso de documentos falsos. Esterán, sin embargo, fue detenida el 12 de noviembre de 2000 y fue condenada a nueve años y seis meses de cárcel por tenencia ilícita de armas y colaboración con banda terrorista.

Sin embargo, el fiscal reclamó poco antes de ser puestos en libertad que fueran procesados como autores por cooperación necesaria del asesinato de Giménez Abad. Aunque el juez Santiago Pedraz se opuso a la petición del fiscal, durante una sustitución, el juez Baltasar Garzón ordenó la prisión preventiva de los tres etarras y acordó una serie de diligencias para comprobar los hechos.

Ayer, la Audiencia revocó el auto de prisión de los tres etarras por falta de indicios y poco después, el juez instructor, Santiago Pedraz, acordó el archivo del caso.

Una información de J. Yoldi publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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