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De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Editoriales

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 12:00, Categoría: Opinión en Prensa

"Opiniones divergentes y en muchos casos interesadas" por Sin Pancarta

En el "último minuto" la Audiencia Nacional salvaba ayer la dignidad del Estado de Derecho al denegar la excarcelación del criminal De Juana Chaos. Hoy podemos leer distintas opiniones en los medios de comunicación más representativos observando la clara división existente entre grupos mediáticos fiel reflejo del fraccionamiento de la sociedad española.

No me sorprende la versión del GARA que como bien es sabido es el portavoz oficioso del entorno etarra. La misma valoración es aplicable al DEIA, periódico del PNV. Si me sorprende que LA VANGUARDIA se posicione contra el Auto de la Audiencia Nacional en términos bastante duros. En cuanto a EL PAIS y EL PERIODICO tras escuchar las reacciones de distintos medios representantes del PSOE y el "tripartito catalán" entran dentro de lo previsible.

Dicho esto sólo resta preguntarse qué interés puede tener el Gobierno Zapatero para complacer al entorno etarra excarcelando a un individuo que ha asesinado a 25 personas y cuya situación física no es producto de ninguna enfermedad, muy al contrario es achacable únicamente a su voluntad de no ingerir alimentos. La población española se opone a las medidas de gracias en un 90% (recuérdese que la oposición a la Guerra de Irak era del 76%) y sin embargo el gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, se mantiene imperturbable en su decisión ¿Por qué?


"Un triunfo del Estado de Derecho y una inyección de moral" (Editorial de EL MUNDO)

Decíamos ayer que, tras el indigno informe de la Fiscalía, el futuro del Estado de Derecho había quedado en manos de los 16 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Supieron estar a la altura del reto y acordaron mantener la prisión del etarra De Juana Chaos por una clara mayoría de doce a cuatro.

Los magistrados sostienen en su resolución que De Juana es «el único responsable» de su situación al ponerse «en peligro de forma libre y voluntaria», por lo que no cabe ni la libertad provisional ni la prisión atenuada, que se concede por grave enfermedad o un hecho sobrevenido.

La decisión supone no sólo un triunfo de ese Estado de Derecho y de la legalidad vigente sino que además representa una inyección moral para todos aquéllos que se resisten a plegarse al chantaje de ETA.

Lo que estaba en juego ayer no era la catadura moral de De Juana, ni su sentencia por amenazas, ni su condición de preso preventivo ni lo que pueda acordar el Supremo sobre su recurso. Lo que verdaderamente decidían esos 16 magistrados de la Audiencia era si las resoluciones judiciales tienen que plegarse a las presiones del justiciable y de su entorno o deben ser tomadas en base a criterios estrictamente jurídicos. Afortunadamente primó este segundo criterio y ETA no logró imponer la excarcelación de De Juana.

Tristemente, se ha podido constatar estos días que la banda tiene fuerza para doblegar a la Fiscalía, cuya conducta ha sido ignominiosa, pero no para torcer la voluntad de los jueces.

El fallo de la Audiencia fue acogido con unánime respaldo por el PP y con respeto en las filas del PSOE, pero los nacionalistas arremetieron contra los jueces, a los que intentaron presentar como marionetas del PP. Iñaki Anasagasti afirmó que «si De Juana fallece, los jueces habrán optado por la pena de muerte» mientras que otros destacados líderes nacionalistas hablaron de «venganza». Batasuna fue más lejos y calificó la resolución de «estrategia de guerra desde las cloacas judiciales». Y Askatasuna resaltó que el proceso de paz entra en «el tiempo de descuento».

Estos mensajes de la izquierda abertzale coinciden con una información publicada ayer por el diario Gara, que subrayaba que ETA considera que el Gobierno español ha incumplido sus acuerdos. Zapatero siempre lo ha negado, pero todo indica que la banda había llegado a creer que el Gobierno estaba adquiriendo compromisos a pesar de que no existían representantes formales del Ejecutivo en las reuniones con ETA.

La reciente sentencia contra Jarrai, la decisión de no excarcelar a De Juana y la detención ayer de un etarra que al parecer pretendía organizar un comando en el Mediterráneo son hechos que no han gustado nada a la banda y sus cómplices. Pero para un Estado democrático siempre serán preferibles los daños que se deriven de una nueva ofensiva de ETA que una claudicación ante sus exigencias.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Gana la Justicia, pierde ETA" (Editorial de la RAZON)

La abrumadora mayoría judicial contra la excarcelación de De Juana desautoriza al fiscal general 

El Estado de Derecho ha ganado y, por tanto, ETA ha perdido. La decisión de no excarcelar a De Juana Chaos, tomada por abrumadora mayoría (12 contra 4) de los magistrados que forman la Sala de lo Penal de las Audiencia Nacional, es de suma importancia para la credibilidad de la Justicia, para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y, sobre todo, para beneficio de la convivencia ciudadana. Pocas veces como en esta ocasión se había planteado un chantaje tan directo al Estado, con el añadido de que una parte importante de ese Estado, la fiscalía, había optado por ceder a las pretensiones del etarra, siguiendo instrucciones del Gobierno. En este sentido, es de todo punto reseñable la reacción, rápida y eficaz, de los magistrados de la Audiencia para constituirse en tribunal y elevar el caso de la Sección al Pleno. Es posible que en puridad técnica este salto suscite dudas, pero a la vista del resultado de la votación, en la que los tres jueces que estaban a punto de sustanciar el caso apoyaron la excarcelación, la decisión de la mayoría ha sido muy oportuna y es de justicia señalar al magistrado Alfonso Guevara como el impulsor de la iniciativa. Por lo demás, el veredicto de la Audiencia ha tenido la virtud añadida de colocar a cada cual en su sitio y de desvelar la naturaleza de ciertas posiciones disfrazadas de «razones humanitarias». En primer lugar, los magistrados han dejado en una situación muy poco airosa profesionalmente al fiscal, que para apoyar la excarcelación de De Juana adujo el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reservado para casos de enfermedades terminales sobrevenidas. La insolvencia técnica del fiscal era tan evidente que a la Sala no le ha resultado difícil rebatirle. Por extensión, el fiscal general ha añadido un fracaso más a su currículo en favor del Gobierno, a cuyo servicio se aplica con tanta sumisión como incompetencia. El último peldaño de esta escalera de desautorizados lo ocupa el propio Gobierno y los dirigentes del PSOE, que han apostado sin sonrojo por la excarcelación del terrorista, en especial el andaluz Chaves y el vasco Patxi López. Finalmente, conviene subrayar las virulentas reacciones de los nacionalistas contra la decisión de la Audiencia. Sólo en ocasiones como ésta, en las que se somete al Estado a una verdadera prueba de fuego, es cuando los nacionalistas, con ERC y BNG a la cabeza, muestran su verdadera naturaleza y su rostro auténtico. Resulta llamativo que dirigentes de estos dos partidos hayan sido más agresivos contra la Audiencia Nacional que condenando el atentado de ETA en Barajas. Nunca o muy rara vez se pondrán del lado de las víctimas, pero siempre lo harán de parte de aquellas gestiones o iniciativas que puedan beneficiar a los verdugos. Están en su derecho de hacerlo, si lo hacen en el marco de la ley, pero es necesario que todo el mundo lo sepa y los vea sin disfraces. A empezar por los socialistas, que gobiernan con ellos en Galicia y en Cataluña.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"De Juana no somete a los jueces" (Editorial de ABC)

La decisión mayoritaria de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que mantienen a De Juana Chaos en prisión provisional y en ingreso hospitalario, se ajusta estrictamente a los principios de legalidad y humanitarismo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre esta medida cautelar. La ley procesal sólo permite el arresto domiciliario cuando el preso preventivo esté enfermo y el internamiento carcelario «entrañe grave peligro para su salud». Los magistrados han puesto las cosas en su sitio: ni De Juana Chaos está enfermo, sino en huelga de hambre; ni la prisión provisional tiene que ver con su padecimiento, resultado exclusivo de la voluntad del etarra de presionar con una huelga de hambre al Gobierno y a los jueces para obtener su impunidad. Al fallar el requisito de la enfermedad, era innecesario alegar que la vigilancia policial del arresto domiciliario y el deterioro físico del etarra impedirían su fuga. En todo caso, conviene no olvidar las fugas de Josu Ternera -otro enfermo ilustre- y de Jon Salaberría. Por tanto, el respeto a la legalidad exigía que De Juana Chaos permaneciera en la misma situación, entre otras razones, porque si su vida está en peligro, lo más indicado es que permanezca en un hospital. Los perjuicios para su salud no serán consecuencia de una enfermedad previa o sobrevenida, ni de falta de atención médica, sino del empecinamiento del etarra por echar un pulso que ayer, afortunadamente, perdió.

Aunque la aplicación de la ley no es automática y normalmente permite un cierto margen de discrecionalidad, el caso de De Juana Chaos no ofrecía mejor alternativa legal a la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por eso, la Fiscalía ha visto cómo su criterio era rechazado absolutamente por los jueces, al pretender que se concediera al etarra una «prisión atenuada» que, conforme a la ley, no merecía en absoluto, salvo que se aceptara su chantaje. Es la segunda vez que la Fiscalía tropieza con De Juana Chaos -la primera fue el baile de acusaciones por las amenazas vertidas en dos artículos publicados en el diario «Gara», zanjado con una condena a más de doce años-, lo que es motivo suficiente para que Conde-Pumpido asuma definitivamente su deber de garantizar, en todas las causas contra ETA y la izquierda proetarra, el principio de legalidad como criterio de funcionamiento del Ministerio Público, renunciando al principio de oportunidad que tanto ha menoscabado la confianza en la Fiscalía.

Para el Gobierno y los responsables socialistas que durante tanto tiempo han reclamado de los jueces «sensibilidad» con el proceso de diálogo y con la oportunidad para la «paz», representada por el alto el fuego del 22 de marzo pasado, el auto de la Sala de lo Penal es un duro recordatorio de que, contra el Estado de Derecho, no hay proceso viable. Y el Gobierno lo sabe y por eso manifiesta habitualmente que acata las decisiones de los jueces. Sin embargo, sus actos discurren en sentido contrario, porque, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza y disuelve a Batasuna, prohibiendo su actividad política, no ha sido óbice para que el Partido Socialista de Euskadi haya rehabilitado políticamente a la coalición proetarra, convirtiéndola en interlocutor no sólo del proceso de «paz», sino también de los cambios institucionales futuros en el País Vasco y en España. El respeto a los jueces no se predica; se ejerce con hechos. Si el Gobierno fuera realmente respetuoso con la independencia judicial, afirmación con la que anteayer se obsequió a sí mismo Rodríguez Zapatero, no endosaría a los jueces la responsabilidad de facilitar el proceso con decisiones contrarias a las leyes. Debería asumir su propia responsabilidad, abandonar el doble lenguaje al que nos ha habituado y tener el valor de ir al Parlamento a proponer reformas legales que den a los terroristas el trato judicial que considera coherente con un proceso de negociación.

En definitiva, es probable que los dirigentes socialistas que abogaban por la libertad provisional o el arresto domiciliario de De Juana Chaos tuvieran muy presente la exigencia de impunidad que ETA ha reiterado en sus comunicados y que, según las filtraciones al diario «Gara», habría sido convenida con el Gobierno en los contactos previos al alto el fuego del 22 de marzo. Lo que queda claro es que la impunidad de los terroristas es imposible gracias al Estado de Derecho, a la independencia judicial y a las oportunidades que ofrece el sistema procesal penal español para el ejercicio de la acción popular, que se ha convertido en el paliativo de la cada día más incomprensible actuación del fiscal general del Estado.

Editorial publicado por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"Estado de Derecho" (Editorial de LA GACETA DE LOS NEGOCIOS)

Dieciséis personas han tenido en sus manos el Estado de Derecho. Con acierto se decidió abocar al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la resolución del caso De Juana Chaos; y ésta ha resuelto por amplia mayoría. El etarra De Juana seguirá en prisión, más específicamente en el hospital al que fue trasladado, y no se le excarcelará. Para votar esa solución, 12 magistrados han tenido que hacer caso omiso de los discursos de los últimos días, pronunciados desde el partido del Gobierno y los medios de comunicación afines.

Se ha aplicado la legislación general, se ha seguido con la jurisprudencia consagrada por el Tribunal Constitucional, se han analizado las verdaderas circunstancias de salud del preso y se ha resuelto en consecuencia.

Para tomar esta decisión, los magistrados han desestimado contemplar las circunstancias políticas del caso y, desde luego, no han aceptado el peor de los chantajes. Aquel que pretende hacer responsable de las reacciones del criminal a quien ejercita la justicia, juego en el que son expertos algunos aliados del Gobierno y que, por cierto, aplicaron al mismo recientemente. Incluso en su defensa de la impunidad no han dudado en tachar de venganza la pretensión de las víctimas, lo que es una ignominia.

Aunque el Gobierno se había referido al estricto respeto a las resoluciones de los tribunales, movió sus peones —como ya es casi habitual— en sentido opuesto al auto que se ha producido. Por enésima vez la Fiscalía de Conde-Pumpido mostró su rostro más benevolente con otro encausado por terrorismo de ETA. Esta insistencia del Ministerio Público, que provocaría escándalo en los países de nuestro entorno, aquí ya no produce ni sorpresa.

Editorial publicado por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


 

"No" (Editorial de EL PAIS)

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió ayer negativamente a la posibilidad de modificar la situación penitenciaria del etarra De Juana Chaos, en huelga de hambre desde noviembre. El recluso seguirá en prisión preventiva y sometido a alimentación forzada, a pesar de la advertencia médica de que el mantenimiento de esa situación entraña un alto riesgo de fallecimiento o graves secuelas.

Este dictamen médico motivó que el tribunal sentenciador -no la Fiscalía del Estado ni el Gobierno, como insistía ayer Rajoy- tomara la iniciativa de sopesar la posibilidad de suavizar la situación penitenciaria del reo. Concretamente, se trataba de establecer si se le podía conceder la libertad provisional (dado que no existe aún sentencia firme) o aplicarle la prisión atenuada domiciliaria prevista en la ley para situaciones en las que "por razón de su enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud". La mayoría ha rechazado que le sea aplicable ese supuesto por considerar que el riesgo de agravamiento de su situación no depende de su internamiento en prisión (o en un hospital), sino de su voluntad de no alimentarse.

Es un argumento de peso pero no definitivo. Pues la cuestión es si el Estado, responsable de la vida de los presos bajo su custodia, puede hacer algo más de lo que ha hecho para evitar la muerte del recluso; si puede hacerlo, se entiende, en el marco de la ley. Es cierto que no puede garantizar que De Juana no muera, pues eso depende de su voluntad de alimentarse, pero sí puede tomar las medidas previstas en la ley que puedan favorecer esa voluntad. La libertad provisional no sería una medida impensable, pues si está en prisión es en función de una medida cautelar, es decir, excepcional frente a la norma, mientras la sentencia no sea firme. Es improcedente invocar al respecto el pasado criminal de De Juana, pues ya cumplió la condena que por ese pasado se le impuso. Ahora se trata de otra sentencia, recurrida, por un presunto delito de amenazas terroristas, y es en función del mismo que debe considerarse la aplicación o no de esa medida cautelar.

Con más razón podría considerarse factible conceder la situación de prisión atenuada en el domicilio, como vía para que desista de prolongar el ayuno. Es posible que de todas formas el preso persistiera y el desenlace fuera el mismo. Pero no es indiferente que quede constancia de que el Estado ha hecho todo lo posible por evitarlo en el marco de la ley. Hacerlo no sería ceder al chantaje, como se afirma a la ligera, pues no se trata de cuestionar la sentencia, que seguiría pendiente de confirmación por el Supremo.

Tampoco supondría crear un precedente al que se apuntarían todos los presos de ETA. Se trata de un caso muy singular: la condena a 12 años por un delito de amenazas terroristas (que el instructor del caso no apreció inicialmente como tal), contenidas en dos artículos escritos en prisión y aparecidos en el diario Gara. La posibilidad de que la sentencia sea revisada a la baja por el Supremo no es impensable. Es significativo al respecto que entre los cuatro votos discordantes con la mayoría figuren los de los tres magistrados que dictaron esa sentencia de 12 años. Esto significa que había margen para una resolución diferente que compaginara la justicia y el esfuerzo por evitar una muerte.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


 

Una dura resolución (Editorial de LA VANGUARDIA)

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional resolvió mantener al etarra José Ignacio de Juana Chaos en prisión preventiva, a pesar del evidente riesgo de su muerte tras 80 días en huelga de hambre. De los 16 magistrados reunidos ayer, sólo cuatro apoyaron la petición fiscal de prisión atenuada, y tres de éstos fueron los que en noviembre condenaron a De Juana a 12 años por amenazas en artículos de prensa, condena que no es firme por hallarse recurrida ante el Supremo.

Los jueces han rechazado la aplicación del artículo 508 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suavización de la cárcel en caso de presos enfermos, porque consideran que en De Juana no es una dolencia sobrevenida sino autoprovocada. El citado artículo dice que el preso podrá cumplir la condena en su domicilio cuando "por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud" y la Audiencia dice que no es el internamiento sino su voluntad de no comer lo que entraña peligro.

Es evidente que la decisión tiene una trascendencia que va más allá de lo jurídico. De ello eran conscientes los magistrados que, en la víspera, exigieron que la resolución fuera tomada por la sala de lo penal en pleno, en lugar del tribunal de la sección primera que lo juzgó y condenó, con el argumento de la trascendencia del caso. Una exigencia ajustada a derecho pero llamativa, porque existía la impresión en medios judiciales de que la decisión de la sección primera iba a ser favorable a la prisión atenuada, tal como se ha demostrado en la votación de los tres magistrados de aquella sección.

Es también una resolución con una gran repercusión social, por tratarse de un terrorista con un largo y espantoso historial de asesinatos por los que fue condenado a más de 3.000 años y de los que cumplió 18. Este hecho, conforme a derecho, provocó una gran alarma y la Audiencia Nacional volvió a condenar a De Juana a 12 años por un delito de amenazas, una sentencia polémica que motivó la huelga de hambre del reo y que le ha llevado a una situación crítica.

La resolución de la Audiencia Nacional es opinable y también discutible, pero el Estado de derecho se fundamenta, entre otros principios, en la independencia de la justicia que actúa de acuerdo con la ley y nunca por motivaciones ajenas, como la de la venganza que se le reclama en algunas ocasiones. Pero la grandeza de la justicia, además, estriba en que cualquier reo, incluso el más detestable, tiene sus derechos.

Editorial publicado por el diario LA VANGUARDIA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


 

"La debilidad de un fallo judicial" (Editorial de EL PERIODICO)

Nadie pone en duda a estas alturas que José Ignacio de Juana Chaos es un asesino despiadado que arrebató la vida de 25 personas. No dio ninguna oportunidad a sus víctimas y se comportó como lo que era: militante de la organización terrorista ETA, empeñada en sembrar la muerte. No hay pruebas de que durante los años que pasó en la cárcel por sus crímenes mostrara arrepentimiento ni diera muestras de sentir alguna forma de compasión hacia quienes fueron víctimas de sus fechorías.

Causa estupor que el verdugo de 25 seres humanos dejara saldadas sus cuentas con la justicia después de pasar 20 años en la cárcel. No obstante, la ley con la que fue condenado lo hacía posible y hubiese sido una aberración aplicarle con efectos retroactivos las modificaciones introducidas en el Código Penal con posterioridad a la sentencia. Es indudable que una ley tan suave con un asesino en serie era esencialmente injusta con las víctimas, pero hubiera resultado indefendible forzar el incumplimiento de la propia ley para alargar el periodo de cumplimiento de la pena.

Si no se hubiese instado el procesamiento de De Juana por dos delitos de opinión, este habría salido en libertad. No se dio tal circunstancia porque la Audiencia Nacional dictó medidas cautelares contra el etarra en cuanto se inició el nuevo trámite judicial y la fiscalía solicitó una condena de 96 años. La génesis de aquel nuevo encausamiento alimentó la sensación de que el caso se había politizado y por eso se había bloqueado la liberación de De Juana, que finalmente fue sentenciado a 12 años y 7 meses de cárcel.

Dicho todo esto, resulta sorprendente que la Audiencia Nacional haya negado al condenado la petición de prisión atenuada, solicitada por la defensa y por la fiscalía, a causa del deterioro de su salud desde que se declaró en huelga de hambre. En primer lugar, porque los argumentos invocados por los magistrados parecen estar lejos de la situación real del condenado. En segundo lugar, porque la justicia española corre el gravísimo riesgo de quedar en evidencia -¿desprestigiada?- si el Tribunal de Estrasburgo determina que no han sido respetados los derechos de De Juana. Y en última instancia, porque la condena está recurrida ante el Supremo, que puede revisarla a la baja -acaso demasiado tarde-, con el peligro añadido de soliviantar más los ánimos en el País Vasco y cohesionar al mundo aberzale, presa ahora de desorientación.

Editorial publicado por el diario EL PERIODICO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


"Ley y justicia" (Editorial de EL CORREO)

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza de Iñaki de Juana Chaos, en tanto que fundada en Derecho, debería ser suficiente para zanjar la diatriba en torno a un problema que, tras el auto, no permite otra solución que la ofrecida por el tribunal competente. Los magistrados que ayer resolvieron no modificar dicha situación penitenciaria tuvieron que enfrentarse a un dilema que no encuentra en la legislación vigente una salida unívoca. Habría sido tan acorde al artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la concesión de la prisión atenuada que había solicitado la Fiscalía, en atención a la preservación del bien superior que supone el derecho a la vida, como la resolución adoptada por la Sala de lo Penal en pleno. Porque si bien la mayoría de los magistrados convino que los riesgos sobre la salud y la propia vida del preso no derivaban de su internamiento sino de su insistente negativa a nutrirse, su estado actual también podría considerarse análogo al motivado de cualquier enfermedad sobrevenida.

Además de por la falta de univocidad de la ley, la resolución se hacía aún más difícil por tratarse de un preso que, a punto de cumplir la pena milenaria que se le había impuesto por los múltiples asesinatos cometidos, había sido posteriormente procesado y condenado por las amenazas terroristas contenidas en dos artículos de prensa a una pena aún no firme de más de 12 años. La decisión adoptada a última hora en orden a arropar el auto judicial con una resolución ampliamente colegiada podría interpretarse así como un indicio más de la delicada naturaleza del caso. La discrepancia pública que se había suscitado habrá condicionado el sosiego de las deliberaciones de los magistrados, que se encuentran sometidos cada vez con más frecuencia a una presión desmesurada por parte de la opinión pública, alimentada por el irresponsable enfrentamiento partidista en la gestión de la lucha contra ETA. Pero ello no exime a los jueces de una responsabilidad que no acaban de asumir: la de unificar criterios para cubrir las lagunas que presenta -unas más comprensibles que otras- la legislación vigente. Porque, en la medida en que la Ley permite muy diversas versiones de cara a su aplicación, y los jueces y tribunales discrepan reiteradamente de su interpretación, la ciudadanía asiste perpleja, incómoda e incluso irritada ante la, en apariencia, incoherente producción judicial.

El caso de De Juana Chaos es una evidencia de esta circunstancia indeseada. Tanto la tipificación del delito como la variable petición fiscal han enrarecido el proceso y trasladado al debate político y, lo que es más preocupante, a la sociedad, una dañina crispación. Y si bien la resolución de ayer no tiene ninguna objeción en derecho, también es evidente que toda la carga de confusión y polarización arrastrada durante la tramitación se ha volcado sobre la ciudadanía. El Supremo tiene en sus manos la resolución de un recurso que debería servir para clarificar esta controversia o, al menos, para confirmar o no la condición penal de De Juana. Suficiente razón para pedir al alto tribunal que no demore su decisión.

Ahora bien, la determinación de proseguir con la huelga de hambre en protesta por su última condena implica una responsabilidad que De Juana Chaos no puede transferir a los demás y, en concreto, a los tribunales de justicia: su empecinamiento en prolongar el ayuno tampoco garantizaba que con la concesión de la prisión atenuada fuese a deponer tal actitud. De modo que nadie debería cargar sobre la Audiencia Nacional la responsabilidad por la respuesta que el preso dé a su resolución judicial. Pero también es cierto que la vida es un valor supremo y que el Estado ha de poner todos los medios a su alcance para preservar la salud del recluso. Una responsabilidad de la que no están libres los allegados de De Juana, ni unos correligionarios políticos más empeñados en encontrar un mártir o un banderín de enganche para su causa que en persuadirle de que ponga fin a su huelga y haga frente a la realidad. Y eso incluye esperar la evolución de su recurso.

Llegados a este punto, es imprescindible que los responsables políticos democráticos dejen de vincular la situación de De Juana Chaos con las vicisitudes del denominado 'proceso de paz', que la banda reventó el 30 de diciembre, o con la evolución futura de la conducta etarra. Es necesario que extremen su sentido de la responsabilidad evitando el aplauso entusiasta o, en el lado opuesto, la descalificación de una resolución judicial que, en sí misma, no entraña otro efecto político que el que los propios políticos deseen darle. Frente a la más que previsible utilización victimista de la sentencia por parte de la izquierda abertzale, los responsables democráticos deben mostrarse mesurados en la legítima expresión tanto de la coincidencia como de la discrepancia respecto al veredicto de la Audiencia Nacional.

Editorial publicado por el diario EL CORREO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


  

"¿Una sentencia de muerte?" (Editorial de DEIA)

El Resultado final de la votación del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rompe en pedazos la esperanza de que el preso de ETA Iñaki De Juana Chaos quede en libertad vigilada por policías y médicos en su casa, es tremendamente clarificador. Doce de los 16 magistrados que formaron ayer el plenario votaron a favor de que De Juana siga en la cárcel y alimentado de manera forzosa por sonda. Sólo cuatro se posicionaron en contra y, además, con voto particular. La paradoja llega cuando se sabe que dentro de ese cuarteto están los tres jueces que condenaron a 12 años y 7 meses a De Juana por escribir dos artículos de prensa.

Fue el presidente de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, en un hábil quiebro político a la lógica, el que consideró que el asunto era de tanta entidad que requería una reunión urgente del Pleno de la institución judicial. Con esta maniobra, lo que queda definido de manera nítida es que esa mayoría de jueces rechaza adoptar las medidas necesarias para salvar la vida a un ser humano. Al ignorar el informe de los médicos que tratan a De Juana, en el que se advierte de una más que posible muerte súbita por un colapso de cualquier órgano vital si se le mantiene alimentado por sonda, los magistrados desvían su responsabilidad y la cargan sobre el Estado, en teoría único garante de la salud de una persona que cumple condena en un centro penitenciario. Cuesta entender cómo un grupo de jueces dosifica la crueldad con parámetros políticos. La mayoría judicial "popular" ha vuelto a triunfar, pero esta vez acordando una resolución que juega con la vida de una persona, aunque sea el peor de los asesinos. La decisión de la Audiencia Nacional parece perseguir nuevos escenarios en los que el Estado de Excepción impera sobre la razón. Si el interés último de la resolución judicial es contribuir a mantener vivo el enfrentamiento en el País Vasco, malvenida sea. Y si Rajoy dice que es la mejor noticia como español y María San Gil pide la muerte de De Juana, el futuro cada vez se presenta más negro.

Editorial publicado por el diario DEIA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


  

"Auto de venganza" (Editorial de GARA)

El plenario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apenas precisó de una hora de reunión para adoptar una decisión cuyas implicaciones humanas y sociales son, a todas luces, muy graves. La resolución por la que se mantiene en situación de prisión provisional a Iñaki de Juana Chaos contó finalmente con el voto particular de cuatro jueces, que compartían el criterio del fiscal tendente a aprobar medidas de prisión atenuada para el preso donostiarra.

Iñaki de Juana ha pasado los últimos 20 años en prisión. Ha cumplido íntegramente la condena que le fuera impuesta y lleva dos años añadidos en la cárcel, al habérsele «construido» nuevas causas judiciales, por emplear el lenguaje utilizado por el ministro de Justicia, López Aguilar. Otra veintena de presos vascos tampoco han sido excarcelados al cumplir condena, esta vez en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.

Ante esas actuaciones, prestigiosos juristas consideran ya que en el Estado español las garantías propias de un estado de derecho han sido sustituidas por el derecho penal del enemigo, ése que, prescindiendo del principio de igualdad, establece normas jurídicas y procesales que, en la práctica, despojan de derechos a ciertas personas.

Al tratarse de un preso preventivo con una sentencia que no es firme por estar planteado recurso en el Tribunal Supremo, el tribunal tenía todas las opciones de la ley en la mano para modificar la situación de De Juana. Si a ello se le añade su situación de salud, la opción de la excarcelación tenía absoluta solidez jurídica, máxime si se tiene en cuenta que existen precedentes de excarcelación en casos de personas no ya acusadas por las opiniones vertidas en un periódico, sino, como ocurre con algún procesado por causas relativas a los GAL, directamente condenadas por delitos como secuestro, desaparición y muerte de personas.

Sin tener en cuenta al Ministerio Público, que en su día puso en bandeja a la sala que juzgó a De Juana el aplicarle una pena de 12 años por dos artículos publicados en GARA, pero que, ahora, ante la situación extrema del preso, pedía atenuar su régimen de prisión, y al margen también del criterio de los médicos que en dos periodos anteriores han impuesto la alimentación forzosa al donostiarra, el tribunal ha ordenado que se aplique de nuevo al preso un tratamiento que él rechaza y que ni siquiera garantiza que pueda seguir con vida.

Las implicaciones humanas de la decisión son terribles y, ya en la esfera política, este auto de venganza complica enormemente los esfuerzos por relanzar un proceso democrático de paz.

Editorial publicado por el diario GARA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 

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