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ETA respondió al Gobierno con el robo de armas por las decisiones del Supremo y la Audiencia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: Actuación Criminal de ETA

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».

Información de J. Molina, J. Pagola y A. Martínez publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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