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26 de Enero, 2007

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Portadas de Prensa

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Portadas en la Prensa Vasca

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Editoriales

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 12:00, Categoría: Opinión en Prensa

"Opiniones divergentes y en muchos casos interesadas" por Sin Pancarta

En el "último minuto" la Audiencia Nacional salvaba ayer la dignidad del Estado de Derecho al denegar la excarcelación del criminal De Juana Chaos. Hoy podemos leer distintas opiniones en los medios de comunicación más representativos observando la clara división existente entre grupos mediáticos fiel reflejo del fraccionamiento de la sociedad española.

No me sorprende la versión del GARA que como bien es sabido es el portavoz oficioso del entorno etarra. La misma valoración es aplicable al DEIA, periódico del PNV. Si me sorprende que LA VANGUARDIA se posicione contra el Auto de la Audiencia Nacional en términos bastante duros. En cuanto a EL PAIS y EL PERIODICO tras escuchar las reacciones de distintos medios representantes del PSOE y el "tripartito catalán" entran dentro de lo previsible.

Dicho esto sólo resta preguntarse qué interés puede tener el Gobierno Zapatero para complacer al entorno etarra excarcelando a un individuo que ha asesinado a 25 personas y cuya situación física no es producto de ninguna enfermedad, muy al contrario es achacable únicamente a su voluntad de no ingerir alimentos. La población española se opone a las medidas de gracias en un 90% (recuérdese que la oposición a la Guerra de Irak era del 76%) y sin embargo el gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, se mantiene imperturbable en su decisión ¿Por qué?


"Un triunfo del Estado de Derecho y una inyección de moral" (Editorial de EL MUNDO)

Decíamos ayer que, tras el indigno informe de la Fiscalía, el futuro del Estado de Derecho había quedado en manos de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Supieron estar a la altura del reto y acordaron mantener la prisión del etarra De Juana Chaos por una clara mayoría de doce a cuatro.

Los magistrados sostienen en su resolución que De Juana es «el único responsable» de su situación al ponerse «en peligro de forma libre y voluntaria», por lo que no cabe ni la libertad provisional ni la prisión atenuada, que se concede por grave enfermedad o un hecho sobrevenido.

La decisión supone no sólo un triunfo de ese Estado de Derecho y de la legalidad vigente sino que además representa una inyección moral para todos aquéllos que se resisten a plegarse al chantaje de ETA.

Lo que estaba en juego ayer no era la catadura moral de De Juana, ni su sentencia por amenazas, ni su condición de preso preventivo ni lo que pueda acordar el Supremo sobre su recurso. Lo que verdaderamente decidían esos 16 magistrados de la Audiencia era si las resoluciones judiciales tienen que plegarse a las presiones del justiciable y de su entorno o deben ser tomadas en base a criterios estrictamente jurídicos. Afortunadamente primó este segundo criterio y ETA no logró imponer la excarcelación de De Juana.

Tristemente, se ha podido constatar estos días que la banda tiene fuerza para doblegar a la Fiscalía, cuya conducta ha sido ignominiosa, pero no para torcer la voluntad de los jueces.

El fallo de la Audiencia fue acogido con unánime respaldo por el PP y con respeto en las filas del PSOE, pero los nacionalistas arremetieron contra los jueces, a los que intentaron presentar como marionetas del PP. Iñaki Anasagasti afirmó que «si De Juana fallece, los jueces habrán optado por la pena de muerte» mientras que otros destacados líderes nacionalistas hablaron de «venganza». Batasuna fue más lejos y calificó la resolución de «estrategia de guerra desde las cloacas judiciales». Y Askatasuna resaltó que el proceso de paz entra en «el tiempo de descuento».

Estos mensajes de la izquierda abertzale coinciden con una información publicada ayer por el diario Gara, que subrayaba que ETA considera que el Gobierno español ha incumplido sus acuerdos. Zapatero siempre lo ha negado, pero todo indica que la banda había llegado a creer que el Gobierno estaba adquiriendo compromisos a pesar de que no existían representantes formales del Ejecutivo en las reuniones con ETA.

La reciente sentencia contra Jarrai, la decisión de no excarcelar a De Juana y la detención ayer de un etarra que al parecer pretendía organizar un comando en el Mediterráneo son hechos que no han gustado nada a la banda y sus cómplices. Pero para un Estado democrático siempre serán preferibles los daños que se deriven de una nueva ofensiva de ETA que una claudicación ante sus exigencias.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Gana la Justicia, pierde ETA" (Editorial de la RAZON)

La abrumadora mayoría judicial contra la excarcelación de De Juana desautoriza al fiscal general 

El Estado de Derecho ha ganado y, por tanto, ETA ha perdido. La decisión de no excarcelar a De Juana Chaos, tomada por abrumadora mayoría (12 contra 4) de los magistrados que forman la Sala de lo Penal de las Audiencia Nacional, es de suma importancia para la credibilidad de la Justicia, para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y, sobre todo, para beneficio de la convivencia ciudadana. Pocas veces como en esta ocasión se había planteado un chantaje tan directo al Estado, con el añadido de que una parte importante de ese Estado, la fiscalía, había optado por ceder a las pretensiones del etarra, siguiendo instrucciones del Gobierno. En este sentido, es de todo punto reseñable la reacción, rápida y eficaz, de los magistrados de la Audiencia para constituirse en tribunal y elevar el caso de la Sección al Pleno. Es posible que en puridad técnica este salto suscite dudas, pero a la vista del resultado de la votación, en la que los tres jueces que estaban a punto de sustanciar el caso apoyaron la excarcelación, la decisión de la mayoría ha sido muy oportuna y es de justicia señalar al magistrado Alfonso Guevara como el impulsor de la iniciativa. Por lo demás, el veredicto de la Audiencia ha tenido la virtud añadida de colocar a cada cual en su sitio y de desvelar la naturaleza de ciertas posiciones disfrazadas de «razones humanitarias». En primer lugar, los magistrados han dejado en una situación muy poco airosa profesionalmente al fiscal, que para apoyar la excarcelación de De Juana adujo el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reservado para casos de enfermedades terminales sobrevenidas. La insolvencia técnica del fiscal era tan evidente que a la Sala no le ha resultado difícil rebatirle. Por extensión, el fiscal general ha añadido un fracaso más a su currículo en favor del Gobierno, a cuyo servicio se aplica con tanta sumisión como incompetencia. El último peldaño de esta escalera de desautorizados lo ocupa el propio Gobierno y los dirigentes del PSOE, que han apostado sin sonrojo por la excarcelación del terrorista, en especial el andaluz Chaves y el vasco Patxi López. Finalmente, conviene subrayar las virulentas reacciones de los nacionalistas contra la decisión de la Audiencia. Sólo en ocasiones como ésta, en las que se somete al Estado a una verdadera prueba de fuego, es cuando los nacionalistas, con ERC y BNG a la cabeza, muestran su verdadera naturaleza y su rostro auténtico. Resulta llamativo que dirigentes de estos dos partidos hayan sido más agresivos contra la Audiencia Nacional que condenando el atentado de ETA en Barajas. Nunca o muy rara vez se pondrán del lado de las víctimas, pero siempre lo harán de parte de aquellas gestiones o iniciativas que puedan beneficiar a los verdugos. Están en su derecho de hacerlo, si lo hacen en el marco de la ley, pero es necesario que todo el mundo lo sepa y los vea sin disfraces. A empezar por los socialistas, que gobiernan con ellos en Galicia y en Cataluña.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"De Juana no somete a los jueces" (Editorial de ABC)

La decisión mayoritaria de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que mantienen a De Juana Chaos en prisión provisional y en ingreso hospitalario, se ajusta estrictamente a los principios de legalidad y humanitarismo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre esta medida cautelar. La ley procesal sólo permite el arresto domiciliario cuando el preso preventivo esté enfermo y el internamiento carcelario «entrañe grave peligro para su salud». Los magistrados han puesto las cosas en su sitio: ni De Juana Chaos está enfermo, sino en huelga de hambre; ni la prisión provisional tiene que ver con su padecimiento, resultado exclusivo de la voluntad del etarra de presionar con una huelga de hambre al Gobierno y a los jueces para obtener su impunidad. Al fallar el requisito de la enfermedad, era innecesario alegar que la vigilancia policial del arresto domiciliario y el deterioro físico del etarra impedirían su fuga. En todo caso, conviene no olvidar las fugas de Josu Ternera -otro enfermo ilustre- y de Jon Salaberría. Por tanto, el respeto a la legalidad exigía que De Juana Chaos permaneciera en la misma situación, entre otras razones, porque si su vida está en peligro, lo más indicado es que permanezca en un hospital. Los perjuicios para su salud no serán consecuencia de una enfermedad previa o sobrevenida, ni de falta de atención médica, sino del empecinamiento del etarra por echar un pulso que ayer, afortunadamente, perdió.

Aunque la aplicación de la ley no es automática y normalmente permite un cierto margen de discrecionalidad, el caso de De Juana Chaos no ofrecía mejor alternativa legal a la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por eso, la Fiscalía ha visto cómo su criterio era rechazado absolutamente por los jueces, al pretender que se concediera al etarra una «prisión atenuada» que, conforme a la ley, no merecía en absoluto, salvo que se aceptara su chantaje. Es la segunda vez que la Fiscalía tropieza con De Juana Chaos -la primera fue el baile de acusaciones por las amenazas vertidas en dos artículos publicados en el diario «Gara», zanjado con una condena a más de doce años-, lo que es motivo suficiente para que Conde-Pumpido asuma definitivamente su deber de garantizar, en todas las causas contra ETA y la izquierda proetarra, el principio de legalidad como criterio de funcionamiento del Ministerio Público, renunciando al principio de oportunidad que tanto ha menoscabado la confianza en la Fiscalía.

Para el Gobierno y los responsables socialistas que durante tanto tiempo han reclamado de los jueces «sensibilidad» con el proceso de diálogo y con la oportunidad para la «paz», representada por el alto el fuego del 22 de marzo pasado, el auto de la Sala de lo Penal es un duro recordatorio de que, contra el Estado de Derecho, no hay proceso viable. Y el Gobierno lo sabe y por eso manifiesta habitualmente que acata las decisiones de los jueces. Sin embargo, sus actos discurren en sentido contrario, porque, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza y disuelve a Batasuna, prohibiendo su actividad política, no ha sido óbice para que el Partido Socialista de Euskadi haya rehabilitado políticamente a la coalición proetarra, convirtiéndola en interlocutor no sólo del proceso de «paz», sino también de los cambios institucionales futuros en el País Vasco y en España. El respeto a los jueces no se predica; se ejerce con hechos. Si el Gobierno fuera realmente respetuoso con la independencia judicial, afirmación con la que anteayer se obsequió a sí mismo Rodríguez Zapatero, no endosaría a los jueces la responsabilidad de facilitar el proceso con decisiones contrarias a las leyes. Debería asumir su propia responsabilidad, abandonar el doble lenguaje al que nos ha habituado y tener el valor de ir al Parlamento a proponer reformas legales que den a los terroristas el trato judicial que considera coherente con un proceso de negociación.

En definitiva, es probable que los dirigentes socialistas que abogaban por la libertad provisional o el arresto domiciliario de De Juana Chaos tuvieran muy presente la exigencia de impunidad que ETA ha reiterado en sus comunicados y que, según las filtraciones al diario «Gara», habría sido convenida con el Gobierno en los contactos previos al alto el fuego del 22 de marzo. Lo que queda claro es que la impunidad de los terroristas es imposible gracias al Estado de Derecho, a la independencia judicial y a las oportunidades que ofrece el sistema procesal penal español para el ejercicio de la acción popular, que se ha convertido en el paliativo de la cada día más incomprensible actuación del fiscal general del Estado.

Editorial publicado por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Estado de Derecho" (Editorial de LA GACETA DE LOS NEGOCIOS)

Dieciséis personas han tenido en sus manos el Estado de Derecho. Con acierto se decidió abocar al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la resolución del caso De Juana Chaos; y ésta ha resuelto por amplia mayoría. El etarra De Juana seguirá en prisión, más específicamente en el hospital al que fue trasladado, y no se le excarcelará. Para votar esa solución, 12 magistrados han tenido que hacer caso omiso de los discursos de los últimos días, pronunciados desde el partido del Gobierno y los medios de comunicación afines.

Se ha aplicado la legislación general, se ha seguido con la jurisprudencia consagrada por el Tribunal Constitucional, se han analizado las verdaderas circunstancias de salud del preso y se ha resuelto en consecuencia.

Para tomar esta decisión, los magistrados han desestimado contemplar las circunstancias políticas del caso y, desde luego, no han aceptado el peor de los chantajes. Aquel que pretende hacer responsable de las reacciones del criminal a quien ejercita la justicia, juego en el que son expertos algunos aliados del Gobierno y que, por cierto, aplicaron al mismo recientemente. Incluso en su defensa de la impunidad no han dudado en tachar de venganza la pretensión de las víctimas, lo que es una ignominia.

Aunque el Gobierno se había referido al estricto respeto a las resoluciones de los tribunales, movió sus peones —como ya es casi habitual— en sentido opuesto al auto que se ha producido. Por enésima vez la Fiscalía de Conde-Pumpido mostró su rostro más benevolente con otro encausado por terrorismo de ETA. Esta insistencia del Ministerio Público, que provocaría escándalo en los países de nuestro entorno, aquí ya no produce ni sorpresa.

Editorial publicado por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


 

"No" (Editorial de EL PAIS)

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió ayer negativamente a la posibilidad de modificar la situación penitenciaria del etarra De Juana Chaos, en huelga de hambre desde noviembre. El recluso seguirá en prisión preventiva y sometido a alimentación forzada, a pesar de la advertencia médica de que el mantenimiento de esa situación entraña un alto riesgo de fallecimiento o graves secuelas.

Este dictamen médico motivó que el tribunal sentenciador -no la Fiscalía del Estado ni el Gobierno, como insistía ayer Rajoy- tomara la iniciativa de sopesar la posibilidad de suavizar la situación penitenciaria del reo. Concretamente, se trataba de establecer si se le podía conceder la libertad provisional (dado que no existe aún sentencia firme) o aplicarle la prisión atenuada domiciliaria prevista en la ley para situaciones en las que "por razón de su enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud". La mayoría ha rechazado que le sea aplicable ese supuesto por considerar que el riesgo de agravamiento de su situación no depende de su internamiento en prisión (o en un hospital), sino de su voluntad de no alimentarse.

Es un argumento de peso pero no definitivo. Pues la cuestión es si el Estado, responsable de la vida de los presos bajo su custodia, puede hacer algo más de lo que ha hecho para evitar la muerte del recluso; si puede hacerlo, se entiende, en el marco de la ley. Es cierto que no puede garantizar que De Juana no muera, pues eso depende de su voluntad de alimentarse, pero sí puede tomar las medidas previstas en la ley que puedan favorecer esa voluntad. La libertad provisional no sería una medida impensable, pues si está en prisión es en función de una medida cautelar, es decir, excepcional frente a la norma, mientras la sentencia no sea firme. Es improcedente invocar al respecto el pasado criminal de De Juana, pues ya cumplió la condena que por ese pasado se le impuso. Ahora se trata de otra sentencia, recurrida, por un presunto delito de amenazas terroristas, y es en función del mismo que debe considerarse la aplicación o no de esa medida cautelar.

Con más razón podría considerarse factible conceder la situación de prisión atenuada en el domicilio, como vía para que desista de prolongar el ayuno. Es posible que de todas formas el preso persistiera y el desenlace fuera el mismo. Pero no es indiferente que quede constancia de que el Estado ha hecho todo lo posible por evitarlo en el marco de la ley. Hacerlo no sería ceder al chantaje, como se afirma a la ligera, pues no se trata de cuestionar la sentencia, que seguiría pendiente de confirmación por el Supremo.

Tampoco supondría crear un precedente al que se apuntarían todos los presos de ETA. Se trata de un caso muy singular: la condena a 12 años por un delito de amenazas terroristas (que el instructor del caso no apreció inicialmente como tal), contenidas en dos artículos escritos en prisión y aparecidos en el diario Gara. La posibilidad de que la sentencia sea revisada a la baja por el Supremo no es impensable. Es significativo al respecto que entre los cuatro votos discordantes con la mayoría figuren los de los tres magistrados que dictaron esa sentencia de 12 años. Esto significa que había margen para una resolución diferente que compaginara la justicia y el esfuerzo por evitar una muerte.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


 

Una dura resolución (Editorial de LA VANGUARDIA)

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional resolvió mantener al etarra José Ignacio de Juana Chaos en prisión preventiva, a pesar del evidente riesgo de su muerte tras 80 días en huelga de hambre. De los 16 magistrados reunidos ayer, sólo cuatro apoyaron la petición fiscal de prisión atenuada, y tres de éstos fueron los que en noviembre condenaron a De Juana a 12 años por amenazas en artículos de prensa, condena que no es firme por hallarse recurrida ante el Supremo.

Los jueces han rechazado la aplicación del artículo 508 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suavización de la cárcel en caso de presos enfermos, porque consideran que en De Juana no es una dolencia sobrevenida sino autoprovocada. El citado artículo dice que el preso podrá cumplir la condena en su domicilio cuando "por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud" y la Audiencia dice que no es el internamiento sino su voluntad de no comer lo que entraña peligro.

Es evidente que la decisión tiene una trascendencia que va más allá de lo jurídico. De ello eran conscientes los magistrados que, en la víspera, exigieron que la resolución fuera tomada por la sala de lo penal en pleno, en lugar del tribunal de la sección primera que lo juzgó y condenó, con el argumento de la trascendencia del caso. Una exigencia ajustada a derecho pero llamativa, porque existía la impresión en medios judiciales de que la decisión de la sección primera iba a ser favorable a la prisión atenuada, tal como se ha demostrado en la votación de los tres magistrados de aquella sección.

Es también una resolución con una gran repercusión social, por tratarse de un terrorista con un largo y espantoso historial de asesinatos por los que fue condenado a más de 3.000 años y de los que cumplió 18. Este hecho, conforme a derecho, provocó una gran alarma y la Audiencia Nacional volvió a condenar a De Juana a 12 años por un delito de amenazas, una sentencia polémica que motivó la huelga de hambre del reo y que le ha llevado a una situación crítica.

La resolución de la Audiencia Nacional es opinable y también discutible, pero el Estado de derecho se fundamenta, entre otros principios, en la independencia de la justicia que actúa de acuerdo con la ley y nunca por motivaciones ajenas, como la de la venganza que se le reclama en algunas ocasiones. Pero la grandeza de la justicia, además, estriba en que cualquier reo, incluso el más detestable, tiene sus derechos.

Editorial publicado por el diario LA VANGUARDIA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


 

"La debilidad de un fallo judicial" (Editorial de EL PERIODICO)

Nadie pone en duda a estas alturas que José Ignacio de Juana Chaos es un asesino despiadado que arrebató la vida de 25 personas. No dio ninguna oportunidad a sus víctimas y se comportó como lo que era: militante de la organización terrorista ETA, empeñada en sembrar la muerte. No hay pruebas de que durante los años que pasó en la cárcel por sus crímenes mostrara arrepentimiento ni diera muestras de sentir alguna forma de compasión hacia quienes fueron víctimas de sus fechorías.

Causa estupor que el verdugo de 25 seres humanos dejara saldadas sus cuentas con la justicia después de pasar 20 años en la cárcel. No obstante, la ley con la que fue condenado lo hacía posible y hubiese sido una aberración aplicarle con efectos retroactivos las modificaciones introducidas en el Código Penal con posterioridad a la sentencia. Es indudable que una ley tan suave con un asesino en serie era esencialmente injusta con las víctimas, pero hubiera resultado indefendible forzar el incumplimiento de la propia ley para alargar el periodo de cumplimiento de la pena.

Si no se hubiese instado el procesamiento de De Juana por dos delitos de opinión, este habría salido en libertad. No se dio tal circunstancia porque la Audiencia Nacional dictó medidas cautelares contra el etarra en cuanto se inició el nuevo trámite judicial y la fiscalía solicitó una condena de 96 años. La génesis de aquel nuevo encausamiento alimentó la sensación de que el caso se había politizado y por eso se había bloqueado la liberación de De Juana, que finalmente fue sentenciado a 12 años y 7 meses de cárcel.

Dicho todo esto, resulta sorprendente que la Audiencia Nacional haya negado al condenado la petición de prisión atenuada, solicitada por la defensa y por la fiscalía, a causa del deterioro de su salud desde que se declaró en huelga de hambre. En primer lugar, porque los argumentos invocados por los magistrados parecen estar lejos de la situación real del condenado. En segundo lugar, porque la justicia española corre el gravísimo riesgo de quedar en evidencia -¿desprestigiada?- si el Tribunal de Estrasburgo determina que no han sido respetados los derechos de De Juana. Y en última instancia, porque la condena está recurrida ante el Supremo, que puede revisarla a la baja -acaso demasiado tarde-, con el peligro añadido de soliviantar más los ánimos en el País Vasco y cohesionar al mundo aberzale, presa ahora de desorientación.

Editorial publicado por el diario EL PERIODICO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


"Ley y justicia" (Editorial de EL CORREO)

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza de Iñaki de Juana Chaos, en tanto que fundada en Derecho, debería ser suficiente para zanjar la diatriba en torno a un problema que, tras el auto, no permite otra solución que la ofrecida por el tribunal competente. Los magistrados que ayer resolvieron no modificar dicha situación penitenciaria tuvieron que enfrentarse a un dilema que no encuentra en la legislación vigente una salida unívoca. Habría sido tan acorde al artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la concesión de la prisión atenuada que había solicitado la Fiscalía, en atención a la preservación del bien superior que supone el derecho a la vida, como la resolución adoptada por la Sala de lo Penal en pleno. Porque si bien la mayoría de los magistrados convino que los riesgos sobre la salud y la propia vida del preso no derivaban de su internamiento sino de su insistente negativa a nutrirse, su estado actual también podría considerarse análogo al motivado de cualquier enfermedad sobrevenida.

Además de por la falta de univocidad de la ley, la resolución se hacía aún más difícil por tratarse de un preso que, a punto de cumplir la pena milenaria que se le había impuesto por los múltiples asesinatos cometidos, había sido posteriormente procesado y condenado por las amenazas terroristas contenidas en dos artículos de prensa a una pena aún no firme de más de 12 años. La decisión adoptada a última hora en orden a arropar el auto judicial con una resolución ampliamente colegiada podría interpretarse así como un indicio más de la delicada naturaleza del caso. La discrepancia pública que se había suscitado habrá condicionado el sosiego de las deliberaciones de los magistrados, que se encuentran sometidos cada vez con más frecuencia a una presión desmesurada por parte de la opinión pública, alimentada por el irresponsable enfrentamiento partidista en la gestión de la lucha contra ETA. Pero ello no exime a los jueces de una responsabilidad que no acaban de asumir: la de unificar criterios para cubrir las lagunas que presenta -unas más comprensibles que otras- la legislación vigente. Porque, en la medida en que la Ley permite muy diversas versiones de cara a su aplicación, y los jueces y tribunales discrepan reiteradamente de su interpretación, la ciudadanía asiste perpleja, incómoda e incluso irritada ante la, en apariencia, incoherente producción judicial.

El caso de De Juana Chaos es una evidencia de esta circunstancia indeseada. Tanto la tipificación del delito como la variable petición fiscal han enrarecido el proceso y trasladado al debate político y, lo que es más preocupante, a la sociedad, una dañina crispación. Y si bien la resolución de ayer no tiene ninguna objeción en derecho, también es evidente que toda la carga de confusión y polarización arrastrada durante la tramitación se ha volcado sobre la ciudadanía. El Supremo tiene en sus manos la resolución de un recurso que debería servir para clarificar esta controversia o, al menos, para confirmar o no la condición penal de De Juana. Suficiente razón para pedir al alto tribunal que no demore su decisión.

Ahora bien, la determinación de proseguir con la huelga de hambre en protesta por su última condena implica una responsabilidad que De Juana Chaos no puede transferir a los demás y, en concreto, a los tribunales de justicia: su empecinamiento en prolongar el ayuno tampoco garantizaba que con la concesión de la prisión atenuada fuese a deponer tal actitud. De modo que nadie debería cargar sobre la Audiencia Nacional la responsabilidad por la respuesta que el preso dé a su resolución judicial. Pero también es cierto que la vida es un valor supremo y que el Estado ha de poner todos los medios a su alcance para preservar la salud del recluso. Una responsabilidad de la que no están libres los allegados de De Juana, ni unos correligionarios políticos más empeñados en encontrar un mártir o un banderín de enganche para su causa que en persuadirle de que ponga fin a su huelga y haga frente a la realidad. Y eso incluye esperar la evolución de su recurso.

Llegados a este punto, es imprescindible que los responsables políticos democráticos dejen de vincular la situación de De Juana Chaos con las vicisitudes del denominado 'proceso de paz', que la banda reventó el 30 de diciembre, o con la evolución futura de la conducta etarra. Es necesario que extremen su sentido de la responsabilidad evitando el aplauso entusiasta o, en el lado opuesto, la descalificación de una resolución judicial que, en sí misma, no entraña otro efecto político que el que los propios políticos deseen darle. Frente a la más que previsible utilización victimista de la sentencia por parte de la izquierda abertzale, los responsables democráticos deben mostrarse mesurados en la legítima expresión tanto de la coincidencia como de la discrepancia respecto al veredicto de la Audiencia Nacional.

Editorial publicado por el diario EL CORREO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


  

"¿Una sentencia de muerte?" (Editorial de DEIA)

El Resultado final de la votación del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rompe en pedazos la esperanza de que el preso de ETA Iñaki De Juana Chaos quede en libertad vigilada por policías y médicos en su casa, es tremendamente clarificador. Doce de los 16 magistrados que formaron ayer el plenario votaron a favor de que De Juana siga en la cárcel y alimentado de manera forzosa por sonda. Sólo cuatro se posicionaron en contra y, además, con voto particular. La paradoja llega cuando se sabe que dentro de ese cuarteto están los tres jueces que condenaron a 12 años y 7 meses a De Juana por escribir dos artículos de prensa.

Fue el presidente de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, en un hábil quiebro político a la lógica, el que consideró que el asunto era de tanta entidad que requería una reunión urgente del Pleno de la institución judicial. Con esta maniobra, lo que queda definido de manera nítida es que esa mayoría de jueces rechaza adoptar las medidas necesarias para salvar la vida a un ser humano. Al ignorar el informe de los médicos que tratan a De Juana, en el que se advierte de una más que posible muerte súbita por un colapso de cualquier órgano vital si se le mantiene alimentado por sonda, los magistrados desvían su responsabilidad y la cargan sobre el Estado, en teoría único garante de la salud de una persona que cumple condena en un centro penitenciario. Cuesta entender cómo un grupo de jueces dosifica la crueldad con parámetros políticos. La mayoría judicial "popular" ha vuelto a triunfar, pero esta vez acordando una resolución que juega con la vida de una persona, aunque sea el peor de los asesinos. La decisión de la Audiencia Nacional parece perseguir nuevos escenarios en los que el Estado de Excepción impera sobre la razón. Si el interés último de la resolución judicial es contribuir a mantener vivo el enfrentamiento en el País Vasco, malvenida sea. Y si Rajoy dice que es la mejor noticia como español y María San Gil pide la muerte de De Juana, el futuro cada vez se presenta más negro.

Editorial publicado por el diario DEIA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


  

"Auto de venganza" (Editorial de GARA)

El plenario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apenas precisó de una hora de reunión para adoptar una decisión cuyas implicaciones humanas y sociales son, a todas luces, muy graves. La resolución por la que se mantiene en situación de prisión provisional a Iñaki de Juana Chaos contó finalmente con el voto particular de cuatro jueces, que compartían el criterio del fiscal tendente a aprobar medidas de prisión atenuada para el preso donostiarra.

Iñaki de Juana ha pasado los últimos 20 años en prisión. Ha cumplido íntegramente la condena que le fuera impuesta y lleva dos años añadidos en la cárcel, al habérsele «construido» nuevas causas judiciales, por emplear el lenguaje utilizado por el ministro de Justicia, López Aguilar. Otra veintena de presos vascos tampoco han sido excarcelados al cumplir condena, esta vez en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.

Ante esas actuaciones, prestigiosos juristas consideran ya que en el Estado español las garantías propias de un estado de derecho han sido sustituidas por el derecho penal del enemigo, ése que, prescindiendo del principio de igualdad, establece normas jurídicas y procesales que, en la práctica, despojan de derechos a ciertas personas.

Al tratarse de un preso preventivo con una sentencia que no es firme por estar planteado recurso en el Tribunal Supremo, el tribunal tenía todas las opciones de la ley en la mano para modificar la situación de De Juana. Si a ello se le añade su situación de salud, la opción de la excarcelación tenía absoluta solidez jurídica, máxime si se tiene en cuenta que existen precedentes de excarcelación en casos de personas no ya acusadas por las opiniones vertidas en un periódico, sino, como ocurre con algún procesado por causas relativas a los GAL, directamente condenadas por delitos como secuestro, desaparición y muerte de personas.

Sin tener en cuenta al Ministerio Público, que en su día puso en bandeja a la sala que juzgó a De Juana el aplicarle una pena de 12 años por dos artículos publicados en GARA, pero que, ahora, ante la situación extrema del preso, pedía atenuar su régimen de prisión, y al margen también del criterio de los médicos que en dos periodos anteriores han impuesto la alimentación forzosa al donostiarra, el tribunal ha ordenado que se aplique de nuevo al preso un tratamiento que él rechaza y que ni siquiera garantiza que pueda seguir con vida.

Las implicaciones humanas de la decisión son terribles y, ya en la esfera política, este auto de venganza complica enormemente los esfuerzos por relanzar un proceso democrático de paz.

Editorial publicado por el diario GARA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: LA RAZON

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:50, Categoría: Procesos Judiciales

La contundente reacción de la Audiencia impide la excarcelación de De Juana

La Sala no excarcela a De Juana porque él es el «único responsable» de su estado. La Audiencia ordena la alimentación forzosa del etarra aunque «conlleva peligros». Doce de los dieciséis jueces secundan el fallo. Los cuatro magistrados discrepantes defendían, como el fiscal, la prisión atenuada en su domicilio

Madrid - La Audiencia Nacional no ha autorizado el traslado a su domicilio del etarra José Ignacio de Juana Chaos -en huelga de hambre desde hace 80 días y actualmente ingresado en el hospital Doce de Octubre- ni su libertad provisional. Muy al contrario, el Pleno de la Sala de lo Penal acordó ayer -con el voto favorable de doce de los 16 magistrados presentes- que el ex miembro del «comando Madrid» siga en prisión y se le administren alimentos de forma forzosa cuando sea preciso, tal y como reclamaba el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, y en contra de la opinión de la Fiscalía, que sopesa ahora recurrir en súplica. Cuatro magistrados -los tres a quienes correspondía inicialmente resolver la cuestión (Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Paloma González Pastor), respaldados por Clara Bayarri- formularon un voto particular defendiendo que «ante el riesgo para su vida» y dada su condición de preso preventivo se optase por la prisión domiciliaria.

Pero según el criterio del tribunal, decretar la libertad provisional -como pretendía la Sala que inicialmente debía adoptar la decisión- no es posible porque sigue existiendo riesgo de fuga y de que el terrorista vuelva a delinquir. En cuanto a atenuar la prisión provisional y permitir el traslado a su domicilio (la tesis del fiscal Fernando Burgos) el fallo es concluyente. No se dan, insisten los magistrados, los requisitos que fija el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que «el internamiento entrañe grave peligro para su salud») para acceder a esa petición. «Lo que entraña grave peligro para la salud -recalcan- de De Juana no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer (...), lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud». La prisión atenuada, continúan, está prevista para otros supuestos: una enfermedad sobrevenida o una agravación del estado de salud. Pero el caso del etarra, añaden, es diferente porque «por su propia voluntad (...) se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria». De Juana Chaos es, por tanto, «único responsable de su puesta en peligro».

Entre los magistrados que secundan el fallo figuran Fernando Grande-Marlaska (a punto de dejar la Sala para incorporarse al Juzgado de Instrucción número 3); Alfonso Guevara (el principal promotor de que el asunto se decidiese en el Pleno dada su trascendencia y el precedente que suponía para futuras resoluciones similares); Ángela Murillo, presidenta del tribunal que juzga al presunto entorno de ETA; Ricardo Rodríguez (uno de los que respaldó con su firma que la decisión se abocase al Pleno y, además, ponente de la resolución), Teresa Palacios, Nicolás Poveda y Fernando Bermúdez de la Fuente (actual presidente de la Sala de lo Penal hasta que se haga efectivo el tercer nombramiento para el cargo de Javier Gómez Bermúdez, que ayer no votó por ser uno de los amenazados por De Juana en el proceso que ha motivado su huelga de hambre).

«Conlleva peligros»

En el fallo se deja claro que según los informes médicos de no proceder a la alimentación forzosa «existe un grave peligro para su vida» por lo que, a su entender, debe aplicarse esta medida. Y eso pese a reconocer que «como afirman los médicos que le tratan (...) conlleva peligros». Pero peor, añaden, «es desde luego la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso». Así, la Sala acuerda mantener la prisión provisional de De Juana y ordenar al centro donde se encuentra ingresado desde el pasado 24 de noviembre, el hospital Doce de Octubre, que le administre los tratamientos adecuados «incluida la administración forzosa». Asimismo, recuerda a los médicos que deben informar al etarra de su evolución y de los posibles peligros para su vida si sigue con la huelga de hambre.

En cuanto al voto particular de los cuatro magistrados discrepantes, en el mismo se defiende la conveniencia de acordar la prisión atenuada (aunque algunos eran partidarios de la libertad provisional). Según ellos, el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «da cobertura» a situaciones como ésta, «en que el valor de la vida entra en conflicto con los fines que la prisión provisional trata de conseguir». Se trata, hacen hincapié, de resolver sobre la situación personal de alguien que se encuentra en prisión provisional, «lo que implica estar hablando, no de una pena, sino de una medida cautelar» que, precisamente, puede cambiar si varían las circunstancias que la motivaron. «Cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual -argumentan- lo cierto es que los informes médicos» concluyen que a medio plazo hay riesgo de muerte o consecuencias irreversibles. El estado de salud de De Juana, continúan, «se encuentra tan considerablemente deteriorado que resulta difícilmente compatible» con su internamiento.

Mientras, la Fiscalía sopesa la posibilidad de recurrir ante la propia Sala, algo que deberá decidir antes del lunes. Fuentes del Ministerio Público aseguraron ayer que estudian «tanto los aspectos formales como de fondo» con vistas a un recurso que parece más que probable.

Mientras, la intervención de todos los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia ha causado sorpresa y extrañeza en las asociaciones judiciales, aunque, eso sí, respaldan que se trata de una decisión avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jaime Tapias, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló que «normalmente» las decisiones de la Sala se refieren a cuestiones «de fondo, a asuntos que pueden crear jurisprudencia». «Es la primera vez que un tema de medida cautelar, un asunto ordinario de una prisión provisional, se decide por el Pleno».

Juan Pedro Quintana, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, calificó la intervención de la Sala como «algo inusual, al tratarse de una medida cautelar». Ésta, añadió, suele reunirse en pleno jurisdiccional «cuando hay contradicciones entre las distintas secciones». A pesar de ello, admitió que la expectativa sobre este asunto «tampoco ha sido normal», por lo que la resolución de la Sala puede «darle la mayor autoridad posible».

El TS resolverá en febrero el recurso

La Sala Penal del Tribunal Supremo está agilizando al máximo el recurso que interpuso el etarra contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a 12 años y 7 meses de prisión por dos delitos de amenazas. De hecho, según fuentes del propio tribunal, todo hace indicar que será en la segunda quincena de febrero cuando se resuelva y decida si mantiene la pena o la modifica. «No estará mucho tiempo en el Gabinete Técnico», se indica al respecto. Lo que todavía no está decidido es si el recurso será estudiado y resuelto por una sala de cinco magistrados o por todo el pleno de la Sala Penal, tal como parece respaldar algunos de sus miembros. La fiscalía del Supremo ha solicitado que se confirme la condena que se impuso a De Juana Chaos, aunque alternativamente también plantea la reducción a 4 años de prisión al considerar «incuestionable» que el contenido de los dos artículos por los que condenado se enmarca en un delito de coacciones en relación con terrorismo, ya que la finalidad de los mismos «no es otra que mover al ánimo de las personas que en ellos se mencionan -el presidente de la Sala Penal, Javier Gòmez Bermúdez- y cinco directores de prisiones- a fin de realizar las acciones que estén a su alcance, para conseguir el fin propuesto, que no es otro que alcanzar la excarcelación del autor», es decir De Juana.

Enrique López: «El Estado de Derecho ha sabido buscar una solución adecuada»

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró ayer en relación a la decisión tomada por la Audiencia de no modificar la situación de De Juana, que el Estado de Derecho ha sabido buscar «una solución adecuada» al «reto» que planteó el etarra. «Los jueces se someten sólo a la lógica de la Ley».

Una información de R. Coarasa y F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy: «La resolución desautoriza al fiscal y al Ejecutivo»

Las víctimas se felicitan porque «El Estado de Derecho no ceda al chantaje de un asesino»

BARCELONA/MADRID - «Estoy enormemente satisfecho y reconfortado, y creo que hoy todos los españoles se sienten como yo». Con este exultante ánimo acogió Mariano Rajoy la resolución de la Audiencia Nacional, que juzgó que «decisiones como ésta sí que unen de verdad a España; esto sí que es unidad de verdad frente al terrorismo». El líder del PP opinó que la acción de los magistrados «refuerza la confianza» en el Estado de Derecho, pero «desautoriza» a todos aquéllos que «hicieron lo posible» para que no se cumpliera la ley y para que «una persona que estaba chantajeando al Estado» saliera a la calle. En concreto, el dirigente popular señaló al «fiscal general del Estado, al gobierno de España y a algunos dirigentes políticos». «Parece mentira que algunos no hayan escarmentado todavía», añadió.

Rajoy afirmó que el Gobierno «debe rectificar» y abandonar las ambigüedades. «Cuando un individuo cede ante un chantaje, pierde su libertad», indicó, «pero cuando es el Gobierno el que se deja chantajear, perdemos todos». Rajoy aconsejó además a Zapatero que no repitiese demasiado que ETA estaba en las últimas, «no vaya a ser que le vuelva a pasar lo del 29 de diciembre».

En la misma línea se manifestó el secretario general de los Populares, Ángel Acebes, quien aseguró a un grupo de periodistas que la huelga de hambre de De Juana Chaos es «un chantaje» ante el que «no se puede ceder» desde el Estado de Derecho.

Acebes advirtió de que rebajar el régimen penitenciario del etarra «tendría consecuencias gravísimas» porque implica «abrir la puerta» a que otros presos hagan lo mismo para reclamar un trato similar «en virtud del principio de igualdad».

«¿Cualquier terrorista que se ponga en huelga de hambre a partir de ahora podría ver atenuada su prisión? ¿Cualquier violador que se ponga en huelga de hambre a partir de ahora podría ver reducida su condena? ¿Cualquier asesino a partir de ahora que se ponga en huelga de hambre tiene que ver atenuada su situación de prisión?», preguntó.

«No quiere la derrota de ETA»

La presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, manifestó su deseo de no publicitar el asunto De Juana Chaos. Pese a ello, no pudo evitar que se le preguntara sobre el etarra y la posibilidad que existía a esa hora de la mañana de que fuera excarcelado. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, acompañada por gran parte de la cúpula del PP, consideró un escándalo la posibilidad de que De Juana fuera trasladado a su domicilio, ya que, «si está enfermo, donde mejor está es en el hospital». Asimismo, señaló que la huelga de hambre es una opción personal, que ha adoptado conociendo sus posibles consecuencias.

Por su parte, las víctimas aplauden la decisión de la Audiencia Nacional. Para la AVT, presentada como acusación particular en la causa contra De Juana, la decisión del tribunal es «muy importante» porque supone que «el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino» y «evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas». «Se ha evitado que aumente ese dolor y sufrimiento». Asimismo, el Foro Ermua calificó la resolución de «muy acertada».

Una información de M. Pardeiro y C. Gurruchaga publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Gobierno y PSOE acatan la decisión judicial, pero temen una respuesta de ETA

El PSE insinúa que la Audiencia ha reinstaurado para De Juana la «pena de muerte»

Madrid - Respuesta oficial: «Acatamos en toda su extensión la decisión de la Audiencia Nacional». Respuesta oficiosa: ETA responderá, sin duda, a la decisión judicial. Así respiraban ayer Gobierno y PSOE, tras conocer la decisión del pleno de la Sala de lo Penal de mantener en prisión al etarra José Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre desde el pasado mes de noviembre. El socialismo navega así entre dos aguas, la del respeto a la separación de poderes del Estado y la independencia judicial y la de un Gobierno, temeroso de que el fallo reactive más pronto que tarde la actividad criminal de la banda.

¿Quiere decir eso que el Gobierno está en desacuerdo con la decisión de la Audiencia? No. Lo que creen tanto en Moncloa como en algunos sectores del PSOE es que el fallo judicial es el que más se corresponde con la «sensibilidad de la opinión pública», pero también que «el debate político y social sobre el asunto ha influido notablemente en la sentencia». Los socialistas recuerdan, además, que el etarra se encuentra ahora en prisión preventiva por un delito de amenazas sobre el que no hay aún una sentencia firme.

Eso sí, el ministro de Justicia descartó ayer que el veredicto de la Audiencia Nacional vaya a tener «consecuencias políticas» porque es una «decisión jurisdiccional que se acata y punto». López Aguilar lanzó un «mensaje de tranquilidad y confianza» por la decisión de los tribunales, que «respeta» el Gobierno, informa Ep.

Idéntico mensaje lanzó el PSOE, por boca de su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, quien dijo que Gobierno y partido «respetan y acatan en toda su extensión» el fallo que pone de manifiesto, además, que el Tribunal ha actuado con «toda independencia», y por eso, añadió, «no hay que buscar motivaciones políticas». Hizo esta advertencia al PP, a quien acusó de aplaudir determinadas sentencias y cuestionar otras, especialmente, las que investigan los casos de corrupción urbanística en sus filas.

Hasta aquí la doctrina oficial de Moncloa, que no siguieron ayer desde el PSE, donde entonaron un discurso completamente distinto. Miguel Buen, secretario general de Guipúzcoa, subrayó que sobre la decisión de la Audiencia ha podido más «la presión de algunos grupos políticos y mediáticos que la de médicos y fiscales». Su opinión es que el Estado «tiene que hacer todo lo que esté en su mano» para que el etarra no muera porque «los españoles - apostilló- decidieron hace tiempo abolir la pena de muerte». Buen insistió en que «un estado democrático tiene que hacer justicia, y no ser vengativo». Y por eso censuró unas declaraciones de María San Gil, quien dijo que no le preocupaba que De Juana muriera y que vinculó con la de ley del Talión. «Si esa es la posición del PP -sentenció- que lleve al Congreso la reinstauración de la pena de muerte».

Una información de E. L. Palomera publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Tres detenidos tras una jornada «de lucha» en el País Vasco contra la actuación judicial

Batasuna responsabiliza al PSOE de la «basura» dictada por la Audiencia sobre el etarra De Juana

Vitoria - La «jornada de lucha» convocada ayer por Askatasuna para protestar por la sentencia que declaró organización terrorista al grupo juvenil abertzale Jarrai, y que degeneró también en protesta contra la decisión de mantener en prisión a De Juana Chaos, se saldó con tres detenidos en Vitoria.

El incidente se produjo pasado el mediodía, cuando dos jóvenes que portaban camisetas en las que se leía en euskera «PSOE culpable. Adelante la juventud independentista», se colocaron sendos candados en sus cuellos y los engancharon a barrotes de la verja del Parlamento. Al lugar se desplazó la Ertzaintza, que rodeó a los dos jóvenes, ya que al lugar llegaron varias decenas de personas que habían participado antes en una manifestación convocada por el sindicato abertzale LAB y el movimiento pro amnistía. Los ertzainas intentaron cortar con una cizalla los candados, pero no pudieron, por lo que tuvieron que pedir una nueva herramienta con la que sí lograron soltar a los jóvenes.

Durante más de una hora, los concentrados profirieron gritos contra el Estado español y el Partido Nacionalista Vasco y a favor de Jarrai y por la libertad del preso De Juana Chaos. Una vez cortados los candados, los dos jóvenes fueron esposados y detenidos. Poco después, los efectivos de la Ertzaintza cargaron contra los concentrados y detuvieron a otra persona. Los tres están acusados, según confirmó a Efe un portavoz de la Ertzaintza, de desobediencia grave y desórdenes públicos.

Manifestación previa

Con anterioridad, un centenar de personas se manifestaron por las calles vitorianas tras una pancarta en la que se leía «No a la criminalización de la juventud. Condiciones democráticas». Marchas similares se celebraron en Bilbao y San Sebastián. Todas tuvieron lugar poco antes de que se diese a conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de prohibir las movilizaciones al considerar que detrás de ellas está un colectivo ilegalizado como Askatasuna.

Según el juez, «se ha constatado fehacientemente que la “jornada de movilización” está dinamizada, y, de hecho, convocada por Askatasuna, cuyo logotipo aparece en los carteles que llaman a esta movilización».

A mediodía, la Delegación del Gobierno en Navarra comunicó a sus convocantes la prohibición de las tres movilizaciones previstas para la tarde. No obstante, centenares de jóvenes se manifestaron a primera hora de la noche en San Sebastián ignorando la prohibición.

La decisión sobre De Juana también fue criticada con dureza desde Batasuna. La formación ilegalizada afirmó que «es basura judicial», y la situó en una «estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas judiciales» de ese tribunal. No obstante, responsabilizó al PSOE de la situación y reclamó que, «urgentemente, se construyan las medidas» que permitan su puesta en libertad. En un comunicado, la formación abertzale señaló que la resolución «apesta», y mostró su «honda preocupación por este “gesto” de venganza cruel contra un ciudadano vasco, Iñaki de Juana, que, una vez cumplida su condena, debiera estar en la calle, en libertad».

Mientras, ayer también se sucedieron los actos violentos, como el protagonizado por un grupo de jóvenes que obligó en Getxo (Vizcaya) a apearse de un autobús a los pasajeros, con intención de prenderle fuego, aunque la aparición de la Ertzaintza hizo que desistieran y huyeran. Además, se registró un sabotaje frustrado contra una subestación eléctrica de Iberdrola en Ondarroa, donde fueron hallados neumáticos rociados con gasolina, y unos desconocidos colgaron y quemaron varias ruedas en un puente sobre la A-8 en Bilbao.

Información publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: ABC

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:40, Categoría: Procesos Judiciales

La Audiencia evita la libertad de De Juana porque sólo él ha puesto su vida en peligro

La decisión de no ceder a la huelga de hambre del etarra José Ignacio de Juana Chaos por parte del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que ayer analizó su posible excarcelación ha causado una gran conmoción política, social y judicial.

Apenas una semana después de que el Tribunal Supremo declarara que las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi tienen naturaleza terrorista -lo que se traduce en el ingreso en prisión de 23 de sus miembros, 19 de ellos aún en fuga-, la Audiencia propinó otro revés al llamado «proceso de paz» con la simple aplicación de la letra de la ley. Es decir, la mayoría de los magistrados -12 frente a cuatro- entendieron que en el caso de De Juana Chaos no concurren razones «humanitarias» que aconsejen su excarcelación.

El terrorista, del que el presidente del Gobierno llegó a decir hace tres meses que «estaba con el proceso», deberá permanecer en la misma situación que hasta ahora, es decir, en prisión incondicional y alimentado a la fuerza por los médicos mientras siga existiendo peligro para su vida.

En uno u otro sentido, la decisión de mantener en prisión al pistolero, autor de 25 asesinatos, no ha dejado impasible a nadie. Las reacciones han venido de partidos, instituciones, asociaciones y colectivos. Mientras el PP, la AVT o la Asociación de Fiscales aplaudieron la resolución del Pleno, formaciones como la ilegal Batasuna llegaron a calificar el auto de «basura judicial», a culpar al PSOE de esta situación y a «exigirle» la inmediata puesta en libertad del etarra.

En medio del debate político y social que ha suscitado la posible excarcelación de De Juana por el agravamiento de su estado de salud, la decisión del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia (finalmente fueron 16 y no 17 los magistrados que deliberaron y votaron, pues Fernando García Nicolás no pudo asistir al encontrarse enfermo), se tomó en apenas una hora y veinte minutos.

En contra del criterio de la Fiscalía (que informó a favor de la prisión atenuada) y de la defensa del etarra (que pidió su libertad), la Sala se decantó por la solicitud de la AVT, es decir, por el mantenimiento de la prisión incondicional. En su resolución, de la que fue ponente Ricardo Rodríguez, los magistrados sostienen que en el caso de De Juana no se dan los requisitos establecidos en el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este precepto, procede la prisión en el domicilio del preso «cuando el internamiento entrañe grave peligro para su salud». No es éste el caso de De Juana, porque «lo que entraña grave peligro para su salud no es el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes (no está de acuerdo con su nueva condena), lo que es muy distinto». Por ello, insisten, no es la situación de prisión lo que está agravando su salud.

Añaden los magistrados que la prisión atenuada está prevista para supuestos distintos del que se analiza: «Bien cuando aparece una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, un tumor terminal), bien cuando se produce una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)».

Sin embargo, en este caso es el propio terrorista el que «por su propia voluntad» se ha puesto «en tal situación de peligro». Y lo ha hecho, además, estando informado en todo momento de su situación y de los posibles peligros que la huelga de hambre podían causarle. «Se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», apuntan.

Ante esa actitud, siendo una decisión del propio De Juana, «único responsable de su puesta en peligro», y planteándose un conflicto de intereses, «debe decaer su voluntad ante la posición garante de la Administración». En este sentido, se señala que el deber de ésta es velar por la vida, integridad y salud del interno con el consiguiente deber de adoptar las medias necesarias para protegerlas, si es necesario llegando incluso a imponer «limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de aquel interno que, por el riesgo de su vida en que voluntariamente se ha colocado, precise de tal protección». Por este motivo, y por el deber que tiene la Administración de velar por la integridad del preso y respetar su dignidad como ser humano, la Sala insiste en mantener su alimentación forzosa mientras continúe con la huelga de hambre.

Los magistrados se hacen eco de los informes médicos que alertan de que si no se procede a la alimentación forzosa de De Juana (por sonda nasogástrica) existe un grave peligro para su vida. Así, subrayan que si bien «toda actuación médica, y ésta en concreto, conlleva peligros, peor es la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso».

Además de acordar que se mantenga su actual situación personal, los magistrados ordenan que se continúe informando al etarra sobre su evolución «y los posibles peligros que para su vida e integridad física se vayan generando por su voluntad de continuar con la huelga de hambre».

Los cuatro magistrados que votaron en contra de la mayoría (los de la Sección Primera -Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Carmen Paloma Pastor- y Clara Bayarri, de la Sección Tercera), emitieron un voto particular en el que muestran su disconformidad con la decisión de sus doce compañeros.

A diferencia de éstos, argumentan que «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual, lo cierto es que los informes médicos nos hablan de que a medio plazo se puede llegar a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas». Así, reproducen un párrafo literal del informe médico en el que se advierte que «de mantener la conducta de ayuno (...) la evolución esperada es el fallecimiento (del preso) en un periodo cuya duración no podemos determinar, aunque es posible que sea superior a las dos o tres semanas».

Esta afirmación les lleva a concluir que el estado de salud de De Juana «se encuentra tan deteriorado que resulta difícilmente compatible» con su internamiento, por lo que consideran que es de aplicación el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consideran que, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo», el precepto citado da cobertura a situaciones como ésta.

Otro factor que debe considerarse, dicen, es que De Juana es aún un preso preventivo (el Supremo estudiará su recurso contra la condena, que todavía no es firme, la segunda quincena de febrero), por lo que la prisión, en su caso, no es una pena, sino una medida cautelar adoptada para evitar unos riesgos que se pueden solventar con otras medidas.

Un duro golpe para la tesis defendida por la Fiscalía

MADRID. La decisión adoptada por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional supone un fuerte golpe a la tesis de la Fiscalía, que se había mostrado partidaria de acordar prisión atenuada para el etarra Ignacio De Juana. Para el Ministerio Público, el internamiento entraña «grave peligro» para la salud del etarra.

Esta posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido criticada por el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Panasco, quien, en declaraciones a Servimedia, la ha calificado de «profundamente errónea». «Ha habido un desenfoque jurídico sin precedentes en casos similares», señaló García-Panasco, en cuya opinión «la imagen de la Fiscalía ha quedado afectada».

García-Panasco aseguró que su asociación reivindica la «profesionalidad de la inmensa mayoría de los fiscales de este país», y contrapuso la labor de estos funcionarios con la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a quien señaló como «único responsable de esta situación».

Una información de N. Villanueva y N. Colli publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy cree que la resolución desautoriza al fiscal y a Zapatero

BARCELONA. El presidente del PP, Mariano Rajoy, conoció la resolución de la Audiencia Nacional, contraria a atenuar la condena del terrorista Ignacio de Juana Chaos, en Barcelona, donde reconoció estar «enormemente satisfecho y reconfortado» ante una decisión que, en su opinión, representa «una unidad de verdad contra el terrorismo», al tiempo que «desautoriza a todos aquéllos que hicieron todo lo posible para que no se cumpliera la ley, el fiscal general del Estado, el Gobierno español y algunos dirigentes políticos».

«Parece que no escarmientan», dijo el dirigente popular, en referencia a quienes apoyaban el excarcelamiento del terrorista. Rajoy, que se reunió con cargos institucionales del PP en Cataluña, expresó su respeto a la decisión de la Audiencia porque «los tribunales garantizan el cumplimiento de la ley y no hay nadie por encima de eso, no el Gobierno ni el jefe del Estado». Pero, en este caso, dijo estar satisfecho «no como político, sino como español», ya que «esta decisión une a los españoles y representa una unidad de verdad contra el terrorismo».

Mariano Rajoy, que se ha llevado «una de las alegrías más grandes» de su vida al conocer el dictamen, aseguró que la huelga de hambre del etarra suponía «un chantaje inaceptable» y «cuando uno cede ante el chantaje, pierde su libertad. Cuando es el Estado quien cede, afecta a la libertad de los españoles. Lo de hoy es reconfortante y creo que estamos en el buen camino».

Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Duran Lleida, pidió a Zapatero, que «cuide sus palabras y sus intervenciones públicas» y considera «completamente innecesarias» las críticas al PP que lanzó anteayer el presidente español. Advirtió de que la unidad contra ETA «nunca llegará en la medida en que vayamos aireando» estas opiniones.

Una información de María Jesús Cañizares publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno opta por la estrategia de «cautela, esperar y aguantar el tirón»

MADRID. «Cautela y esperar» es la consigna del Palacio de la Moncloa ante una situación que se reconoce «delicada» y, hasta cierto punto, impredecible en su final -la huelga de hambre voluntaria podría llevar al etarra De Juana Chaos a la muerte, pero el Tribunal Supremo también podría aceptar el recurso contra la sentencia provisional que le mantiene en la cárcel por amenazas-.

La portavocía oficial del Gobierno se delegó ayer en el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien rechazó que la decisión de la Audiencia Nacional sea una revés para la Fiscalía -que había solicitado la prisión atenuada en domicilio-, dijo que para el Ejecutivo «es una decisión jurisdiccional que se acata y punto», apeló a la «tranquilidad y confianza» en las instituciones, y descartó «consecuencias políticas». De paso, acusó al PP de «intentar inferir consecuencias políticas e intentar condicionar las actuaciones de unos y otros con la doble vara de medir, adulando a los que se conducen por lo que uno estima que son los propios intereses o intentando escarnecer a los que no lo hacen», según informa Efe.

Esta respuesta oficial esconde a duras penas la impresión de que la decisión judicial viene a «complicar» la estrategia del Gobierno en la lucha contra ETA -lastrada por la división con el PP- y tampoco oculta el temor a «las consecuencias» -sea en forma de kale borroka o de atentados mortales- si De Juana muere, según se admite en fuentes socialistas.

El Gobierno es consciente de que el «caso De Juana» se ha «envenenado» de tal manera que cualquier decisión presenta contraindicaciones y constituye un asunto de «difícil manejo social», por lo que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se adelantó la víspera a subrayar su respeto a la independencia judicial.

Regreso al crimen

Pero incluso quienes dentro del PSOE creen que lo que correspondía era conceder a De Juana la libertad provisional sostienen que el atentado de Barajas abrió «un ciclo nuevo» ante el que al Gobierno no le queda más opción que «apretar los dientes y aguantar el tirón», según los interlocutores consultados por ABC.

Así, si algunos dirigentes socialistas temen que la muerte del etarra daría a la banda «el mártir que busca» y reforzaría las posiciones del «sector duro» de ETA, otros sostienen que «si no es por esto ahora, será más tarde porque Batasuna no puede presentarse a las elecciones o porque no hay diálogo».

A la primera tesis parecen responder las manifestaciones hechas ayer por el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, o el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. El edil donostiarra tachó de «errónea» la decisión judicial y defendió que, «por razones humanitarias, era razonable aceptar la petición del fiscal». Buen, por su parte, dijo que «guste o no, De Juana cumplió su condena por los crímenes que se le imputaban» y «a partir de ahí, el Estado no puede ser vengativo porque, si lo es, deja de ser justo».

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, prefirió eludir estas consideraciones y optó por, desde su blog en internet, acusar al Partido Popular de haber intentado «condicionar» la resolución judicial y de intentar ahora «aprovechar una decisión estrictamente judicial para atacar al Gobierno y confundir a la ciudadanía».

Una información de G. López Alba publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Interior teme que los presos aprovechen el caso para intensificar sus movilizaciones

MADRID. El Ministerio del Interior teme que el «caso De Juana» sea la espoleta para que los pistoleros etarras encarcelados comiencen una campaña masiva de movilizaciones, o al menos para que las ya convocadas para febrero por el llamado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK), habituales por otra parte a principios de cada año, alcancen una mayor intensidad.

Las fuentes consultadas por ABC explicaron que aunque los etarras presos mantienen por el momento la tranquilidad -ni siquiera reaccionaron de forma significativa ante el atentado del aparcamiento de la T-4, a pesar de que suponía el fin de cualquier expectativa de acercamiento al País Vasco-, la decisión de ayer de la Audiencia Nacional podría ser el «banderín de enganche» que necesitaba la banda para que sus reclusos, que en los últimos tres años apenas han seguido las movilizaciones convocadas por la dirección, decidan endurecer su postura. Sería en cualquier caso paradójico, ya que el propio José Ignacio de Juana Chaos, autor de veinticinco asesinatos, tampoco participó en aquellas protestas convocadas por el EPKK, al margen de realizar algún gesto simbólico. Además, el terrorista decidió ponerse en huelga de hambre sin contar con ETA, lo que provocó el malestar de sus cabecillas.

Desmovilización

Hay un dato que revela hasta qué punto existía una desmovilización de los presos, muchos de los cuales empiezan a estar hartos de no ver una salida a su situación: ninguno de los etarras afectados por la «doctrina Parot» -algunos de ellos han visto cómo sus condenas aumentaban hasta diez años-, han protagonizado protesta alguna.

La posible reactivación de las protestas carcelarias provocan además cierta inquietud porque muy probablemente vendrían acompañadas de movilizaciones en el exterior por parte de los colectivos de apoyo a los presos y de los propios familiares de los internos, que en los últimos tiempos habían descendido de forma importante en su actividad.

«Se ha dicho que haber concedido la prisión atenuada a De Juana era sentar un precedente peligroso, y es cierto», dicen las fuentes consultadas. «Pero también es verdad que el resto de presos puede pensar que este terrorista en solitario no ha conseguido su propósito, pero que quizá logren algunos de sus objetivos si son 50 ó 60 los que comienzan una protesta similar», añadieron.

En cualquier caso, y pase lo que pase, lo que es cierto es que a la dirección de la banda le ha venido muy bien este asunto, ya que puede haber cohesionado más al colectivo de presos etarras en un momento especialmente delicado, después de que los pistoleros hayan puesto fin con el último atentado a las esperanzas de los reclusos de mejorar sus condiciones de vida.

«En su mentalidad, la decisión de la Audiencia les confirma en su papel de víctimas de un Estado «represor» y en que son «presos políticos», señalan las fuentes de Interior, que añaden: «En el fondo, la cúpula de ETA desea que De Juana muera en prisión, sería lo mejor para sus intereses, una excusa perfecta para justificar nuevos actos criminales y demostrar ante sus bases que lo que llaman lucha armada sigue siendo necesaria».

Una información de Pablo Muñoz publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El PNV compara la decisión con la pena de muerte y culpa directamente al PP de lo que le pueda ocurrir al preso etarra

BILBAO/MADRID. El PNV y el Gobierno vasco extremaron ayer sus críticas contra los jueces por la decisión de la Audiencia Nacional de dejar preso al etarra De Juana Chaos. El senador del PNV Iñaki Anasagasti afirmó que, si el etarra muere a causa de su huelga de hambre, «se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP y de la extrema derecha más rancia del país». «Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación», asegura.

El Gobierno vasco no se quedó atrás y definió la decisión que tomó la Audiencia Nacional como «una actuación más en la carrera de despropósito judicial», por lo que exigió que sea el Tribunal Supremo el que pronuncie «con urgencia» sobre la situación del preso.

También el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, mostró su preocupación por la posibilidad de que haya una «interpretación sesgada» de las razones humanitarias y derechos que todas las personas tienen y que, además, se apliquen «regímenes de excepcionalidad, desconsiderando las propias leyes, con interpretaciones más políticas que pueden llevar a una dinámica de «acción, reacción».

El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga Ramírez, opinó que la decisión de la Audiencia Nacional «pone en entredicho la vigencia de los valores democráticos en un Estado de Derecho, y escenifica la utilización de la justicia con fines claramente políticos». El secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, manifestó que hay una intención de «condicionar» el «proceso». A través de un comunicado, Ziarreta señaló que con su decisión la Audiencia Nacional ha obviado «los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea dura del Partido Popular».

Socios de Zapatero

Todos los socios parlamentarios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero criticaron con dureza la decisión de los jueces. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló que su formación política respeta la decisión de la Audiencia Nacional, pero destacó que hubieran deseado «que se combinase mejor la Justicia y la humanidad». «Las dos cosas creemos que son conciliables», apuntó. Dicho esto, dirigió sus críticas al PP: frente a la «justicia justiciera», dijo, que «reclama el Partido Popular», reclamó más terreno para la justicia y la compasión.

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, expresó sus críticas hacia la «intolerancia que se ha impuesto en este caso» impidiendo que se atenuaran las condiciones penitenciarias del preso en huelga de hambre.

También el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, Agustí Cerdá, recalcó que la Justicia debe ser Justicia «y no venganza». A su juicio, el tribunal debió tener un «gesto humanitario» con el preso por su huelga de hambre voluntaria. «Esquerra respeta pero no comparte la decisión de la Audiencia Nacional», subrayó el dirigente de ERC.

Una información de M.L.G.F. y S.E. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alivio y emoción entre las víctimas, que aplauden la decisión de la Audiencia

MADRID. Vicente Romero, Juan García, Esteban del Amo, Fausto Escrigas, Eugene Kent, Juan Carlos González, Vicente Javier Domínguez, Juan José C. Vázquez, Juan Mateos Pulido, Alberto Alonso, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, Carlos Vesteiro, Francisco Casillas, Jesús María Freixes, Santiago Iglesias, Carmelo B. Alamo, Miguel A. Cornejo, José Calvo, Andrés José Fernández, Antonio Lancharro, José Joaquín García, Jesús Gimeno, Juan Ignacio Calvo, Javier Esteban y Ángel de la Higuera no tienen la opción de hacer huelga de hambre ni pueden opinar sobre la del etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque fueron asesinados por él. Veinticinco vidas rotas y muchas familias destrozadas que ayer se sintieron confortadas no sólo por la decisión judicial de mantenerle en prisión, sino por la respuesta unánime de los colectivos de víctimas del terrorismo: todos ellos sin excepción (de una u otra «tendencia») refrendaron esta actuación de la Audiencia Nacional.

Homenaje en Sevilla

Especial relieve tuvieron las reacciones en el acto de homenaje a Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García que ayer celebró el PP-A en Sevilla. El eurodiputado y ex presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgáiz, expresó que «ojalá» el etarra hubiera hecho la huelga de hambre «antes de haber asesinado. Así sus víctimas estarían hoy con nosotros». Acompañado por el presidente del PP-A, Javier Arenas, y por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, Iturgáiz señaló además que la decisión judicial deja en evidencia a quienes han llamado a De Juana Chaos un «hombre de paz».

Arenas, por su parte, atacó el hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, dijera el miércoles que consideraba «razonable» que se decretase para De Juana «prisión atenuada o libertad provisional». «Cada minuto que deja pasar sin pedir disculpas a la familia Jiménez-Becerril lo está perdiendo», aseguró.

Teresa Jiménez-Becerril dijo que «mi hermano nunca habría dicho que podría ser razonable excarcelar a De Juana». Ya antes, Teresa había expresado su «gran alegría» por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que «las víctimas podemos seguir creyendo en la Justicia».

A su juicio, los magistrados han podido comprobar en estos días que la opinión pública estaba totalmente en contra de la excarcelación, lo que cree que ha dejado en entredicho al Gobierno «que estaba detrás de la medida». Para Chaves tuvo más palabras duras por su posición favorable a las medidas «humanitarias» en favor de De Juana Chaos: «Habría que responderle que le dijera a la cara a mi madre que le parecía bien la posibilidad de que este hombre saliera de la cárcel».

Habla una de sus víctimas

Pero no hubo sólo declaraciones en el acto de Sevilla. El guardia civil Alfonso Sánchez, herido en un atentado en la plaza de la República Argentina de Madrid en 1985 en el que participó este sanguinario etarra, consideró ayer una «buena noticia» la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerlo en prisión, y sugirió que todo el interés que la situación del terrorista ha suscitado debería volcarse «a favor de sus víctimas, muchas de ellas en silla de ruedas». También reprobó que, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional, algunos dirigentes políticos se hayan mostrado en desacuerdo y hayan defendido las razones humanitarias porque, en demasiadas ocasiones, esas mismas voces ignoran el sufrimiento de las víctimas.

La «voluntad de un preso»

Asimismo apoyó la continuidad en prisión del etarra De Juana Chaos la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAVT) que se acaba de reunir con el lendakari Ibarretxe. «Ninguna decisión jurídica -declaró ayer Roberto Manrique, vicepresidente y portavoz de la entidad- puede depender de la voluntad de un preso».

Además, la Federación de Víctimas insistió en que les hubiera gustado que las asociaciones que se han interesado por la situación del etarra «lo hubieran hecho también por las familias de sus víctimas», en referencia a la visita al etarra de un comité dependiente del Consejo de Europa.

La AVT lamenta la «cobardía» del Gobierno

La decisión judicial fue aplaudida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que denunció la «falta de sentido de Estado del Gobierno socialista y sus socios al limitarse a «acatar» y «respetar» lo acordado por la Justicia en vez de «apoyarlo», lo que, en opinión de la entidad encabezada por Francisco José Alcaraz, supone «una cobardía en toda regla». Para la AVT, «una decisión distinta a la tomada podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas y a la sociedad española».

Una información de S. E. y B. T. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: EL MUNDO

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:00, Categoría: Procesos Judiciales

Los jueces deciden que De Juana siga preso y el nacionalismo les criminaliza

Acuerda por 12 votos frente a cuatro no modificar la situación procesal del etarra. Subraya que su vida está en peligro por la huelga de hambre voluntaria, no porque se encuentre preso.

MADRID.- Por una rotunda mayoría de 12 votos frente a cuatro, la Audiencia Nacional acusó ayer a José Ignacio de Juana Chaos de ser «el único responsable» de su estado se salud y ordenó que continúe en prisión provisional.

La decisión de la víspera de llevar el caso De Juana a Pleno ha conducido a que el etarra no disfrute de una prisión atenuada en su domicilio, como solicitaba la Fiscalía y como hoy mismo tenían previsto acordar los tres magistrados de la Sección Primera en los que inicialmente recayó el asunto.

Según el auto redactado ayer por el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, no se cumple el requisito esgrimido por el fiscal para dictar una prisión atenuada: que el internamiento entrañe «grave peligro» para la salud del reo. «Lo que entraña grave peligro para la salud de De Juana Chaos no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes, lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud».

Añade el escrito que la prisión atenuada está prevista para otro tipo de supuestos, «como una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, tumor terminal) o una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)». «Ninguno de tales supuestos es el del caso en que es el preso quien, precisamente, por su propia voluntad se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», añade.

Los jueces también reiteran al Hospital 12 de Octubre que proceda de nuevo a alimentar por la fuerza a De Juana tantas veces como lo considere necesario. Respecto al peligro que incluso el tratamiento médico tiene para su vida -según explicaron los médicos en su último informe-, el Pleno resalta que «peor es, desde luego, la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente».

El Pleno también ordena al Hospital que mantenga informado a De Juana en todo momento de la evolución de su estado de salud y del peligro que la huelga de hambre supone para su vida.

Tres de los cuatro jueces de la minoría fueron, precisamente, los miembros de la Sección Primera -Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González- quienes, junto a la magistrada Clara Bayarri, emitieron un voto particular apoyando la prisión atenuada solicitada por el fiscal. Por contra, la Sala se inclinó por la postura mantenida por el letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura.

Pese a que lo habitual es intervenir en orden inverso a la antigüedad de cada magistrado, ayer los primeros en hacerlo fueron los miembros de la Sección Primera, que se repartieron la exposición de los argumentos por los que respaldaban la prisión atenuada. Les siguieron varias intervenciones de jueces contrarios a esa postura, hasta que el presidente de la Sala, Fernando Bermúdez de la Fuente, estableció un turno de palabra en el orden acostumbrado.

Doce de los 16 magistrados presentes -uno se ausentó por enfermedad- apoyaron entonces mantener la prisión provisional. Las intervenciones fueron, en general, breves, aunque algunos jueces se extendieron más al defender la prisión de De Juana. Entre ellos, Fernando Grande-Marlaska, que como instructor encarceló a De Juana por las amenazas vertidas en Gara.

También expuso sus argumentos con especial vehemencia Ricardo Rodríguez, quien junto a Fermín Echarri y Flor Sánchez formó parte del tribunal que condenó al etarra.

Antes de que el presidente de la Sala diera por concluido el bloque de intervenciones, el último capítulo del caso De Juana lo cerró quien lo había iniciado: Alfonso Guevara. El presidente de la Sección Tercera, que el miércoles reunió las firmas suficientes para llevar el asunto a Pleno, concluyó con una breve intervención en la sumó su voto al de la mayoría: que De Juana siga en prisión.

Para entonces, la Sección Primera ya había perdido otra votación. Antes de entrar en el fondo, los jueces tuvieron que resolver si -como al final se acordó- se trataba de un Pleno jurisdiccional. Es decir, si se podía constituir como tribunal y resolver el caso. Miembros de la Sección defendieron que sus compañeros no les podían retirar un asunto del que ya se habían hecho cargo y sobre el que habían llegado a deliberar.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Sección 'original', a favor de la prisión domiciliaria

MADRID.- Hasta que el Pleno se cruzó en su camino, De Juana podía creer en su suerte. Entre los 17 magistrados de la Sala de lo Penal, su caso estaba en manos de tres de los cuatro que respaldaban la prisión domiciliaria.

Estos magistrados presentaron ayer un voto particular discrepante en el que, al igual que mantuvo en su escrito el fiscal Fernando Burgos, consideran que se dan los requisitos legales para acordar una prisión atenuada.

El escrito respaldado por los miembros de la Sección Primera, Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González, así como por Clara Bayarri, considera de especial relevancia que, «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual», los informes médicos indican que, a medio plazo, podría llegarse «a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas».

«Los referidos informes médicos nos ponen de relieve que el estado de salud del procesado, en el momento presente, se encuentra tan considerablemente deteriorado, que resulta difícilmente compatible con el mantenimiento del internamiento».

Así, consideran que se cumplen los presupuestos para aplicar el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que «el juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con vigilancia precisa».

Los cuatro magistrados discrepantes resaltan que este precepto, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo, da cobertura precisamente a situaciones como la presente, en que el valor de la vida entra en conflicto con los fines que la prisión provisional trata de conseguir».

El hecho de que fuera precisamente De Juana el que, voluntariamente, hubiera provocado la situación es el elemento fundamental que la mayoría de los magistrados empleó ayer para descartar la aplicación del artículo.

«Por ello», concluye el escrito, «discrepamos del voto de la mayoría considerando que, al tratarse de un preso preventivo en situación de riesgo para su vida, la decisión debía haber sido la aplicación de una medida de prisión provisional atenuada en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias y el tratamiento médico oportuno, como el propio artículo establece».

La Fiscalía aún no ha anunciado si recurrirá.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy asegura que el tribunal 'desautoriza' a Zapatero

BARCELONA.- Mariano Rajoy opinó ayer que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional «desautoriza a todos aquellos que hicieron todo lo posible para que no sucediera». Entre esas personas citó explícitamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

En Barcelona, donde acudió a una reunión de la Junta Directiva de los populares catalanes, el presidente del PP aseguró que «siempre» respeta las decisiones de los jueces, pero que en este caso concreto, además, el acuerdo que han adoptado le ha hecho sentirse «ya no como dirigente político, sino como español, satisfecho y reconfortado». «Me he llevado una de las mayores alegrías de los últimos tiempos», añadió.

Según Rajoy, el «chantaje» que suponía la actitud del etarra José Ignacio de Juana Chaos «era evidente», y por eso la resolución judicial ha sido un paso «en el buen camino». En su opinión, decisiones como ésa «unen a los españoles», porque de esta manera «es como se lucha de verdad contra el terrorismo».

El presidente del PP se mostró muy crítico con el Gobierno, al que acusó de estar «perjudicando», con la relación que mantiene con ETA y su entorno, «a todos los españoles». «Era un chantaje inaceptable, y cuando uno se deja chantajear está perdiendo su libertad, pero cuando lo hace el Estado perjudica la libertad de todos los españoles», manifestó.

«Parece mentira que todavía no hayan escarmentado», insistió, en referencia al Gobierno y al fiscal general del Estado, y recordó la sentencia del Tribunal Supremo que ha considerado organizaciones terroristas a Jarrai, Segi y Haika y no solamente asociaciones ilícitas.

En cuanto al hecho de que 12 magistrados de la Audiencia Nacional hayan votado a favor de mantener a De Juana en prisión y cuatro optaran por la petición del fiscal de atenuarle la situación y enviarle a su casa con vigilancia policial, Rajoy se limitó a afirmar: «Probablemente, nada en esta vida es uniforme».

El PP fue el único partido político que se mostró claramente a favor de que José Ignacio de Juana continúe en prisión preventiva. Otros colectivos sociales, sobre todo las asociaciones de víctimas, también aplaudieron esa decisión judicial [ver información en página siguiente].

SUP

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) expresó su satisfacción, porque considera que los magistrados de la Audiencia Nacional han adoptado una decisión «muy acertada».

Maximiano Correal, secretario de Comunicación de esta organización policial, opinó que se trata de «una decisión de sentido común» que ratifica, una vez más, que en España «hay un Estado de Derecho y que la Justicia se hace y se cumple».

Correal declaró a la agencia Europa Press que si los magistrados hubieran alegado razones humanitarias o de cualquier otro tipo para atenuar la prisión preventiva a De Juana Chaos, «hubiera sido un sarcasmo tremendo y una obscenidad contra todas las víctimas del terrorismo».

Ahora, añadió, depende de la voluntad de ese preso «que su estado de salud mejore», porque es él quien puede dejar la huelga de hambre que protagoniza desde hace 80 días.

CEP

El secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López, manifestó que haber atendido la voluntad del preso de ETA De Juana habría significado «ceder a un chantaje de forma clara».

Indicó que en este caso no era necesario adoptar medidas extraordinarias por parte de los jueces, puesto que éstas únicamente se ponen en marcha «cuando hay una situación sobrevenida o una enfermedad» y no por una huelga de hambre.

El secretario de la Confederación Española de Policía indicó que la decisión de la Audiencia Nacional «satisface profundamente» a su organización, porque de esta manera se ha cumplido «con la legalidad vigente» y se ha atendido «la opinión de la inmensa mayoría de los españoles».

LAS FRASES

Mariano Rajoy (PP). «Era un chantaje inaceptable, y cuando uno se deja chantajear está perdiendo su libertad, pero cuando lo hace el Estado perjudica la libertad de todos los españoles».

Maximiano Correal (SUP). Haber alegado razones humanitarias o de otro tipo para suavizar la situación del etarra De Juana «hubiera sido un sarcasmo tremendo y una obscenidad contra todas las víctimas del terrorismo».

Ignacio López (CEP). Haber atendido la voluntad del preso habría supuesto «ceder a un chantaje de forma clara» y adoptar medidas extraordinarias no era posible porque éstas se adoptan para «una situación sobrevenida o una enfermedad».

Una información de Daniel G. Sastre publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La ilegal Batasuna dice que es «basura jurídica que apesta»

MADRID/BILBAO.- La formación política ilegalizada Batasuna tachó ayer de «basura jurídica» la decisión de la Audiencia Nacional sobre el etarra José Ignacio de Juana Chaos, acusó al PSOE de la situación del preso y exigió a este partido que lo ponga en libertad.

Batasuna difundió un comunicado en el que arremete contra los magistrados, indica que su acuerdo «apesta», que se inscribe «en la estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas judiciales de la Audiencia Nacional» y que es «un gesto de venganza cruel».

Askatasuna, el colectivo abertzale de apoyo a presos de ETA, coincidió con esa crítica. «La decisión tomada por el Gobierno de Zapatero y por los jueces de este tribunal sacia su estrategia de odio y venganza. Esa política es generadora de problemas de todo tipo para todos, y esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero», indicó.

Reclamó el cierre de la Audiencia Nacional -el tribunal que juzga los delitos de terrorismo cometidos en cualquier parte de España- porque lo considera «una jaula llena de fascistas y uno de los indicadores del carácter antidemocrático del Gobierno español».

PNV

Iñaki Anasagasti reaccionó con dureza. En un artículo que difundió por internet aclara que no está de acuerdo con el etarra, pero añade: «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país. Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación».

Gobierno vasco

«Es una actuación más de la carrera de despropósito judicial a la que estamos asistiendo en las últimas semanas», indicaron fuentes del Ejecutivo autónomo, según Europa Press.

«Al margen de la consideración ética y moral que cada uno pueda tener de los hechos que cometió De Juana, por los que ya ha sido juzgado y condenado», añadieron esas fuentes, es «una desproporción» imponerle 12 años y seis meses de prisión por amenazas cometidas en dos artículos de opinión.

Otros partidos de izquierda del Congreso se mostraron en desacuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional, pero dejaron bien claro que la respetan y acatan:

IU

Gaspar Llamazares lamentó que el tribunal no haya optado por combinar «justicia, sensibilidad social y humanitarismo». «No es un caso especial, y podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente», dijo, según informa Agustín Yanel. Llamazares recordó que De Juana ya ha cumplido su condena por los asesinatos cometidos y que está en prisión preventiva por amenazas en dos artículos.

ERC

Su portavoz en el Congreso, Agustí Cerdà, coincidió con Llamazares en que, al tratarse de una condena por dos artículos y estar recurrida, el tribunal podía haber hecho un «gesto humanitario». «No tenía sentido imponer una pena tan dura por dos escritos en prensa, porque con excepciones como ésta se está legitimando de facto la cadena perpetua», añadió.

BNG

Francisco Rodríguez, portavoz de los nacionalistas gallegos, cree que se debiera haber atenuado la pena, aplicándole lo que permite la ley. «Al margen de quién sea el encausado, que puede provocar todo tipo de repudio, no se puede actuar con la ley del Talión ni forzando las leyes tanto, porque eso desautoriza más que legitima al Estado de Derecho», añadió.

PSE

Mikel Buen, secretario general de los socialistas de Guipúzcoa, dijo que «por encima de todo, hay que respetar las vidas de las personas, aunque sean criminales». Buen insistió en que «un Estado democrático tiene que hacer justicia, no tiene que ser vengativo».

EA

Ziarreta, su secretario general, indicó: «La Audiencia ha obviado los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con el PP».

Aralar

En la formación que lidera Patxi Zabaleta, indicaron que es «una crueldad» y denunciaron «presiones» del PP sobre la Justicia.

LAS FRASES

Askatasuna. «Esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero».

Iñaki Anasagasti (PNV). «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país».

Mikel Buen (PSE-EE). «Un Estado democrático tiene que hacer justicia, no ser vengativo».

Gaspar Llamazares (IU). «Podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente».

Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Una prueba de la «independencia» de la Justicia

MADRID.- Tanto el Gobierno como el PSOE «respetan y acatan en toda su extensión» la decisión del tribunal, según afirmó el portavoz de los socialistas en el Congreso, Diego López Garrido.

Dijo que esta resolución demuestra «la independencia» de la Justicia y el funcionamiento correcto del Estado de Derecho.

Indicó que el hecho de que no haya prosperado la petición del fiscal no deja «en entredicho» a la Fiscalía, sino que se trata de las «discrepancias» normales que se producen habitualmente en el mundo judicial al interpretar una norma.

El ministro Juan Fernando López Aguilar coincidió con él y dijo que esto lleva a tener «confianza» en la Justicia.

Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La AVT aplaude y critica la «cobardía» del Gobierno

MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recibió ayer con satisfacción el acuerdo de los magistrados de mantener en prisión preventiva al etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque consideran que de esta manera «se evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas del terrorismo». «Se ha evitado que aumente ese dolor y ese sufrimiento», indicaron en un comunicado. Según esta asociación, «una decisión distinta a la tomada hoy [por ayer] podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española, ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante años».

Los magistrados de la Audiencia Nacional han adoptado una resolución «muy importante, porque supone que el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino».

La AVT, que preside Francisco José Alcaraz, no se limitó a dar su opinión sobre el acuerdo de los jueces, sino que acusó de «cobardía» al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al Ejecutivo vasco por no haber «apoyado y aplaudido esta decisión».

Foro Ermua

Su presidente, Mikel Buesa, consideró «muy acertada» la resolución. «Es positivo que ningún preso salga de la cárcel como consecuencia de una estrategia deliberada para producirse un daño sobre su propia salud», indicó.

FAVT

El presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo (FAVT), Roberto Manrique, celebró el acuerdo sobre De Juana porque «ninguna decisión jurídica puede depender de la voluntad de un preso», declaró a la agencia Europa Press.

Víctimas

Personas que han sufrido atentados, personalmente o sus familiares, aplaudieron la resolución. Teresa Jiménez Becerril, hermana de un concejal de Sevilla asesinado en 1989, mostró su gran «satisfacción». «Nos permite seguir creyendo en la Justicia», afirmó.

El ex guardia civil Alfonso Sánchez, herido en 1982 en un atentado en el que participó De Juana, manifestó que es «una buena noticia». Además, reclamó que, en vez de preocuparse por la situación de ese etarra, habría que hacerlo «por la prisión atenuada en silla de ruedas en la que se encuentran muchas víctimas suyas».

Por el contrario, el periodista Gorka Landaburu mostró su respeto a la decisión judicial, pero opinó que la condena impuesta por amenazas en dos artículos ha sido «una exageración». El periodista, contra quien ETA atentó en 2001, se mostró a favor de que el Tribunal Supremo excarcela al terrorista.

LAS FRASES

A. Sánchez (víctima). «Que se preocupen por la prisión atenuada en silla de ruedas de muchas víctimas».

T. Jiménez Becerril (hermana de un concejal asesinado). «Nos permite seguir creyendo en la Justicia»

Gorka Landaburu (víctima). La decisión es respetable, pero la última condena a De Juana ha sido «una exageración».

Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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