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El Tribunal Supremo reduce la condena a De Juana Chaos: Editoriales

Por Narrador - 13 de Febrero, 2007, 12:00, Categoría: Opinión en Prensa

Una sentencia frustrantemente benévola que hay que respetar (Editorial de EL MUNDO)

Muchos ciudadanos sienten hoy perplejidad por la sentencia del Supremo, que revocó ayer el fallo de la Audiencia Nacional y rebajó sustancialmente la condena al etarra José Ignacio de Juana Chaos. Sus asesinatos y su negativa a arrepentirse, aunque no tengan que ver con esta causa, hacen muy difícil que la opinión pública entienda la benevolencia con la que ha sido tratado.

La Audiencia le había condenado a 12 años de cárcel por amenazas terroristas. El Supremo reduce la pena a tres años al tipificar su conducta como un delito de amenazas simples aunque paradójicamente en concurso ideal con enaltecimiento de terrorismo. Lo primero que debemos subrayar es que respetamos la sentencia del Supremo porque, aunque ETA, la izquierda abertzale y cierta izquierda no abertzale jamás lo han entendido, vivimos en un Estado de Derecho en el que existe la división de poderes y, por tanto, la independencia de los jueces.

Ello no obsta para que podamos disentir del fallo o poner el énfasis en el particular contexto en el que han tenido que pronunciarse los magistrados del Supremo. En cuanto al fallo, resulta difícil de entender que, si ha habido amenazas por parte del etarra como creen los jueces del Supremo, no hayan sido tipificadas como «terroristas». De Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos, sigue identificado con los objetivos de la banda y, por lo tanto, sus amenazas no pueden ser equiparadas penalmente a las de cualquier otro ciudadano que se enzarza en un bar en una pelea. Es evidente que De Juana podía haber sido condenado a una pena mucho más severa por pertenencia a banda armada, que era lo que propugnaban varios magistrados.

En cuanto al contexto, resulta muy difícil que los jueces hayan podido abstraerse de la propia presión creada por la huelga de hambre de José Ignacio de Juana, claramente orientada a chantajear a la Justicia.

Las presiones del PNV y el nacionalismo moderado, las abiertas amenazas de la izquierda abertzale, los actos de kale borroka, las declaraciones de destacados dirigentes del PSOE -ayer mismo Javier Rojo, presidente del Senado, afirmó que la sentencia de la Audiencia era «desproporcionada»-, las fotografías publicadas recientemente y el cúmulo de circunstancias que han rodeado el caso pueden haber influido, sin duda, en el ánimo de unos jueces que no son insensibles a la realidad en la que están inmersos.

La decisión era, sin duda, complicada desde el punto de vista técnico y también problemática por sus consecuencias políticas. El hecho es que la Fiscalía de la Audiencia solicitó 96 años de cárcel, que luego rebajó sensiblemente. La Audiencia le condenó a 12 años y siete meses y ahora el Supremo ha reducido la pena a tres años, lo que pone de relieve un cambio de criterio que no puede dejar de desconcertar.

A nadie se le escapa que tras la drástica rebaja de la pena y dado que el etarra lleva ya más de dos años en prisión preventiva, Instituciones Penitenciarias tendrá mucho más fácil conceder a De Juana un tercer grado o una fórmula de excarcelación atenuada, que no supondrá ya un agravio comparativo al haber cumplido más de las dos terceras partes de la condena. Si se excarceló por razones de salud a un coronel Galindo sentenciado a más de 70 años, mucho más fácil va a resultar sacar de prisión a un De Juana al que le falta menos de un año para cumplir la condena.

La sentencia le quita al Gobierno un grave problema y va a ser interpretada por el entorno de ETA como una gran victoria. Pero, sobre todo, va a decepcionar a los familiares de sus víctimas y a millones de ciudadanos que creen que De Juana ha pagado un precio muy pequeño por sus asesinatos. Su frustración es la nuestra, pero debemos respetar las decisiones de la Justicia.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 13 de Febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Un asesino volverá a la calle” (Editorial de LA RAZON)

Batasuna y la banda hicieron de De Juana el símbolo del pulso al Estado y se han salido con la suya

Tras un prolongado debate de casi ocho horas, los trece magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordaron ayer rebajar de 12 a 3 años de cárcel la condena al etarra De Juana Chaos por un delito de amenazas no terroristas y enaltecimiento del terrorismo. De este modo, el tribunal estima parcialmente el recurso de la defensa. La última sentencia de la Audiencia Nacional condenó a De Juana por amenazar a cinco responsables de Prisiones y al presidente de la Sala de lo Penal de ese tribunal, Javier Gómez Bermúdez, en dos artículos publicados en «Gara» en 2004. La decisión del Tribunal Supremo supone en la práctica la puesta en libertad condicional del terrorista, pues al llevar 25 meses en prisión preventiva, ha cumplido ya las tres cuartas partes de la condena de tres años. En suma, el etarra que ha asesinado a 25 personas está a punto de recuperar la libertad después de haber cumplido poco más de 18 años de cárcel, menos de un año por víctima. Ni que decir tiene que las sentencias judiciales deben ser acatadas sin reserva. En este caso, con mayor motivo por tratarse de trece magistrados del más alto tribunal del Estado de Derecho. Eso no quita que hoy buena parte de los ciudadanos contemple con amargura y frustración cómo uno de los más sanguinarios etarras y la banda misma a la que pertenece han logrado su propósito, que no era otro que doblegar al Estado de Derecho. Y lo han hecho, además, con los propios instrumentos de ese Estado de Derecho. Las visibles muestras de euforia protagonizadas ayer por los proetarras están sobradamente fundadas. Conviene recordar aquí de nuevo que la puesta en libertad de De Juana Chaos era una de las exigencias que ETA hacía en el comunicado con el que justificó el atentado de Barajas en el que fueron asesinados dos inmigrantes ecuatorianos, hace apenas mes y medio. La otra reclamación era el aislamiento del PP. La victoria de ETA es tanto más evidente cuanto que había centrado en la excarcelación de De Juana el futuro del proceso de negociación con el Gobierno de Zapatero. Demostrando a sus bases que se puede vencer al Estado, no cabe duda de que Batasuna aumentará su prestigio en su entorno independentista y que ETA se fortalecerá en sus reivindicaciones a la hora de sentarse a la mesa negociadora. Si la banda y su brazo político montaron una farsa gigantesca mediante una huelga de hambre inverosímil y una operación periodística que dio la vuelta al mundo, fue porque detectaron una oportunidad única. De este modo, De Juana Chaos se convirtió en el símbolo de la resistencia del conglomerado etarra y en test a la fortaleza del Estado. Lamentablemente, han doblado el pulso y hoy festejan su victoria. A juzgar por la declaración del presidente del Senado, da la impresión de que al Gobierno de Zapatero no le inquieta demasiado. Pero al ciudadano sí, que ya sabe que, en las próximas semanas, un asesino de 25 personas volverá a la calle.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el martes 13 de Febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“De Juana, en manos del Gobierno” (Editorial de ABC)

La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió ayer rebajar la condena impuesta a De Juana Chaos por la Audiencia Nacional de doce a tres años. Esta drástica reducción viene dada por el cambio de delito por el que ha sido definitivamente condenado este contumaz etarra, a quien el Supremo imputa ahora uno de amenazas no terroristas en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo. Es en estos momentos cuando el respeto a los jueces debe ser una actitud real y no retórica, pues, sin duda, la sentencia del Supremo -que hace pocas fechas dictó la histórica sentencia de condena a Jarrai, Segi y Haika- va a provocar justificada perplejidad y desazón en buena parte de la opinión pública. Y hay que recordar que ese respeto fue el que no tuvo el presidente del Gobierno cuando dijo del etarra De Juana que «era partidario del proceso» el mismo día en que su juicio en la Audiencia Nacional quedó visto para sentencia. Respeto que tampoco tuvo ayer el presidente del Senado, Javier Rojo, quien calificó de desproporcionada la condena impuesta a De Juana, también en premeditada coincidencia con la sesión en la que los magistrados del Alto Tribunal debían resolver los recursos de casación interpuestos contra la primera condena. Cuando estas presiones a la judicatura, aun hechas con impostada sutileza, proceden de los más altos representantes del Estado, se hacen aún más intolerables.

La mínima pena impuesta a De Juana Chaos facilitará su pronta excarcelación, pues ya ha cumplido dos años de los tres de prisión que se le han impuesto. Cuando se conozca la sentencia íntegramente podrá valorarse con conocimiento de causa qué criterios ha seguido la Sala Segunda para considerar que las amenazas de un etarra -que sigue siendo etarra- pueden no ser terroristas y, al mismo tiempo, un acto de enaltecimiento del terrorismo. Sin duda, técnicamente será posible esta concurrencia de delitos, pero merece una argumentación muy convincente, tanto como la que descarte el delito de pertenencia a organización terrorista, que era otra posibilidad que tenía el Supremo y que la Audiencia Nacional hizo valer recientemente en la nueva condena impuesta al no menos terrorista Henri Parot. Desde que se notifique la sentencia a las partes defensoras y acusadoras, la suerte de De Juana Chaos pasará a manos del Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, a cuyos funcionarios, entre otros, amenazó en el diario «Gara». A partir de ese momento, el Gobierno tendrá prácticamente las manos libres para poner a De Juana en su casa, porque la concesión de un tercer grado sólo podrá ser recurrida por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. La plena subordinación de la Fiscalía General al interés político del Ejecutivo hace impensable una discrepancia entre una y otro. Aún así, la reforma del Código Penal y de la ley General Penitenciaria introducida por la ley de cumplimiento íntegro de las condenas por delitos de terrorismo -y el enaltecimiento es uno de ellos- condiciona la concesión de beneficios penitenciarios a terroristas al cumplimiento de determinados requisitos que De Juana no cumple en absoluto, como la colaboración con las autoridades, el repudio a la violencia, la petición de perdón a sus víctimas y un pronóstico favorable de reinserción. Sus declaraciones al diario británico The Times demuestran que este etarra se ratifica en los crímenes que cometió, lo que, en sentido estricto, podría ser otro delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, por el que el etarra debería ser investigado.

Sin duda, la sentencia del Supremo sobre De Juana Chaos allana al Gobierno la solución de un obstáculo en la negociación con ETA, pero debe quedar claro que Rodríguez Zapatero no está legalmente obligado a excarcelar al etarra antes del cumplimiento íntegro de su condena. Si lo hace, será una decisión estrictamente política, protegida por el blindaje que le preste la legislación penitenciaria y la cobertura del Ministerio Fiscal. Y, en tal caso, el chantaje de la huelga de hambre habrá sido un éxito.

Editorial publicado por el diario ABC el martes 13 de Febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


 

“Rebaja a De Juana” (Editorial de EL PAIS)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pronunciado la última y definitiva palabra sobre el caso del etarra De Juana Chaos, condenándole a tres años de prisión por un delito de amenazas no terroristas relacionado con el de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578, introducido en una reforma del año 2000. Los dos escritos publicados por De Juana en el diario Gara en diciembre de 2004, estando en prisión, no alcanzan, pues, la gravedad del delito de amenazas terroristas por el que la Audiencia Nacional le condenó a 12 años y siete meses, en octubre pasado, tras un juicio bajo presión en la Audiencia Nacional, con concentraciones ante el tribunal. La definitiva condena a De Juana está en línea con la calificación alternativa de los hechos planteada por el ministerio fiscal en el juicio ante la Audiencia Nacional.

La decisión del Supremo está más en consonancia con su propia jurisprudencia sobre las amenazas terroristas que la sentencia de la Audiencia Nacional. Y debería servir para cerrar jurídicamente el caso. La condena impuesta ahora es la máxima de las previstas para el nuevo delito. Sería deseable que la decisión del Supremo, que zanja el debate jurídico sobre el caso, cerrara también el debate social, así como la pesadilla que ha supuesto para la inmensa mayoría de los ciudadanos asistir al pulso entre quienes estaban encantados con la posibilidad de tener un mártir para la causa y quienes estaban dispuestos a dárselo.

La nueva condena no supone de inmediato la excarcelación de De Juana, pero abre sus expectativas de libertad. A su alcance está la libertad condicional (una decisión que depende de la Audiencia Nacional), ya que cumple o está a punto de satisfacer el principal requisito: haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, en su caso dos años en prisión preventiva de los tres impuestos. Existe, sin embargo, otro requisito estrictamente penitenciario: un pronóstico favorable de reinserción social que en el caso de un penado como De Juana implica que muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista.

Habrá que acostumbrarse a algo tan elemental en un Estado de derecho como que los terroristas, incluso personas tan sanguinarias como De Juana, salgan de la cárcel una vez cumplida la condena, como sucede con cualquier otro delincuente. Otra cosa sería establecer de hecho la prisión de por vida pasando por encima de la Constitución y el Código Penal.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el martes 13 de Febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


 

"El caso De Juana" (Editorial de LA VANGUARDIA)

El Tribunal Supremo estimó ayer parcialmente el recurso del preso etarra Iñaki de Juana Chaos y le rebajó la condena de 12 años y 7 meses a 3 años de prisión. La sentencia supone un duro varapalo para la Audiencia Nacional, que había condenado al reo por un delito de amenazas terroristas que el Alto Tribunal no considera como tales, sino únicamente como amenazas en concurso ideal con otro de enaltecimiento del terrorismo. No es la primera vez que el Supremo discrepa de las decisiones de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo.

El caso De Juana Chaos experimenta, con esta sentencia del Supremo, un giro de 180 grados. El hecho de que el etarra, en situación de alto riesgo para su vida por la huelga de hambre que sigue desde hace más de noventa días, haya cumplido dos de los tres años a que, finalmente, ha sido condenado, hace que la decisión sobre su situación penal, es decir, una posible libertad condicional o el cumplimiento domiciliario de la pena, pase a depender de la dirección general de Instituciones Penitenciarias y no de los jueces de la Audiencia Nacional que, como se recordará, rechazaron recientemente que quedara en prisión atenuada.

Por lo tanto, la situación de De Juana pasa a depender del Gobierno, lo que pone a éste entre la espada de un hipotético gesto humanitario, ante la gravedad del preso, y la pared de quienes se oponen a que un terrorista con veinticinco asesinatos en su haber pueda salir a la calle. Es sabido que De Juana ya ha cumplido legalmente con la totalidad de la condena por aquellos asesinatos. Pero el hecho de que nunca haya expresado el menor arrepentimiento le ha granjeado el desprecio de la opinión pública, que además ha interpretado la huelga de hambre como un chantaje a los jueces.

El Tribunal Supremo no se ha dejado amilanar por este supuesto chantaje y ha declarado que la sentencia de 12 años y siete meses era excesiva de acuerdo con el delito cometido. Recordemos que PP y AVT pidieron en su día una condena de 96 años por amenazas terroristas. Pero tampoco el Alto Tribunal le ha absuelto como solicitaba la defensa del etarra. La situación penal de De Juana la deberá resolver el Gobierno, sobre el cual sin duda caerá, cualquiera que sea la decisión que tome, la crítica de unos o de otros. Todo ello sin contar que contra lo que decida el Ejecutivo cabe recurso ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Por tanto, seguirá habiendo caso De Juana para tiempo.

Editorial publicado por el diario LA VANGUARDIA el martes 13 de Febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


 

“La rebaja de pena a De Juana Chaos” (Editorial de EL PERIODICO)

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de rebajar a tres años de cárcel la condena al etarra José Ignacio de Juana Chaos por las cartas publicadas en el diario Gara en diciembre del año 2004 tendrá un extraordinario impacto porque en torno a este caso se ha producido una gran batalla que ha desbordado el terreno jurídico para adentrarse en el de la política, en medio de un ensordecedor ruido en los medios de comunicación. Por eso lo primero que hay que reclamar es respeto a una decisión tomada por los 13 magistrados que componen la sala, y que han tenido que decidir sobre el recurso presentado por De Juana, que reclamaba la absolución, y el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que solicitaba subir de 12 a 96 años de cárcel la condena para el etarra.

Pues bien, al considerar que el delito cometido por De Juana Chaos era de "amenazas no terroristas" (artículo 170.1 del Código Penal), que se castiga con penas de uno a tres años, el Supremo aplica la condena máxima pero que es sensiblemente más baja de la dictada por la Audiencia Nacional. Es una salida salomónica que a buen seguro dejará insatisfechos a quienes querían ver al etarra preso durante décadas.

Conviene no olvidar en este punto que De Juana Chaos ya cumplió condena por los 25 asesinatos que cometió. Fueron solo 18 años de cárcel, porque se aplicó el Código Penal de 1973, vigente cuando fue juzgado, y que era más blando que el actual con los delitos de terrorismo.

La sentencia conocida ayer significa que el preso, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado mes de noviembre, saldrá pronto a la calle. De momento ha cumplido dos de los tres años como preso preventivo, por lo que es posible que pueda obtener la libertad condicional. En cualquier caso, su situación como preso pasa a ser ahora competencia de Instituciones Penitenciarias. La pelota está, por tanto, en el tejado del ministro del Interior.

Es muy significativo que los magistrados se hayan inclinado por esa decisión mayoritariamente, que se haya roto la tradicional y lamentable división entre jueces conservadores y progresistas, y se haya impuesto la independencia de criterio. En este caso han primado exclusivamente las consideraciones jurídicas. El Supremo ha hecho justicia, por más que pueda repugnar ver en la calle a un etarra que ha matado a 25 personas y no ha mostrado nunca arrepentimiento.

Editorial publicado por el diario EL PERIODICO el martes 13 de Febrero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

 


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