El Blog

Calendario

<<   Enero 2007  >>
LMMiJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Sindicación

Foros

Un Suplemento de:

Alojado en
ZoomBlog

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: ABC

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:40, Categoría: Procesos Judiciales

La Audiencia evita la libertad de De Juana porque sólo él ha puesto su vida en peligro

La decisión de no ceder a la huelga de hambre del etarra José Ignacio de Juana Chaos por parte del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que ayer analizó su posible excarcelación ha causado una gran conmoción política, social y judicial.

Apenas una semana después de que el Tribunal Supremo declarara que las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi tienen naturaleza terrorista -lo que se traduce en el ingreso en prisión de 23 de sus miembros, 19 de ellos aún en fuga-, la Audiencia propinó otro revés al llamado «proceso de paz» con la simple aplicación de la letra de la ley. Es decir, la mayoría de los magistrados -12 frente a cuatro- entendieron que en el caso de De Juana Chaos no concurren razones «humanitarias» que aconsejen su excarcelación.

El terrorista, del que el presidente del Gobierno llegó a decir hace tres meses que «estaba con el proceso», deberá permanecer en la misma situación que hasta ahora, es decir, en prisión incondicional y alimentado a la fuerza por los médicos mientras siga existiendo peligro para su vida.

En uno u otro sentido, la decisión de mantener en prisión al pistolero, autor de 25 asesinatos, no ha dejado impasible a nadie. Las reacciones han venido de partidos, instituciones, asociaciones y colectivos. Mientras el PP, la AVT o la Asociación de Fiscales aplaudieron la resolución del Pleno, formaciones como la ilegal Batasuna llegaron a calificar el auto de «basura judicial», a culpar al PSOE de esta situación y a «exigirle» la inmediata puesta en libertad del etarra.

En medio del debate político y social que ha suscitado la posible excarcelación de De Juana por el agravamiento de su estado de salud, la decisión del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia (finalmente fueron 16 y no 17 los magistrados que deliberaron y votaron, pues Fernando García Nicolás no pudo asistir al encontrarse enfermo), se tomó en apenas una hora y veinte minutos.

En contra del criterio de la Fiscalía (que informó a favor de la prisión atenuada) y de la defensa del etarra (que pidió su libertad), la Sala se decantó por la solicitud de la AVT, es decir, por el mantenimiento de la prisión incondicional. En su resolución, de la que fue ponente Ricardo Rodríguez, los magistrados sostienen que en el caso de De Juana no se dan los requisitos establecidos en el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este precepto, procede la prisión en el domicilio del preso «cuando el internamiento entrañe grave peligro para su salud». No es éste el caso de De Juana, porque «lo que entraña grave peligro para su salud no es el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes (no está de acuerdo con su nueva condena), lo que es muy distinto». Por ello, insisten, no es la situación de prisión lo que está agravando su salud.

Añaden los magistrados que la prisión atenuada está prevista para supuestos distintos del que se analiza: «Bien cuando aparece una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, un tumor terminal), bien cuando se produce una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)».

Sin embargo, en este caso es el propio terrorista el que «por su propia voluntad» se ha puesto «en tal situación de peligro». Y lo ha hecho, además, estando informado en todo momento de su situación y de los posibles peligros que la huelga de hambre podían causarle. «Se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», apuntan.

Ante esa actitud, siendo una decisión del propio De Juana, «único responsable de su puesta en peligro», y planteándose un conflicto de intereses, «debe decaer su voluntad ante la posición garante de la Administración». En este sentido, se señala que el deber de ésta es velar por la vida, integridad y salud del interno con el consiguiente deber de adoptar las medias necesarias para protegerlas, si es necesario llegando incluso a imponer «limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de aquel interno que, por el riesgo de su vida en que voluntariamente se ha colocado, precise de tal protección». Por este motivo, y por el deber que tiene la Administración de velar por la integridad del preso y respetar su dignidad como ser humano, la Sala insiste en mantener su alimentación forzosa mientras continúe con la huelga de hambre.

Los magistrados se hacen eco de los informes médicos que alertan de que si no se procede a la alimentación forzosa de De Juana (por sonda nasogástrica) existe un grave peligro para su vida. Así, subrayan que si bien «toda actuación médica, y ésta en concreto, conlleva peligros, peor es la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso».

Además de acordar que se mantenga su actual situación personal, los magistrados ordenan que se continúe informando al etarra sobre su evolución «y los posibles peligros que para su vida e integridad física se vayan generando por su voluntad de continuar con la huelga de hambre».

Los cuatro magistrados que votaron en contra de la mayoría (los de la Sección Primera -Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Carmen Paloma Pastor- y Clara Bayarri, de la Sección Tercera), emitieron un voto particular en el que muestran su disconformidad con la decisión de sus doce compañeros.

A diferencia de éstos, argumentan que «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual, lo cierto es que los informes médicos nos hablan de que a medio plazo se puede llegar a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas». Así, reproducen un párrafo literal del informe médico en el que se advierte que «de mantener la conducta de ayuno (...) la evolución esperada es el fallecimiento (del preso) en un periodo cuya duración no podemos determinar, aunque es posible que sea superior a las dos o tres semanas».

Esta afirmación les lleva a concluir que el estado de salud de De Juana «se encuentra tan deteriorado que resulta difícilmente compatible» con su internamiento, por lo que consideran que es de aplicación el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consideran que, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo», el precepto citado da cobertura a situaciones como ésta.

Otro factor que debe considerarse, dicen, es que De Juana es aún un preso preventivo (el Supremo estudiará su recurso contra la condena, que todavía no es firme, la segunda quincena de febrero), por lo que la prisión, en su caso, no es una pena, sino una medida cautelar adoptada para evitar unos riesgos que se pueden solventar con otras medidas.

Un duro golpe para la tesis defendida por la Fiscalía

MADRID. La decisión adoptada por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional supone un fuerte golpe a la tesis de la Fiscalía, que se había mostrado partidaria de acordar prisión atenuada para el etarra Ignacio De Juana. Para el Ministerio Público, el internamiento entraña «grave peligro» para la salud del etarra.

Esta posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido criticada por el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Panasco, quien, en declaraciones a Servimedia, la ha calificado de «profundamente errónea». «Ha habido un desenfoque jurídico sin precedentes en casos similares», señaló García-Panasco, en cuya opinión «la imagen de la Fiscalía ha quedado afectada».

García-Panasco aseguró que su asociación reivindica la «profesionalidad de la inmensa mayoría de los fiscales de este país», y contrapuso la labor de estos funcionarios con la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a quien señaló como «único responsable de esta situación».

Una información de N. Villanueva y N. Colli publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy cree que la resolución desautoriza al fiscal y a Zapatero

BARCELONA. El presidente del PP, Mariano Rajoy, conoció la resolución de la Audiencia Nacional, contraria a atenuar la condena del terrorista Ignacio de Juana Chaos, en Barcelona, donde reconoció estar «enormemente satisfecho y reconfortado» ante una decisión que, en su opinión, representa «una unidad de verdad contra el terrorismo», al tiempo que «desautoriza a todos aquéllos que hicieron todo lo posible para que no se cumpliera la ley, el fiscal general del Estado, el Gobierno español y algunos dirigentes políticos».

«Parece que no escarmientan», dijo el dirigente popular, en referencia a quienes apoyaban el excarcelamiento del terrorista. Rajoy, que se reunió con cargos institucionales del PP en Cataluña, expresó su respeto a la decisión de la Audiencia porque «los tribunales garantizan el cumplimiento de la ley y no hay nadie por encima de eso, no el Gobierno ni el jefe del Estado». Pero, en este caso, dijo estar satisfecho «no como político, sino como español», ya que «esta decisión une a los españoles y representa una unidad de verdad contra el terrorismo».

Mariano Rajoy, que se ha llevado «una de las alegrías más grandes» de su vida al conocer el dictamen, aseguró que la huelga de hambre del etarra suponía «un chantaje inaceptable» y «cuando uno cede ante el chantaje, pierde su libertad. Cuando es el Estado quien cede, afecta a la libertad de los españoles. Lo de hoy es reconfortante y creo que estamos en el buen camino».

Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Duran Lleida, pidió a Zapatero, que «cuide sus palabras y sus intervenciones públicas» y considera «completamente innecesarias» las críticas al PP que lanzó anteayer el presidente español. Advirtió de que la unidad contra ETA «nunca llegará en la medida en que vayamos aireando» estas opiniones.

Una información de María Jesús Cañizares publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno opta por la estrategia de «cautela, esperar y aguantar el tirón»

MADRID. «Cautela y esperar» es la consigna del Palacio de la Moncloa ante una situación que se reconoce «delicada» y, hasta cierto punto, impredecible en su final -la huelga de hambre voluntaria podría llevar al etarra De Juana Chaos a la muerte, pero el Tribunal Supremo también podría aceptar el recurso contra la sentencia provisional que le mantiene en la cárcel por amenazas-.

La portavocía oficial del Gobierno se delegó ayer en el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien rechazó que la decisión de la Audiencia Nacional sea una revés para la Fiscalía -que había solicitado la prisión atenuada en domicilio-, dijo que para el Ejecutivo «es una decisión jurisdiccional que se acata y punto», apeló a la «tranquilidad y confianza» en las instituciones, y descartó «consecuencias políticas». De paso, acusó al PP de «intentar inferir consecuencias políticas e intentar condicionar las actuaciones de unos y otros con la doble vara de medir, adulando a los que se conducen por lo que uno estima que son los propios intereses o intentando escarnecer a los que no lo hacen», según informa Efe.

Esta respuesta oficial esconde a duras penas la impresión de que la decisión judicial viene a «complicar» la estrategia del Gobierno en la lucha contra ETA -lastrada por la división con el PP- y tampoco oculta el temor a «las consecuencias» -sea en forma de kale borroka o de atentados mortales- si De Juana muere, según se admite en fuentes socialistas.

El Gobierno es consciente de que el «caso De Juana» se ha «envenenado» de tal manera que cualquier decisión presenta contraindicaciones y constituye un asunto de «difícil manejo social», por lo que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se adelantó la víspera a subrayar su respeto a la independencia judicial.

Regreso al crimen

Pero incluso quienes dentro del PSOE creen que lo que correspondía era conceder a De Juana la libertad provisional sostienen que el atentado de Barajas abrió «un ciclo nuevo» ante el que al Gobierno no le queda más opción que «apretar los dientes y aguantar el tirón», según los interlocutores consultados por ABC.

Así, si algunos dirigentes socialistas temen que la muerte del etarra daría a la banda «el mártir que busca» y reforzaría las posiciones del «sector duro» de ETA, otros sostienen que «si no es por esto ahora, será más tarde porque Batasuna no puede presentarse a las elecciones o porque no hay diálogo».

A la primera tesis parecen responder las manifestaciones hechas ayer por el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, o el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. El edil donostiarra tachó de «errónea» la decisión judicial y defendió que, «por razones humanitarias, era razonable aceptar la petición del fiscal». Buen, por su parte, dijo que «guste o no, De Juana cumplió su condena por los crímenes que se le imputaban» y «a partir de ahí, el Estado no puede ser vengativo porque, si lo es, deja de ser justo».

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, prefirió eludir estas consideraciones y optó por, desde su blog en internet, acusar al Partido Popular de haber intentado «condicionar» la resolución judicial y de intentar ahora «aprovechar una decisión estrictamente judicial para atacar al Gobierno y confundir a la ciudadanía».

Una información de G. López Alba publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Interior teme que los presos aprovechen el caso para intensificar sus movilizaciones

MADRID. El Ministerio del Interior teme que el «caso De Juana» sea la espoleta para que los pistoleros etarras encarcelados comiencen una campaña masiva de movilizaciones, o al menos para que las ya convocadas para febrero por el llamado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK), habituales por otra parte a principios de cada año, alcancen una mayor intensidad.

Las fuentes consultadas por ABC explicaron que aunque los etarras presos mantienen por el momento la tranquilidad -ni siquiera reaccionaron de forma significativa ante el atentado del aparcamiento de la T-4, a pesar de que suponía el fin de cualquier expectativa de acercamiento al País Vasco-, la decisión de ayer de la Audiencia Nacional podría ser el «banderín de enganche» que necesitaba la banda para que sus reclusos, que en los últimos tres años apenas han seguido las movilizaciones convocadas por la dirección, decidan endurecer su postura. Sería en cualquier caso paradójico, ya que el propio José Ignacio de Juana Chaos, autor de veinticinco asesinatos, tampoco participó en aquellas protestas convocadas por el EPKK, al margen de realizar algún gesto simbólico. Además, el terrorista decidió ponerse en huelga de hambre sin contar con ETA, lo que provocó el malestar de sus cabecillas.

Desmovilización

Hay un dato que revela hasta qué punto existía una desmovilización de los presos, muchos de los cuales empiezan a estar hartos de no ver una salida a su situación: ninguno de los etarras afectados por la «doctrina Parot» -algunos de ellos han visto cómo sus condenas aumentaban hasta diez años-, han protagonizado protesta alguna.

La posible reactivación de las protestas carcelarias provocan además cierta inquietud porque muy probablemente vendrían acompañadas de movilizaciones en el exterior por parte de los colectivos de apoyo a los presos y de los propios familiares de los internos, que en los últimos tiempos habían descendido de forma importante en su actividad.

«Se ha dicho que haber concedido la prisión atenuada a De Juana era sentar un precedente peligroso, y es cierto», dicen las fuentes consultadas. «Pero también es verdad que el resto de presos puede pensar que este terrorista en solitario no ha conseguido su propósito, pero que quizá logren algunos de sus objetivos si son 50 ó 60 los que comienzan una protesta similar», añadieron.

En cualquier caso, y pase lo que pase, lo que es cierto es que a la dirección de la banda le ha venido muy bien este asunto, ya que puede haber cohesionado más al colectivo de presos etarras en un momento especialmente delicado, después de que los pistoleros hayan puesto fin con el último atentado a las esperanzas de los reclusos de mejorar sus condiciones de vida.

«En su mentalidad, la decisión de la Audiencia les confirma en su papel de víctimas de un Estado «represor» y en que son «presos políticos», señalan las fuentes de Interior, que añaden: «En el fondo, la cúpula de ETA desea que De Juana muera en prisión, sería lo mejor para sus intereses, una excusa perfecta para justificar nuevos actos criminales y demostrar ante sus bases que lo que llaman lucha armada sigue siendo necesaria».

Una información de Pablo Muñoz publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El PNV compara la decisión con la pena de muerte y culpa directamente al PP de lo que le pueda ocurrir al preso etarra

BILBAO/MADRID. El PNV y el Gobierno vasco extremaron ayer sus críticas contra los jueces por la decisión de la Audiencia Nacional de dejar preso al etarra De Juana Chaos. El senador del PNV Iñaki Anasagasti afirmó que, si el etarra muere a causa de su huelga de hambre, «se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP y de la extrema derecha más rancia del país». «Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación», asegura.

El Gobierno vasco no se quedó atrás y definió la decisión que tomó la Audiencia Nacional como «una actuación más en la carrera de despropósito judicial», por lo que exigió que sea el Tribunal Supremo el que pronuncie «con urgencia» sobre la situación del preso.

También el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, mostró su preocupación por la posibilidad de que haya una «interpretación sesgada» de las razones humanitarias y derechos que todas las personas tienen y que, además, se apliquen «regímenes de excepcionalidad, desconsiderando las propias leyes, con interpretaciones más políticas que pueden llevar a una dinámica de «acción, reacción».

El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga Ramírez, opinó que la decisión de la Audiencia Nacional «pone en entredicho la vigencia de los valores democráticos en un Estado de Derecho, y escenifica la utilización de la justicia con fines claramente políticos». El secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, manifestó que hay una intención de «condicionar» el «proceso». A través de un comunicado, Ziarreta señaló que con su decisión la Audiencia Nacional ha obviado «los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea dura del Partido Popular».

Socios de Zapatero

Todos los socios parlamentarios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero criticaron con dureza la decisión de los jueces. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló que su formación política respeta la decisión de la Audiencia Nacional, pero destacó que hubieran deseado «que se combinase mejor la Justicia y la humanidad». «Las dos cosas creemos que son conciliables», apuntó. Dicho esto, dirigió sus críticas al PP: frente a la «justicia justiciera», dijo, que «reclama el Partido Popular», reclamó más terreno para la justicia y la compasión.

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, expresó sus críticas hacia la «intolerancia que se ha impuesto en este caso» impidiendo que se atenuaran las condiciones penitenciarias del preso en huelga de hambre.

También el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, Agustí Cerdá, recalcó que la Justicia debe ser Justicia «y no venganza». A su juicio, el tribunal debió tener un «gesto humanitario» con el preso por su huelga de hambre voluntaria. «Esquerra respeta pero no comparte la decisión de la Audiencia Nacional», subrayó el dirigente de ERC.

Una información de M.L.G.F. y S.E. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alivio y emoción entre las víctimas, que aplauden la decisión de la Audiencia

MADRID. Vicente Romero, Juan García, Esteban del Amo, Fausto Escrigas, Eugene Kent, Juan Carlos González, Vicente Javier Domínguez, Juan José C. Vázquez, Juan Mateos Pulido, Alberto Alonso, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, Carlos Vesteiro, Francisco Casillas, Jesús María Freixes, Santiago Iglesias, Carmelo B. Alamo, Miguel A. Cornejo, José Calvo, Andrés José Fernández, Antonio Lancharro, José Joaquín García, Jesús Gimeno, Juan Ignacio Calvo, Javier Esteban y Ángel de la Higuera no tienen la opción de hacer huelga de hambre ni pueden opinar sobre la del etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque fueron asesinados por él. Veinticinco vidas rotas y muchas familias destrozadas que ayer se sintieron confortadas no sólo por la decisión judicial de mantenerle en prisión, sino por la respuesta unánime de los colectivos de víctimas del terrorismo: todos ellos sin excepción (de una u otra «tendencia») refrendaron esta actuación de la Audiencia Nacional.

Homenaje en Sevilla

Especial relieve tuvieron las reacciones en el acto de homenaje a Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García que ayer celebró el PP-A en Sevilla. El eurodiputado y ex presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgáiz, expresó que «ojalá» el etarra hubiera hecho la huelga de hambre «antes de haber asesinado. Así sus víctimas estarían hoy con nosotros». Acompañado por el presidente del PP-A, Javier Arenas, y por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, Iturgáiz señaló además que la decisión judicial deja en evidencia a quienes han llamado a De Juana Chaos un «hombre de paz».

Arenas, por su parte, atacó el hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, dijera el miércoles que consideraba «razonable» que se decretase para De Juana «prisión atenuada o libertad provisional». «Cada minuto que deja pasar sin pedir disculpas a la familia Jiménez-Becerril lo está perdiendo», aseguró.

Teresa Jiménez-Becerril dijo que «mi hermano nunca habría dicho que podría ser razonable excarcelar a De Juana». Ya antes, Teresa había expresado su «gran alegría» por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que «las víctimas podemos seguir creyendo en la Justicia».

A su juicio, los magistrados han podido comprobar en estos días que la opinión pública estaba totalmente en contra de la excarcelación, lo que cree que ha dejado en entredicho al Gobierno «que estaba detrás de la medida». Para Chaves tuvo más palabras duras por su posición favorable a las medidas «humanitarias» en favor de De Juana Chaos: «Habría que responderle que le dijera a la cara a mi madre que le parecía bien la posibilidad de que este hombre saliera de la cárcel».

Habla una de sus víctimas

Pero no hubo sólo declaraciones en el acto de Sevilla. El guardia civil Alfonso Sánchez, herido en un atentado en la plaza de la República Argentina de Madrid en 1985 en el que participó este sanguinario etarra, consideró ayer una «buena noticia» la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerlo en prisión, y sugirió que todo el interés que la situación del terrorista ha suscitado debería volcarse «a favor de sus víctimas, muchas de ellas en silla de ruedas». También reprobó que, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional, algunos dirigentes políticos se hayan mostrado en desacuerdo y hayan defendido las razones humanitarias porque, en demasiadas ocasiones, esas mismas voces ignoran el sufrimiento de las víctimas.

La «voluntad de un preso»

Asimismo apoyó la continuidad en prisión del etarra De Juana Chaos la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAVT) que se acaba de reunir con el lendakari Ibarretxe. «Ninguna decisión jurídica -declaró ayer Roberto Manrique, vicepresidente y portavoz de la entidad- puede depender de la voluntad de un preso».

Además, la Federación de Víctimas insistió en que les hubiera gustado que las asociaciones que se han interesado por la situación del etarra «lo hubieran hecho también por las familias de sus víctimas», en referencia a la visita al etarra de un comité dependiente del Consejo de Europa.

La AVT lamenta la «cobardía» del Gobierno

La decisión judicial fue aplaudida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que denunció la «falta de sentido de Estado del Gobierno socialista y sus socios al limitarse a «acatar» y «respetar» lo acordado por la Justicia en vez de «apoyarlo», lo que, en opinión de la entidad encabezada por Francisco José Alcaraz, supone «una cobardía en toda regla». Para la AVT, «una decisión distinta a la tomada podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas y a la sociedad española».

Una información de S. E. y B. T. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Blog alojado en ZoomBlog.com