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Actuación Criminal de ETA

ETA respondió al Gobierno con el robo de armas por las decisiones del Supremo y la Audiencia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: Actuación Criminal de ETA

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».

Información de J. Molina, J. Pagola y A. Martínez publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno reclama explicaciones a ETA sobre el robo de armas en Francia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Actuación Criminal de ETA

Utiliza a los intermediarios internacionales para conocer si fue una decisión de la «dirección»

Madrid - El Gobierno pide explicaciones a ETA. A través de los intermediarios que participan en el llamado «proceso de paz», entre ellos los suizos del centro Henry Dunant, ha solicitado a la banda que le informe de las razones por las que robó una partida de armas de un almacén en Francia. El hecho ha dejado al Ejecutivo absolutamente «descolocado», ya que daba por superadas las tensiones que se produjeron en el mes de septiembre y pensaba que las cosas iban razonablemente bien.

El robo de las 350 armas cortas, en una operación terrorista que ha requerido varias semanas de preparación, cogió por sorpresa al Gobierno que, en función de lo que le transmiten los citados interlocutores, creía que el «proceso» estaba encauzado. Ahora, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del «proceso», el Ejecutivo quiere saber si el asalto se debe a tensiones internas o es una decisión de la dirección de ETA. En ambos casos, el asunto se considera preocupante.

Sin control

El presidente del Gobierno, como ha hecho a lo largo del «proceso», ha tratado de transmitir que todo está controlado, casi previsto, y que no ocurre nada que no fuera a suceder. La realidad es diferente y, como ha pasado en otros momentos, el Ejecutivo ha carecido de la información adecuada sobre lo que se cuece en el seno de ETA.

Las acusaciones de «improvisación» lanzadas este fin de semana por el PNV contra Rodríguez Zapatero responden a una opinión bastante extendida, y no sólo en ambientes nacionalistas. La sensación que se ha tratado de transmitir desde el Palacio de la Moncloa de que todo estaba controlado y que era el presidente el que llevaba la batuta se la creen ya muy pocos.

Según las citadas fuentes, la nueva «verificación» de la que ha hablado el Gobierno consiste en que ETA explique las razones del robo de las armas. La obtención de los datos puede durar varios días o semanas, si es que los terroristas se prestan a ello, y, a la vista de lo que contesten, el Ejecutivo sabría qué camino seguir. Otra de las opciones que se consideran es que la banda haga público un comunicado en el que explique el alcance del robo. No es normal que los terroristas asuman públicamente la responsabilidad de lo que consideran «labores de abastecimiento», pero las referidas fuentes creen que en esta ocasión sí podría ocurrir.

En cualquier caso, esta «verificación» se produce después de que el Gobierno diese por bueno, con el fin de iniciar la negociación, que ETA había decidido abandonar la violencia pese a que los hechos demostraban lo contrario. La primera «verificación», en la que no fueron consultadas unidades especializadas que están sobre el terreno en el País Vasco y Navarra, se dio por resuelta con «evidente precipitación».

Fuentes antiterroristas consideran que una lectura atenta de los comunicados de la banda, de las declaraciones de sus cabecillas y de los representantes de sus presos, y un somero análisis de los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses, permitiría al Gobierno la obtención de respuestas rápidas y adecuadas, sin tener que recurrir a los mediadores internacionales cuya fiabilidad empieza a ser más que cuestionada.

No puede sorprender el robo de las pistolas y los revólveres si se recuerda la «demostración armada» que varios fusileros etarras hicieron el pasado 23 de septiembre en un monte de Oyarzun (Guipúzcoa). Con anterioridad habían dado lectura a un comunicado en el que expresaban la voluntad de la banda de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». Es probable, agregan, que en esas fechas ya estuviera en preparación el asalto al almacén de Francia del que se llevaron las pistolas, los revólveres y la munición.

El problema radica en que el Gobierno se ha empeñado en transmitir a la opinión pública que hechos tan graves como el de Oyarzun, y los comunicados o declaraciones, son cosas que la banda hace «para el consumo interno». Desde luego, subrayaron, el robo de las armas y la munición es para «consumo interno» de una banda terrorista.

ETA ha reclamado, hasta en tres ocasiones, el cumplimiento de unos supuestos compromisos que el Gobierno habría adquirido a cambio de que anunciara el alto el fuego. La banda, por su parte, había renunciado a robar armas y explosivos. ¿Incumplimiento por incumplimiento?

Las fuentes consultadas no descartan que esto es lo que haya ocurrido y que los terroristas hayan enviado al Ejecutivo otro aviso, que sería el cuarto ¿y último?

Información de J. M. Zuloaga y R. L. Vargas publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Criminales convictos de ETA pretenden obtener beneficios penales estilo De Juana Chaos

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Actuación Criminal de ETA

Presos etarras piden beneficios tras la rebaja a De Juana

MADRID. Aprovechando la rebaja de la pena que el fiscal ha solicitado para José Ignacio de Juana Chaos, el «Colectivo de Presos Políticos Vascos» pide ahora al Gobierno de Zapatero que proceda a la excarcelación «inmediata» de los reclusos de ETA que están enfermos y también de aquellos que, en su opinión, han cumplido la condena, pero continúan en la cárcel «como consecuencia de una serie de medidas de excepción». Además, exige que, «sin mayor dilación», los demás presos etarras sean «reagrupados en Euskal Herria».

Fue el Foro de Debate Nacional, impulsado por Batasuna, y al que pertenecen los partidos nacionalistas, salvo el PNV, el que hizo ayer de altavoz de los presos etarras al difundir el comunicado en el que exponen sus exigencias. Precisamente hace pocos días, cuatro de ellos, Anabel Egües, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, «Txikierdi»; Argi Perurena y Daniel Dergi, que a su vez son los interlocutores de ETA en las prisiones, fueron designados miembros del citado Foro.

Se da la circunstancia de que Anabel Egües, ex concejal de Batasuna, fue la jefa del «comando Madrid» en una de sus últimas etapas. Esta terrorista participó, entre otros, en el atentado que costó la vida a un militar, su chófer y un escolta, así como al conductor de un autobús de la EMT que en ese momento circulaba por el lugar.

«Abrir las puertas»

Así las cosas, aprovechándose del «efecto De Juana» y del altavoz prestado por el Foro de Debate Nacional, los presos se animan a señalar que «nos encontramos en un punto de inflexión en lo que se refiere a la superación del conflicto, y es hora de abrir las puertas, de una vez por todas, a la democracia vasca, para poder seguir avanzando». «Sólo mediante la creación de un marco democrático que abarque todos los derechos de todos los ciudadanos vascos y del conjunto de Euskal Herria será posible la superación del conflicto», advierten los reclusos de la banda.

En este sentido, animan a «lograr el reconocimiento» del pueblo vasco «a través de la capacidad de decidir del conjunto de Euskal Herria, a través del derecho a decidir que se resume en el derecho de autodeterminación». Según los presos de ETA, «dicho reconocimiento tiene que provocar un vuelco en el proceso de institucionalización de Euskal Herria», que incluya a Navarra y al País Vasco francés.

Asimismo, consideran «necesario lograr el reconocimiento de Euskal Herria como tal, para lo cual debe contar con una institución nacional». En este sentido, los presos etarras creen que «no cabe duda de que el Foro de Debate Nacional desempeña una labor fundamental de cara a la vertebración institucional de Euskal Herria» y que ha empezado a «sentar los pilares de lo que será el futuro Estado vasco».

Los presos denuncian «firmemente la política penitenciaria, cuyo objetivo no es otro que condicionar la lucha de liberación de Euskal Herria». No obstante, afirman que, «a medida que el proceso democrático desemboque en el respeto y aplicación de todos los derechos que asisten a Euskal Herria», todos los reclusos regresarán al País Vasco. Mientras ello no ocurra, llaman al Foro de Debate Nacional «a reforzar las herramientas de presión para obligar a los dos Gobiernos -el español y el francés- a cambiar radicalmente su política penitenciaria».

Información publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Presos etarras piden excarcelar a los enfermos y el reagrupamiento

BILBAO.- El Colectivo de Presos Vascos de ETA pide que el Gobierno de Zapatero proceda a la excarcelación «inmediata» de los reclusos de la banda terrorista enfermos, así como de los que han cumplido la condena que se les impuso en su día pero que continúan en la cárcel «como consecuencia de una serie de medidas de excepción».

Además, exige que, «sin mayor dilación», el resto de presos sean «reagrupados en Euskal Herria».

A través de un comunicado remitido al Foro de Debate Nacional, que celebra un encuentro en Burlada (Navarra), el Colectivo de Presos afirma que «el único antídoto posible» contra la «situación de excepción» que vive el pueblo vasco es «la amnistía y la autodeterminación».

En el texto, firmado por cuatro interlocutores «que representan a 700 personas encarceladas» -Anabel Egues, Juan Lorenzo Lasa, Argi Perurena y Daniel Dergi-, se afirma que «año a año» se va avanzando «en la construcción nacional de Euskal Herria», pero recuerda que «queda un largo camino». «De todas maneras, nos encontramos en un punto de inflexión en lo que se refiere a la superación del conflicto, y es hora de abrir las puertas, de una vez por todas, a la democracia vasca, para poder seguir avanzando.Sólo mediante la creación de un marco democrático que abarque todos los derechos de todos los ciudadanos vascos y del conjunto de Euskal Herria será posible la superación del conflicto».

Información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía investigará el partido Cataluña-Euskadi

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: Actuación Criminal de ETA

Barcelona - La denuncia de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha sido escuchada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La asociación hizo ayer público un comunicado en el que aseguraba que el Ministerio Fiscal ha abierto una investigación por los incidentes habidos en el transcurso del partido de fútbol entre las selecciones de Cataluña y Euskadi, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, y en cuyas gradas pudieron verse todo tipo de pancartas, en su amplísima mayoría de corte independentista.

La denuncia de la asociación, presentada el pasado día 10 de octubre, se basaba en el hecho de que «resulta evidente que en el referido encuentro, determinados grupos de personas, perfectamente organizados, y cuya identificación no debe resultar difícil, al amparo del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, exhibieron de manera ostensible pancartas que contenían expresiones y eslóganes de exaltación de la organización terrorista Eta y de la “lucha armada”, así como de determinados terroristas convictos, tal y como han mostrado todos los medios de comunicación, ante la total pasividad de los responsables del orden», explica en el documento.

El texto de la denuncia hace referencia, también, a otros carteles portados por los asistentes y que aparecieron entre las gradas en los que se defendía al procesado por pertenencia a banda armada, Iñaki de Juana Chaos, añadió el presidente de la asociación, Francisco Caja.

La asociación mantiene que dicho comportamiento «es indudablemente constitutivo de delito de exaltación del terrorismo», recogido en el Código Penal en su artículo 579. Sostiene, además, que durante el partido «se profirieron frases y se exhibieron pancartas que contenían graves ofensas y ultrajes a España, sus símbolos o emblemas, llegándose a quemar la bandera española», sostiene, amparándose en «el delito contemplado en el artículo 543».

A través de dicho comunicado, Convivencia Cívica Catalana afirmó que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, «ha puesto en conocimiento de los denunciantes la incoación de diligencias procesales para depurar las responsabilidades». «La Fiscalía cuenta con unos días para posicionarse sobre un caso, y a nosotros nos ha respondido favorablemente», dijo Caja.

A raíz de la decisión fiscal, la asociación quiso expresar su «satisfacción» por esta medida, que «confirma su confianza en las instituciones políticas en la seguridad de que, en esta ocasión, ha de prevalecer la legalidad, los derechos de los ciudadanos, y el interés público tutelado por la Ley frente a la barbarie de los terroristas y de los que los secundan».

Información de Xiana Siccardi publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El terrorismo callejero continúa, pese al final de la huelga de hambre del preso

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Actuación Criminal de ETA

Madrid/Vitoria - Quienes anunciaban el final del terrorismo callejero tras la conclusión de la huelga de hambre del preso etarra de Juana Chaos se equivocaban. Una furgoneta de Telefónica fue atacada ayer en Vitoria tras un ataque de «kale borroka», según informaron a LA RAZON fuentes antiterroristas. La acción criminal tuvo lugar a pleno día, sobre las tres menos cuarto.

La furgoneta, una Renault Kangoo, se encontraba en la calle Hortaleza de la capital alavesa y quedó parcialmente destruida por el fuego. Fue necesaria la intervención de los bomberos para apagar las llamas, que no produjeron daños materiales en las inmediaciones.

La Ertzaintza encontró en el lugar de los hechos gasolina, un aerosol y un petardo pirotécnico, elementos que utilizan de forma habitual los que cometen este tipo de atentados.

El terrorismo callejero se ha incrementado de forma notable desde el pasado 18 de agosto, cuando ETA hizo público un comunicado en el que reclamaba, y lo hacía por tercera vez desde el comienzo de la tregua, el cumplimiento de unos supuestos compromisos adquiridos por el Gobierno, a través de sus intermediarios, para que la banda anunciara el alto el fuego.

Desde el Ejecutivo y desde las filas socialistas se ha vinculado el incremento de esta actividad criminal con la citada huelga de hambre. Su finalización debería haber conllevado la desaparición de los atentados callejeros de ser cierta esta teoría.

Sin embargo, todo parece indicar que ETA va a continuar utilizando la «kale borroka» como forma de presión al Gobierno y a los partidos políticos para que se constituya la mesa para la independencia.

Una información de J. M. Z. publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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