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Procesos Judiciales

El Supremo rebaja a tres años de cárcel la condena al etarra De Juana y abre la posibilidad de excarcelación

Por Narrador - 13 de Febrero, 2007, 6:00, Categoría: Procesos Judiciales

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió ayer reducir de 12 años y 7 meses a 3 años la condena impuesta por la Audiencia Nacional al etarra Ignacio de Juana Chaos, por la publicación de dos artículos en el diario GARA. Los magistrados consideraron que el preso etarra no incurrió en un delito de "amenazas terroristas", tal y como estimó en su día la Audiencia Nacional, sino en uno de "amenazas no terroristas" -recogido en el artículo 170.I del Código Penal- en concurso con otro de "enaltecimiento del terrorismo", lo que determinó la decisión de recortar la condena.

Los diarios reflejan que tras la decisión del Supremo esta condena cabe aplicar la libertad condicional o en su defecto, el tercer grado penitenciario. Corresponde a la dirección general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, resolver sobre el particular, contando con sus informes internos sobre el comportamiento del recluso. La decisión que tome dicha instancia del Gobierno es recurrible ante el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra.

Los magistrados estudiaron dos recursos durante las cinco horas que duró la deliberación: el presentado por el propio De Juana, que pidió la absolución, y el de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que solicitó que su condena fuera ampliada a 96 años de cárcel.

Los periódicos recogen el posible voto discrepante del magistrado Julián Sánchez Melgar, en el que defenderá que De Juana incurrió en amenazas condicionales en concurso con enaltecimiento del terrorismo. Otras fuentes indican que el magistrado José Manuel Maza podría redactar otro voto discrepante para argumentar la posibilidad de una condena por pertenencia a banda armada. Por otra parte, Joaquín Giménez y Perfecto Andrés anunciaron votos discrepantes en los que defenderán que De Juana no incurrió en delito alguno.

Al igual que ya hiciera la sentencia de la Audiencia Nacional el Supremo descartó el delito de pertenencia a ETA de De Juana, puesto que éste ya ha estado cumpliendo pena por él, y también que su conducta pueda subsumirse en el delito de colaboración con banda armada, al entender que las menciones a los cinco directores de prisiones y al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, no implican que estuviera "marcando objetivos", como estimó la sentencia de la Audiencia.

Los diarios recuerdan que el terrorista lleva en huelga de hambre desde el pasado 7 de noviembre y actualmente permanece ingresado en un módulo penitenciario del hospital madrileño Doce de Octubre, donde es alimentado a través de una sonda nasogástrica por mandato de la Audiencia Nacional. También señalan que en The Times señaló que no dejaría la huelga de hambre "sólo por una rebaja de la pena".

La noticia en los diarios

La mayoría de los diarios se refieren en su titular de forma destacada a la posibilidad de excarcelación que se abre tras la rebaja de la condena. Así, EL MUNDO utiliza la frase: "A punto de la excarcelación". En la misma línea, ABC señal que al rebajar la pena el Supremo "facilita su excarcelación". LA RAZÓN habla de un De Juana "a las puertas de una próxima libertad".

Según EL PERIÓDICO, que titula: "El Supremo deja a un paso de la calle al etarra De Juana", la rebaja de la pena "facilita al Gobierno la excarcelación". De forma semejante, EL CORREO se refiere a que con esta decisión el Supremo "posibilita la excarcelación" a De Juana.

Como excepción, EL PAÍS no destaca en su titular la posibilidad de excarcelación. En el desarrollo de la noticia este rotativo señala que el Supremo "ha venido a poner cordura y sentido común en una situación jurídica y políticamente exasperada", tras lo que añade: "la situación del etarra no queda del todo despejada pero sí en vías de solventarse". LA VANGUARDIA titula en portada: "La libertad de De Juana queda ahora en manos del Gobierno". Para EXPANSIÓN "El Supremo deja en manos de Interior" la puesta en libertad del terrorista.

El PSOE "respeta y acata" la decisión y reclama que los demás partidos hagan lo mismo

Al conocerse la reducción de la pena a De Juana Chaos, el PSOE señaló que "respeta y acata" la decisión del Supremo, según fuentes de la dirección socialista, que añadieron su intención de "confiar" en que el resto de las fuerzas políticas "expresen el mismo respeto" por la decisión del Supremo. En esta misma línea se manifestó el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, quien indicó que el respeto de su formación al tribunal y a las decisiones judiciales "es máximo y en este caso igual, nos guste más o menos".

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, expresó su "respeto" ante la decisión. En declaraciones a las agencias, Ares manifestó que "los socialistas vascos siempre hemos respetado las decisiones que adopta la Justicia, en este caso mucho más cuando es una decisión del Tribunal Supremo".

Por otro lado, en declaraciones a RNE que recogen las agencias, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se mostró convencido de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior "harán lo que tengan que hacer" en el sentido de cumplir las leyes.

Horas antes de la sentencia y tras la reunión de la comisión permanente del partido, el secretario de organización socialista, José Blanco, recriminó al PP por "vitorear" o "insultar", a los jueces, según coincidan o no con sus posiciones políticas.

El PP acata el fallo del Supremo, aunque no lo comparte

Al conocerse la sentencia fuentes del PP que recogen los diarios señalaron que este partido "acata pero no comparte" la sentencia. La dirección del PP decidió remitirse a las palabras de su secretario general, Ángel Ácebes, pronunciadas por la mañana, cuando señaló el deseo de esta formación de que De Juana "cumpla la máxima pena de prisión posible".

Acebes también denunció lo que calificó como "lamentable campaña de apoyo" a este terrorista lanzada, según dijo, desde el Gobierno y el PSOE, tras lo que citó las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el compromiso de De Juana con el proceso de paz, además de otras frases de dirigentes socialistas como Manual Chaves, en las que se destacaba que el terrorista ya había cumplido su condena por los atentados cometidos.

Por otra parte, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, instó anoche en Telemadrid al Ejecutivo para que De Juana cumpla íntegramente los tres años de cárcel que recoge la sentencia "por el bien de todos y sobre todo por el de las víctimas".

PNV y CiU valoran que el TS corrige una resolución "desproporcionada" por dos artículos de opinión

La Ejecutiva del PNV afirmó ayer que con la decisión del Supremo de rebajar la condena al preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, por un delito de amenazas no terroristas, se ha corregido una decisión anterior "desproporcionada". Para el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, la decisión del Supremo "pone en entredicho la actuación que viene desarrollando la Audiencia Nacional".

Por otro lado, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, señaló que la decisión adoptada "seguramente es más proporcionada al delito tipificado, que no hay que olvidar se fundamentaba en el contenido de dos artículos periodísticos criticando decisiones y actitudes de autoridades". En similares términos se refirió el portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Joan Ridao, quien consideró que la reducción de condena "pone de relieve la desproporción" de la anterior decisión de la Audiencia Nacional.

Por otra parte, la dirección federal de IU consideró que la decisión del Supremo de rebajar a tres años la condena al preso etarra está "más ajustada a la realidad del hecho juzgado" que otras "decisiones desmesuradas de la justicia militante". Las mismas fuentes añadieron respetar el fallo porque deja a un lado criterios que "confundían justicia con venganza retroactiva".

Otegi confía en la próxima puesta en libertad de De Juana

El dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, se felicitó ayer por la decisión de la Justicia española de reducir la pena al etarra José Ignacio de Juana Chaos, al tiempo que mostró su confianza en su próxima puesta en libertad. Otegi hizo estas declaraciones que recogen las agencias durante un acto celebrado en Belfast, donde se encuentra de visita junto con el otro dirigente de esta formación ilegalizada Pernando Barrena.

Paralelamente, la organización de apoyo a los presos de ETA Askatasuna aseguró anoche en un comunicado que la condena es "una apuesta clara por el conflicto y la represión", en tanto no se ha decretado la puesta en libertad del etarra. En la misma línea se manifestó otra entidad de la izquierda abertzale, Etxerat, que remitió a una rueda de prensa mañana miércoles, donde dará a conocer su postura sobre el asunto, aunque adelantó que seguirán exigiendo la liberación inmediata de De Juana.

Por otro lado, cerca de medio centenar de personas se concentraron a las puertas del Ministerio de Justicia con el objetivo de protestar por las decisiones judiciales en relación con el preso etarra y pedir su libertad. Los periódicos recogen una concentración de apoyo en Bilbao, convocada por el sindicato LAB.

Por otra parte, representantes de asociaciones de víctimas expresaron opiniones críticas. Así, la AVT consideró que la decisión del Supremo "pone en peligro a las víctimas del terrorismo y a la gran mayoría de la sociedad española". El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, denunció que "las leyes en España no castigan de manera adecuada los actos de la naturaleza que ha cometido José Ignacio De Juana Chaos". Para ¡Basta ya! la decisión del Supremo "deja sin cobertura a todos los amenazados por ETA.

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Portadas de Prensa

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Portadas en la Prensa Vasca

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: LA RAZON

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:50, Categoría: Procesos Judiciales

La contundente reacción de la Audiencia impide la excarcelación de De Juana

La Sala no excarcela a De Juana porque él es el «único responsable» de su estado. La Audiencia ordena la alimentación forzosa del etarra aunque «conlleva peligros». Doce de los dieciséis jueces secundan el fallo. Los cuatro magistrados discrepantes defendían, como el fiscal, la prisión atenuada en su domicilio

Madrid - La Audiencia Nacional no ha autorizado el traslado a su domicilio del etarra José Ignacio de Juana Chaos -en huelga de hambre desde hace 80 días y actualmente ingresado en el hospital Doce de Octubre- ni su libertad provisional. Muy al contrario, el Pleno de la Sala de lo Penal acordó ayer -con el voto favorable de doce de los 16 magistrados presentes- que el ex miembro del «comando Madrid» siga en prisión y se le administren alimentos de forma forzosa cuando sea preciso, tal y como reclamaba el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, y en contra de la opinión de la Fiscalía, que sopesa ahora recurrir en súplica. Cuatro magistrados -los tres a quienes correspondía inicialmente resolver la cuestión (Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Paloma González Pastor), respaldados por Clara Bayarri- formularon un voto particular defendiendo que «ante el riesgo para su vida» y dada su condición de preso preventivo se optase por la prisión domiciliaria.

Pero según el criterio del tribunal, decretar la libertad provisional -como pretendía la Sala que inicialmente debía adoptar la decisión- no es posible porque sigue existiendo riesgo de fuga y de que el terrorista vuelva a delinquir. En cuanto a atenuar la prisión provisional y permitir el traslado a su domicilio (la tesis del fiscal Fernando Burgos) el fallo es concluyente. No se dan, insisten los magistrados, los requisitos que fija el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que «el internamiento entrañe grave peligro para su salud») para acceder a esa petición. «Lo que entraña grave peligro para la salud -recalcan- de De Juana no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer (...), lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud». La prisión atenuada, continúan, está prevista para otros supuestos: una enfermedad sobrevenida o una agravación del estado de salud. Pero el caso del etarra, añaden, es diferente porque «por su propia voluntad (...) se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria». De Juana Chaos es, por tanto, «único responsable de su puesta en peligro».

Entre los magistrados que secundan el fallo figuran Fernando Grande-Marlaska (a punto de dejar la Sala para incorporarse al Juzgado de Instrucción número 3); Alfonso Guevara (el principal promotor de que el asunto se decidiese en el Pleno dada su trascendencia y el precedente que suponía para futuras resoluciones similares); Ángela Murillo, presidenta del tribunal que juzga al presunto entorno de ETA; Ricardo Rodríguez (uno de los que respaldó con su firma que la decisión se abocase al Pleno y, además, ponente de la resolución), Teresa Palacios, Nicolás Poveda y Fernando Bermúdez de la Fuente (actual presidente de la Sala de lo Penal hasta que se haga efectivo el tercer nombramiento para el cargo de Javier Gómez Bermúdez, que ayer no votó por ser uno de los amenazados por De Juana en el proceso que ha motivado su huelga de hambre).

«Conlleva peligros»

En el fallo se deja claro que según los informes médicos de no proceder a la alimentación forzosa «existe un grave peligro para su vida» por lo que, a su entender, debe aplicarse esta medida. Y eso pese a reconocer que «como afirman los médicos que le tratan (...) conlleva peligros». Pero peor, añaden, «es desde luego la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso». Así, la Sala acuerda mantener la prisión provisional de De Juana y ordenar al centro donde se encuentra ingresado desde el pasado 24 de noviembre, el hospital Doce de Octubre, que le administre los tratamientos adecuados «incluida la administración forzosa». Asimismo, recuerda a los médicos que deben informar al etarra de su evolución y de los posibles peligros para su vida si sigue con la huelga de hambre.

En cuanto al voto particular de los cuatro magistrados discrepantes, en el mismo se defiende la conveniencia de acordar la prisión atenuada (aunque algunos eran partidarios de la libertad provisional). Según ellos, el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «da cobertura» a situaciones como ésta, «en que el valor de la vida entra en conflicto con los fines que la prisión provisional trata de conseguir». Se trata, hacen hincapié, de resolver sobre la situación personal de alguien que se encuentra en prisión provisional, «lo que implica estar hablando, no de una pena, sino de una medida cautelar» que, precisamente, puede cambiar si varían las circunstancias que la motivaron. «Cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual -argumentan- lo cierto es que los informes médicos» concluyen que a medio plazo hay riesgo de muerte o consecuencias irreversibles. El estado de salud de De Juana, continúan, «se encuentra tan considerablemente deteriorado que resulta difícilmente compatible» con su internamiento.

Mientras, la Fiscalía sopesa la posibilidad de recurrir ante la propia Sala, algo que deberá decidir antes del lunes. Fuentes del Ministerio Público aseguraron ayer que estudian «tanto los aspectos formales como de fondo» con vistas a un recurso que parece más que probable.

Mientras, la intervención de todos los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia ha causado sorpresa y extrañeza en las asociaciones judiciales, aunque, eso sí, respaldan que se trata de una decisión avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Jaime Tapias, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló que «normalmente» las decisiones de la Sala se refieren a cuestiones «de fondo, a asuntos que pueden crear jurisprudencia». «Es la primera vez que un tema de medida cautelar, un asunto ordinario de una prisión provisional, se decide por el Pleno».

Juan Pedro Quintana, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, calificó la intervención de la Sala como «algo inusual, al tratarse de una medida cautelar». Ésta, añadió, suele reunirse en pleno jurisdiccional «cuando hay contradicciones entre las distintas secciones». A pesar de ello, admitió que la expectativa sobre este asunto «tampoco ha sido normal», por lo que la resolución de la Sala puede «darle la mayor autoridad posible».

El TS resolverá en febrero el recurso

La Sala Penal del Tribunal Supremo está agilizando al máximo el recurso que interpuso el etarra contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a 12 años y 7 meses de prisión por dos delitos de amenazas. De hecho, según fuentes del propio tribunal, todo hace indicar que será en la segunda quincena de febrero cuando se resuelva y decida si mantiene la pena o la modifica. «No estará mucho tiempo en el Gabinete Técnico», se indica al respecto. Lo que todavía no está decidido es si el recurso será estudiado y resuelto por una sala de cinco magistrados o por todo el pleno de la Sala Penal, tal como parece respaldar algunos de sus miembros. La fiscalía del Supremo ha solicitado que se confirme la condena que se impuso a De Juana Chaos, aunque alternativamente también plantea la reducción a 4 años de prisión al considerar «incuestionable» que el contenido de los dos artículos por los que condenado se enmarca en un delito de coacciones en relación con terrorismo, ya que la finalidad de los mismos «no es otra que mover al ánimo de las personas que en ellos se mencionan -el presidente de la Sala Penal, Javier Gòmez Bermúdez- y cinco directores de prisiones- a fin de realizar las acciones que estén a su alcance, para conseguir el fin propuesto, que no es otro que alcanzar la excarcelación del autor», es decir De Juana.

Enrique López: «El Estado de Derecho ha sabido buscar una solución adecuada»

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, aseguró ayer en relación a la decisión tomada por la Audiencia de no modificar la situación de De Juana, que el Estado de Derecho ha sabido buscar «una solución adecuada» al «reto» que planteó el etarra. «Los jueces se someten sólo a la lógica de la Ley».

Una información de R. Coarasa y F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy: «La resolución desautoriza al fiscal y al Ejecutivo»

Las víctimas se felicitan porque «El Estado de Derecho no ceda al chantaje de un asesino»

BARCELONA/MADRID - «Estoy enormemente satisfecho y reconfortado, y creo que hoy todos los españoles se sienten como yo». Con este exultante ánimo acogió Mariano Rajoy la resolución de la Audiencia Nacional, que juzgó que «decisiones como ésta sí que unen de verdad a España; esto sí que es unidad de verdad frente al terrorismo». El líder del PP opinó que la acción de los magistrados «refuerza la confianza» en el Estado de Derecho, pero «desautoriza» a todos aquéllos que «hicieron lo posible» para que no se cumpliera la ley y para que «una persona que estaba chantajeando al Estado» saliera a la calle. En concreto, el dirigente popular señaló al «fiscal general del Estado, al gobierno de España y a algunos dirigentes políticos». «Parece mentira que algunos no hayan escarmentado todavía», añadió.

Rajoy afirmó que el Gobierno «debe rectificar» y abandonar las ambigüedades. «Cuando un individuo cede ante un chantaje, pierde su libertad», indicó, «pero cuando es el Gobierno el que se deja chantajear, perdemos todos». Rajoy aconsejó además a Zapatero que no repitiese demasiado que ETA estaba en las últimas, «no vaya a ser que le vuelva a pasar lo del 29 de diciembre».

En la misma línea se manifestó el secretario general de los Populares, Ángel Acebes, quien aseguró a un grupo de periodistas que la huelga de hambre de De Juana Chaos es «un chantaje» ante el que «no se puede ceder» desde el Estado de Derecho.

Acebes advirtió de que rebajar el régimen penitenciario del etarra «tendría consecuencias gravísimas» porque implica «abrir la puerta» a que otros presos hagan lo mismo para reclamar un trato similar «en virtud del principio de igualdad».

«¿Cualquier terrorista que se ponga en huelga de hambre a partir de ahora podría ver atenuada su prisión? ¿Cualquier violador que se ponga en huelga de hambre a partir de ahora podría ver reducida su condena? ¿Cualquier asesino a partir de ahora que se ponga en huelga de hambre tiene que ver atenuada su situación de prisión?», preguntó.

«No quiere la derrota de ETA»

La presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, manifestó su deseo de no publicitar el asunto De Juana Chaos. Pese a ello, no pudo evitar que se le preguntara sobre el etarra y la posibilidad que existía a esa hora de la mañana de que fuera excarcelado. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, acompañada por gran parte de la cúpula del PP, consideró un escándalo la posibilidad de que De Juana fuera trasladado a su domicilio, ya que, «si está enfermo, donde mejor está es en el hospital». Asimismo, señaló que la huelga de hambre es una opción personal, que ha adoptado conociendo sus posibles consecuencias.

Por su parte, las víctimas aplauden la decisión de la Audiencia Nacional. Para la AVT, presentada como acusación particular en la causa contra De Juana, la decisión del tribunal es «muy importante» porque supone que «el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino» y «evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas». «Se ha evitado que aumente ese dolor y sufrimiento». Asimismo, el Foro Ermua calificó la resolución de «muy acertada».

Una información de M. Pardeiro y C. Gurruchaga publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Gobierno y PSOE acatan la decisión judicial, pero temen una respuesta de ETA

El PSE insinúa que la Audiencia ha reinstaurado para De Juana la «pena de muerte»

Madrid - Respuesta oficial: «Acatamos en toda su extensión la decisión de la Audiencia Nacional». Respuesta oficiosa: ETA responderá, sin duda, a la decisión judicial. Así respiraban ayer Gobierno y PSOE, tras conocer la decisión del pleno de la Sala de lo Penal de mantener en prisión al etarra José Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre desde el pasado mes de noviembre. El socialismo navega así entre dos aguas, la del respeto a la separación de poderes del Estado y la independencia judicial y la de un Gobierno, temeroso de que el fallo reactive más pronto que tarde la actividad criminal de la banda.

¿Quiere decir eso que el Gobierno está en desacuerdo con la decisión de la Audiencia? No. Lo que creen tanto en Moncloa como en algunos sectores del PSOE es que el fallo judicial es el que más se corresponde con la «sensibilidad de la opinión pública», pero también que «el debate político y social sobre el asunto ha influido notablemente en la sentencia». Los socialistas recuerdan, además, que el etarra se encuentra ahora en prisión preventiva por un delito de amenazas sobre el que no hay aún una sentencia firme.

Eso sí, el ministro de Justicia descartó ayer que el veredicto de la Audiencia Nacional vaya a tener «consecuencias políticas» porque es una «decisión jurisdiccional que se acata y punto». López Aguilar lanzó un «mensaje de tranquilidad y confianza» por la decisión de los tribunales, que «respeta» el Gobierno, informa Ep.

Idéntico mensaje lanzó el PSOE, por boca de su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, quien dijo que Gobierno y partido «respetan y acatan en toda su extensión» el fallo que pone de manifiesto, además, que el Tribunal ha actuado con «toda independencia», y por eso, añadió, «no hay que buscar motivaciones políticas». Hizo esta advertencia al PP, a quien acusó de aplaudir determinadas sentencias y cuestionar otras, especialmente, las que investigan los casos de corrupción urbanística en sus filas.

Hasta aquí la doctrina oficial de Moncloa, que no siguieron ayer desde el PSE, donde entonaron un discurso completamente distinto. Miguel Buen, secretario general de Guipúzcoa, subrayó que sobre la decisión de la Audiencia ha podido más «la presión de algunos grupos políticos y mediáticos que la de médicos y fiscales». Su opinión es que el Estado «tiene que hacer todo lo que esté en su mano» para que el etarra no muera porque «los españoles - apostilló- decidieron hace tiempo abolir la pena de muerte». Buen insistió en que «un estado democrático tiene que hacer justicia, y no ser vengativo». Y por eso censuró unas declaraciones de María San Gil, quien dijo que no le preocupaba que De Juana muriera y que vinculó con la de ley del Talión. «Si esa es la posición del PP -sentenció- que lleve al Congreso la reinstauración de la pena de muerte».

Una información de E. L. Palomera publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Tres detenidos tras una jornada «de lucha» en el País Vasco contra la actuación judicial

Batasuna responsabiliza al PSOE de la «basura» dictada por la Audiencia sobre el etarra De Juana

Vitoria - La «jornada de lucha» convocada ayer por Askatasuna para protestar por la sentencia que declaró organización terrorista al grupo juvenil abertzale Jarrai, y que degeneró también en protesta contra la decisión de mantener en prisión a De Juana Chaos, se saldó con tres detenidos en Vitoria.

El incidente se produjo pasado el mediodía, cuando dos jóvenes que portaban camisetas en las que se leía en euskera «PSOE culpable. Adelante la juventud independentista», se colocaron sendos candados en sus cuellos y los engancharon a barrotes de la verja del Parlamento. Al lugar se desplazó la Ertzaintza, que rodeó a los dos jóvenes, ya que al lugar llegaron varias decenas de personas que habían participado antes en una manifestación convocada por el sindicato abertzale LAB y el movimiento pro amnistía. Los ertzainas intentaron cortar con una cizalla los candados, pero no pudieron, por lo que tuvieron que pedir una nueva herramienta con la que sí lograron soltar a los jóvenes.

Durante más de una hora, los concentrados profirieron gritos contra el Estado español y el Partido Nacionalista Vasco y a favor de Jarrai y por la libertad del preso De Juana Chaos. Una vez cortados los candados, los dos jóvenes fueron esposados y detenidos. Poco después, los efectivos de la Ertzaintza cargaron contra los concentrados y detuvieron a otra persona. Los tres están acusados, según confirmó a Efe un portavoz de la Ertzaintza, de desobediencia grave y desórdenes públicos.

Manifestación previa

Con anterioridad, un centenar de personas se manifestaron por las calles vitorianas tras una pancarta en la que se leía «No a la criminalización de la juventud. Condiciones democráticas». Marchas similares se celebraron en Bilbao y San Sebastián. Todas tuvieron lugar poco antes de que se diese a conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de prohibir las movilizaciones al considerar que detrás de ellas está un colectivo ilegalizado como Askatasuna.

Según el juez, «se ha constatado fehacientemente que la “jornada de movilización” está dinamizada, y, de hecho, convocada por Askatasuna, cuyo logotipo aparece en los carteles que llaman a esta movilización».

A mediodía, la Delegación del Gobierno en Navarra comunicó a sus convocantes la prohibición de las tres movilizaciones previstas para la tarde. No obstante, centenares de jóvenes se manifestaron a primera hora de la noche en San Sebastián ignorando la prohibición.

La decisión sobre De Juana también fue criticada con dureza desde Batasuna. La formación ilegalizada afirmó que «es basura judicial», y la situó en una «estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas judiciales» de ese tribunal. No obstante, responsabilizó al PSOE de la situación y reclamó que, «urgentemente, se construyan las medidas» que permitan su puesta en libertad. En un comunicado, la formación abertzale señaló que la resolución «apesta», y mostró su «honda preocupación por este “gesto” de venganza cruel contra un ciudadano vasco, Iñaki de Juana, que, una vez cumplida su condena, debiera estar en la calle, en libertad».

Mientras, ayer también se sucedieron los actos violentos, como el protagonizado por un grupo de jóvenes que obligó en Getxo (Vizcaya) a apearse de un autobús a los pasajeros, con intención de prenderle fuego, aunque la aparición de la Ertzaintza hizo que desistieran y huyeran. Además, se registró un sabotaje frustrado contra una subestación eléctrica de Iberdrola en Ondarroa, donde fueron hallados neumáticos rociados con gasolina, y unos desconocidos colgaron y quemaron varias ruedas en un puente sobre la A-8 en Bilbao.

Información publicada por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: ABC

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:40, Categoría: Procesos Judiciales

La Audiencia evita la libertad de De Juana porque sólo él ha puesto su vida en peligro

La decisión de no ceder a la huelga de hambre del etarra José Ignacio de Juana Chaos por parte del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que ayer analizó su posible excarcelación ha causado una gran conmoción política, social y judicial.

Apenas una semana después de que el Tribunal Supremo declarara que las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi tienen naturaleza terrorista -lo que se traduce en el ingreso en prisión de 23 de sus miembros, 19 de ellos aún en fuga-, la Audiencia propinó otro revés al llamado «proceso de paz» con la simple aplicación de la letra de la ley. Es decir, la mayoría de los magistrados -12 frente a cuatro- entendieron que en el caso de De Juana Chaos no concurren razones «humanitarias» que aconsejen su excarcelación.

El terrorista, del que el presidente del Gobierno llegó a decir hace tres meses que «estaba con el proceso», deberá permanecer en la misma situación que hasta ahora, es decir, en prisión incondicional y alimentado a la fuerza por los médicos mientras siga existiendo peligro para su vida.

En uno u otro sentido, la decisión de mantener en prisión al pistolero, autor de 25 asesinatos, no ha dejado impasible a nadie. Las reacciones han venido de partidos, instituciones, asociaciones y colectivos. Mientras el PP, la AVT o la Asociación de Fiscales aplaudieron la resolución del Pleno, formaciones como la ilegal Batasuna llegaron a calificar el auto de «basura judicial», a culpar al PSOE de esta situación y a «exigirle» la inmediata puesta en libertad del etarra.

En medio del debate político y social que ha suscitado la posible excarcelación de De Juana por el agravamiento de su estado de salud, la decisión del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia (finalmente fueron 16 y no 17 los magistrados que deliberaron y votaron, pues Fernando García Nicolás no pudo asistir al encontrarse enfermo), se tomó en apenas una hora y veinte minutos.

En contra del criterio de la Fiscalía (que informó a favor de la prisión atenuada) y de la defensa del etarra (que pidió su libertad), la Sala se decantó por la solicitud de la AVT, es decir, por el mantenimiento de la prisión incondicional. En su resolución, de la que fue ponente Ricardo Rodríguez, los magistrados sostienen que en el caso de De Juana no se dan los requisitos establecidos en el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este precepto, procede la prisión en el domicilio del preso «cuando el internamiento entrañe grave peligro para su salud». No es éste el caso de De Juana, porque «lo que entraña grave peligro para su salud no es el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes (no está de acuerdo con su nueva condena), lo que es muy distinto». Por ello, insisten, no es la situación de prisión lo que está agravando su salud.

Añaden los magistrados que la prisión atenuada está prevista para supuestos distintos del que se analiza: «Bien cuando aparece una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, un tumor terminal), bien cuando se produce una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)».

Sin embargo, en este caso es el propio terrorista el que «por su propia voluntad» se ha puesto «en tal situación de peligro». Y lo ha hecho, además, estando informado en todo momento de su situación y de los posibles peligros que la huelga de hambre podían causarle. «Se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», apuntan.

Ante esa actitud, siendo una decisión del propio De Juana, «único responsable de su puesta en peligro», y planteándose un conflicto de intereses, «debe decaer su voluntad ante la posición garante de la Administración». En este sentido, se señala que el deber de ésta es velar por la vida, integridad y salud del interno con el consiguiente deber de adoptar las medias necesarias para protegerlas, si es necesario llegando incluso a imponer «limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de aquel interno que, por el riesgo de su vida en que voluntariamente se ha colocado, precise de tal protección». Por este motivo, y por el deber que tiene la Administración de velar por la integridad del preso y respetar su dignidad como ser humano, la Sala insiste en mantener su alimentación forzosa mientras continúe con la huelga de hambre.

Los magistrados se hacen eco de los informes médicos que alertan de que si no se procede a la alimentación forzosa de De Juana (por sonda nasogástrica) existe un grave peligro para su vida. Así, subrayan que si bien «toda actuación médica, y ésta en concreto, conlleva peligros, peor es la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso».

Además de acordar que se mantenga su actual situación personal, los magistrados ordenan que se continúe informando al etarra sobre su evolución «y los posibles peligros que para su vida e integridad física se vayan generando por su voluntad de continuar con la huelga de hambre».

Los cuatro magistrados que votaron en contra de la mayoría (los de la Sección Primera -Ángel Hurtado, Manuela Fernández Prado y Carmen Paloma Pastor- y Clara Bayarri, de la Sección Tercera), emitieron un voto particular en el que muestran su disconformidad con la decisión de sus doce compañeros.

A diferencia de éstos, argumentan que «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual, lo cierto es que los informes médicos nos hablan de que a medio plazo se puede llegar a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas». Así, reproducen un párrafo literal del informe médico en el que se advierte que «de mantener la conducta de ayuno (...) la evolución esperada es el fallecimiento (del preso) en un periodo cuya duración no podemos determinar, aunque es posible que sea superior a las dos o tres semanas».

Esta afirmación les lleva a concluir que el estado de salud de De Juana «se encuentra tan deteriorado que resulta difícilmente compatible» con su internamiento, por lo que consideran que es de aplicación el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consideran que, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo», el precepto citado da cobertura a situaciones como ésta.

Otro factor que debe considerarse, dicen, es que De Juana es aún un preso preventivo (el Supremo estudiará su recurso contra la condena, que todavía no es firme, la segunda quincena de febrero), por lo que la prisión, en su caso, no es una pena, sino una medida cautelar adoptada para evitar unos riesgos que se pueden solventar con otras medidas.

Un duro golpe para la tesis defendida por la Fiscalía

MADRID. La decisión adoptada por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional supone un fuerte golpe a la tesis de la Fiscalía, que se había mostrado partidaria de acordar prisión atenuada para el etarra Ignacio De Juana. Para el Ministerio Público, el internamiento entraña «grave peligro» para la salud del etarra.

Esta posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido criticada por el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Panasco, quien, en declaraciones a Servimedia, la ha calificado de «profundamente errónea». «Ha habido un desenfoque jurídico sin precedentes en casos similares», señaló García-Panasco, en cuya opinión «la imagen de la Fiscalía ha quedado afectada».

García-Panasco aseguró que su asociación reivindica la «profesionalidad de la inmensa mayoría de los fiscales de este país», y contrapuso la labor de estos funcionarios con la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a quien señaló como «único responsable de esta situación».

Una información de N. Villanueva y N. Colli publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy cree que la resolución desautoriza al fiscal y a Zapatero

BARCELONA. El presidente del PP, Mariano Rajoy, conoció la resolución de la Audiencia Nacional, contraria a atenuar la condena del terrorista Ignacio de Juana Chaos, en Barcelona, donde reconoció estar «enormemente satisfecho y reconfortado» ante una decisión que, en su opinión, representa «una unidad de verdad contra el terrorismo», al tiempo que «desautoriza a todos aquéllos que hicieron todo lo posible para que no se cumpliera la ley, el fiscal general del Estado, el Gobierno español y algunos dirigentes políticos».

«Parece que no escarmientan», dijo el dirigente popular, en referencia a quienes apoyaban el excarcelamiento del terrorista. Rajoy, que se reunió con cargos institucionales del PP en Cataluña, expresó su respeto a la decisión de la Audiencia porque «los tribunales garantizan el cumplimiento de la ley y no hay nadie por encima de eso, no el Gobierno ni el jefe del Estado». Pero, en este caso, dijo estar satisfecho «no como político, sino como español», ya que «esta decisión une a los españoles y representa una unidad de verdad contra el terrorismo».

Mariano Rajoy, que se ha llevado «una de las alegrías más grandes» de su vida al conocer el dictamen, aseguró que la huelga de hambre del etarra suponía «un chantaje inaceptable» y «cuando uno cede ante el chantaje, pierde su libertad. Cuando es el Estado quien cede, afecta a la libertad de los españoles. Lo de hoy es reconfortante y creo que estamos en el buen camino».

Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Duran Lleida, pidió a Zapatero, que «cuide sus palabras y sus intervenciones públicas» y considera «completamente innecesarias» las críticas al PP que lanzó anteayer el presidente español. Advirtió de que la unidad contra ETA «nunca llegará en la medida en que vayamos aireando» estas opiniones.

Una información de María Jesús Cañizares publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno opta por la estrategia de «cautela, esperar y aguantar el tirón»

MADRID. «Cautela y esperar» es la consigna del Palacio de la Moncloa ante una situación que se reconoce «delicada» y, hasta cierto punto, impredecible en su final -la huelga de hambre voluntaria podría llevar al etarra De Juana Chaos a la muerte, pero el Tribunal Supremo también podría aceptar el recurso contra la sentencia provisional que le mantiene en la cárcel por amenazas-.

La portavocía oficial del Gobierno se delegó ayer en el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien rechazó que la decisión de la Audiencia Nacional sea una revés para la Fiscalía -que había solicitado la prisión atenuada en domicilio-, dijo que para el Ejecutivo «es una decisión jurisdiccional que se acata y punto», apeló a la «tranquilidad y confianza» en las instituciones, y descartó «consecuencias políticas». De paso, acusó al PP de «intentar inferir consecuencias políticas e intentar condicionar las actuaciones de unos y otros con la doble vara de medir, adulando a los que se conducen por lo que uno estima que son los propios intereses o intentando escarnecer a los que no lo hacen», según informa Efe.

Esta respuesta oficial esconde a duras penas la impresión de que la decisión judicial viene a «complicar» la estrategia del Gobierno en la lucha contra ETA -lastrada por la división con el PP- y tampoco oculta el temor a «las consecuencias» -sea en forma de kale borroka o de atentados mortales- si De Juana muere, según se admite en fuentes socialistas.

El Gobierno es consciente de que el «caso De Juana» se ha «envenenado» de tal manera que cualquier decisión presenta contraindicaciones y constituye un asunto de «difícil manejo social», por lo que su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se adelantó la víspera a subrayar su respeto a la independencia judicial.

Regreso al crimen

Pero incluso quienes dentro del PSOE creen que lo que correspondía era conceder a De Juana la libertad provisional sostienen que el atentado de Barajas abrió «un ciclo nuevo» ante el que al Gobierno no le queda más opción que «apretar los dientes y aguantar el tirón», según los interlocutores consultados por ABC.

Así, si algunos dirigentes socialistas temen que la muerte del etarra daría a la banda «el mártir que busca» y reforzaría las posiciones del «sector duro» de ETA, otros sostienen que «si no es por esto ahora, será más tarde porque Batasuna no puede presentarse a las elecciones o porque no hay diálogo».

A la primera tesis parecen responder las manifestaciones hechas ayer por el secretario general del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, o el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. El edil donostiarra tachó de «errónea» la decisión judicial y defendió que, «por razones humanitarias, era razonable aceptar la petición del fiscal». Buen, por su parte, dijo que «guste o no, De Juana cumplió su condena por los crímenes que se le imputaban» y «a partir de ahí, el Estado no puede ser vengativo porque, si lo es, deja de ser justo».

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, prefirió eludir estas consideraciones y optó por, desde su blog en internet, acusar al Partido Popular de haber intentado «condicionar» la resolución judicial y de intentar ahora «aprovechar una decisión estrictamente judicial para atacar al Gobierno y confundir a la ciudadanía».

Una información de G. López Alba publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Interior teme que los presos aprovechen el caso para intensificar sus movilizaciones

MADRID. El Ministerio del Interior teme que el «caso De Juana» sea la espoleta para que los pistoleros etarras encarcelados comiencen una campaña masiva de movilizaciones, o al menos para que las ya convocadas para febrero por el llamado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPKK), habituales por otra parte a principios de cada año, alcancen una mayor intensidad.

Las fuentes consultadas por ABC explicaron que aunque los etarras presos mantienen por el momento la tranquilidad -ni siquiera reaccionaron de forma significativa ante el atentado del aparcamiento de la T-4, a pesar de que suponía el fin de cualquier expectativa de acercamiento al País Vasco-, la decisión de ayer de la Audiencia Nacional podría ser el «banderín de enganche» que necesitaba la banda para que sus reclusos, que en los últimos tres años apenas han seguido las movilizaciones convocadas por la dirección, decidan endurecer su postura. Sería en cualquier caso paradójico, ya que el propio José Ignacio de Juana Chaos, autor de veinticinco asesinatos, tampoco participó en aquellas protestas convocadas por el EPKK, al margen de realizar algún gesto simbólico. Además, el terrorista decidió ponerse en huelga de hambre sin contar con ETA, lo que provocó el malestar de sus cabecillas.

Desmovilización

Hay un dato que revela hasta qué punto existía una desmovilización de los presos, muchos de los cuales empiezan a estar hartos de no ver una salida a su situación: ninguno de los etarras afectados por la «doctrina Parot» -algunos de ellos han visto cómo sus condenas aumentaban hasta diez años-, han protagonizado protesta alguna.

La posible reactivación de las protestas carcelarias provocan además cierta inquietud porque muy probablemente vendrían acompañadas de movilizaciones en el exterior por parte de los colectivos de apoyo a los presos y de los propios familiares de los internos, que en los últimos tiempos habían descendido de forma importante en su actividad.

«Se ha dicho que haber concedido la prisión atenuada a De Juana era sentar un precedente peligroso, y es cierto», dicen las fuentes consultadas. «Pero también es verdad que el resto de presos puede pensar que este terrorista en solitario no ha conseguido su propósito, pero que quizá logren algunos de sus objetivos si son 50 ó 60 los que comienzan una protesta similar», añadieron.

En cualquier caso, y pase lo que pase, lo que es cierto es que a la dirección de la banda le ha venido muy bien este asunto, ya que puede haber cohesionado más al colectivo de presos etarras en un momento especialmente delicado, después de que los pistoleros hayan puesto fin con el último atentado a las esperanzas de los reclusos de mejorar sus condiciones de vida.

«En su mentalidad, la decisión de la Audiencia les confirma en su papel de víctimas de un Estado «represor» y en que son «presos políticos», señalan las fuentes de Interior, que añaden: «En el fondo, la cúpula de ETA desea que De Juana muera en prisión, sería lo mejor para sus intereses, una excusa perfecta para justificar nuevos actos criminales y demostrar ante sus bases que lo que llaman lucha armada sigue siendo necesaria».

Una información de Pablo Muñoz publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El PNV compara la decisión con la pena de muerte y culpa directamente al PP de lo que le pueda ocurrir al preso etarra

BILBAO/MADRID. El PNV y el Gobierno vasco extremaron ayer sus críticas contra los jueces por la decisión de la Audiencia Nacional de dejar preso al etarra De Juana Chaos. El senador del PNV Iñaki Anasagasti afirmó que, si el etarra muere a causa de su huelga de hambre, «se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP y de la extrema derecha más rancia del país». «Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación», asegura.

El Gobierno vasco no se quedó atrás y definió la decisión que tomó la Audiencia Nacional como «una actuación más en la carrera de despropósito judicial», por lo que exigió que sea el Tribunal Supremo el que pronuncie «con urgencia» sobre la situación del preso.

También el portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, mostró su preocupación por la posibilidad de que haya una «interpretación sesgada» de las razones humanitarias y derechos que todas las personas tienen y que, además, se apliquen «regímenes de excepcionalidad, desconsiderando las propias leyes, con interpretaciones más políticas que pueden llevar a una dinámica de «acción, reacción».

El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga Ramírez, opinó que la decisión de la Audiencia Nacional «pone en entredicho la vigencia de los valores democráticos en un Estado de Derecho, y escenifica la utilización de la justicia con fines claramente políticos». El secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, manifestó que hay una intención de «condicionar» el «proceso». A través de un comunicado, Ziarreta señaló que con su decisión la Audiencia Nacional ha obviado «los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea dura del Partido Popular».

Socios de Zapatero

Todos los socios parlamentarios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero criticaron con dureza la decisión de los jueces. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló que su formación política respeta la decisión de la Audiencia Nacional, pero destacó que hubieran deseado «que se combinase mejor la Justicia y la humanidad». «Las dos cosas creemos que son conciliables», apuntó. Dicho esto, dirigió sus críticas al PP: frente a la «justicia justiciera», dijo, que «reclama el Partido Popular», reclamó más terreno para la justicia y la compasión.

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, expresó sus críticas hacia la «intolerancia que se ha impuesto en este caso» impidiendo que se atenuaran las condiciones penitenciarias del preso en huelga de hambre.

También el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, Agustí Cerdá, recalcó que la Justicia debe ser Justicia «y no venganza». A su juicio, el tribunal debió tener un «gesto humanitario» con el preso por su huelga de hambre voluntaria. «Esquerra respeta pero no comparte la decisión de la Audiencia Nacional», subrayó el dirigente de ERC.

Una información de M.L.G.F. y S.E. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Alivio y emoción entre las víctimas, que aplauden la decisión de la Audiencia

MADRID. Vicente Romero, Juan García, Esteban del Amo, Fausto Escrigas, Eugene Kent, Juan Carlos González, Vicente Javier Domínguez, Juan José C. Vázquez, Juan Mateos Pulido, Alberto Alonso, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, Carlos Vesteiro, Francisco Casillas, Jesús María Freixes, Santiago Iglesias, Carmelo B. Alamo, Miguel A. Cornejo, José Calvo, Andrés José Fernández, Antonio Lancharro, José Joaquín García, Jesús Gimeno, Juan Ignacio Calvo, Javier Esteban y Ángel de la Higuera no tienen la opción de hacer huelga de hambre ni pueden opinar sobre la del etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque fueron asesinados por él. Veinticinco vidas rotas y muchas familias destrozadas que ayer se sintieron confortadas no sólo por la decisión judicial de mantenerle en prisión, sino por la respuesta unánime de los colectivos de víctimas del terrorismo: todos ellos sin excepción (de una u otra «tendencia») refrendaron esta actuación de la Audiencia Nacional.

Homenaje en Sevilla

Especial relieve tuvieron las reacciones en el acto de homenaje a Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García que ayer celebró el PP-A en Sevilla. El eurodiputado y ex presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgáiz, expresó que «ojalá» el etarra hubiera hecho la huelga de hambre «antes de haber asesinado. Así sus víctimas estarían hoy con nosotros». Acompañado por el presidente del PP-A, Javier Arenas, y por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, Iturgáiz señaló además que la decisión judicial deja en evidencia a quienes han llamado a De Juana Chaos un «hombre de paz».

Arenas, por su parte, atacó el hecho de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, dijera el miércoles que consideraba «razonable» que se decretase para De Juana «prisión atenuada o libertad provisional». «Cada minuto que deja pasar sin pedir disculpas a la familia Jiménez-Becerril lo está perdiendo», aseguró.

Teresa Jiménez-Becerril dijo que «mi hermano nunca habría dicho que podría ser razonable excarcelar a De Juana». Ya antes, Teresa había expresado su «gran alegría» por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que «las víctimas podemos seguir creyendo en la Justicia».

A su juicio, los magistrados han podido comprobar en estos días que la opinión pública estaba totalmente en contra de la excarcelación, lo que cree que ha dejado en entredicho al Gobierno «que estaba detrás de la medida». Para Chaves tuvo más palabras duras por su posición favorable a las medidas «humanitarias» en favor de De Juana Chaos: «Habría que responderle que le dijera a la cara a mi madre que le parecía bien la posibilidad de que este hombre saliera de la cárcel».

Habla una de sus víctimas

Pero no hubo sólo declaraciones en el acto de Sevilla. El guardia civil Alfonso Sánchez, herido en un atentado en la plaza de la República Argentina de Madrid en 1985 en el que participó este sanguinario etarra, consideró ayer una «buena noticia» la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerlo en prisión, y sugirió que todo el interés que la situación del terrorista ha suscitado debería volcarse «a favor de sus víctimas, muchas de ellas en silla de ruedas». También reprobó que, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional, algunos dirigentes políticos se hayan mostrado en desacuerdo y hayan defendido las razones humanitarias porque, en demasiadas ocasiones, esas mismas voces ignoran el sufrimiento de las víctimas.

La «voluntad de un preso»

Asimismo apoyó la continuidad en prisión del etarra De Juana Chaos la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAVT) que se acaba de reunir con el lendakari Ibarretxe. «Ninguna decisión jurídica -declaró ayer Roberto Manrique, vicepresidente y portavoz de la entidad- puede depender de la voluntad de un preso».

Además, la Federación de Víctimas insistió en que les hubiera gustado que las asociaciones que se han interesado por la situación del etarra «lo hubieran hecho también por las familias de sus víctimas», en referencia a la visita al etarra de un comité dependiente del Consejo de Europa.

La AVT lamenta la «cobardía» del Gobierno

La decisión judicial fue aplaudida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que denunció la «falta de sentido de Estado del Gobierno socialista y sus socios al limitarse a «acatar» y «respetar» lo acordado por la Justicia en vez de «apoyarlo», lo que, en opinión de la entidad encabezada por Francisco José Alcaraz, supone «una cobardía en toda regla». Para la AVT, «una decisión distinta a la tomada podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas y a la sociedad española».

Una información de S. E. y B. T. publicada por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: EL MUNDO

Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 11:00, Categoría: Procesos Judiciales

Los jueces deciden que De Juana siga preso y el nacionalismo les criminaliza

Acuerda por 12 votos frente a cuatro no modificar la situación procesal del etarra. Subraya que su vida está en peligro por la huelga de hambre voluntaria, no porque se encuentre preso.

MADRID.- Por una rotunda mayoría de 12 votos frente a cuatro, la Audiencia Nacional acusó ayer a José Ignacio de Juana Chaos de ser «el único responsable» de su estado se salud y ordenó que continúe en prisión provisional.

La decisión de la víspera de llevar el caso De Juana a Pleno ha conducido a que el etarra no disfrute de una prisión atenuada en su domicilio, como solicitaba la Fiscalía y como hoy mismo tenían previsto acordar los tres magistrados de la Sección Primera en los que inicialmente recayó el asunto.

Según el auto redactado ayer por el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, no se cumple el requisito esgrimido por el fiscal para dictar una prisión atenuada: que el internamiento entrañe «grave peligro» para la salud del reo. «Lo que entraña grave peligro para la salud de De Juana Chaos no es, precisamente, el internamiento, sino su voluntad de no comer por las circunstancias que considera convenientes, lo que es muy distinto. No es la situación de prisión lo que agrava su salud».

Añade el escrito que la prisión atenuada está prevista para otro tipo de supuestos, «como una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, tumor terminal) o una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo, toxicómanos con sida)». «Ninguno de tales supuestos es el del caso en que es el preso quien, precisamente, por su propia voluntad se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de una autopuesta en peligro libre y voluntaria», añade.

Los jueces también reiteran al Hospital 12 de Octubre que proceda de nuevo a alimentar por la fuerza a De Juana tantas veces como lo considere necesario. Respecto al peligro que incluso el tratamiento médico tiene para su vida -según explicaron los médicos en su último informe-, el Pleno resalta que «peor es, desde luego, la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente».

El Pleno también ordena al Hospital que mantenga informado a De Juana en todo momento de la evolución de su estado de salud y del peligro que la huelga de hambre supone para su vida.

Tres de los cuatro jueces de la minoría fueron, precisamente, los miembros de la Sección Primera -Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González- quienes, junto a la magistrada Clara Bayarri, emitieron un voto particular apoyando la prisión atenuada solicitada por el fiscal. Por contra, la Sala se inclinó por la postura mantenida por el letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura.

Pese a que lo habitual es intervenir en orden inverso a la antigüedad de cada magistrado, ayer los primeros en hacerlo fueron los miembros de la Sección Primera, que se repartieron la exposición de los argumentos por los que respaldaban la prisión atenuada. Les siguieron varias intervenciones de jueces contrarios a esa postura, hasta que el presidente de la Sala, Fernando Bermúdez de la Fuente, estableció un turno de palabra en el orden acostumbrado.

Doce de los 16 magistrados presentes -uno se ausentó por enfermedad- apoyaron entonces mantener la prisión provisional. Las intervenciones fueron, en general, breves, aunque algunos jueces se extendieron más al defender la prisión de De Juana. Entre ellos, Fernando Grande-Marlaska, que como instructor encarceló a De Juana por las amenazas vertidas en Gara.

También expuso sus argumentos con especial vehemencia Ricardo Rodríguez, quien junto a Fermín Echarri y Flor Sánchez formó parte del tribunal que condenó al etarra.

Antes de que el presidente de la Sala diera por concluido el bloque de intervenciones, el último capítulo del caso De Juana lo cerró quien lo había iniciado: Alfonso Guevara. El presidente de la Sección Tercera, que el miércoles reunió las firmas suficientes para llevar el asunto a Pleno, concluyó con una breve intervención en la sumó su voto al de la mayoría: que De Juana siga en prisión.

Para entonces, la Sección Primera ya había perdido otra votación. Antes de entrar en el fondo, los jueces tuvieron que resolver si -como al final se acordó- se trataba de un Pleno jurisdiccional. Es decir, si se podía constituir como tribunal y resolver el caso. Miembros de la Sección defendieron que sus compañeros no les podían retirar un asunto del que ya se habían hecho cargo y sobre el que habían llegado a deliberar.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Sección 'original', a favor de la prisión domiciliaria

MADRID.- Hasta que el Pleno se cruzó en su camino, De Juana podía creer en su suerte. Entre los 17 magistrados de la Sala de lo Penal, su caso estaba en manos de tres de los cuatro que respaldaban la prisión domiciliaria.

Estos magistrados presentaron ayer un voto particular discrepante en el que, al igual que mantuvo en su escrito el fiscal Fernando Burgos, consideran que se dan los requisitos legales para acordar una prisión atenuada.

El escrito respaldado por los miembros de la Sección Primera, Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González, así como por Clara Bayarri, considera de especial relevancia que, «cualesquiera que sean los motivos que hayan llevado al procesado a su estado actual», los informes médicos indican que, a medio plazo, podría llegarse «a una situación irreversible con resultado de muerte o graves secuelas».

«Los referidos informes médicos nos ponen de relieve que el estado de salud del procesado, en el momento presente, se encuentra tan considerablemente deteriorado, que resulta difícilmente compatible con el mantenimiento del internamiento».

Así, consideran que se cumplen los presupuestos para aplicar el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que «el juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con vigilancia precisa».

Los cuatro magistrados discrepantes resaltan que este precepto, «sin distinguir el origen del deterioro o la causa del riesgo, da cobertura precisamente a situaciones como la presente, en que el valor de la vida entra en conflicto con los fines que la prisión provisional trata de conseguir».

El hecho de que fuera precisamente De Juana el que, voluntariamente, hubiera provocado la situación es el elemento fundamental que la mayoría de los magistrados empleó ayer para descartar la aplicación del artículo.

«Por ello», concluye el escrito, «discrepamos del voto de la mayoría considerando que, al tratarse de un preso preventivo en situación de riesgo para su vida, la decisión debía haber sido la aplicación de una medida de prisión provisional atenuada en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias y el tratamiento médico oportuno, como el propio artículo establece».

La Fiscalía aún no ha anunciado si recurrirá.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy asegura que el tribunal 'desautoriza' a Zapatero

BARCELONA.- Mariano Rajoy opinó ayer que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional «desautoriza a todos aquellos que hicieron todo lo posible para que no sucediera». Entre esas personas citó explícitamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

En Barcelona, donde acudió a una reunión de la Junta Directiva de los populares catalanes, el presidente del PP aseguró que «siempre» respeta las decisiones de los jueces, pero que en este caso concreto, además, el acuerdo que han adoptado le ha hecho sentirse «ya no como dirigente político, sino como español, satisfecho y reconfortado». «Me he llevado una de las mayores alegrías de los últimos tiempos», añadió.

Según Rajoy, el «chantaje» que suponía la actitud del etarra José Ignacio de Juana Chaos «era evidente», y por eso la resolución judicial ha sido un paso «en el buen camino». En su opinión, decisiones como ésa «unen a los españoles», porque de esta manera «es como se lucha de verdad contra el terrorismo».

El presidente del PP se mostró muy crítico con el Gobierno, al que acusó de estar «perjudicando», con la relación que mantiene con ETA y su entorno, «a todos los españoles». «Era un chantaje inaceptable, y cuando uno se deja chantajear está perdiendo su libertad, pero cuando lo hace el Estado perjudica la libertad de todos los españoles», manifestó.

«Parece mentira que todavía no hayan escarmentado», insistió, en referencia al Gobierno y al fiscal general del Estado, y recordó la sentencia del Tribunal Supremo que ha considerado organizaciones terroristas a Jarrai, Segi y Haika y no solamente asociaciones ilícitas.

En cuanto al hecho de que 12 magistrados de la Audiencia Nacional hayan votado a favor de mantener a De Juana en prisión y cuatro optaran por la petición del fiscal de atenuarle la situación y enviarle a su casa con vigilancia policial, Rajoy se limitó a afirmar: «Probablemente, nada en esta vida es uniforme».

El PP fue el único partido político que se mostró claramente a favor de que José Ignacio de Juana continúe en prisión preventiva. Otros colectivos sociales, sobre todo las asociaciones de víctimas, también aplaudieron esa decisión judicial [ver información en página siguiente].

SUP

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) expresó su satisfacción, porque considera que los magistrados de la Audiencia Nacional han adoptado una decisión «muy acertada».

Maximiano Correal, secretario de Comunicación de esta organización policial, opinó que se trata de «una decisión de sentido común» que ratifica, una vez más, que en España «hay un Estado de Derecho y que la Justicia se hace y se cumple».

Correal declaró a la agencia Europa Press que si los magistrados hubieran alegado razones humanitarias o de cualquier otro tipo para atenuar la prisión preventiva a De Juana Chaos, «hubiera sido un sarcasmo tremendo y una obscenidad contra todas las víctimas del terrorismo».

Ahora, añadió, depende de la voluntad de ese preso «que su estado de salud mejore», porque es él quien puede dejar la huelga de hambre que protagoniza desde hace 80 días.

CEP

El secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López, manifestó que haber atendido la voluntad del preso de ETA De Juana habría significado «ceder a un chantaje de forma clara».

Indicó que en este caso no era necesario adoptar medidas extraordinarias por parte de los jueces, puesto que éstas únicamente se ponen en marcha «cuando hay una situación sobrevenida o una enfermedad» y no por una huelga de hambre.

El secretario de la Confederación Española de Policía indicó que la decisión de la Audiencia Nacional «satisface profundamente» a su organización, porque de esta manera se ha cumplido «con la legalidad vigente» y se ha atendido «la opinión de la inmensa mayoría de los españoles».

LAS FRASES

Mariano Rajoy (PP). «Era un chantaje inaceptable, y cuando uno se deja chantajear está perdiendo su libertad, pero cuando lo hace el Estado perjudica la libertad de todos los españoles».

Maximiano Correal (SUP). Haber alegado razones humanitarias o de otro tipo para suavizar la situación del etarra De Juana «hubiera sido un sarcasmo tremendo y una obscenidad contra todas las víctimas del terrorismo».

Ignacio López (CEP). Haber atendido la voluntad del preso habría supuesto «ceder a un chantaje de forma clara» y adoptar medidas extraordinarias no era posible porque éstas se adoptan para «una situación sobrevenida o una enfermedad».

Una información de Daniel G. Sastre publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La ilegal Batasuna dice que es «basura jurídica que apesta»

MADRID/BILBAO.- La formación política ilegalizada Batasuna tachó ayer de «basura jurídica» la decisión de la Audiencia Nacional sobre el etarra José Ignacio de Juana Chaos, acusó al PSOE de la situación del preso y exigió a este partido que lo ponga en libertad.

Batasuna difundió un comunicado en el que arremete contra los magistrados, indica que su acuerdo «apesta», que se inscribe «en la estrategia de guerra que se lleva a cabo desde las cloacas judiciales de la Audiencia Nacional» y que es «un gesto de venganza cruel».

Askatasuna, el colectivo abertzale de apoyo a presos de ETA, coincidió con esa crítica. «La decisión tomada por el Gobierno de Zapatero y por los jueces de este tribunal sacia su estrategia de odio y venganza. Esa política es generadora de problemas de todo tipo para todos, y esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero», indicó.

Reclamó el cierre de la Audiencia Nacional -el tribunal que juzga los delitos de terrorismo cometidos en cualquier parte de España- porque lo considera «una jaula llena de fascistas y uno de los indicadores del carácter antidemocrático del Gobierno español».

PNV

Iñaki Anasagasti reaccionó con dureza. En un artículo que difundió por internet aclara que no está de acuerdo con el etarra, pero añade: «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país. Acebes, Astarloa, Zaplana y Aznar serán los grandes culpables de esta situación».

Gobierno vasco

«Es una actuación más de la carrera de despropósito judicial a la que estamos asistiendo en las últimas semanas», indicaron fuentes del Ejecutivo autónomo, según Europa Press.

«Al margen de la consideración ética y moral que cada uno pueda tener de los hechos que cometió De Juana, por los que ya ha sido juzgado y condenado», añadieron esas fuentes, es «una desproporción» imponerle 12 años y seis meses de prisión por amenazas cometidas en dos artículos de opinión.

Otros partidos de izquierda del Congreso se mostraron en desacuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional, pero dejaron bien claro que la respetan y acatan:

IU

Gaspar Llamazares lamentó que el tribunal no haya optado por combinar «justicia, sensibilidad social y humanitarismo». «No es un caso especial, y podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente», dijo, según informa Agustín Yanel. Llamazares recordó que De Juana ya ha cumplido su condena por los asesinatos cometidos y que está en prisión preventiva por amenazas en dos artículos.

ERC

Su portavoz en el Congreso, Agustí Cerdà, coincidió con Llamazares en que, al tratarse de una condena por dos artículos y estar recurrida, el tribunal podía haber hecho un «gesto humanitario». «No tenía sentido imponer una pena tan dura por dos escritos en prensa, porque con excepciones como ésta se está legitimando de facto la cadena perpetua», añadió.

BNG

Francisco Rodríguez, portavoz de los nacionalistas gallegos, cree que se debiera haber atenuado la pena, aplicándole lo que permite la ley. «Al margen de quién sea el encausado, que puede provocar todo tipo de repudio, no se puede actuar con la ley del Talión ni forzando las leyes tanto, porque eso desautoriza más que legitima al Estado de Derecho», añadió.

PSE

Mikel Buen, secretario general de los socialistas de Guipúzcoa, dijo que «por encima de todo, hay que respetar las vidas de las personas, aunque sean criminales». Buen insistió en que «un Estado democrático tiene que hacer justicia, no tiene que ser vengativo».

EA

Ziarreta, su secretario general, indicó: «La Audiencia ha obviado los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con el PP».

Aralar

En la formación que lidera Patxi Zabaleta, indicaron que es «una crueldad» y denunciaron «presiones» del PP sobre la Justicia.

LAS FRASES

Askatasuna. «Esa decisión nos pone a todos en el tiempo de descuento, también al Gobierno de Zapatero».

Iñaki Anasagasti (PNV). «Si De Juana Chaos muere, se habrá aplicado la pena de muerte en España por parte de una judicatura dependiente del PP, de la extrema derecha más rancia del país».

Mikel Buen (PSE-EE). «Un Estado democrático tiene que hacer justicia, no ser vengativo».

Gaspar Llamazares (IU). «Podría haberse optado por la prisión atenuada, sin darle más trascendencia, pero se ha convertido en una cuestión política y quizá la decisión tenga ese componente».

Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Una prueba de la «independencia» de la Justicia

MADRID.- Tanto el Gobierno como el PSOE «respetan y acatan en toda su extensión» la decisión del tribunal, según afirmó el portavoz de los socialistas en el Congreso, Diego López Garrido.

Dijo que esta resolución demuestra «la independencia» de la Justicia y el funcionamiento correcto del Estado de Derecho.

Indicó que el hecho de que no haya prosperado la petición del fiscal no deja «en entredicho» a la Fiscalía, sino que se trata de las «discrepancias» normales que se producen habitualmente en el mundo judicial al interpretar una norma.

El ministro Juan Fernando López Aguilar coincidió con él y dijo que esto lleva a tener «confianza» en la Justicia.

Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La AVT aplaude y critica la «cobardía» del Gobierno

MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recibió ayer con satisfacción el acuerdo de los magistrados de mantener en prisión preventiva al etarra José Ignacio de Juana Chaos, porque consideran que de esta manera «se evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas del terrorismo». «Se ha evitado que aumente ese dolor y ese sufrimiento», indicaron en un comunicado. Según esta asociación, «una decisión distinta a la tomada hoy [por ayer] podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española, ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante años».

Los magistrados de la Audiencia Nacional han adoptado una resolución «muy importante, porque supone que el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino».

La AVT, que preside Francisco José Alcaraz, no se limitó a dar su opinión sobre el acuerdo de los jueces, sino que acusó de «cobardía» al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al Ejecutivo vasco por no haber «apoyado y aplaudido esta decisión».

Foro Ermua

Su presidente, Mikel Buesa, consideró «muy acertada» la resolución. «Es positivo que ningún preso salga de la cárcel como consecuencia de una estrategia deliberada para producirse un daño sobre su propia salud», indicó.

FAVT

El presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo (FAVT), Roberto Manrique, celebró el acuerdo sobre De Juana porque «ninguna decisión jurídica puede depender de la voluntad de un preso», declaró a la agencia Europa Press.

Víctimas

Personas que han sufrido atentados, personalmente o sus familiares, aplaudieron la resolución. Teresa Jiménez Becerril, hermana de un concejal de Sevilla asesinado en 1989, mostró su gran «satisfacción». «Nos permite seguir creyendo en la Justicia», afirmó.

El ex guardia civil Alfonso Sánchez, herido en 1982 en un atentado en el que participó De Juana, manifestó que es «una buena noticia». Además, reclamó que, en vez de preocuparse por la situación de ese etarra, habría que hacerlo «por la prisión atenuada en silla de ruedas en la que se encuentran muchas víctimas suyas».

Por el contrario, el periodista Gorka Landaburu mostró su respeto a la decisión judicial, pero opinó que la condena impuesta por amenazas en dos artículos ha sido «una exageración». El periodista, contra quien ETA atentó en 2001, se mostró a favor de que el Tribunal Supremo excarcela al terrorista.

LAS FRASES

A. Sánchez (víctima). «Que se preocupen por la prisión atenuada en silla de ruedas de muchas víctimas».

T. Jiménez Becerril (hermana de un concejal asesinado). «Nos permite seguir creyendo en la Justicia»

Gorka Landaburu (víctima). La decisión es respetable, pero la última condena a De Juana ha sido «una exageración».

Información publicada por el diario EL MUNDO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

EL PAIS en defensa del criminal De Juana Chaos

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: Procesos Judiciales

Rajoy tilda de "vergüenza nacional" que se baje la petición de pena a De Juana 

Rubalcaba recuerda las excarcelaciones de etarras por Aznar y exige al PP respeto al fiscal

Madrid / Vitoria - El PP salió ayer en tromba a censurar la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de rebajar muy sensiblemente los 96 años de prisión que solicitaba para el etarra Iñaki de Juana Chaos por pertenencia a banda armada y amenazas terroristas. Mariano Rajoy tildó de "vergüenza nacional" la mera posibilidad de que se rebaje esa petición de pena justo el día en que el etarra dejó de hacer una huelga de hambre.

"Es una vergüenza que un señor, porque haga una huelga de hambre, después de asesinar a 25 personas, se le pretenda bajar la pena de 96 años a seis", declaró Rajoy en Catalunya Ràdio. El líder popular pidió que "ese escándalo no se consume" porque "la democracia no tiene por qué darle a un grupo terrorista ningún trato preferente respecto a ningún ciudadano". De hacerlo, los españoles se preguntarían, a su juicio, cuál es el criterio para ser sometido a unas penas o no serlo.

Horas después, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció que su grupo ha pedido la comparecencia urgente en la Cámara de los ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; del de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen este cambio de criterio.

En el PP recuerdan declaraciones recientes de López Aguilar en las que éste defendía el "máximo rigor" a la hora de exigir el cumplimiento de las penas a los etarras. El ministro de Justicia afirmó ayer en un desayuno organizado por Servimedia que no debe haber la más mínima sombra de sospecha sobre el Gobierno por la decisión de la Fiscalía de rebajar la petición de penas para el etarra De Juana Chaos. Y añadió: "El Gobierno debe ponerse al límite de su capacidad para asegurarse que ETA no vuelve a matar, y esto que se ha llamado el alto el fuego permanente se convierta en el punto de partida para una disolución definitiva e irreversible de toda forma de actividad terrorista".

Zaplana fue preguntado por estas opiniones del ministro. Aseguró que es "intolerable que la Fiscalía cambie de criterio por negociaciones con los terroristas" y recordó que el ministerio público está sujeto al principio de autoridad. "No se puede poner en rebajas el Estado de derecho", subrayó Zaplana, para quien "es inaudito que la fiscalía pida un día una condena y al día siguiente otra".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la fiscalía pedirá para el etarra "los años que cree que se corresponden con el delito por el que será juzgado".

De Juana lleva en prisión desde enero de 1987. Fue condenado a más de 3.000 años como autor material de 25 asesinatos. Pero, al beneficiarse de redenciones ordinarias y extraordinarias de la pena, la condena efectiva fue de poco más de 18 años. De Juana escribió dos artículos publicados el 1 y el 30 de diciembre de 2004 en Gara. Por esos escritos de ensalzamiento de ETA, el fiscal pidió su procesamiento por pertenencia a banda armada y una pena de 96 años, que ahora rebajará. Por esos nuevos delitos estaba en prisión preventiva cuando inició una huelga de hambre.

Rubalcaba exigió al PP que "respete al Estado de derecho". Y apostilló que ese mismo Estado de derecho permitió el acercamiento de presos etarras durante la tregua de ETA en 1998, mientras gobernaba el PP.

"El mismo Estado de derecho que existía cuando el señor Rajoy gobernaba y fue ministro de Interior y excarcelaba a etarras que hicieron alguna cosa que prefiero no recordar", afirmó el ministro en Sabadell (Barcelona).

El Gobierno vasco afirmó que la rebaja de la petición de pena tiene una inspiración política y no sólo jurídica, lo que podrá favorecer y ayudar al proceso de paz.

Una información de P. Marcos y E. Azumendi publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un preso de ETA que debía ser excarcelado el día 6 saldrá en 2021 

Madrid - El preso de ETA Antonio Alza Hernández, condenado en siete procesos por delitos de integración en banda armada, estragos terroristas, daños y lesiones, y que tendría que haber salido de prisión el pasado día 6 con el licenciamiento definitivo, tendrá que seguir en la cárcel hasta el 11 de octubre de 2021, tras habérsele aplicado la doctrina Parot elaborada recientemente por el Tribunal Supremo, que establece el cumplimiento sucesivo de condenas hasta el máximo efectivo de 30 años.

El etarra Alza Hernández formó parte del contingente de 105 presos que el Gobierno del PP acercó al País Vasco en septiembre de 1999. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja justificó esa decisión en la "responsabilidad" asumida por el Gobierno Aznar con el "anhelo de paz de la sociedad vasca y española". Mayor Oreja dijo entonces que el acercamiento representaba "un paso más" en el proceso de paz vasco, independientemente de que los contactos con ETA "vayan bien, mal o regular".

Hasta la doctrina Parot, los etarras condenados al máximo de 30 años redimían por el trabajo casi la mitad de las penas.

Una información de J. M. L. publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Con huelga o sin ella” (Editorial de EL PAIS)

Con el llamado proceso de paz o sin él, con huelga de hambre o sin ella, era impensable, por su manifiesta exageración y falta de proporcionalidad, que la fiscalía de la Audiencia Nacional mantuviera como definitiva su inicial petición de 96 años de prisión para el etarra Iñaki de Juana Chaos por el delito de amenazas terroristas por el que fue procesado hace un año. Era previsible, además de ser una forma habitual de actuación del ministerio fiscal, un cambio de criterio más ajustado a la gravedad del delito y a su tipificación jurídica en vísperas de la celebración del juicio, prevista para el 27 de este mes. Lo que es menos habitual -y en ello sí han influido, sin duda, las vicisitudes del llamado proceso de paz y la natural preocupación por la huelga de hambre que el etarra mantenía desde el pasado 7 de agosto- es el anuncio anticipado, sin esperar a la vista del juicio oral.

La rebaja de pena anunciada -posiblemente a seis años de prisión- no es arbitraria ni puede ser tildada, salvo que se quiera confundir a la ciudadanía, de precio político. Se sustenta en algo procesalmente tan racional como considerar que las amenazas terroristas proferidas por De Juana a través de dos artículos publicados desde la cárcel en el diario Gara en diciembre de 2004 no constituyen un delito múltiple -tantos como funcionarios amenazados-, sino continuado. Incluso si la fiscalía no hubiera cambiado de criterio, es posible que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la jurisprudencia, le habría enmendado la plana en su sentencia, considerando las amenazas vertidas como un solo delito, con la consiguiente rebaja de la pena.

Como sucedió cuando De Juana y otros etarras con parecido historial sanguinario a sus espaldas estaban a punto de ser excarcelados, tras cumplir entre 18 y 20 años de prisión, es comprensible

que la rebaja de pena anunciada por el fiscal suscite repugnancia e incomprensión, sobre todo entre las víctimas del terrorismo de ETA. Pero este proceso y esta rebaja ya nada tienen que ver con los 25 asesinatos por los que De Juana cumplió condena en agosto de 2005 de acuerdo con el Código Penal de 1973.

No hay duda de que esta condena, reducida en la práctica a 18 años de prisión por aplicación de la redención por el trabajo, no guarda proporcionalidad con sus crímenes. De ahí que el Tribunal Supremo modificara las reglas de aplicación de esa redención vigentes hasta 1995, para evitar que, como ocurrió con De Juana, se beneficiaran otros etarras con crímenes parecidos. Tras las modificaciones, el horizonte penal de estos últimos es de 30 años. Insistir en comparar penas necesariamente finitas con la inmensidad de los crímenes son ganas de confundir y de exasperar a las víctimas. Sabemos que ninguna sanción penal, ni siquiera la cadena perpetua, puede saldar esos crímenes.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La la «vergüenza» de la rebaja penal a De Juana Chaos

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Procesos Judiciales

El PP lleva al Congreso la «vergüenza» de la rebaja penal a De Juana

Rajoy califica la actuación del Ministerio Fiscal de «escándalo monumental» y denuncia que responde a una «orden política»

Madrid/Vitoria - «Vergüenza nacional» y «escándalo descomunal». Así de contundente se manifestaba ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista a Cataluña Radio al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de rebajar la petición de pena -de 96 a 6 años- para el preso etarra Iñaki de Juana Chaos, que estuvo durante tres meses en huelga de hambre en protesta por su situación procesal.

La respuesta política la concretó el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, quien anunció la solicitud de comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen en la Cámara por qué el Ministerio Fiscal ha modificado su criterio justo coincidiendo con el anuncio de De Juana Chaos de que desiste de su huelga de hambre.

Es más que previsible que el PSOE se apoye en las minorías para vetar en la Mesa del Congreso la del fiscal general de Estado. Las de los ministros tienen que producirse obligatoriamente, pero es también más que seguro que los socialistas utilizarán la misma fórmula, la alianza con sus socios, para retrasarlas «sine die». En cualquier caso, la respuesta a estas peticiones determinará si el PP mueve otra ficha y lleva este asunto a la sesión de control de la Cámara Baja. En principio, la de la próxima semana -ésta no hay Pleno por el Día del Pilar- se centrará en la inmigración y la tensión territorial, sin descartarse que se incluya a última hora el «caso De Juana».

Tras anunciar las solicitudes de las citadas comparecencias -hay hasta doce del ministro del Interior relativas al 11-M y a ETA que están pendientes de calificar por la Mesa-, Zaplana no se andó por las ramas. «El cambio de criterio de la Fiscalía huele por todas partes a decisión y a orden política».

A su juicio, es «inaudito» e «inaceptable» que el fiscal general «cambie de criterio 180 grados» en función de «negociaciones o acuerdos políticos con los terroristas». «Rebajar la petición de pena es jugar con el Estado de Derecho y poner el Estado de Derecho en rebajas en pleno proceso de diálogo con la organización terrorista ETA. Así no funciona bien una democracia», concluyó. En la misma línea se había pronunciado Rajoy y también Acebes. Este último calificó de «tremendo» que un terrorista culpable de 25 asesinatos «esté a punto de salir a la calle», y recordó que «cuando mataron al matrimonio Jiménez Becerril, Chaos dijo que “sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia”». «Efectivamente hoy se debe de estar riendo a carcajada limpia», indicó, informa Ep. El PP echó mano de la hemeroteca para recordar la retahíla de declaraciones de dirigentes socialistas, desde López Garrido a López Aguilar o Alonso, oponiéndose a facilitar la excarcelación del etarra porque no había demostrado «la más mínima apariencia de arrepentimiento».

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, interpretó que la anunciada rebaja de la petición de cárcel del fiscal al preso de ETA Ignacio de Juana y la reducción de la condena a varios acusados de violencia callejera puede significar el comienzo «de una nueva política penitenciaria que podrá favorecer y ayudar al proceso de paz». Preguntada sobre si estos cambios en las penas tienen una inspiración política respondió: «¿alguien lo duda?». Azkarate afirmó que la revisión de la petición de condena para Ignacio de Juana «puede estar más ajustada a una política penitenciaria más flexible y más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, olvidando épocas pasadas de los gobiernos del presidente Aznar». En este sentido mostró su deseo de que se mantenga esta nueva línea de actuación para que se respeten los derechos de los presos de ETA a la reducción de las penas y los de sus familias a visitarles en cáceles vascas. Por su parte, el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi eludió referirse al asunto de la rebaja de la condena del etarra De Juana Chaos y desmintió «rotundamente» que el Gobierno haya pactado con su formación el final de su huelga de hambre.

Una información de C. Morodo y Iker Moneo publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Aznar: «Han dado a la banda la llave»

Aarhus (Dinamarca) - La foto del ex presidente del Gobierno español ocupaba ayer la portada del suplemento Internacional del periódico liberal danés «Jyllands Posten». En una entrevista de más de cinco páginas, Aznar aborda la situación de Europa y las relaciones con los Estados Unidos pero también hay lugar para la situación política en España. El ex jefe del ejecutivo español considera «un grave error las negociaciones con ETA» y dice que «por desgracia, el Gobierno ha dado a los terroristas la llave de la situación política en España».

En respuesta a las preguntas de Flemming Rose, el redactor jefe del diario que publicó las polémicas caricaturas de Mahoma, Aznar dice estar convencido de que no sólo los terroristas islámicos participaron en los atentados del 11 de marzo en Madrid. «Ellos lo hicieron, pero la idea, el objetivo y los recursos vinieron de fuentes en España, no de fuera» dijo José María Aznar al diario, y añadió que «El sistema judicial ya ha dicho que el objetivo de los terroristas era cambiar el Gobierno. Lo consiguieron, pero a partir de ahí, el Gobierno socialista ha iniciado negociaciones con ETA. No quiero decir que se pueda separar el atentado y las consecuencias que ha tenido, pero vamos a esperar y no sacar conclusiones hasta que hayan salido a la luz todos los detalles. A lo mejor no tardan mucho. Estoy seguro que no sólo fue un ataque de los islamistas. El juez ha reconocido que no se sabe de dónde partió la idea del atentado, quién lo preparó y quién lo dirigió».

Por otra parte, Aznar dice que la OTAN se tiene que abrir para todas las democracias y desea que la Alianza Atlántica sea un instrumento del mundo libre en la lucha contra el terrorismo. En su opinión, el futuro de Europa depende de una fuerte alianza con los Estados Unidos.

Una información de Miguel Mielgo publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Interior facilitó gestiones de los familiares de De Juana para que dejara la huelga de hambre

El Gobierno intenta desligar la decisión de la Fiscalía y el final de la protesta del preso de ETA Rubalcaba confirma la participación del obispo Uriarte y Otegi niega que negociara con el Ejecutivo

MADRID.- El Ministerio del Interior facilitó gestiones de la familia del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos para que le convencieran de que abandonara la huelga de hambre.

El etarra anunció el domingo por la noche el final de su protesta, y el mismo lunes la Fiscalía anunció que estudia reducir de 96 a seis años la petición de condena para De Juana.

Según elconfidencial.com, la persona clave para convencerle de que pusiera fin a su protesta fue su novia. Incluso, según este medio digital, el Ministerio del Interior permitió que el etarra recibiera visitas de su compañera sentimental para que le hiciera ver la necesidad de concluir su huelga de hambre.

La protesta de De Juana supuso un inconveniente en la marcha del proceso de paz, tanto para el Gobierno como para Batasuna.

Según publicó ayer este periódico, el Ejecutivo, a través de la vía de contacto indirecto que mantiene con Batasuna, ha tratado en las últimas semanas con dirigentes de la coalición la situación del recluso.

Además, también intervino como mediador el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, según confirmó ayer el propio Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro del Interior admitió ayer en Sabadell que el Gobierno «accedió» a que el obispo Uriarte «explicara las preocupaciones de la familia», y añadió: «Le hemos escuchado».

El ministro explicó la situación penitenciaria de este preso y la acción del Gobierno que, según él, se ha limitado a obedecer a jueces y médicos y a atender por humanidad a la familia del detenido, informa Efe. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, negó ayer públicamente que se haya negociado con Batasuna el final de la protesta y se esforzó en intentar explicar que la decisión de la Fiscalía no tiene nada que ver con el Ejecutivo ni con el final de la protesta, aunque hayan coincidido en el tiempo.

López Aguilar consideró que la calificación penal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los actos por los que el próximo día 27 será juzgado no puede estar sujeta a ninguna «interferencia».

Sobre los contactos con Batasuna, añadió que «no se le puede pedir al Gobierno que desmienta informaciones carentes de fundamento. No se le puede pedir que gaste energía y tiempo en desmentir los bulos y los infundios con los que se intentan enjuiciar las intenciones del Gobierno». También el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, desmintió ayer públicamente esa negociación. Así, negó «rotundamente» que el Gobierno haya negociado el final de la huelga de hambre y habló de «mentira». La protesta de De Juana tuvo apoyo en las bases de la izquierda abertzale.

Quienes, desde posiciones opuestas, dieron por hecha la existencia de negociaciones para el final de la huelga y ligaron la decisión de la Fiscalía con el desenlace de la protesta fueron la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barcos, y la dirigente del PP vasco, María San Gil.

Uxue Barkos señaló a ETB que, si se tiene en cuenta la «coincidencia en el tiempo» de esas dos decisiones y que De Juana ha dicho que no abandonó la huelga de hambre por motivos de salud -«por tanto serán motivos de orden político», indicó-, se puede concluir que «hay una conexión y, por tanto, cierto desbloqueo» del proceso de paz.

Una información de F. G. publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las víctimas pueden creer que «la venganza es mejor que la Justicia» por el caso De Juana, asegura Buesa

MADRID. Sólo Batasuna, el Ejecutivo vasco y el Gobierno y sus aliados no criticaron la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de estudiar la rebaja de la pena del etarra José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos. El resto no escatimó críticas. Desde el PP, Mariano Rajoy lo calificó de «vergüenza nacional» y «escándalo descomunal», y desde el Foro de Ermua, Mikel Buesa lanzó la advertencia más dura: «No me sorprendería lo más mínimo que entre las víctimas empezara a haber casos de personas que piensen que la venganza es mejor que la Justicia, y, si eso ocurre, la responsabilidad será de Zapatero, que no habrá sabido conducir las cosas hacia un verdadero Estado de justicia».

También la voz de la Iglesia se oyó ayer. Fue la del arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, quien dijo que la «solución política no está en mis manos, pero sí decir que la sociedad debe defenderse del terrorismo de ETA o de cualquier otro terrorismo, porque si no siempre habrá grupos que tengan una justificación» para usar la violencia. Recordó al Gobierno socialista que «con el terrorismo no se negocia», puesto que «sería dar la razón a unos actos que no tienen ninguna justificación». En declaraciones a «Antena 3», el purpurado pidió «pensar mucho las cosas» antes de hablar con la banda y alertó del peligro de que «se atisbe que detrás de todo esto haya una justificación del terrorismo». «Hay una condición para hablar con ETA: primero, que desaparezca», indicó Cañizares, quien recordó que «el terrorismo de ETA es intrínsecamente perverso, y lo primero que tiene que hacer ETA es desaparecer como tal».

Para el presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, el «cambio de posición» de la Fiscalía es «absolutamente inaceptable e incomprensible», y lo que es peor, dijo, responde a una motivación «de naturaleza política». «El empeño del Gobierno de negociar con ETA le conduce a desactivar a los órganos del Estado que se ocupan de la represión del terrorismo, como la Fiscalía», denunció el presidente del Foro de Ermua, quien lamentó que el Ejecutivo quiera, a través de los fiscales, establecer «un simulacro de Justicia, y no una verdadera Justicia».

El caso del etarra De Juana es para Mariano Rajoy una «vergüenza nacional», ya que la posible la rebaja de la Fiscalía -de 96 a 6 años- «es una invitación a todas las personas que estén en la cárcel a que hagan una huelga de hambre y así les rebajan la pena». Pero el presidente del PP fue más allá y aseguró que no tiene «la menor duda» de que en su actuación el Ministerio Público sigue «los parámetros del Gobierno».

Más duro si cabe se mostró el número dos de los populares, Ángel Acebes, que afirmó que es «tremendo» que un terrorista culpable de 25 asesinatos «esté a punto de salir a la calle». Recordó que «cuando mataron al matrimonio Jiménez Becerril, De Juana Chaos dijo que «sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia»; efectivamente, hoy se debe de estar riendo a carcajada limpia».

Comparecencias en el Congreso

Y por eso el PP quiere que los ministros de Interior y Justicia y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, expliquen las razones que han llevado al Ministerio Público a estudiar una rebaja tan considerable.

Al paso de este aluvión de críticas salió inmediatamente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en primer lugar exigió a los dirigentes populares «respeto» para la decisión del fiscal como una expresión del Estado de Derecho. «Es el mismo Estado de Derecho que existía con Rajoy, que yo respeté entonces, y que yo pido a Rajoy que respete ahora», dijo.

Sobre De Juana también se pronunció el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi. Y lo hizo para negar «rotundamente» que su formación haya negociado con el Gobierno este asunto. «Eso no es verdad», apostilló.

Desde el Gobierno vasco celebraron la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que calificaron como un signo «que indudablemente puede favorecer el proceso de paz» y que a su juicio responde a una inspiración política. La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Miren Azkárate, afirmó que este tipo de medidas están «más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo», ya que la petición inicial para De Juana era demasiado «abultada».

«Excesiva» pena

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también intentó contestar al alud de reproches recibidos por la posible reducción de la petición de pena para el etarra. En un comunicado, el Ministerio Público apunta que la pena de 96 años de cárcel solicitada para De Juana por las presuntas amenazas vertidas en dos cartas publicadas por «Gara» puede ser «excesiva y desproporcionada», pero también afirma que todavía es pronto para hablar de una «sustancial reducción», algo que muchos ya han dado por sentado. La Fiscalía precisa que la posible rebaja de la petición de pena no se decidirá hasta la celebración del juicio.

Así el Ministerio Público señala que «rechaza por absolutamente infundadas» las afirmaciones «que dan por cierta y segura una sustancial reducción» en su petición, o que vinculan esta hipotética rebaja «con otras circunstancias ajenas al proceso» judicial, en relación con las informaciones que relacionan el anuncio de la Fiscalía con el «proceso de paz» o con la huelga de hambre de De Juana.

Una información de J. Bastante publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


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